Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Raúl Clemente Navarro; por mayoría, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de julio del año 2024, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos, como Presidente, y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos en la presente causa FMZ 13765/2019/TO1/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada “NAVARRO, Raúl Clemente s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. El 1 de marzo del corriente año, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan sentenció:
“I.- CONDENAR a RAÚL CLEMENTE NAVARRO, de condiciones personales consignadas precedentemente, a la pena de un (01) año de prisión de cumplimiento condicional, inhabilitación especial por un año para desempeñar empleo o cargo público, con más accesorias legales y costas (arts. 26, 29 inc. 3°, 45 y 266 del C.P. y 531 del C.P.P.N.), por considerarlo autor penalmente responsable del delito de concusión previsto y reprimido por el artículo 266 del C.P.”.
Luego, el 8 de marzo de este año, el tribunal mencionado dio a conocer los fundamentos de la decisión en cuestión.
II. Contra ese pronunciamiento, interpuso recurso de casación la defensa particular de 1 REGISTRO N°760/24.4 Navarro, el cual fue concedido por el a quo el 26 de marzo de 2024 y mantenido en la instancia.
III. Tras destacar la admisibilidad formal de la vía interpuesta, el recurrente aseveró que la sentencia cuestionada inobservó la ley sustantiva, a la vez que “actuó de manera arbitraria”.
En tal sentido, afirmó que los testigos Zampedri, Olivarez, Agüero y Molina no escucharon que su cliente pidiera dinero al conductor del camión –Carmona-. Resaltó que no hay evidencias que acrediten las afirmaciones de Carmona; incluso destacó las contradicciones entre Carmona con su propia acompañante.
Según su visión, Carmona afirmó que su compañera de viaje no escuchó bien la conversación, y la Sra. Mayorga dijo que sí la escuchó; Carmona dijo que el gendarme no pidió dinero sino que preguntó “y ahora qué hacemos”, y Mayorga afirmó que el gendarme preguntó “cuánto tenía”.
Luego, dijo que Carmona interpretó que el gendarme quería plata, mientras que Mayorga dijo que el gendarme efectivamente pidió dinero y dio diferentes respuestas a los supuestos ofrecimientos. A la vez, destacó que Carmona reconoció que le faltaba documentación, mientras que Mayorga dijo que éste tenía toda la documentación –pese a decir que no lo conocía-. En sus palabras:
“[Mayorga] afirma también que el gendarme le dijo a Carmona que le faltaba el carnet de conductor y que Carmona le dijo que se lo había olvidado en Mendoza, que pedía disculpas al gendarme y que estaba nervioso. Si estaba nervioso, era por algún motivo: estaba infringiendo la ley, no estaba en condiciones de conducir un camión sin carnet. Es evidente que la testigo Mayorga solo pretendía perjudicar al gendarme y cubrir de algún modo la falta de documentación del Sr. Carmona, desviando la investigación. - Mayorga afirma que Carmona pide por favor pasar y que el gendarme no lo deja, pues estaba cumpliendo su función”.
En definitiva, expresó que las pruebas producidas de ningún modo permiten arribar al grado de certeza positivo que requiere todo veredicto condenatorio. Existió, en el caso, un mantra de duda respecto de cómo acontecieron los hechos, lo cual se advierte de las declaraciones contradictorias de Mayorga y Carmona, quienes a su juicio buscaron perjudicar a su defendido porque no contaban con la documentación habilitante para circular con su camión.
Por ello y apoyándose en el principio in dubio pro reo, solicitó que se haga lugar al recurso, se case la sentencia y se absuelva a su defendido.
IV. Puestos los autos en término de oficina previsto por los artículos 465, cuarto párrafo, y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, se efectuaron presentaciones.
Por el lado del representante fiscal ante esta instancia, Dr. Javier De Luca, luego de resaltar los antecedentes del caso y las características del ilícito en cuestión, consideró que la sentencia se ajustó a derecho y a los hechos delimitados.
Recordó la declaración de Carmona, afirmó que el acusado solicitó dinero de forma encubierta, lo que resultaba suficiente para configurar el delito atribuido.
Dijo también que el tribunal de juicio efectuó una correcta valoración de la prueba producida, por lo que la sentencia cuestionada satisface el test de fundamentación exigido a este tipo de decisorios.
En conclusión, solicitó que se rechace el recurso interpuesto.
