Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 6367
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Por mayoría, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada Fiscal a fs. 303/306 en tanto sus fundamentos no conmueven a los vertidos en el pronunciamiento apelado, el que se confirma sin más. Las costas de alzada se imponen al Fisco en su objetiva calidad de vencido (arts. 68 y 25 de la ley 13.928).
2Ordenar al juez de grado a que proceda en la forma que se indicara en el apartado “I.4.” del voto que concitó adhesión.
3Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (arts. 31 y 51 del decreto ley 8904/77).
REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°
En la ciudad de Mar del Plata, a los 31 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa A-6367-NE0 “LAGUILON DANIELA KARINA s. AMPARO”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli, Mora y Zampini, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado en lo Correccional N° 1 del Departamento Judicial Necochea, con fecha 23-06-2017, –de un lado-, valorando que el plazo concedido a la parte demandada para que acreditara el cumplimiento de la sentencia había fenecido, aprobó la liquidación de sanciones conminatorias que confeccionara la Actuaria a su requerimiento, en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL ($ 151.000,=). De otro, ante la presentación de un nuevo expediente administrativo adjuntado por la apoderada de Fiscalía de Estado haciendo saber nuevos requerimientos expuestos por el Programa Federal Incluir Salud (PRO.FE. Salud) para cumplimentar la prestación acordada a la amparista, el a quo –ponderando que en reiteradas oportunidades el Programa había solicitado nuevos trámites a modo de condición para cumplir el mandato jurisdiccional recaído en la presente causa y que no había acreditado haber puesto en conocimiento de la accionante de los nuevos requerimientos exigidos por la Autoridad- decidió rechazar el pedido de la parte demandada de dejar sin efecto las astreintes que antes fijara [cfr. fs. 299 y fs. 300].
II. Recibidas las actuaciones en esta Alzada [v. fs. 314] y puestos los autos al Acuerdo para examen de Admisibilidad del Recurso y, en su caso, para Sentencia –providencia que se encuentra firme- [cfr. fs. 315 –ap. 2°-], corresponde plantear la siguiente:
¿Es fundado el recurso intentado?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. Un único y exclusivo interrogante propuesto por las partes en la oportunidad idónea merece ser abordado y dirimido por esta Alzada.
Tal cuestión central no es otra que desentrañar si la actitud desplegada por la parte demandada en el expediente administrativo -incorporado con fecha 23-06-2017- resulta hábil para sustentar su requerimiento que persigue se dejen sin efecto las sanciones conminatorias que se le impusieran en el grado [v. fs. 172] y fueran confirmadas por esta Alzada [v. fs. 214/218].
2.1. Circunscripta de tal forma la materia sujeta a debate, juzgo de interés repasar los siguientes antecedentes. Advierto así que: i) el a quo, con fecha 03-09-2015, dictó sentencia haciendo lugar a la acción de amparo impetrada por la Sra. Daniela Karina Laguilon y, en consecuencia, ordenó a la accionada proveerle dos (2) dosis de injerto óseo de banco para defecto acetabular severo (en virtud de diagnosticarse aflojamiento RCT) y prótesis para revisión de cadera no cementada con anclaje distal modular cabeza 32 de cerámica, malla de titanio para reconstrucción acetabular, descartables y asistencia técnica, bajo apercibimiento de aplicar astreintes [cfr. fs. 141/145]; ii) el 16-12-2015, ante el incumplimiento comprobado por la parte demandada del fallo dictado en el caso, el juez actuante impuso sanciones conminatorias a la parte demandada, fijándolas en la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,=) por cada día de retraso en la provisión de las prestaciones e insumos reconocidos en el mencionado pronunciamiento [cfr. fs. 172]; iii) ante el pedido formulado por la parte actora para que se liquiden las sanciones conminatorias antes impuestas, el a quo decidió ordenar el cumplimiento de ciertas diligencias tendientes al cumplimiento de la sentencia de mérito (v.gr. intimar el cumplimiento de la sentencia de mérito en el plazo de de 24 hs. a la Responsable de la Unidad Ejecutora del Programa Federal Incluir Salud de la Provincia de Buenos Aires –Región Sanitaria VIII-; poner en conocimiento de lo aquí actuado a la Ministra de Salud provincial; dar intervención a la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas; entre otras) [v. fs. 228/229 vta.]; iv) el 23-09-2016 la accionante insistió en requerir la liquidación de las sanciones conminatorias impuestas [v. fs. 237]; v) el 14-10-2016 el magistrado de grado, valorando lo solicitado por la amparista y el tiempo transcurrido sin obtener resultados positivos ante las diversas intimaciones cursadas, ordenó a la Actuaria que proceda a liquidar las sanciones impuestas. En igual fecha las cuantificó en la suma de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL ($ 302.000,=) y el magistrado aprobó la liquidación así cumplida [v. fs. 239 y vta.];
