Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 12.202
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger -por mayoría- el recurso de apelación de la parte actora, revocar totalmente la sentencia de grado, acoger la pretensión incoada contra la Resolución n°141/21 del Juzgado de Faltas n° 2 de la Municipalidad de Necochea de fecha 25 de octubre de 2021 por mediar vicio en el procedimiento -omisión de dictamen jurídico previo-, cuya nulidad aquí se declara [arts. 57 y 103 decreto ley 7647/70, aplicables supletoriamente por conducto de lo establecido en el art. 36 de la ley 13.133, t.o ley 14.514; doct. citada], con costas de ambas instancias a la Municipalidad demandada perdidosa [art. 51 inciso 1° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
2Diferir la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-12202-NE1 "FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. c.
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA S. PROCESO SUMARIO DE
ILEGITIMIDAD”, con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Riccitelli, Ucín y Mora.
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Necochea, con fecha 24-06-2022, rechazó la pretensión anulatoria de la Resolución n°141/21 del Juzgado de Faltas n° 2 de la Municipalidad de Necochea de fecha 25 de octubre de 2021 incoada por Federación Patronal Seguros S.A. Dispuso, además, imponer las costas a la parte actora y difirió la regulación de honorarios.
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación articulado por la accionante con fecha 13-07-2022 –replicado por la Comuna demandada el 16-08-2022-, y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia [cfr. auto de Presidencia de fecha 05-09-2022, pto. 4.] –providencia que se encuentra firme-, corresponde plantear la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. El a quo, en su pronunciamiento, comenzó recordando que el 25 de octubre de 2021 el titular del Juzgado de Faltas Municipales n° 2, por medio de resolución n° 141/21 resuelve sancionar a la Federación Patronal Seguros SA con una multa de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), en tanto se notificó a la denunciada en su domicilio la realización de una audiencia conciliatoria en el marco del art.46 de la ley 13.133, imputándole el funcionario actuante lo normado en el art.48 por su incomparecencia en atención a que la compañía de seguros solo esgrimió la imposibilidad de concurrir en razón del extravío de la cédula de notificación.
El magistrado, luego, observa que la pretensión anulatoria incoada se encuentra dirigida a probar la existencia de diferentes vicios a los elementos del acto administrativo impugnado. Dentro de ese territorio, el a quo recuerda que el régimen de vicios y nulidades de los actos administrativos no depende de supuestos apriorísticos en relación a lo que se puede entender por requisitos de un acto administrativo, sino de la trascendencia de la irregularidad que surge del contraste entre el régimen jurídico y el acto concreto, constituyendo como carga primordial del accionante quien pretenda la nulidad de un acto administrativo, acreditar la existencia de los vicios que denuncia como causales de aquella situación.
Sentado lo anterior, y abordando la denunciada irregularidad por ausencia de dictamen jurídico del área legal del municipio en relación al acto sancionatorio emitido por el Juez de Faltas, el a quo se atuvo a lo dicho por esta Alzada en cuanto a que la ausencia de dictamen jurídico previo trasunta un vicio grave en el procedimiento, ya que compromete la garantía de la defensa y afecta al accionante, a quien debe reconocérsele el derecho a una decisión adoptada con el debido cuidado hacia los recaudos técnicos que aseguren una suficiente fundamentación de lo que se decide. Empero, luego, el magistrado remarcó que no podía soslayarse que, en el caso, el acto administrativo aquí impugnado fue dictado con apego absoluto al específico cauce procedimental previsto en el Titulo VII Capítulo IV de la ley 13.133 para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a los Derechos del Consumidor y Usuario en la Provincia de Buenos Aires, el cual no prevé que antes del dictado de la resolución definitiva (arts. 58 y ss. de la ley 13.133) la autoridad de aplicación local deba requerir en forma obligatoria un dictamen previo que traduzca una función consultiva jurídica, imparcial e independiente del desarrollo sumarial.
En otro andarivel, el juez de grado observa que la actora también apuntala el planteo de nulidad de la Resolución n°141/2021 sosteniendo que la falta de comparecencia a la audiencia de conciliación no se encuentra tipificada como hecho ilícito alguno que pueda ser resultar pasible de sanción objetiva como la impuesta, más cuando tal ausencia no impidió concretar el objeto de la instancia conciliadora, toda vez que la propuesta realizada en oportunidad del descargo fue aceptada oportunamente por el denunciante. Ante tales postulados, el sentenciante afirma que la sanción de multa por incomparecencia a la audiencia de conciliación está prevista en en forma expresa en el art.48 de la ley 13.133, precepto que entiende justificado por cuanto -citando a esta Alzada- constituye una herramienta esencial del procedimiento que permite constreñir al proveedor a comparecer al procedimiento en el entendimiento que dicha oportunidad es la única que podría posibilitar la satisfacción del reclamo del consumidor o usuario; ello amén de reconocer que su implementación en el procedimiento redunda en la reducción de los plazos referidos a los traslados de las propuestas y contrapropuestas, disminuyendo los tiempos de resolución de conflictos y los costos operativos y que, la inasistencia injustificada al mentado acto procedimental constituye una falta autónoma, que da origen a la sustanciación de un procedimiento independiente del principal que le diera origen, con la consiguiente resolución sancionatoria independiente de aquel.
Apontocado en tal parecer y advirtiendo que la sociedad accionante no reniega de la intimación efectuada oportunamente por el organismo administrativo a efectos de participar de la audiencia ni controvierte la ilegitimidad del fundamento utilizado por el funcionario actuante -salvo en el hecho de entender que no se encuentra tipificada la conducta- rechaza el segundo motivo de impugnación del acto sancionatorio.
