Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 39.470-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Fallo N° 70/2018 (AD ORAN) dictada por el Administrador de la Aduana de Orán en el Sumario N° SC76-321/2017/8.
2Disponer que se proceda, por intermedio de la entidad competente, a la devolución del dinero incautado, en la medida en que no se hubiera efectivizado su reintegro.
3Imponer las costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-34698967-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 7 de Abril de 2026 Reunidos los Señores vocales miembros de la Sala “G” Dres. Horacio Joaquín Segura, Dr. Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en los autos caratulados: “NAVARRO MAURICIO MAXIMILIANO y OTRO c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 39.470-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Fallo N° 70/2018 (AD ORAN) dictada por el Administrador de la Aduana de Orán en el Sumario N° SC76-321/2017/8, en cuanto condena a Navarro Mauricio Maximiliano por la comisión de la infracción prevista en el art. 947, en remisión al art. 864, ambos del C.A., a la pena de comiso de la mercadería secuestrada (divisas), a la vez que se le aplica una multa equivalente a dos veces el valor en plaza de la mercadería secuestrada, la cual asciende a la suma de pesos argentinos ciento sesenta mil ochocientos treinta y dos ($ 160.832).
II. Fundamentos de la apelación: Que a fs. 35/39 vta. se presenta la actora, con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo N° 70/2018 (AD ORAN). En primer término, plantea la nulidad del Acta N° 303/2017, de fecha 26/07/2017, labrada por personal de Gendarmería Nacional, sostiene que dichos instrumentos no reflejan la realidad de los hechos y que los gendarmes habrían inducido a los testigos a declarar bajo un supuesto “temor reverencial”. En segundo lugar, el apelante formula una reseña de los hechos que motivaron las presentes actuaciones. Señala que, contrariamente a lo consignado en el acta cuestionada, no se encontraba intentando egresar del país por un paso no habilitado, sino sentado en un bar próximo a un paso no autorizado denominado “Los Gomones”, cuya existencia —afirma— desconocía por carecer de señalización. Refiere que, en ese contexto, dos efectivos de Gendarmería se aproximaron, solicitaron documentación y efectuaron diversas preguntas, a las cuales respondió con sinceridad, manifestando que portaba dinero y que, eventualmente, podría cruzar a la República de Bolivia para realizar compras. Sostiene que, pese a ello, los gendarmes procedieron a su detención y lo trataron como si hubiera sido sorprendido en flagrante cruce fronterizo, extremo que —afirma— no se corresponde con la realidad. Agrega que los funcionarios no se encontraban realizando un operativo de patrullaje formal y que el acta fue confeccionada sin observar las circunstancias reales de modo y lugar. Asimismo, refiere que el personal interviniente incautó la suma de dinero hallada en su poder, imputándole la presunta intención de egresar del territorio aduanero por un lugar no habilitado. Destaca que la Resolución General AFIP N° 2704/2009 permite el egreso de hasta U$S 10.000 por persona mayor de 18 años, monto superior al efectivamente portado, y que además contaba con comprobantes bancarios que acreditan el origen lícito de los fondos. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que se declare la nulidad de lo actuado y, en subsidio, se revoque la resolución aduanera apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 57/58 vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas de la presente causa. En primer lugar, efectúa un breve relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no fueran objeto de su expreso reconocimiento o bien surgieran de las actuaciones administrativas. Señala que en el caso se le imputó a la actora la infracción de contrabando menor prevista en el art. 947 del C.A., en relación al tipo delictual de los arts. 863 y 864 inc. a) del C.A. Afirma que de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas se puede presumir que la actora pretendió egresar del territorio aduanero mercadería consistente en dinero, acción que no pudo concretarse en atención a la intervención de la Gendarmería Nacional. Finalmente, hace la reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas N° 17748-121-2017 se inician a fs. 1 con la constancia de remisión de actuaciones labradas por la Sección “Agua Blanca”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional, a la Aduana de Orán con fecha 08/08/2017, acompañándose el efectivo incautado, consistente en pesos argentinos siete mil ($7.000) y dólares estadounidenses cuatro mil doscientos (U$D 4.200). A fs. 2 y vta. obra el parte de contrabando de exportación N° 303/2017 labrado en fecha 26/07/2017. A fs. 3/4 consta el acta de recepción de las sumas de dinero correspondientes al secuestro. A fs. 5 se agrega la valoración de la mercadería incautada. A fs. 6/9 se incorporan impresiones de consultas efectuadas en el sitio oficial de la ARCA, relativas a los datos personales e infraccionales del aquí apelante. A fs. 10, con fecha 02/08/2017, se procede a la instrucción del sumario, imputándose al Sr. Navarro Mauricio Maximiliano la infracción prevista y reprimida por el art. 947 del Código Aduanero y confiriéndosele vista de lo actuado. A fs. 11/12 obran las constancias de notificación cursadas al sumariado en la misma fecha. A fs. 13/20 se presenta el descargo, en el cual se articula la nulidad del Acta N° 303/2017 por reputarla falsa. Posteriormente, a fs. 23/49, se agregan las documentaciones acompañadas por el interesado, consistentes en constancia de inscripción como monotributista, movimientos bancarios, comprobantes de adquisición de divisas, recibo de haberes y demás elementos informativos. A fs. 50, con fecha 26/12/2017, se tiene por presentado el descargo y se dispone no abrir la causa a prueba, elevándose las actuaciones para resolver. A fs. 58/59, con fecha 15/02/2018, se emite el Dictamen Jurídico N° 95/2018 (AD Orán). Finalmente, a fs. 60/61 obra la Resolución Fallo N° 70/2018 (AD Orán) junto con su correspondiente notificación.