vi) el 15-11-2016 la apoderada fiscal denunció que el día 28-06-2016 se había procedido a realizar la compra de la prótesis requerida por la amparista mediante la orden de compra N° 2905-9715/14 [v. fs. 251]; vii) el 16-12-2016, a pedido de la amparista y por orden del magistrado interviniente, se dispuso transferir a la cuenta bancaria titularidad de la amparista la suma de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL ($ 302.000,=); viii) el 23-06-2017, a pedido de la parte actora y valorando que había fenecido el plazo acordado a la demandada para que acreditara el cumplimiento de la sentencia, el magistrado mandó liquidar nuevamente su importe y la Secretaría de la dependencia las estimó en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL ($ 151.000,=).
Seguidamente el sentenciante aprobó la liquidación así conformada [v. fs. 299 y vta.]; ix) el 23-06-2017 la parte demandada presentó un expediente administrativo procesado por el Programa Federal Incluir Salud (PRO.FE. Salud) –cuyo objeto era informar que “… para continuar la gestión tendiente a la adquisición del injerto óseo, este Programa precisa que el médico tratante cargue el pedido de tejido óseo en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA)…” y que tal situación había sido puesta en conocimiento “… telefónicamente desde el área de Servicio de este Programa Incluir Salud al médico tratante, sin haber obtenido a la fecha respuesta alguna…” y solicitar también que “… el médico tratante informe si el insumo comprado (…) sigue resultando útil para colocar al momento de la cirugía (…) y que, en caso de no serlo, “… se requiere que tenga a bien denunciar las nuevas consideraciones técnicas a fin de adecuar la adquisición a las necesidades del paciente…” [v. fs. 10 del expte. adm.
N° 5100-31479/2017]- y requirió, “… ante todo lo expuesto y la existencia de voluntad de cumplimiento demostrada por el Programa Federal Incluir Salud…”, se dejen sin efecto las sanciones en curso; y x) frente a la presentación del citado expediente haciendo saber los nuevos requerimientos expuestos por el Programa Federal Incluir Salud (PRO.FE. Salud) para dar cumplimiento a la prestación acordada judicialmente a la amparista, el magistrado –ponderando que en reiteradas oportunidades el Programa había solicitado nuevos trámites a modo de condición para cumplir el mandato jurisdiccional recaído en la presente causa y que no acreditó haber puesto en conocimiento de la accionante los nuevos requerimientos exigidos por la Autoridad- decidió rechazar el pedido de la parte demandada de dejar sin efecto las sanciones conminatorias antes fijadas [v. fs. 299 y fs. 300].
2.2. Frente a tales antecedentes bien vale recordar que el instituto de las sanciones conminatorias reglado en el art. 37 del CPCC, constituye un medio de compulsión administrado por los jueces que tiende a obtener el efectivo cumplimiento de un mandato judicial cuando es resistido por el obligado, mediante la aplicación de una condena pecuniaria que lo afecta mientras no haga lo debido [cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 90.491 “Sociedad de Fomento Cariló”, sent. de 08-03-2006; esta Cámara causas A-397-NE0 “Parente”, sent. de 27-05-2008; A-1036-MP0 “Medina”, sent. de 30-09-2008; A-1883-MP0 “Jarmoluck”, sent. de 13-07-2010] y solo deben efectivizarse o mantenerse en tanto se verifique la desobediencia a la orden jurisdiccional [cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 90.941 “Sociedad de Fomento Cariló”, citada; doct. esta Cámara causas M-1052-MP2 “Faro La Providencia S.A.”, sent. de 12-05-2009; P-1534-MP1 “Ortiz”, sent. de 25-02-2010; A-1697-MP0 “Melograno”, sent. de 28-04-2010] y la condenada no hubiera cuestionado la penalidad, justificando total o parcialmente su proceder [cfr. argto. doct. esta Cámara causas A-1113-MP0 “Ceraño”, sent. del 8-05-2009; A-2117-DO0 “Negroni”, sent. del 5-09-2010].
En la misma línea argumental, nuestro cimero Tribunal provincial tiene dicho que tales sanciones, por su carácter provisorio, no causan estado ni pasan en autoridad de cosa juzgada, razón por la cual pueden ser revisadas y dejadas sin efecto si el deudor justifica total o parcialmente su proceder [cfr. argto. doct. S.C.B.A. causa Ac. 90.491 “Sociedad de Fomento Cariló”, sent. del 8-03-2006; doct. esta Cámara causas A-2035-MP0 “Ávila”, sent. del 02-09-2010; C-2455-MP1 "Bello", sent. de 2-05-2013].
Así, las penas conminatorias poseen los caracteres de provisoriedad y revisabilidad [doct. esta Cámara causas A-1547-MP0 "Guzmán", sent. del 26-10-2010], siendo eminentemente mutables [cfr. doct. esta Cámara causa C-2356-NE1 "Rodríguez", sent. de 31-05-2011]. Esto permite a la parte conminada a presentarse ante el juzgador de grado todas las veces que lo estime oportuno, denunciando y acreditando lo que -a su criterio- resulte una conducta demostrativa de su acatamiento al mandato jurisdiccional.
2.3. Lo cierto es que de los propios dichos de la parte demandada se desprende la persistencia del incumplimiento de la sentencia de grado.
Adviértase que la decisión del magistrado que arriba recurrida a esta Alzada –que desestimó el pedido para que se dejaran sin efecto las sanciones conminatorias impuestas en el grado [cfr. fs. 300]- fue consecuencia del pedido en tal sentido realizado por la parte demandada sustentado en la presunta “… existencia de voluntad de cumplimiento demostrada por el Programa Federal Incluir Salud…”.
Debe advertirse que ese no es el presupuesto fáctico que habilitaría el proceder perseguido por la demandada -como se expusiera anteriormente en el ap. “I.2.2.”-. Allí se explicitó que la circunstancia que habilitaría la revisión y eventual revocación de las sanciones antes fijadas, es que el deudor justifique total o parcialmente su proceder.
En dicho entendimiento, juzgo que la alegada demostración de voluntad de cumplimiento expresada el 09-06-2017 respecto de una obligación que consiste en una prestación de salud exigible desde el 14-09-2015, mal puede ser interpretada como una justificación del proceder reticente de la parte demandada a cumplir la manda judicial por ella voluntariamente consentida, más cuando anteriormente, en el derrotero del presente expediente, reiteradamente la accionada ha pretendido demostrar su voluntad de cumplimiento para evitar la imposición de sanciones sin que, a la postre, se verificara la efectiva ejecución de la conducta debida. Véase, en tal sentido, que luego de dictada con fecha 03-09-2015 la sentencia que impuso a la demandada la obligación de otorgar a la amparista la prestación médica requerida: i) el 19-11-2015 la demandada ya había manifestado su intención de cumplir la manda impuesta alegando que se encontraba realizando las gestiones pertinentes para adquirir la prótesis solicitada [v. fs. 167/169]; ii) el 22-12-2015 el Programa demandado denunció la “inexistencia de reticencia” de su parte para cumplir la sentencia dictada en el grado, en tanto se habría visto imposibilitado de adquirir la prótesis en virtud de que ningún prestador la habría cotizado. Con sustento en lo anterior es que requirió se dejaran sin efectos las astreintes impuestas [v. fs. 182/185]; iii) con fecha 29-09-2016 y 26-10-2016 el “PRO.FE Salud” denunciaba la efectiva adquisición de la prótesis requerida a la casa prestadora IPMAG S.A. con fecha 28-06-2016, bajo la orden de compra N° 2905-9715/14. Empero, omitió entregarla a la amparista, aduciendo que necesitaba se ponga nuevamente a su disposición la prescripción médica y la historia clínica del injerto óseo que exigiera la amparista, a fin de gestionar su entrega conjunta [v. fs. 8 del expte. adm. 5100-20639/2016 y fs. 10 del expte. adm. 5100-24968/2016]; iv) el 14-03-2017 la apoderada fiscal denunció que el Programa demandado había recibido la documentación que peticionara y que se encontraba realizando las tratativas necesarias para la concreción a través del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Buenos Aires (C.U.C.A.I.B.A.) de la provisión del material óseo. Con ello, solicitó se dejaran sin efecto las sanciones impuestas [v. fs. 7 del expte. Adm. 5100-28817/2017].