Luego, el juez de la instancia aborda la denunciada "irrazonabilidad" respecto del monto de la sanción, lo que a la postre descarta sosteniendo que la graduación de la penalidad es resorte primario del órgano administrativo y constituye una potestad discrecional de la autoridad de aplicación. Y aunque luego el magistrado admite que no hay actividad de la Administración que resulte ajena al control judicial de legalidad y razonabilidad -citando jurisprudencia y doctrina en torno al alcance de aquel examen-, practica el requerido juicio de ponderación concluyendo que la extensión de la multa se encuentra dentro de la escala permitida en el art.73 de ley 13.133, y que al momento de la determinación el juzgador tuvo en consideración las circunstancias requeridas en el art. 77 de la ley 13.133, observando por el otro lado que el accionante no logra demostrar el carácter irrazonable o arbitrario de la medida impugnada (art.18 CN y art. 375 CPCC).-
Por último, en relación a la denuncia de la sociedad actora en torno a no haberse producido prueba solicitada -oficio a la Municipalidad para que informe si registra la accionante denuncias en la OMIC- el a quo le achaca a la impugnante no haber acreditado la afectación que le produce su "no realización" en el resultado de procedimiento, ello en razón del principio que no hay nulidad por la nulidad misma.-(CSJN Fallos: 322:507, considerando 3° y 5°), más cuando -observa- esa misma prueba no fue ofrecida en esta instancia judicial, a efectos de acreditar aquello que se pretendió en el descargo y el funcionario actuante desconoció. Con todo, rechaza la pretensión incoada, con costas.
2. La Compañía de Seguros apela la sentencia de grado.
Estructura su crítica al fallo de grado en derredor de los siguientes agravios:
[i] Violación del procedimiento por ausencia de dictamen jurídico previo.
Critica la posición del sentenciante cuando descarta su impugnación con base en que el acto impugnado “fue emitido con apego absoluto al cauce procedimental previsto en el Título VII Capítulo IV de la ley 13.133 para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a los Derechos del Consumidor y Usuario en la Provincia de Buenos Aires, el cual no prevé que antes del dictado de la resolución definitiva (arts. 58 y ss. de la ley 13.133) la autoridad de aplicación local deba requerir en forma obligatoria un dictamen previo que traduzca una función consultiva jurídica, imparcial e independiente del desarrollo sumarial”.
Sostiene que más allá de lo plasmado en el ordenamiento citado por el a quo, en su visión el dictamen jurídico previo viene exigido en atención a la aplicación supletoria de las normas que rigen la expresión formal de la función administrativa. Apontoca tal parecer en: [a] la actividad que despliega o lleva adelante la denominada Justicia de Faltas Municipal, es de naturaleza claramente administrativa, citando lo fallado por la Suprema Corte de Justicia provincial en la causa B 63.590 “Saisi", sent. de 15-06-2011; [b] la supletoriedad prevista en el art. 1 de la Ordenanza General N° 267/80; [c] los recaudos de validez para las expresiones formales en el ejercicio de la función administrativa de contenido individual –condición que reviste el acto sancionatorio cuestionado- son extensibles a todas las actuaciones de los órganos administrativos municipales, incluida la Justicia de Faltas de Necochea; [d] la exigencia del dictamen legal viene impuesta como una manifestación del cumplimiento objetivo de la legalidad, que opera como un presupuesto de habilitación en la actuación administrativa, más cuando el art. 36 de la ley 13.133 manda que “el procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a los Derechos del Consumidor y Usuario en la Provincia de Buenos Aires, se ajustarán a las normas previstas en la presente Ley, siendo de aplicación supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires –y sus leyes modificatorias-”; [e] la falta de mención expresa en el régimen de la ley 13.133 del recaudo de "dictamen jurídico previo" no habilita a descartar su exigencia, sino por el contrario, procede por vía de la integración supletoria a través del régimen general -conf. art. 57 OG 267/80 y 57 DL 7647/70 respectivamente-, que exige su presencia, pues la especialidad del régimen que gobierna la expresión de voluntad en un área determinada, no puede desplazar el cumplimiento y la exigencia de recaudos sustanciales establecidos en el régimen general.
Desde tales andariveles, esgrime el apelante que la carencia del dictamen jurídico previo configura un vicio grave y manifiesto, que compromete la garantía de la defensa en juicio y afecta al destinatario del acto, a quien debe reconocérsele el derecho a una decisión adoptada con el debido cuidado hacia los recaudos técnicos que aseguren una suficiente fundamentación de lo que se decide. La ausencia de dicho requisito de validez, quebranta el art. 15 de la Constitución provincial, en cuanto garantiza el debido procedimiento en sede administrativa. Esta omisión -en su opinión- constituye un vicio esencial, porque el acto impugnado, precisamente, al resolver cuestiones de derecho y llevar implicada una subsunción normativa, no deja lugar a dudas que debió contar con el citado dictamen jurídico previo.
Refuerza su parecer esgrimiendo que no cabe excluir el cumplimiento de un requisito de validez, por la condición personal que reviste el sujeto que ocupa el cargo del órgano que tiene la competencia resolutiva. Desde esa plataforma, expone que la circunstancia de ser el Juez de Faltas abogado, es insuficiente para desplazar la atribución –que se expresa en el desarrollo de una actividad de naturaleza consultiva y en una fase preparatoria no decisoria- legalmente asignada al órgano y no la persona sujeto físico, en atención a una idoneidad técnica jurídica que a diferencia de aquel que emite el acto definitivo, realiza una faena de carácter consultivo basado en criterios de independencia y autonomía funcional, expresa una visión objetiva de las distintas cuestiones jurídicas involucradas en el caso sometido a su conocimiento, conducta que difícilmente pueda observar el funcionario miembro de la administración activa, que de modo evidente utilizó la potestad sancionatoria con una finalidad meramente recaudatoria.
Con todo, remarca que la Suprema Corte de Justicia considera que los dictámenes legales resultan esenciales cuando en el expediente se debaten cuestiones jurídicas, debido a que esos actos del procedimiento integran la motivación de la decisión final.
[ii] Confusión entre la tipificación del ilícito y su sanción. La apelante se queja frente a la confusión en que incurre el juez de grado entre la falta o infracción y el modo de establecer la sanción, ya que -en su opinión- una cosa es la conducta que configura el ilícito administrativo y otra muy diferente, la consecuencia que se deriva una vez que se incurrió en el mismo.