Por otro lado, se presentó también la defensa técnica del acusado, quien reiteró los argumentos desarrollados en su recurso de casación.
V. En la etapa prevista por los artículos 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., la defensa de Navarro presentó breves notas.
Allí, expresó que la condena contra su asistido fue apresurada, parcial y no respetó el beneficio de la duda, tras un defectuoso análisis del cúmulo probatorio. Sostuvo los agravios planteados en el recurso interpuesto.
Destacó el legajo impecable que tenía Navarro en más de veinte de años de carrera en la fuerza. Reeditó su objeción sobre la valoración efectuada por el a quo de las testimoniales producidas en el debate. Enfatizó nuevamente que su asistido actuó conforme a sus deberes funcionales. Solicitó nuevamente que se haga lugar al recurso y se absuelva a su defendido.
Superada esa instancia, la causa quedó en condiciones de ser resuelta. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces se expidan, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo.
El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:
I. El recurso de casación interpuesto por la defensa de Navarro resulta formalmente admisible, toda vez que del estudio de las cuestiones sometidas a estudio de esta Cámara surge que los agravios planteados encuadran en los motivos previstos en el segundo inciso del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación y la sentencia impugnada es de aquellas previstas en el art. 457 del mismo cuerpo normativo.
La parte recurrente se encuentra legitimada para impugnar (art. 459) y su presentación cumple con los requisitos formales de temporaneidad y fundamentación previstos en el art. 463 del digesto formal citado, todo de conformidad a la vez con el estándar marcado por nuestro Máximo Tribunal en el precedente “Giroldi” (Fallos: 318:514).
II. Para un mejor análisis, corresponde memorar los antecedentes del caso.
El a quo expresó, conforme al requerimiento de elevación a juicio, que “las presentes actuaciones se iniciaron el día 03 de abril de 2019, en circunstancia en que personal de Gendarmería Nacional Escuadrón Núcleo ‘San Juan’ se encontraba realizando un control de ruta sobre Ruta Nacional Nº 40 a la altura del Puesto de Control Fitosanitario San Carlos de la provincia de San Juan.
Que al arribar al mencionado control un vehículo dominio UZG-689 marca Mercedes Benz, tipo transporte de carga conducido por Ricardo Carmona, este detuvo la marcha del mismo a fin del control físico y documentológico; posteriormente se observó que el Sargento Primero Raúl Clemente Navarro se estaba excediendo en el tiempo con respecto al mencionado control, por lo que el Alférez Lucas Zampedri se acercó a fin de constatar si existía algún problema y le solicitó a Navarro que le entregara la documentación del vehículo, que el mismo poseía en su mano.
Luego, el Alférez Zampedri le requirió al conductor que estacionara al costado de la banquina, para llevar a cabo un mejor control de la documentación, advirtiéndose que la misma no poseía infracción alguna y se encontraba en regla, por lo que el mismo le preguntó al conductor el motivo de la demora en el control, a lo que éste le respondió que el Gendarme le había manifestado que le faltaba la licencia nacional, solicitándole dinero a cambio de dejarlo seguir su recorrido, agregando el chofer que todo ello había sido escuchado por la mujer que se encontraba en el asiento acompañante del vehículo.
Ante tal situación, el Alférez Zampedri le preguntó al conductor si deseaba realizar la correspondiente denuncia, a lo que éste le manifestó que sí (Acta de denuncia de fs. 04 y vta.), labrándose finalmente lo actuado en el acta circunstanciada de procedimiento de fs. 01/02”.
III. Los agravios planteados por la parte recurrente se centran en dos cuestiones inescindiblemente unidas: por un lado, la valoración probatoria efectuada por el tribunal de juicio. En segundo lugar, cuestionó la calificación legal aplicada como derivado de dicha ponderación de evidencias. Para un mejor tratamiento, serán analizadas conjuntamente.
El tribunal de juicio tuvo por acreditada la hipótesis acusatoria “a partir de las declaraciones testimoniales prestadas en la audiencia de debate, como así también del resto de la prueba rendida, como es el acta de procedimiento de fs. 01/02 –la que ha sido ratificada tanto por el personal de Gendarmería Nacional actuante: Lucas Nahuel Zampedri y Víctor Andrés Olivares; como por los testigos civiles del procedimiento: Osvaldo Ceferino Agüero y Roberto Ceferino Molina, quienes son contestes en las circunstancias de hecho narradas. Por último, del acta de denuncia de fs. 04 y vta.”.