V. Que en fecha 2 de marzo de 2026 se declara la causa de puro derecho (ver fs. 67) y finalmente, en la misma fecha pasan a sentencia (ver fs. 68).
VI. Que, en primer término, corresponde tratar la nulidad del Acta N° 303/2017 invocada por la actora. En este sentido sostiene que dicha acta no refleja la realidad de los hechos y que los testigos habían declarado condicionados por un supuesto “temor reverencial” hacia el personal de Gendarmería Nacional. Afirma además que, con base en el acta, el servicio aduanero habría dictado una resolución sin una investigación seria, vulnerando su derecho de defensa.
Que tal planteo no puede prosperar, pues del examen del acta cuestionada surge que se encuentran plenamente ajustadas a los requisitos formales esenciales exigidos por los arts. 138 y 139 del CPPN, poseyendo fecha, individualización de los funcionarios intervinientes, descripción de las diligencias realizadas, constancia de las declaraciones recibidas, referencia a la mercadería secuestrada y firma de los funcionarios, de los testigos y del propio aquí apelante.
Que la firma del Sr. Navarro Mauricio Maximiliano no constituye un acto meramente ritual, sino la exteriorización de su conformidad respecto de la recepción de la información contenida en el acta en el momento de su confección. Ello resulta particularmente relevante, pues el interesado pudo haber optado por no firmar, como expresamente habilita la normativa procesal, pero decidió hacerlo, sin dejar constancia alguna de protesta, disconformidad o reserva.
Que la alegación posterior de que los hechos allí volcados son “falsos” o “forzados” por terceros no configura un vicio formal del acta. Las supuestas divergencias entre el contenido del acta y la versión subjetiva ofrecida por la actora refieren a un cuestionamiento probatorio, no a una irregularidad esencial que comprometa la validez del instrumento. La nulidad es una sanción de aplicación estricta, reservada a los supuestos en que el defecto afecta garantías esenciales o priva al interesado de ejercer su defensa, lo que no ocurre en autos, pues el sumariado ejerció su derecho a ser oído, presentó descargo, acompañó documentación, y sus planteos fueron regularmente considerados.
Que, a tenor de lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la actora, sin costas por su tratamiento integrativo con el fondo.
VII. Que el art. 947 del C.A en su parte pertinente, y en su versión vigente al momento del hecho de autos, disponía que: “En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865 inciso g), 871 y 873 del C.A., cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor y se aplicará exclusivamente una multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces el valor en plaza de la mercadería y el comiso de ésta.”. (texto luego modificado por el art. 250 de la Ley N° 27.430 -B.O. 29/12/2017-, mediante el cual se elevaron los importes). Que, como surge del texto del art. 947 C.A., para que se configure –lo que se ha dado en llamar- “contrabando menor”, es necesario que se encuadre la conducta en cuestión en alguno de los supuestos previstos en los arts. 863, 864, 865, inc. g), 871 y 873, del Código Aduanero. Vale decir, el art. 947 no describe conducta punible alguna, por lo que resulta imprescindible encuadrar la conducta o el "hecho" que se pretende reprimir en alguno de los supuestos o tipificaciones legales que se describen en las normas citadas.
Así lo tiene dicho prestigiosa doctrina, la cual ha sido recogida por la jurisprudencia de este Tribunal y de la Cámara del fuero Contencioso Administrativo Federal, en los siguientes términos: “… la estructura del tipo de contrabando menor queda conformada a partir de su asimilación a los tipos penales del contrabando en sus formas simple y tentada, como también la agravada, limitando ese supuesto a los casos previstos en el art. 865, inc. g). En todos los casos, el tope monetario determinado divide el plano infraccional del delictual. Consecuentemente, corresponde realizar una aproximación a los tipos de contrabando a los cuales la figura infraccional remite” (Cotter, Juan Patricio, “Las infracciones Aduaneras”, Ed. Abeledo Perrot, 2011, pág. 169 y ssgtes.). Asimismo, se ha establecido respecto de la infracción bajo análisis que “Su característica principal reside en contener la estructura del tipo penal del delito de contrabando doloso, del que solo difiere en el valor en plaza de la mercadería en infracción. De tal manera, el tope monetario que fija la norma permite otorgarles, a ciertas hipótesis de contrabando, un tratamiento más benigno. (…) el valor de la mercadería objeto del delito juega como elemento moderador de la sanción a aplicarse y permite otorgarle al ilícito el tratamiento de una infracción aduanera.” (Código Aduanero Comentado, Abeledo Perrot, M. A. Alsina, E.C. Barreira, R.X. Basaldúa, J.P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado, Tomo III, pág. 356).
VIII. Que, tal como se vio en el considerando precedente, la conducta del imputado se subsume en la figura contenida en el inc. A del art. 864 del C.A., el cual prescribe que “Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el que: a) Importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, la desviare de las rutas señaladas para la importación o la exportación o de cualquier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio aduanero sobre tales actos; …”.
Que, tal como surge en la Exposición de Motivos del Código Aduanero “…todas las hipótesis que reprime el artículo 864 requieren dolo…”, por lo cual queda descartado que el tipo pueda configurarse con el elemento subjetivo culposo.
IX. Que, en ese orden de ideas, es importante recordar cuál es el bien jurídico protegido en el caso del contrabando.
Esta circunstancia no es meramente dogmática, sino que será el faro que guíe la interpretación de la normativa aplicable, a la luz de la plataforma fáctica del caso.
Que, si bien es sabido que no son pocas las dificultades que acarrea definir y delinear el contenido del bien jurídico protegido a la hora de hablar del contrabando, claro está que abarca y alcanza al debido control aduanero. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el contenido del bien jurídico protegido en el contrabando es “el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones (art. 863 del Código Aduanero)” (Fallos: 344:3458). Aquel criterio ya había sido sentado años antes, al entender que el bien jurídico tutelado por el art. 863 del Código Aduanero corresponde a una función específica del servicio aduanero consistente en controlar la concurrencia de los supuestos que regulan los gravámenes aduaneros, o fundan la existencia de restricciones o prohibiciones a la importación y exportación (Fallos 323:3426).
En el célebre caso “Legumbres” (Fallos 312:1920) el Máximo Tribunal se ocupó de aclarar que el bien jurídico protegido “excede al de la integridad de la renta aduanera.”
Indudablemente, se debe analizar el art. 947 del C.A. en correlato con otros artículos del mismo Código Aduanero, a los cuales necesariamente remite y en el marco de la inherente e indelegable función de control que le compete a la Aduana.
También se ha señalado que el bien jurídico tutelado “...es el adecuado ejercicio de la actividad de control propia del servicio aduanero, constituido en la especie por el sometimiento igualitario de todas las mercaderías exportadas e importadas a un tratamiento uniforme; es decir, que en el delito de contrabando lo tutelado no es la recaudación fiscal, ni la regulación de la política económica del Estado en relación con las operaciones de importación o exportación, sino el ejercicio de la función principal encomendada a las aduanas, tal es, el control sobre la introducción, extracción y circulación de mercaderías”(Voto Dr. Riggi, Cámara Nacional de Casación Penal, “Oliva Gerli, Carlos Gustavo y otros s/ Recurso de casación”, 08/03/1999).
Como explica destacada doctrina, en lo que hace al bien jurídico protegido cuando se habla de contrabando, de la redacción del art. 863 del C.A. surge como presupuesto previo que la Aduana ejerza la función de control sobre importaciones y exportaciones. Asimismo, también se tiene en consideración la vulneración de nuevas funciones otorgadas a la Aduana por normas específicas también quedarían abarcadas por la figura, cuando hayan sido asignadas teniendo en miras el ejercicio de dicho control (el resaltado es propio. Cfr. Gottifredi, Silvina M. y Shurig, Harry L., La afectación del bien jurídico protegido por la Aduana con relación a delitos e infracciones, Jurisprudencia Argentina, Lexis Nexis, Número especial, Derecho Penal Aduanero, 2004.)
X. Que no es posible otorgar una solución justa al caso sin considerar que el contrabando y en particular, el llamado “contrabando menor”, no queda configurado de forma aislada, sino que deben ser analizadas diferentes normas que resultan aplicables.
En ese sentido, la resolución de los casos no puede efectuarse de forma mecánica, ya que no se trata de que el juez administrativo sea un mero autómata, sino que posee la delicada función de interpretar las normas en juego, de forma tal de no incurrir en resoluciones irrazonables y, por lo tanto, injustas.
A esos fines, no puede dejar de considerarse que más allá de que el dinero se considere dentro del concepto de “mercadería” que emplea el art. 10 del C.A., la configuración de la infracción del art. 947 del C.A. conlleva necesariamente a tener en cuenta la especificidad del régimen que la regula y que, en el caso, no pesaba sobre ella, dados los montos (siendo en total $ 80.416 pesos argentinos conf. fs.5 de las actuaciones administrativas), ningún deber de declarar ni se encontraba prohibida su exportación.
En efecto, las normas que imponen la obligación de declarar (Resolución General AFIP 2704/2009) establecen un monto en moneda extranjera o nacional de curso legal, por un valor igual o superior al equivalente a DIEZ MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.000).
El art. 7 del Decreto N° 1570/01 también estatuye una prohibición relativa para la exportación de billetes y moneda extranjera cuando se trate de sumas que superen el mismo monto antes referido.
Desde esa atalaya, cabe concluir que resulta irrazonable la decisión que condena a la actora por la infracción de contrabando menor cuando la exportación de la mercadería no se encontraba prohibida, sin siquiera tener el deber de declararla ante el servicio aduanero.
XI. El razonamiento no se conmueve por encontrarse la actora “con intenciones de egresar del país” por un paso no habilitado. Esa circunstancia no produce una especie de “alquimia” apta para transformar la mercadería en aquella susceptible de la infracción de contrabando, según se trate su hallazgo en un paso habilitado o no. En los considerandos de la resolución aduanera se refiere al control aduanero y a la forma en la que la mercadería “pretendía ser ingresada/trasladada evadiendo el control. Lo relevante es que el lugar de ingresos, salidas o transporte no tenga asignado un control aduanero”.
Sin embargo, están ausentes en el razonamiento del servicio aduanero dos aspectos que hacen a la tipicidad de la conducta, pues no existe una ilegalidad de la mercadería en sí misma ni impedimento alguno para su traslado o exportación. Más aún, si hubiera sido detectada o por un paso habilitado, no habría merecido cuestionamiento alguno.
Que, por los motivos antes expuestos, la conducta resulta atípica, por carecer de uno de los elementos necesarios para su configuración: la reprochabilidad de la conducta basada en la licitud de la mercadería (la suma de $ 80.416 pesos argentinos conf. fs. 5 de las actuaciones administrativas) que se hubiere pretendido extraer del territorio nacional.
Que, lógica consecuencia de lo expuesto, no habría manera de afectar el debido control aduanero cuando la mercadería (dinero) que se encontraba en posesión de la actora no se encontraba prohibida, ni sujeta a reproche legal o autorización.
XII. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la vencida (conf. art. 11630 del C.A.).
Por ello, voto por:
1).- REVOCAR la Resolución Fallo N° 70/2018 (AD ORAN) dictada por el Administrador de la Aduana de Orán en el Sumario N° SC76-321/2017/8.
2).- Disponer que se proceda, por intermedio de la entidad competente, a la devolución del dinero incautado. 3).- Costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En cuanto a los antecedentes del caso, las actuaciones se originan a raíz de un procedimiento realizado en la zona denominada “Los Gomones” (Sección Agua Blanca, Orán, provincia de Salta), en el cual el Sr. Mauricio Maximiliano Navarro fue interceptado por personal de Gendarmería Nacional, según surge del acta n° 303/17 “PARTE DE CONTRABANDO” obrante a fs. 2 de las actuaciones administrativas, dejándose constancia de que el nombrado se encontraría con “intenciones de egresar del país”. En dicha oportunidad, se constató que el causante transportaba entre sus prendas de vestir -más precisamente, en un bolsillo de su campera- la suma de $ 7.000 en moneda nacional y U$S 4.200 en moneda extranjera. Sobre la base de tales constancias, y considerando que el interesado se hallaría en ocasión de egreso del territorio aduanero argentino por un paso no habilitado, la autoridad aduanera imputó la infracción prevista en el artículo 947 del Código Aduanero, disponiendo el comiso del dinero secuestrado y la aplicación de una multa.