Reconoce que no asistió a la audiencia y que ello es un hecho objetivo, incontrastable, aspecto que nunca estuvo en discusión. Acepta que intentó dar sus razones o motivos, que para la Justicia de Faltas, fueron insuficientes para justificar la ausencia. Empero -advierte- que la par que se alegó la no configuración del ilícito de modo automático, por entender que existió una causa razonable y que existieron elementos subjetivos a considerar, también planteó la violación de la ley al fijarse como sanción una multa de monto variable, actualizable, cuando ello no está legalmente contemplado según lo expuesto en el Capítulo VII-II-, párrafos 13, 14, 15, 16 y 17 del escrito de demanda.
Transcribiendo aquellos segmentos del escrito de demanda -para ilustración de esta Alzada- concluyó que en momento alguno se negó la existencia del tipo legal infraccional, sino que los hechos comprobados de la causa permitan considerar configurado dicho ilícito administrativo y en su caso, que sea jurídicamente correcto aplicar una sanción que no está prevista en la normativa declarada aplicable, léase, multa por unidad de medida actualizable.
[iii] La graduación de la multa. Inexistencia de antecedentes. Incorrecta adjudicación de la carga probatoria.
Aunque la apelante admite que la graduación de la sanción, dentro de los parámetros legales, es una facultad privativa de la autoridad administrativa, no por ello -a su criterio- cabe desconocer que existen ciertas pautas que se deben considerar, para agravar o atenuar el reproche.
Desde allí argumenta que de la lectura de la Resolución N° 141/2021 (ver Considerando II-i-), sin mayores esfuerzos, puede extraerse que de todas las causales que contempla la ley, el Juez de Faltas solo escogió una de ellas, que es la posición del infractor en el mercado (art. 77 inciso c de la ley 13.133).
Es por ello que esgrime como falso e incorrecto que el a quo haya sostenido que al momento de la determinación de la sanción el funcionario de faltas tuvo en consideración las circunstancias requeridas en el art.77 de la ley 13.133, pues no se hubo ponderado ni considerado -tampoco exteriorizó, ni consignó expresó las razones o fundamentos para descartarlos, cuando tiene la obligación de hacerlo- los siguientes supuestos: La circunstancia de haber denunciado, celebrado o no un acuerdo conciliatorio, y caso afirmativo, haberlo o no cumplido; el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario; la cuantía del beneficio obtenido; el grado de intencionalidad; la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización; la reincidencia; las demás circunstancias relevantes del hecho (conf. art. 77 incisos a), b), d), e), f) y g de la ley 13.133). Por fuera de lo anterior, la apelante esgrime que el Juez de grado incurrió en un error al adjudicar la carga probatoria sobre circunstancias que por imperativo legal, corresponde recabarlas oficiosamente a la autoridad administrativa –incluso cuando hayan sido ofrecidas como prueba por el imputado-, pues se tratan de un paso previo a la fijación de la sanción, que es de su incumbencia, por mandato legal. En este segmento, la recurrente remarca que conforme lo prevé la normativa aplicable “la resolución definitiva se ajustará a las disposiciones de la Ley Nacional 24.240 y normas reglamentarias. Será dictada dentro del plazo de veinte (20) días hábiles. En ella también se evaluará la existencia o no de antecedentes en el Registro de Infractores”. Desde allí, extrae que la consulta a los respectivos Registros Provincial y Nacional de Infractores, corre por cuenta de la autoridad administrativa y no depende de una petición del interesado, por lo cual es improcedente excusar al Juzgado de Faltas por la inactividad del imputado a la postre sancionado. Con todo, peticiona se haga lugar al recurso de apelación y se revoque la sentencia de primera instancia impugnada, en todo aquello que fue materia de agravio, con expresa imposición de costos y costas a la contraria.
3. La Municipalidad demandada replica el memorial de apelación propiciando la confirmación del fallo de grado.
II. El recurso prospera.
Habré de respetar el orden esquemático de agravios blandidos por la apelante a la hora de responder la apelación que llega a los estrados del Tribunal.
1.1. Asiste razón al apelante cuando denuncia que el acto sancionatorio impugnado en autos adolece de un vicio procedimental esencial por cuanto fue emitido sin contar con el dictamen previo obligatorio exigido por la normativa supletoria prevista en el art. 36 de la ley 13.133 , t.o. según ley 14.514.
Como allí se reza, "el procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a los Derechos del Consumidor y Usuario en la Provincia de Buenos Aires, se ajustarán a las normas previstas en la presente Ley, siendo de aplicación supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires –y sus leyes modificatorias".
Cierto es que la ley 13.133 en el TÍTULO VIII PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ÁMBITO ADMINISTRATIVO regula de modo exhaustivo el trámite procedimental, con las particularidades propias derivadas de la índole de la temática involucrada, aunque remitiendo al régimen provincial de procedimiento administrativo para aquello no previsto en la primera empero exigido en el segundo. Así, se está en presencia de un entramado ritual administrativo con notas de especialidad, aunque no apartado de aquellos recaudos esenciales contenidos en la norma supletoria en torno a la validez o regularidad de los actos sancionatorios emitidos. No por nada, desde antaño, esta Alzada ha sabido examinar la legitimidad de la actuación administrativa sancionatoria en esta materia, posando la mirada sea en los elementos competencia [v.g. causa C-1783-MP1 "BBVA Consolidar Seguros S.A." y su acumulada C-9308-MP1 "BBVA Banco Frances S.A.", sent. de 08-10-2019] objeto [v.g. causa C-4234-AZ1 "Rutas al Sur S.A.", sent. de 19-12-2013], motivación [v.g. causa C-9800-AZ1 "Dalcros S.A.", sent. de 18-10-2020], procedimiento [v.g. causa C-10388-AZ1 "Swiss Medical S.A.", sent. de 18-02-2021] y/o finalidad [v.g. causa C-10582-AZ1 "Samsung Electronics Argentina S.A.", sent. de 20-05-2021] de las decisiones provenientes de las autoridades provinciales y/o municipales dictadas en el marco de la ley 13.133. Desde allí, mal podría excepcionarse al procedimiento sancionatorio reglado por la ley 13.133 de contar con el dictamen jurídico previo del art. 57 del decreto ley 7647/70 [norma supletoria de la ley 13.133 y -por cierto- de similar factura al texto del art. 57 de la Ordenanza General 267/80], por cuanto -como es sabido- para la preparación de la voluntad de la Administración, es dable exigir que el órgano estatal observe de manera precisa y armoniosa todos aquellos trámites legalmente impuestos. Así, el procedimiento que debe seguirse con anterioridad a la emisión del acto estatal constituye un elemento esencial cuyo desapego posee entidad como para predicar la nulidad del acto consecuente (cfr. arts. 103 y 108 decreto ley 7647/80 y Ord. Gral. N° 267/80).