Destacó la declaración de Carmona, quien aseveró que una vez detenido y tras presentar los papeles –carnet de cargas generales-, fue inducido por el acusado para que le entregue dinero a cambio de que lo dejase continuar circulando. El mencionado dijo que Navarro le expresó “y bueno, ¿qué hacemos?”, bajo un tono que reputaba sugerente de la entrega de una coima.
En este sentido, el a quo sopesó tanto su declaración como la de Mayorga, quienes relataron en consonancia que en ese instante comenzó una negociación por la cantidad de dinero que disponía Navarro para entregarle al aquí acusado, hasta que llegó un superior –Zampedri- y dejaron de negociar la dádiva.
Según lo expresado en la sentencia, el propio Carmona le expresó al superior que Navarro le había insinuado que le entregue dinero para que lo deje avanzar. Incluso, el a quo valoró lo dicho por Carmona en cuanto a que, apenas apareció Zampedri en la escena, mientras éste le comentaba lo sucedido en torno al pedido de coima, Navarro desde atrás le hacía señas para que deje de hablar, lo cual evidencia la materialidad de lo sucedido.
A su vez, el tribunal de origen sopesó también la declaración de Mayorga, quien al momento de los hechos acompañaba a Navarro en el camión. Ella ratificó lo denunciado por Navarro en torno a la falta de un carnet habilitante y la ulterior insinuación de pago de dádiva por parte del imputado.
También fue ponderada la declaración de Zampedri, quien narró detalladamente las circunstancias que enmarcaron el hecho investigado. Éste resaltó que se acercó al camión de Carmona porque estaba demorándose su control por parte de Navarro y se había producido una larga fila. Y luego, cuando Carmona aparcó el camión a un costado, éste le comentó que Navarro le había pedido plata para poder circular, a lo que Zampedri le preguntó si quería efectuar la correspondiente denuncia. Esto fue respaldado por el testigo Olivares, miembro de la misma fuerza de seguridad, quien relató cómo Carmona afirmó que Navarro le había pedido dinero. Olivares se encontraba junto con Zampedri al momento de esta declaración del conductor.
A su vez, los testigos Molina y Agüero también aseveraron que se generó una larga cola y que eso resulta llamativo, ya que por cada vehículo el control no suele demorar más de cinco o diez minutos.
Con relación al planteo defensista relacionado con un enojo previo de Zampedri que derivó en lo denunciado, el a quo expresó que “carece de sustento el planteo defensivo a poco que se lo analice, puesto que requiere no sólo la improbable intención de venganza de Zampedri, sino también la connivencia del camionero Carmona haciendo una denuncia falsa y de su acompañante Mayorga, declarando falsamente ante los gendarmes y en sede judicial.
Por todo lo expuesto, comparto la postura esgrimida por el Sr. Fiscal General en el sentido de que la estrategia ensayada por Navarro y su defensa estuvo desprovista de cualquier apoyatura probatoria, habida cuenta que de las declaraciones testimoniales tanto de Zampedri como los testigos de procedimientos, denotan la inverosimilitud de lo declarado por Navarro”.
Tras ello, el tribunal de juicio tuvo por acreditada la hipótesis acusatoria y, en consecuencia, calificó legalmente el hecho atribuido.
Sobre el punto, resaltó la diferencia entre el delito de exacciones ilegales y el de concusión, para luego adecuar este caso al segundo de los ilícitos descriptos. Describió que en autos se presentaron todos los elementos típicos, en razón de que Navarro era un miembro de una fuerza de seguridad y, abusando de su cargo, solicitó una dádiva indebida. Afirmó que basta con la exteriorización de la voluntad del funcionario público, independientemente de si luego se materializa o no la entrega de la dádiva.
Finalmente, tuvo por acreditado el elemento subjetivo del tipo, ya que estimó que Navarro tenía pleno conocimiento acerca de que lo exigido era indebido.
IV. A partir de lo expuesto puedo concluir que la resolución cuestionada cumple con el requisito de debida fundamentación que se le exige a todo veredicto jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en los arts. 123 y 404 del CPPN.
En efecto, el tribunal realizó un pormenorizado análisis del cúmulo de evidencias producido en autos y, a partir de allí pudo concluir la materialización del ilícito atribuido al acusado. Bajo esa óptica, se valoraron integralmente todas las declaraciones testimoniales que permitieron arrojar luz sobre lo sucedido. En otras palabras, se analizó la congruencia entre lo dicho por Zampedri, Olivares, Carmona, Mayorga y los testigos de actuación.