La anterior no hace más que demostrar la redundante conducta reticente de la parte demandada durante la sustanciación de la presente causa y que tal circunstancia aún persiste en la especie.
Acierta en ello el magistrado de grado al desestimar el pedido formulado por la Fiscalía de Estado.
3. Tampoco juzgo concluyentes los argumentos ahora vertidos por la demandada para demostrar que su incumplimiento, en realidad, obedecería a la desidia del médico tratante de la amparista.
Según alega al tiempo de fundamentar esta nueva apelación, para lograr cumplimentar la manda judicial dictada en autos resulta esencial que el médico de la amparista “… cargue el pedido de tejido óseo en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA), conforme surgiría de lo normado por la Ley 24.193 y modificatorias, Decreto Reglamentario 512/1995 y la Resolución 260/1999 del Instituto Nacional Central Único de Coordinador de Ablación e Implante, referente al Banco de Tejidos del Sistema Músculo Esquelético y Osteoarticular…”. Agrega además que tal requerimiento habría sido puesto en conocimiento del mencionado facultativo en forma telefónica sin haber obtenido respuesta alguna de su parte. En suma, descarga su responsabilidad en el citado galeno y aduce que su proceder demostraría su voluntad de cumplimiento de la prestación médica.
La accionada no ha logrado probar la circunstancia que alega, tal como lo indicara la amparista en su réplica al memorial de agravios. Es que, en su pretendido afán de demostrar la presunta inobservancia del facultativo para eximirse de su responsabilidad, la apoderada fiscal debió identificar con absoluta precisión cuál era la normativa presuntamente incumplida por el galeno y probar fehacientemente la puesta en conocimiento del facultativo del proceder que la norma le exigiría a fin de patentizar su incumplimiento. Nada de ello surge del expediente administrativo N° 5100-31479/2017 ni pudo acreditarse en el presente caso a fin de eximir de responsabilidad a la parte demandada.
4. No habré de pasar por alto, sin embargo, hacer mención de la perplejidad que produce a este votante el devenir procesal de la presente causa y la actitud desplegada por ambas partes.
En efecto, luego de dictada la sentencia condenatoria a otorgar la prestación médica exigida por la amparista con fecha 03-09-2015 [v. fs. 141/145], pronunciamiento que no fuera recurrido por la Fiscalía de Estado provincial, y ante la falta de cumplimiento por la parte demandada, con fecha 16-12-2015 el a quo decidió imponer sanciones conminatorias a fin de vencer la reticencia comprobada [v. fs. 172], luego confirmadas por esta Alzada [v. fs. 214/218].
Según informó la propia accionada con fecha 29-09-2016 procedió a adquirir la prótesis solicitada por la amparista a un costo total –comprensivo de la prótesis indicada, la malla de titanio para reconstrucción, los materiales descartables y la asistencia técnica- de PESOS CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 104.000,=) [v. fs. 8 del expte. adm. N° 5100-20639/2016].
El 16-12-2016 a pedido de la accionante y comprobada por el magistrado la persistencia del incumplimiento verificado por la parte demandada, el a quo liquidó el monto de las sanciones fijadas en la suma de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL ($ 302.000,=) y efectivizó el giro judicial por la mencionada suma en favor de la amparista [v. fs. 279].
Posteriormente, manteniéndose la desobediencia antes referida, el magistrado realizó una nueva liquidación que, en este caso, ascendió a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL ($ 151.000,=) [v. fs. 299].
Ante el mencionado panorama, creo oportuno resaltar que la doctrina sentada por esta Alzada en la materia [relevada supra] no se desentiende del real sentido del instituto analizado, a tenor de las finalidades superiores que apuntalan todo proceso judicial, a saber: brindar una solución definitiva a los conflictos en un marco de celeridad y economía en los trámites. En efecto, interesa a los Tribunales que sus mandatos sean cumplidos, no perpetuar el incumplimiento a cambio de un sucedáneo remedo económico para aquella parte a favor de quien se dispone una medida. Por ello, a la imposición de sanciones conminatorias al remiso, debe seguir una actitud procesal de la contraria de insistencia para vencer la renuencia, lo que no se logra con su acumulación especulativa de multas procesales que lo único que premia es el paralelo desinterés en el resultado del litigio [v. esta Alzada causa P-5662-MP1 “Speroni”, sent. de 01-11-2016].
Siendo ello así, valorando las constancias procesales referidas anteriormente -ap. “I.2.1.”-, que la accionante ya ha percibido de la demandada en concepto de sanciones conminatorias la suma de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL ($ 302.000,=), que al 29-09-2016 la prestación médica requerida –comprensivo de la prótesis indicada, la malla de titanio para reconstrucción, los materiales descartables y la asistencia técnicarepresentaba un costo de PESOS CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 104.300,=) [v. fs. 7 del expte. adm. N° 5100-20639/2016] y que, en virtud del pronunciamiento de fs. 299 -que por el presente fallo se propone confirmar-, se ha otorgado título a la amparista para exigir de la parte demandada el pago de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL ($ 151.000,=) en idéntico concepto de sanción procesal por desobediencia, es que corresponderá –en caso de efectivizarse el mentado pago- imputarlo totalmente al costo que demanda la prestación médica exigida por la amparista, para su provisión sin más dilaciones, corriendo por cuenta de ésta acreditar a la causa los documentos respaldatorios que avalen la consecución definitiva de la cobertura requerida por su cuadro de salud y con ello, dar finiquito a la presente contienda judicial, sellando todo otro intento de liquidar sanciones conminatorias al respecto.
5. Por fuera de lo anterior, a tenor de las circunstancias relevadas en la presente causa y con el objeto de no incurrir en una eventual violación de los deberes de funcionarios públicos (arts. 249 del CP y art. 287 inc. 1° del CPP), deberá el magistrado a quo realizar copias de todo lo actuado y de los expedientes administrativos a ella adunados por cuerda y, luego de certificarlas, remitirlas a la Fiscalía General del Departamento Judicial Necochea a los fines que evalúe si lo acontecido en el presente proceso encuadra en alguna figura típica del derecho penal.
II. Si lo expuesto resulta compartido, no cabría más que rechazar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada Fiscal a fs. 303/306 en tanto sus fundamentos no conmueven a los vertidos en el pronunciamiento que arriba recurrido. Las costas de alzada deberían imponerse al Fisco en su objetiva calidad de vencido (arts. 68 y 25 de la ley 13.928). Doy mi voto a la cuestión planteada por la negativa.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Me permito disentir parcialmente con la solución propuesta en el voto que abre el Acuerdo. A mi modo de ver, no corresponde sino rechazar sin más el recurso articulado confirmando, así, el proveído atacado.
2. Si bien comparto lo expuesto en los puntos “I.1.” a “I.3.” del voto antecedente y la conclusión a la que allí se arriba, esto es, que corresponde desestimar la crítica vertida en el recurso de fs. 303/306 y, por tal vía, confirmar el auto de fs. 300 en cuanto rechazó el pedido de la demandada de que se dejen sin efecto las astreintes liquidadas a fs. 299 -toda vez que, como se explica en los referenciados apartados, los elementos de convicción recabados impiden tener por justificado, total o parcialmente, el reticente comportamiento en que incurriera la apelante al incumplir la orden judicial por conducto de la cual se dispuso otorgar al amparista dos (2) dosis de injerto óseo de banco para defecto acetabular severo (por diagnosticársele aflojamiento RCT) y prótesis para revisión de cadera no cementada con anclaje distal modular cabeza 32 de cerámica, malla de titanio para reconstrucción acetabular, descartables y asistencia técnica [v. fs. 141/145]-, no deja de sorprenderme el temperamento patrocinado en el apartado “I.4.”, en cuanto propicia “condenar” a la parte actora a imputar las sumas que perciba en virtud del pago de las astreintes liquidadas –objeto de impugnación- a la adquisición de la puntual prestación médica que en sentencia se ordenara cubrir a la demandada.
La orden que, en tal sentido, se propone impartir al accionante no solo carece de anclaje normativo alguno, sino que evidencia un inadecuado enfoque acerca de la naturaleza y fines del instituto de las sanciones conminatorias, toda vez que (como bien se aclara en el apartado “I.2.2.” del voto antecedente) éstas constituyen un medio para constreñir al obligado a la efectiva observancia de un mandato judicial y no (como se desprendería de la, en mi sentir, incorrecta solución finalmente propiciada en el punto “I.4.”), una suerte de “plan de ahorro previo” orientado, en fin, a sustituir con sus frutos el cumplimiento por la accionada de la obligación contenida en la manda jurisdiccional que, precisamente, se constriñe a acatar a la deudora través de la sanción impuesta.
3. No menos inaceptable resultaría que, tras censurarse severamente la conducta desplegada por la accionada en cuanto continúa dilatando el acatamiento de la sentencia definitiva de fs. 141/145 luego de trascurridos más de dos (2) años desde que ésta fue emitida, se proponga “premiarla”, liberándola de la obligación de cumplir con el mandato de fondo allí impartido, convirtiéndose al amparista en sujeto pasivo de tal carga, compeliéndolo a procurarse -a través de sumas dinerarias ya incorporadas a su patrimonio- las opciones asistenciales imprescindibles para hacer frente a los trastornos que lo aquejan.
4. Finalmente, no puedo pasar por alto que –al no haber sido peticionada en el recurso bajo trato- la solución propuesta traduce el arbitrario apartamiento de una premisa fundamental en el campo impugnativo –tanto ordinario como extraordinario-, cual es que la restricción de la competencia del órgano superior está dada por la medida del recurso donde se fija el tema a decidir, condensado en el aforismo latino “tantum devolutum quantum apellatum” [cfr. doct. esta Alzada causas C-2138-DO1 “Medina”, sent. de 04-XII-2010 y A-5492-DO0 “Hermida”, sent. de 12-II-2015, entre muchas otras].
II. Con todo, estimo que corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar, sin más, el pronunciamiento en crisis.
Por los fundamentos expuestos y con el alcance indicado, voto a la cuestión planteada por la negativa. La señora Juez doctora Zampini, con igual alcance y por los mismos fundamentos contenidos en el voto del señor Juez doctor Mora, vota también por la negativa. De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Por mayoría, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada Fiscal a fs. 303/306 en tanto sus fundamentos no conmueven a los vertidos en el pronunciamiento apelado, el que se confirma sin más. Las costas de alzada se imponen al Fisco en su objetiva calidad de vencido (arts. 68 y 25 de la ley 13.928).
2. Ordenar al juez de grado a que proceda en la forma que se indicara en el apartado “I.4.” del voto que concitó adhesión.
3. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (arts. 31 y 51 del decreto ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al órgano de origen por Secretaría.
ROBERTO DANIEL MORA JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NELIDA I. ZAMPINI JUEZ DE CAMARA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL ELIO HORACIO RICCITELLI JUEZ DE CAMARA VICEPRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MARIA GABRIELA RUFFA SECRETARIA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Fin de la sentencia