Tal conceptualización del “procedimiento” como elemento esencial del acto administrativo engloba al debido proceso adjetivo como la reglamentación de naturaleza procesal administrativa de la garantía constitucional de defensa consagrada en los arts. 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución local (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 61.558 “Galesio”, sent. de 6-07-2005; esta Cámara causa C-3253-AZ1 “Pardini”, sent. de 7-09-2012).
Sin desconocer que en el procedimiento administrativo el particular asume el carácter de colaborador, cogestionando el interés púbico con la Administración, en casos como el traído a conocimiento de esta Alzada, el administrado se encuentra ante la eventualidad de sufrir o padecer derivaciones gravosas sobre la esfera de sus derechos –en la especie, ser imputado de una falta administrativa y soportar la carga económica de una sanción pecuniaria-, comprometiéndose –en consecuencia- la garantía del debido proceso legal adjetivo que, en lo que aquí interesa, comprende el derecho a obtener una decisión fundada, en la que lo resuelto debe meritar los principales argumentos y cuestiones planteadas (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 65.207 “Suarez Acosta”, sent. de 12-11-2003), a la vez que la observancia y debido cuidado hacia los recaudos técnicos que aseguren una suficiente fundamentación de lo que se decide (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 64.413 “Club Estudiantes de La Plata”, sent. de 4-09-2002; B.65.739 "Burtin", sent. de 09-12-2010). Conteniendo la legislación supletoria de la ley 13.133 un mandato normativo expreso y específico que exige la intervención obligatoria de la oficina de asesoramiento jurídico (art. 57 decreto ley 7647/80; en similar sentido art. 57 Ordenanza General 267/80) como condición de validez del acto administrativo, entonces su ausencia en el derrotero del trámite es causante de nulidad. La opinión del órgano técnico jurídico es puntualmente requerida por la legislación aplicable con carácter obligatorio cuando la culminación del procedimiento pudiera irradiar consecuencias perniciosas a la esfera de intereses del administrado, informe que constituye un juicio de naturaleza técnica sobre la cuestión ventilada (argto. doct. S.C.B.A. causa B. 60.407 “Barraza”, sent. del 23-05-2007) que, aunque por sí mismo no otorga ni deniega derecho al administrado sujeto al ejercicio de la prerrogativa administrativa, importa la materialización de la función consultiva de índole jurídica, cuya finalidad persigue asegurar el debido proceso adjetivo, la juridicidad de la actuación administrativa y salvaguardar los derechos que pudieran asistir al particular [doct. S.C.B.A. causas B. 58.622 “Marín”, sent. del 30-05-2007 –por mayoría-; B. 65.796 “Deyherabehere de Shearer”, sent. de 3-09-2008; cfr. doct. esta Alzada causas C-7240-DO1 "David", sent. de 19-09-2017; C-10986 "Córdoba", sent. de 03-08-2021].
En suma, la inobservancia por parte de la autoridad administrativa del especial iter procedimental exigido como condición ineludible para aplicar una sanción de naturaleza pecuniaria luce comprobada. Y en tanto la falencia estructural detectada quebranta –en la especie- el derecho de la sociedad actora a obtener una decisión emitida con la debida observancia de los recaudos técnicos expresamente exigidos por la norma supletoria aplicable al procedimiento de la ley 13.133,, estimo que el defecto excede el plano meramente formal, adquiriendo ribetes propios de un vicio grave y, como tal, lesivo de las garantías mínimas que caben exigir en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar derechos (cfr. doct. C.S.J.N. in re L.216.XLV “Losicer, Jorge Alberto y otros c. BCRA – Resol. 169/05”, sent. de 26-06-2012; arg. doct. esta Alzada causa C-6021-AZ1 "Lacaze", sent. de 22-10-2015).
1.2. Ningún matiz cabría efectuar a lo sostenido precedentemente en tanto el acto administrativo sancionatorio emana del Juez de Faltas municipal.
No se soslaya que la propia ley 13.133, en su art. 81 inciso a) habilitó a los Municipios a implementar el funcionamiento de un organismo o estructura administrativa que se encargará de ejecutar las funciones emergentes de la ley. A tal efecto, facultó a las Comunas para crear estructuras administrativas u organismos especializados, o asignárselas a organismos ya existentes con potestades jurisdiccionales sobre cuestiones afines, último supuesto al que parece haber recurrido la Municipalidad de Necochea a tenor del contenido de la Ordenanza N° 7 3 8 2 [https://hcdnecochea.gob.ar/app/digesto-publico/index.php?numero=7382 ].
Aunque en la exposición de motivos de la mentada Ordenanza se justifica "contar con un Juez de Faltas Municipal con competencia exclusiva en Derecho del Consumidor, de manera de garantizar su independencia del poder político, y no dejar librada la definición de ese rol exclusivamente a la voluntad del gobierno de turno, lo que importaría a dejar expuestos a los destinatarios de dicha tutela a los vaivenes de la política", tan loable objetivo no desplaza aquel mandato legal previsto en el art. 57 de la ley de procedimiento administrativo, de contarse con el dictamen jurídico previo a la emisión del acto de gravamen.
Cierto es que la Ordenanza Municipal 7382 establece que el Juez a cargo del Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor, deberá cumplir con los requisitos exigidos por el art. 20 del Decreto Ley 8751/77 para su designación, debiendo acreditar versados conocimientos y experiencia en la materia, gozando de la estabilidad prevista por el art. 22 del Decreto Ley 8751/77, y teniendo a su cargo las mismas obligaciones que un Juez Municipal, aplicándose idéntico régimen para su remoción (art. 23 y ss. Decreto- Ley 8751/77). Mas ello no habilita extrapolar al trámite administrativo de la ley 13.133 estándares procedimentales propios de la Justicia Municipal de Faltas, según fueron reglados por el decreto ley 8751/77 -en los cuales no se exige el dictamen jurídico previo-, por cuanto ello está expresamente vedado por ese mismo ordenamiento al disponer su artículo 1° que el Código "se aplicará al juzgamiento de las faltas a las normas municipales dictadas en el ejercicio del poder de policía y a las normas nacionales y provinciales cuya aplicación corresponda a las Municipalidades, salvo para las dos últimas cuando para ello se hubiera previsto un procedimiento propio" [resaltado agregado]. Esta exclusión ocurre con la ley 13.133, por cuanto según su propio texto "los Municipios ejercerán las funciones emergentes de esta Ley ... de conformidad con los límites en materia de competencias y atribuciones" [art. 79], siendo los "encargados de aplicar los procedimientos y las sanciones previstos en esta Ley" [art. 80], régimen procedimiental para el cual rige supletoriamente el decreto ley 7647/70 y no aquel rito regulado por el decreto ley 8751/77.
Por último, no pasa desapercibido que para ser nombrado en el cargo de Juez de Faltas, el aspirante debe poseer título de abogado, con tres (3) o más años de inscripción en la matrícula [art. 20 decreto ley 8751/77], recaudo que podría ser blandido a la hora de pretender justificar la innecesariedad de la emisión de un dictamen jurídico previo en los términos del art. 57 del reglamento de procedimiento administrativo. Sin embargo, no es el título universitario de quien emite el acto sancionatorio lo que el citado art. 57 tiene en miras, sino lo que se persigue con dicha exigencia es que no medie superposición entre quien resuelve [Juez de Faltas] y quien ejerce el adecuado e imparcial contralor de legalidad del procedimiento sancionatorio a llevar a cabo [organismo de asesoramiento jurídico permanente] [cfr. arg. esta Alzada causas C-8165-BB1 "Risueño", sent. de 20-06-2018; C-8849-BB1 "Peña", sent. de 26-05-2020; C-10986 "Córdoba", sent. de 03-08-2021].
1.3. En suma, acierta la sociedad apelante en su cuestionamiento al acto sancionatorio desde la perspectiva de la irregularidad procedimental identificada, esto es, la emisión de un acto administrativo de gravamen sin el cumplimiento del recaudo de dictamen jurídico previo exigido por el art. 57 de la ley de procedimiento administrativo provincial, ordenamiento de aplicación supletoria al trámite regulado por la ley 13.133 y cuya observancia es un deber del Municipio a tenor del alcance de la delegación que se efectuara por los arts. 79, 80 y sigtes. del CODIGO PROVINCIAL DE IMPLEMENTACION DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. En consecuencia, la constatación del mentado vicio torna nulo el acto enjuiciado, el que debe ser así declarado por la jurisdicción [arts. 57 y 103 decreto ley 7647/70, aplicables supletoriamente por conducto de lo establecido en el art. 36 de la ley 13.133, t.o ley 14.514].
En este punto debo decir que por fuera de la negativa individualizada en el punto 42 del apartado IV del escrito de contestación de demanda, la Municipalidad accionada ningún argumento adicional ha volcado en contraposición a la tesitura esgrimida por la sociedad actora en el punto debatido, por lo que con todo lo previamente argumentado se ha dado sobrado cumplimiento al principio de apelación adhesiva [cfr. doct. esta Cámara causas V-1117-BB1 “Cortés”, sent. del 21-05-2009; C-1323-DO1 “Duhalde”, sent. del 15-09-2009; C-2077-AZ1 “Orellano”, sent. de 14-06-2011].
2. Consecuentemente con el criterio que se plasma precedentemente, el tratamiento de los restantes agravios de la apelante deviene inoficioso.
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo acoger el recurso de apelación de la parte actora, revocar totalmente la sentencia de grado, acoger la pretensión incoada contra la Resolución n°141/21 del Juzgado de Faltas n° 2 de la Municipalidad de Necochea de fecha 25 de octubre de 2021 por mediar vicio en el procedimiento -omisión de dictamen jurídico previo-, cuya nulidad aquí se declara [arts. 57 y 103 decreto ley 7647/70, aplicables supletoriamente por conducto de lo establecido en el art. 36 de la ley 13.133, t.o ley 14.514; doct. citada], con costas de ambas instancias a la Municipalidad demandada perdidosa [art. 51 inciso 1° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Ucín, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la cuestión planteada también por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I. En mi criterio, el recurso prospera parcialmente.
1. Doy por reproducido aquí el recuento de antecedentes relevantes de la causa que surgen del voto que abre el Acuerdo, así como el detalle de los agravios que la parte actora formula al pronunciamiento.
2. Siendo así, iniciaré mi propuesta abordando la disconformidad que manifiesta la recurrente respecto del rechazo que en el grado se propinó a su pretensión de que se declare la nulidad de lo actuado por el Juez de Faltas Municipal como consecuencia de no haber requerido, antes de resolver, el dictamen jurídico previo que, conforme lo expone en la demanda –y ahora reitera en apelación- se derivaría del juego armónico de lo previsto en el art. 36 de la ley 13.133 y sus modificatorias, los arts. 1, 57, 103 y 108 del decreto ley 7647/1970 y el art. 15 de la (Federación Patronal Seguros SA c/Municipalidad de Chascomús, sent.6/12/18).-Constitución provincial.
Esta particular visión acerca de la ilegalidad del acto emanado del Juez de Faltas comunal, fue desestimada por el juez de la instancia precedente con cita –y transcripción parcial- de un pronunciamiento dictado por este Tribunal en la causa C-7174-DO1 “Federación Patronal Seguros S.A.”, sent. del 06-02-2018, en la que un planteo de idénticos contornos al presente fue resuelto, por lo que seguiré aquí los lineamientos que emergen del voto que en dicha ocasión emitiera. En resumen, la apelante crítica que el magistrado de la instancia haya convalidado el acto administrativo atacado, por cuanto considera que durante el procedimiento previo a su dictado, se prescindió de recabar el dictamen jurídico previo que, siempre desde su visión, impondría la ley de procedimiento administrativo local.
3. Frente a ello corresponde oponer que, si bien es cierto que la ausencia de dictamen jurídico previo trasunta un vicio grave en el procedimiento administrativo, en tanto compromete la garantía de la defensa y afecta al accionante -a quien debe reconocérsele el derecho a una decisión adoptada con el debido cuidado hacia los recaudos técnicos que aseguren una suficiente fundamentación de lo que se decide [cfr. doct. S.C.B.A. B. 65.739, “Burtin” sent. del 09-XII-2010; art. 15 C.P.; arts. 57 y 108 inc. c) tanto del dec. Ley 7647/70 y de la Ordenanza General 267/80]-, no menos lo es que el acto administrativo aquí impugnado fue dictado con apego absoluto al específico cauce procedimental previsto en el Titulo VII Capítulo IV de la ley 13.133 para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a los Derechos del Consumidor y Usuario en la Provincia de Buenos Aires -el cual no prevé que, antes del dictado de la resolución definitiva (arts. 58 y ss. de la ley 13.133), la autoridad de aplicación local deba requerir en forma obligatoria un dictamen previo que traduzca una función consultiva jurídica, imparcial e independiente del desarrollo sumarial.
Ahora bien, que tal exigencia no se imponga a través de un mandato normativo expreso y específico como aquí ocurre, no implica -como sostiene la recurrente- que resulte aplicable en forma secundaria y sin más la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires en orden a requerir el mencionado recaudo técnico (cfr. art. 36 de la ley 13.133), en tanto la aplicación supletoria de una norma sólo procede cuando las pertenecientes a ambos ordenamientos procesales concuerden (argto. SCBA 117933 “Costoza”, sent. de 11/06/2020) o sean compatibles (argto. SCBA, causas S.C.B.A. A 74516 “Del Río”, sent. de 24/04/2019; A 72324 “Oleaginosa Moreno Hnos.”, sent. de 26/10/2016), siendo que en modo alguno tal mención –la referida a la supletoriedadimplica la creación de un sistema de control jurisdiccional diferente al expresamente previsto (argto. Trib. de Casación, causas 6289 “A., A. A. s/ Recurso de queja”, sent. del 13/03/2014 y 37659 causa “S., D. E. s/ Recurso de queja”, sent. del 17/09/2009).
Sin perjuicio de lo anterior, considero un deber destacar que, respecto de la cita que la recurrente efectúa de la causa “Saisi”-como soporte casi excluyente de su argumentación-, si bien coincido en términos conceptuales con sus lineamientos, las circunstancias particulares del caso allí juzgado difieren sustancialmente de las que aquí se presentan, por lo que no resultan pasibles de traslado: así, en lo podría resultar de interés para resolver la cuestión en debate, cuadra señalar que en “Saisi” se planteaba la anulación del acto administrativo dictado por el titular del Departamento Ejecutivo del municipio de General Rodríguez por el cual, a partir de la supresión del Juzgado de Faltas municipal por vía de una ordenanza municipal, se dejaba cesante a la titular de dicho órgano, sin haberse recabado el dictamen jurídico previo que exige la normativa procedimental provincial, mientras que en el presente proceso, dicho requerimiento técnico se pretende sea exigible en forma anticipada al dictado de la resolución del Juez de Faltas comunal en materia de consumo. La disonancia, se aprecia, así, manifiesta.
Más ilustrativas y consistentes en orden a encontrar la solución al planteo de la recurrente resultan, a mi juicio, las razones que la Suprema Corte de Justicia tuvo en consideración para resolver en la hoy añeja causa “Andrenacci” (B. 62266, sent. de 08/07/2008), pronunciamiento en el que desgranó señeros criterios respecto a la naturaleza de las funciones de los jueces de faltas que bien pueden servir al momento de juzgar la estimación del agravio bajo trato.
Se expresó allí que “…3. En primer lugar, y en lo atinente a la afirmación actora relativa a que los jueces de faltas tienen un régimen típicamente judicial que los distingue de los órganos administrativos que componen la organización municipal, destaco que la Corte Suprema de Justicia de la Nación invariablemente ha definido a los juzgados de faltas como "órganos de la administración municipal con funciones jurisdiccionales, lo que excluye su inserción dentro del Poder Judicial y priva a sus decisiones del carácter de sentencias" (C.S.J.N., "Derna", sent. del 6-XI-1986, Fallos 301:1160; "Lococo S.A.", sent. del 24-III-1987, Fallos 310:674; "Di Salvo", sent. del 24-III-1988, Fallos 311:334, entre otros). Precisamente por ejercer función administrativa es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto la aplicación de su doctrina sobre el "control judicial suficiente" a las decisiones que dictan estos órganos, que el Alto Tribunal reputa de "naturaleza jurisdiccional" (doctrina iniciada a partir de caso "Fernández Arias, Elena y otros c/ Poggio José", Fallos 247:646 reiterada luego en numerosos pronunciamientos [Fallos 301:1160; 305:129; 311:334; 319:120, entre otros] el alcance que le ha conferido recientemente en la causa "Angel Estrada y Cía. S.A.", sent. del 5-IV-2005, Fallos 328:651)…”.
A partir de lo anterior, no me caben dudas que las funciones que ejercen los jueces de faltas municipales –más allá de formar parte de los cuadros de la Administración comunal- son de tipo jurisdiccional, para lo cual la norma de creación exige que posean el título de abogado para desempeñar su cargo –con determinada antigüedad-, requisito que salvaguarda -al par de la garantía de inamovilidad y el grado de autonomía funcional con que el legislador los ha dotado- la suficiente fundamentación jurídica de aquello que deciden (cfr. arts. 20, 22 y ss. del decreto ley 8751/77), lo que aventa toda posibilidad de exigir que, previo a la emisión de su decisión, se expida un órgano de asesoramiento técnico cuya intervención no se halla prevista.
Por lo demás, el propio art. 70 de la ley 13.133 (texto según ley 14.652), coincide con el criterio sostenido por la Suprema Corte en “Andrenacci”, al edictar, en su parte pertinente, que: “Las decisiones tomadas por el Organismo correspondiente agotarán la vía administrativa. La acción judicial para impugnar esas decisiones deberá iniciarse ante la misma autoridad que dictó el acto, dentro de los veinte (20) días hábiles de notificada. Dentro de los diez (10) días de recibida la demanda el Organismo remitirá la misma junto con el expediente administrativo al Juzgado de Primera Instancia Contencioso Administrativo competente…”. En razón de lo expuesto, considero que la crítica en tratamiento resulta inatendible.
4. Dicho lo anterior, abordaré en lo que sigue los restantes agravios expuestos.
Adelanto desde ahora que no ha de tener recepción la crítica mediante el cual la recurrente busca invalidar el núcleo decisorio de la Resolución Nº 141/2021 dictada en fecha 25 de octubre de 2021 por el Juez de Faltas municipal Nº2 de Necochea, que le impusiera la multa de pesos veinticinco mil ($ 25.000,00) por violación a lo preceptuado por el art. 48 de la ley 13.133.
4.1. A modo de introducción cuadra señalar que la consagración en nuestro ordenamiento de los Derechos del Consumidor ostenta rango constitucional de conformidad con los artículos 42 de la Carta Magna Nacional y 38 de la Constitución Provincial, que expresamente instituyen la protección del consumidor y usuario en la relación de consumo. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires rige la ley 13.133, conocida como el Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, norma que diseña los mecanismos instrumentales para la efectiva protección de tales derechos. El legislador provincial ha establecido un procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a los Derechos del Consumidor y Usuario en la Provincia de Buenos Aires, que –conforme su art. 36- habrá de ajustarse a las normas allí previstas, siendo de aplicación supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo provincial y sus leyes modificatorias (v. Título VIII “Prevención y solución de conflictos en ámbito administrativo”).
El sistema consagra que ese sumario administrativo podrá iniciarse de oficio o por denuncia del consumidor o usuario (art. 37), supuesto en el cual, una vez recepcionada ésta, se abrirá una instancia conciliatoria, a cuyos fines se celebrará una audiencia con la comparencia de las partes, en la cual se labrará un acta (arts. 45, 46 y 47 -primer párrafo- de la ley citada).
En el marco de dicha primera etapa conciliatoria podrá presentarse alguna de las siguientes situaciones: (i) que los intervinientes arriben a un acuerdo, el que habrá de ser homologado y suspenderá el procedimiento hasta la oportunidad del cierre de la instancia conciliatoria (art. 47 –primer y segundo párrafo-); (ii) que no hubiere acuerdo, o que notificada la audiencia el denunciado no compareciere sin causa justificada, en cuyo caso la autoridad formulará el auto de imputación que contendrá una relación sucinta de los hechos y la determinación de la norma legal presuntamente infringida, a partir del cual la denunciada podrá efectuar su pertinente descargo y se elevarán las actuaciones al funcionario Municipal competente quien resolverá la sanción aplicable (art. 47, tercer párrafo).
Por su parte, el art. 48 prevé que “La incomparecencia injustificada a la audiencia de conciliación y/o el incumplimiento de los acuerdos homologados, se considera violación de la Ley 24.240 y de esta Ley. El infractor será pasible de las sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado”.
4.2. Así, parejamente al camino instrumentado por el art. 47 –en su tercer párrafo- la norma prevé la posibilidad de aplicar una sanción pecuniaria por el incumplimiento a un deber formal –en el caso, la incomparecencia a la audiencia conciliatoria- cuya verificación acarrea –sin más- la aplicación de la multa.
Es este el marco en el que se ha dictado la Resolución cuestionada en la que se dio cuentas de: (i) la acreditación que la firma resulta merecedora de sanción (argto. esta Cámara causa C-4760-AZ1 “Red Link S.A.”, sent. del 16-XII-2014).
Carente de reproche resulta, en este sentido, el proceder de la autoridad, pues la mera comprobación de la incomparecencia es una circunstancia objetiva que justifica la aplicación de la sanción en los términos del art. 48 de la ley 13.133, quedando reservado para el momento de aplicarse y graduarse la sanción definitiva el análisis que propone el art. 49 de la Ley Nacional N° 24.240. Ello surge expresamente de la letra de este último precepto.
Con lo expuesto queda en evidencia la legitimidad de la resolución controvertida, por la que sancionó a Federación Patronal Seguros S.A. al atribuirle una conducta violatoria del artículo 48 de la ley 13.133 por incumplimiento injustificado de su deber de comparecencia a la audiencia de conciliación para la que fuera citada.
4.3. Por tal senda, tampoco merecen recibo las livianas manifestaciones vertidas en relación a las pautas tenidas en cuenta para la graduación y -en consecuencia- cuantía de la multa, pues el monto fijado por tal concepto ($ 25.000,00) no evidencia desproporción ni irrazonabilidad.
Es que, en este aspecto, la autoridad de aplicación cuenta con discrecionalidad o libertad de apreciación en la gradación de la sanción pecuniaria, y si bien ello no excluye de revisión la medida adoptada, debe el interesado acreditar la irrazonabilidad o exceso de punición en el ejercicio de tal facultad (cfr. argto. esta Cámara, causa D-1923-MP0 “Faillace”, sent. del 15-VII-2011).
Desde tal perspectiva, advierto que en el caso sub examine la recurrente solo intenta una elemental defensa de su posición, insuficiente para enervar la convicción adoptada por el Juez de Faltas interviniente, que de ningún modo se exhibe como arbitraria o irrazonable [cfr. arg. doct. S.C.B.A. en causa “R., M. J.”, sent. del 12-III-2008].