De dicha ponderación se pudo observar que los acontecimientos se sucedieron tal cual fueran declarados por el denunciante: se le acercó Carmona para un control de documentación, se había olvidado un carnet habilitante para circular y ante dicha situación Navarro lo indujo al pago de una coima para que pudiese continuar con su recorrido. Mayorga, acompañante de Carmona, detalló al igual que él que se inició una negociación por el monto de entregar para que Navarro lo deje circular, lo que efectivamente produjo la demora en el control vehicular y generó que se formase una larga fila de rodados detrás.
Esa fila de rodados fue descripta a su vez tanto por Olivares como por los testigos Molina y Agüero, quienes detallaron que generalmente esos controles no tardan más de cinco o diez minutos, por lo que resultó llamativa la demora con el camión de Carmona.
En tal escenario, resulta verosímil lo denunciado por Carmona, en tanto se respaldó en el resto de las declaraciones testimoniales producidas en el caso. Zampedri, también miembro de la fuerza de seguridad, fue quien notó esa demora y se acercó para ver qué estaba ocurriendo, ante lo cual recibió la denuncia por parte del conductor.
Todo ello revela que la versión promovida por la defensa de Navarro no buscó más que desacreditar los demás testimonios en pos de mejorar su situación procesal. Incluso, lo narrado en torno a una posible discusión previa con Zampedri tampoco obsta a derribar la hipótesis acusatoria. Pues, en definitiva, ello no desvirtúa su accionar posterior de haber inducido al conductor Carmona a que le entregue una suma de dinero para que pudiese circular con su camión.
A continuación, el tribunal de juicio encuadró acertadamente el hecho en cuestión bajo el delito de concusión. Como expresó el a quo, este ilícito solo lo puede cometer un funcionario público abusando de su cargo. Y dicho abuso no consiste en invocar la calidad, efectiva o fingida, de funcionario público, sino que emerge en el abusivo ejercicio funcional pertinente.
Fue precisamente el temor generado en el conductor a la potestad pública lo que revela el carácter ilícito de la maniobra desplegada por el aquí imputado.
Cabe recordar, sobre el tema, que a partir de la reforma constitucional y de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Estado argentino se comprometió a maximizar sus esfuerzos por enaltecer deberes y obligaciones en el ejercicio de la función pública, promoviendo la probidad y la transparencia, así como también buscando erradicar cualquier atisbo de corrupción del ámbito público (cfr. voto del suscripto en causa FPA 961/2016/TO2/CFC13, “VARISCO, Sergio Fausto y otros s/rec. de casación”, reg. N°2612/20, rta. el 22/12/20 por la Sala IV de esta C.F.C.P.).
Al respecto, ya he dicho también que la ley 25.188 estableció en su artículo segundo que los funcionarios públicos se encuentran obligados a: “a) cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno; b)
Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana; c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular; d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello […]”. Todas estas premisas normativas fueron explícitamente incumplidas por Navarro, quien abusó de su cargo como miembro de una fuerza de seguridad para obtener un rédito económico indebido a expensas de un ciudadano.
En resumen, el tribunal de juicio realizó una correcta ponderación de pruebas y ulterior adecuación típica de la conducta atribuida. De modo tal que los agravios planteados por el recurrente no muestran más que una disconformidad con el criterio adoptado, mas no revelan vicio alguno en la sentencia cuestionada que impida calificarla como acto jurisdiccional válido.
Por tales razones, los agravios promovidos serán rechazados.
V. En consecuencia, propongo al Acuerdo:
RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Raúl Clemente Navarro, sin costas en la instancia (arts. 530 y ss. del CPPN).
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Por compartir en lo sustancial las consideraciones del voto que lidera el acuerdo adhiero a la solución propuesta de rechazar el recurso de casación interpuesto.
De su lectura se observa que la defensa se agravia por la arbitrariedad en la valoración probatoria efectuada por el tribunal a quo y por la errónea aplicación de la ley sustantiva.
Respecto al primero de los puntos, corresponde su desestimación toda vez que, de adverso a lo planteado por la asistencia técnica, el tribunal de la anterior instancia ha efectuado un examen global que abarcó los distintos elementos probatorios disponibles, evitando fragmentarlos, de modo de conservar la visión en conjunto y la correlación que, sin espacio para la duda, han arrojado los distintos elementos de cargo que permitieron arribar a la certeza necesaria para un juicio de condena.