II. En primer lugar, corresponde determinar si la conducta atribuida al recurrente configura la infracción de contrabando menor prevista en el artículo 947 del Código Aduanero, lo que exige analizar si se encuentra acreditado un acto positivo inequívoco de egreso por un paso no habilitado, si la conducta excede el ámbito de los actos meramente preparatorios y si la prueba reunida satisface el estándar de certeza requerido para habilitar la potestad sancionatoria. Cabe recordar que la figura prevista en el artículo 947 del Código Aduanero reproduce, en lo sustancial, la estructura típica del contrabando doloso regulado en el artículo 864 del mismo cuerpo legal, diferenciándose únicamente por la cuantía de la mercadería involucrada. En consecuencia, aun tratándose de contrabando menor, resulta indispensable verificar la existencia de un inicio de ejecución idóneo, consistente en un acto positivo destinado a sustraer la mercadería del control aduanero.
Ahora bien, si bien el contrabando ha sido caracterizado por la doctrina y la jurisprudencia como un delito de peligro abstracto, ello no autoriza a prescindir por completo del análisis del iter criminis. Aun en este tipo de ilícitos, la punibilidad no puede extenderse a meras conjeturas ni a comportamientos que permanecen en el estadio de los actos preparatorios, los cuales, por regla, resultan atípicos. En el caso bajo examen, de las constancias de autos no surge que el recurrente hubiera iniciado efectivamente el cruce de la frontera ni que se hubiera introducido en la zona primaria aduanera (Navarro afirma que se encontraba junto a un amigo tomando una gaseosa en un bar y casi al frente del mismo había un paso fronterizo sin ningún tipo de señalización). Tampoco se acredita la utilización de ardid, ocultamiento o maniobra alguna destinada a sustraer el dinero del control aduanero. La sola circunstancia de portar dinero en un bolsillo de la vestimenta, aun en las inmediaciones de un paso no habilitado, no basta para configurar por sí misma un inicio de ejecución típico.
En ese contexto, resulta particularmente relevante que el acta labrada se limite a consignar que el interesado tendría “intenciones de egresar del país”, expresión que remite a un estado subjetivo y no a un hecho jurídicamente relevante. El derecho penal -y el derecho penal aduanero en particular- se estructura como un derecho penal de acto, que solo habilita la sanción en presencia de conductas exteriores verificables, y no sobre la base de presunciones acerca de intenciones o propósitos no exteriorizados mediante un comportamiento inequívoco. Aceptar que la mera cercanía geográfica a un paso no habilitado, sumada a la portación de dinero, configura por sí sola contrabando menor, implicaría extender indebidamente el alcance del tipo penal, desplazando la frontera entre preparación y ejecución hasta un punto incompatible con los principios de legalidad, culpabilidad y mínima intervención.
Por otra parte, la imposición de una sanción de naturaleza penal exige que la imputación se encuentre acreditada con un grado de certeza que supere toda duda razonable. En el sub examine, no se ha demostrado de manera objetiva que el recurrente hubiera comenzado a ejecutar el egreso clandestino del territorio nacional ni que su conducta hubiera entorpecido efectivamente el ejercicio de las funciones de control aduanero. La inferencia efectuada por la autoridad administrativa se apoya en una presunción que no encuentra sustento suficiente en las constancias de la causa. Sancionar sobre la base de esa conjetura equivaldría a castigar no un hecho probado, sino una hipótesis acerca de lo que eventualmente podría haber ocurrido, desplazando el eje del reproche desde el acto hacia la sospecha.
En tales condiciones, corresponde concluir que la conducta atribuida al recurrente no supera el umbral de los actos preparatorios y no configura la infracción de contrabando menor prevista en el artículo 947 del Código Aduanero. En consecuencia, el acto administrativo sancionador carece de sustento jurídico suficiente y debe ser revocado.
III. Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, corresponde advertir que el análisis del caso no puede ni debe confundirse con las franquicias y umbrales de declaración previstos para quienes egresan del territorio nacional por pasos habilitados, ni con las previsiones aplicables dentro del espacio formal de control aduanero. Dichas previsiones se encuentran concebidas como un mecanismo de facilitación y regulan obligaciones de declaración y canalización en un contexto de sujeción efectiva al contralor estatal. No constituyen, en modo alguno, una habilitación implícita para prescindir del paso por los lugares autorizados ni, mucho menos, un parámetro válido para presumir la comisión de infracciones aduaneras fuera de ese ámbito. Ahora bien, así como el umbral de declaración no puede erigirse en un salvoconducto para el egreso por lugares no habilitados, tampoco resulta jurídicamente admisible invertir el razonamiento y derivar de la mera portación de dinero en las inmediaciones de tales lugares la configuración automática de un ilícito aduanero. Confundir ambos planos implicaría desdibujar los contornos del tipo penal y expandir indebidamente el poder sancionador hacia conductas que permanecen en el estadio de los actos preparatorios, en abierta tensión con los principios de legalidad, tipicidad estricta y mínima intervención que rigen en materia penal aduanera.
En igual sentido, cabe señalar que este criterio ha sido ya sostenido por quien suscribe en un caso sustancialmente análogo en el expediente N° 37.377-A caratulado “Vaca Tarifa Sacarías y otro c/D.G.A. s/recurso de apelación” sentencia INLEG-2025-124121677-APN-VOCXXI#TFN del 07/11/2025.
IV. Por último, no puedo soslayar que una observación detenida de la geografía del lugar del procedimiento -la zona denominada “Los Gomones” en la localidad de Aguas Blancas (ver mapa adjunto)- permitiría advertir la estrecha proximidad entre el tejido urbano y el límite internacional. Esta configuración territorial, donde la vida cotidiana de los ciudadanos se desarrolla a escasos metros del río Bermejo, impone una cautela extrema al calificar las conductas. Porque, en efecto, ligeramente podría llegar a sostenerse que la mera presencia de un habitante en estas coordenadas geográficas constituye, per se, un principio de ejecución de contrabando, lo que implicaría condenar a la población de Aguas Blancas a una suerte de “diminutis capitis” por el solo hecho de su residencia o tránsito en zona de frontera. En ese sentido no es admisible que la cercanía física al límite internacional funcione como una presunción iuris et de iure de criminalidad, ni que el estatus de ciudadano fronterizo comporte una degradación de las garantías constitucionales.
En efecto, la libertad de circulación en un área de porosidad geográfica natural no debe confundirse con el acto positivo e inequívoco de egreso ilegal. Verdaderamente el derecho penal aduanero no puede castigar la vecindad con la frontera, sino acciones concretas que vulneren el control estatal, extremo que no se ha acreditado con la certeza necesaria en estas actuaciones.
V. Asimismo, es imperativo destacar la nueva impronta en la gestión de las fronteras impulsada por las actuales autoridades del Gobierno Nacional. La determinación del Ministerio de Seguridad para pasar de una política de permisividad y desorden a una de control efectivo y presencia soberana marcará un punto de inflexión necesario en la administración de nuestros límites internacionales.
De seguro, la instalación de obstáculos físicos y la sistematización de la vigilancia brindará seguridad y claridad jurídica tanto a los habitantes de la zona como a los órganos de control. Este compromiso por parte de las autoridades actuales ayudará a restablecer el orden y la jerarquización del espacio público fronterizo. No obstante, en el estricto plano jurisdiccional que nos ocupa, y tal como se ha analizado, esta loable vocación de control actual resalta, por contraste, la precariedad y confusión que imperaban en el escenario fáctico anterior que aquí se juzga. Es precisamente ese marco previo de desorden el que impide hoy aplicar una sanción sobre conductas que, en aquel entonces, carecían de la delimitación física.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución Fallo N° 70/2018 (AD ORAN) dictada por el Administrador de la Aduana de Orán en el Sumario N° SC76-321/2017/8.
2. Disponer que se proceda, por intermedio de la entidad competente, a la devolución del dinero incautado, en la medida en que no se hubiera efectivizado su reintegro.
3. Imponer las costas a cargo del Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución Fallo N° 70/2018 (AD ORAN) dictada por el Administrador de la Aduana de Orán en el Sumario N° SC76-321/2017/8.
2. Disponer que se proceda, por intermedio de la entidad competente, a la devolución del dinero incautado, en la medida en que no se hubiera efectivizado su reintegro.
3. Imponer las costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2026.04.06 13:33:39 ART Date: 2026.04.06 15:40:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.07 13:08:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.07 13:09:42 -03:00
Fin de la sentencia