El carácter genérico de sus manifestaciones y la ausencia de un desarrollo específico en torno a la falencia apuntada, sumado a la ausencia de argumentos sustentables y a la evidente insignificancia económica de la multa impuesta a la firma accionada, disipan las dudas sobre la juridicidad de la decisión adoptada en el punto y aventa cualquier indicio sobre una finalidad administrativa distinta a la perseguida por la norma que crea la conducta reprochable.
Considero que la impugnación ensayada por la accionante no logra conmover el acto que aparece prima facie motivado en una concreta apreciación de las circunstancias fácticas a la luz de la normativa aplicable al caso (arts. 73 y 77 de la ley 13.133), en la medida que el monto de la multa impuesta no excede los parámetros establecidos en la ley, se encuentra mucho más cerca del mínimo de la escala que de su máximo y responde a las pautas allí contenidas, por lo que mal podría predicarse que nos encontremos frente a un supuesto ostensible de exceso de punición o irrazonabilidad en el ejercicio de la potestad sancionatorio estatal (cfr. arg. esta Cámara en causa C-6006-MP2 “Telefónica Móviles Argentina S.A.”, sent. del 2-II-2016; C-6291-MP1 “Castro País y Cia. S.R.L”, sent. 25-II-2016).
Es que atendiendo a la concreta circunstancia objetiva que motivó la sanción -incomparencia injustificada a una audiencia de conciliación- y el quantum fijado como multa en la especie entiendo -sin temor a equivocarme- que el Juez de Faltas brindó razones suficientes y convincentes al momento de graduar la sanción.
Por otro lado, recuerdo que en relacio´n a la denuncia de la sociedad actora en torno a no haberse producido prueba solicitada -oficio a la Municipalidad para que informe si registra la accionante denuncias en la OMIC- el a quo le achaca a la impugnante no haber acreditado la afectacio´n que le produce su "no realizacio´n" en el resultado de procedimiento, ello en razo´n del principio que no hay nulidad por la nulidad misma.-(CSJN Fallos: 322:507, considerando 3° y 5°), ma´s cuando -observa- esa misma prueba no fue ofrecida en esta instancia judicial, a efectos de acreditar aquello que se pretendio´ en el descargo y el funcionario actuante desconocio´.
Frente a ello, no paso por alto que el cuestionamiento que ahora la apelante esgrime ante esta Alzada -y que fuera reseñado sobre el final del apartado “I.2.[iii] .” del voto que abre el acuerdo, resulta insuficiente por cuanto no constituye más que un discrepar subjetivo con lo resuelto, que en modo alguno conmueve los argumentos que porta el fallo sobre el particular (arg. art. 56 inc. 3° del C.P.C.A.).
5. Con mejor suerte correrá el agravio de la recurrente, a través del cual afirma que a la par de imponer la multa por pesos veinticinco mil ($ 25.000,00), el Juez de Faltas transgredió la ley aplicable toda vez que convirtió dicha suma en una multa por unidad actualizable exigible al momento de su efectivo pago, más precisamente 274,73 U.F. de combustible (v. fs. 12 punto “ii”).
A tal fin debo recordar que el art. 73 de la ley 13.133 -en la redacción vigente al momento de dictarse el acto administrativo impugnado- trae un elenco de sanciones a aplicar para el supuesto de transgresiones al régimen de protección de consumidores y usuarios, entre las cuales figura la de “… multa de cien (100) pesos a quinientos mil (500.000) pesos…” (inc. “b”).
Con tal parámetro en miras, resulta patente el exceso cometido por el funcionario municipal al transpolar el régimen de actualización de multas cometidas por Infracciones de Tránsito Provincial -cfr. ley 13.927 y Dec. Reglamentario 539/09- al sistema expresamente contemplado en la ley 13.133.
En tal contexto, entiendo que resulta procedente hacer lugar en esta parcela al recurso de apelación intentado y, consecuentemente, anular en forma parcial la Resolución Nº 141/2021 en lo que respecta a la condena al pago a través de unidad actualizable como son las “U.F de combustible”, manteniéndose, no obstante, la multa en un valor de pesos veinticinco mil ($ 25.000,00).
II. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo acoger parcialmente el recurso de apelación incoado por Federación Patronal Seguros S.A., confirmando la resolución impugnada en cuanto calificó la conducta reprochada a la infraccionada como encuadrable en el art. 48 de la ley 13.133, y revocando dicho acto administrativo en la parcela referida a la condena al pago a través de unidad actualizable como son las “U.F de combustible”, manteniéndose sin embargo la multa en un valor de pesos veinticinco mil ($ 25.000,00). En virtud de la solución que se propicia, cabría readecuar la condena en costas pronunciada por el a quo y distribuir en el orden causado los gastos causídicos de las presentes actuaciones por el trámite ante la instancia de grado en atención a los vencimientos parciales y mutuos [arts. 77 y art. 51 inciso 1° del C.P.C.A. –texto según ley 14.437- y 274 del C.P.C.C.].
Considero que las costas de alzada también deberían imponerse por su orden en atención a los vencimientos parciales y mutuos acaecidos en apelación [art. 51 inciso 1°, segunda parte del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
Así lo voto.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Acoger -por mayoría- el recurso de apelación de la parte actora, revocar totalmente la sentencia de grado, acoger la pretensión incoada contra la Resolución n°141/21 del Juzgado de Faltas n° 2 de la Municipalidad de Necochea de fecha 25 de octubre de 2021 por mediar vicio en el procedimiento -omisión de dictamen jurídico previo-, cuya nulidad aquí se declara [arts. 57 y 103 decreto ley 7647/70, aplicables supletoriamente por conducto de lo establecido en el art. 36 de la ley 13.133, t.o ley 14.514; doct. citada], con costas de ambas instancias a la Municipalidad demandada perdidosa [art. 51 inciso 1° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
2. Diferir la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 –t.o. Ac. SCBA 4039/21- y devuélvanse por Secretaría las actuaciones al órgano de origen.
Fin de la sentencia