En este sentido, valoró los dichos de Carmona y Mayorga -quienes viajaban en el interior del vehículo- y destacó la coincidencia respecto del pedido de dinero efectuado por el imputado y las circunstancias referidas al carnet de conducir o licencia habilitante.
Del mismo modo, ponderó cada uno de los testimonios desarrollados durante el debate, particularmente en lo referido al pedido de dinero y al tiempo excesivo que demandó el control efectuado por Navarro, circunstancias que otorgaron credibilidad a la hipótesis acusatoria.
Sumado a ello, se refirió al planteo de la defensa vinculado a las razones que habrían motivado la denuncia contra su defendido, esto es, una charla de índole personal con su superior Zampedri, que habría buscado “la primera situación confusa para inducir al civil para efectuar una denuncia…”. Con relación a este punto, el tribunal concluyó que el planteo carece de sustento, toda vez que “requiere no sólo la improbable intención de venganza de Zampedri, sino también la connivencia del camionero Carmona haciendo una denuncia falsa y de su acompañante Mayorga, declarando falsamente ante los gendarmes y en sede judicial”.
En síntesis, los magistrados rechazaron la hipótesis planteada por la defensa con sustento en un análisis conglobado de las constancias de la causa, sin que en esta ocasión el recurrente haya logrado conmover las razones expuestas.
Es preciso señalar que, del estudio de la fundamentación otorgada al fallo pronunciado, no se advierte vicio alguno en la valoración de las pruebas aunadas al proceso, habiéndose respetado el principio de razón suficiente a los fines de concluir en la condena dictada, por lo que se encuentra exceptuada de la tacha de arbitrariedad atribuida por la parte impugnante.
En este sentido, corresponde destacar que el pronunciamiento aquí atacado cuenta con fundamentos jurídicos suficientes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional válido. El cuadro probatorio reunido en autos respecto de Raúl Clemente Navarro ha sido observado por el tribunal de la anterior instancia a la luz del principio de la sana crítica racional que rige la apreciación de la prueba (art. 398 del C.P.P.N.).
Los elementos de juicio introducidos al debate, valorados según las reglas mencionadas, permiten arribar a un estado de certeza respecto de la responsabilidad penal de Navarro por el delito que se le endilga y, consecuentemente, descartar la existencia de un estado de duda que deba ser resuelto en su favor (art. 3 del C.P.P.N.), tal como reclama la defensa técnica que lo asiste.
Con relación al agravio vinculado a la errónea aplicación de la ley sustantiva, cabe recordar que el tribunal entendió adecuado condenar a Navarro como autor del delito de concusión previsto y reprimido por el art. 266 del Código Penal.
Al respecto, he dicho que el delito de concusión “consiste en convertir o aprovecharse de los fondos obtenidos para una exacción ilegal anterior”, es decir “el núcleo de la acción típica gira en torno a la conversión de aquellas exacciones ilegales en beneficio propio o de un tercero, por parte del mismo funcionario público”, y por ello, “por un lado, significa un abuso funcional como medio, y por otro, un acto de apropiación particular como fin” (BORINSKY, Mariano Hernán; Los delitos de corrupción. Un análisis de derecho penal y procesal penal. Aportes de la sociología, la economía y la política, Didot, Bs. As., pág. 211).
Sentado cuanto precede, se advierte que la defensa no ha cumplido con la carga de fundar suficientemente su agravio. Ello es así, en tanto dicha parte se limita a alegar genéricamente una incorrecta aplicación de la ley sustantiva, sin antes haber efectuado una fundada crítica de la argumentación brindada al respecto por el a quo – oportunamente reseñada en el voto que antecede-. En síntesis, de la sentencia recurrida surge que la misma constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 295:316; 298:21; 300:712; 305:373; 320:2597; 325:1731; 327:2273; 331:1090 y sus citas). La decisión cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre muchos otros), sin que los embates de la defensa logren conmover el temperamento debidamente seguido por los sentenciantes.
Por ello, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por compartir, en lo sustancial, las consideraciones efectuadas por los colegas que me preceden en el Acuerdo, habré de adherir a la solución propuesta, con la salvedad de que corresponde, a mi entender, la imposición de costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).
En mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Raúl Clemente Navarro; por mayoría, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital –quien deberá notificar personalmente al encausado-, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Firmado: Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia