Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 12.845
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar -por mayoría- al recurso de apelación de la parte actora, dejar sin efecto el pronunciamiento de grado recurrido y, ejerciendo jurisdicción positiva, acoger la medida autosatisfactiva articulada por la demandante, ordenando al Instituto de Previsión Social para que en el término improrrogable de treinta (30) días de notificada la [establecido en la RESO-2020-100-GDEBA-FDE y su modificatoria RESO-2020-103-GDEBA-FDE], lleve a cabo todas las pendientes actuaciones materiales de liquidación, depósito y pago del beneficio jubilatorio acordado a la actora por la Resolución N° 1424 del 14-12-2022. Las costas de todo el presente proceso se fijan en el orden causado por ausencia de contradicción [art. 51, inciso 1, segunda parte del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-12845-NE1E “PORCARO, GRACIELA YOLANDA c. IPS s.
MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - PREVISION”, con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Mora, Riccitelli y Ucín.
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Necochea decidió, mediante resolución dictada en fecha 17-04-2023, desestimar la medida cautelar solicitada por la actora –Sra. Graciela Yolanda Porcaro-.
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Ariel Nicolás Kuch -en representación de la parte actora- el día 18-04-2023, y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia [cfr. proveído electrónico de fecha, 08-05-2023], corresponde plantear la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1.1. Al analizar la procedencia del pedido de medida cautelar solicitado por la actora en el escrito de fecha 10-04-2023 [esto es, aquella dirigida a que se ordene al Instituto de Previsión Social que dé cumplimiento a la resolución Nº 001424 de fecha 14-12-2022 dictada en el marco del expediente tramitado bajo el N° 021557-417002-0-17-000], el a quo reparó que dicha solicitud cautelar se presentó sin indicar cuál es la pretensión a la cual se vincula la tutela anticipada peticionada, circunstancia que –en su opinión- conspira contra su procedencia. Por otro lado, también expuso que de las constancias de autos no se observaba que la parte haya configurado el caso contencioso, pues no encontró reclamo alguno por parte de la actora tendiente a que la Administración cumpla con los efectos de la resolución Nº 1424 de fecha 14-12-2022.
2. La parte accionante deduce recurso de apelación fundado el día 18-04-2023, en el que plantea que el juez de grado no analizó correctamente su petición, toda vez que lo que requiere en autos es una medida autosatisfactiva contra el I.P.S., a fin de que se ordene el inmediato e íntegro pago del beneficio de jubilación ordinaria que le fuera otorgado por resolución administrativa.
Explica que este tipo de medidas, a diferencia de las cautelares, no se encuentran ligadas a un proceso principal pues con su cumplimiento se agotaría lo pretendido por su parte.
Asimismo, recuerda que como no son de carácter instrumental, para su concesión se requiere casi certeza del derecho invocado (en el caso, beneficio de jubilación ordinaria otorgado por resolución del IPS), así como la acreditación de una situación de urgencia que, en autos, estaría dada por la imposibilidad de percibir su único ingreso en forma íntegra hace más de cinco años.
Por todo lo expuesto, solicita que se revoque en todas sus partes la resolución dictada por el a quo y que se otorgue una medida autosatisfactiva (conf. art. 22 inc. 3 de la ley 12.008), para que de manera inmediata se ordene al Instituto de Previsión Social que dé cumplimiento a la resolución N° 001424 de fecha 14-12-2022, dictada en el expediente 021557-417002-0-17-000, con expresa imposición en costas.
II. Estimo que el recurso no puede prosperar.
1. No ha sido posible sino a tenor de lo expresado por la accionante recién en su memorial de apelación, desentrañar el verdadero alcance y sentido de la medida que hubo solicitado ante el órgano jurisdiccional.
La propia sustancia de su requisitoria nos sitúa, en rigor, frente a una “medida autosatisfactiva” –instituto de manufactura doctrinaria y jurisprudencial- que, desprovista de toda regulación legal, ha sido concebida como una solución urgente, no cautelar, despachable in extremis, que procura aportar una respuesta adecuada frente a aquellos casos que reclaman una pronta y expedita intervención del órgano judicial, cuya característica esencial radica en que su vigencia y mantenimiento no dependen de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal (esta Cámara causa V-617-BB1 “Sociedad de Fomento Amigos de Pehuen Có”, sent. del 16-10-2008), habida cuenta que su concesión constituye una suerte de decisión de mérito sobre cuestiones que no hallarán, en principio, otro espacio para su debate (doct. C.S.J.N. Fallos 323:3075; 330:5251).
Así, la medida autosatisfactiva concede una tutela definitiva e irreversible a través de una actuación autónoma que, debido a la propia naturaleza de la solicitud pretendida, se agota en sí misma y se da en el marco de un proceso urgente en el cual el órgano jurisdiccional, al satisfacer la pretensión que le diera nacimiento, cumple acabada y totalmente con su obligación pública de prestar el servicio de justicia, obligación que también se extingue en el caso, cerrándose dicho proceso con el dictado de aquella sentencia y, por ende, con autoridad de cosa juzgada (cfr. S.C.B.A. causa Ac 92.711 “Fanessi”, sent. del 26-IX-2007). Consecuentemente, dado que su otorgamiento implica el dictado inmediato de la sentencia de mérito, deben ser justipreciadas con criterio sumamente restrictivo (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 323:3075; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial de Mar del Plata, Sala II in re “Maidana”, sent. de 11-03-2004), por lo que nos encontramos ante un proceso autónomo de neto carácter excepcionalísimo (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala I in re “Consorcio de Propietarios Bolívar”, sent. del 8-07-2005).
Y es en atención a esa excepcionalísima naturaleza reconocida a las medidas autosatisfactivas, que la jurisprudencia ha extremado los requisitos de admisibilidad de tales remedios, condicionando su procedencia tanto a la verificación de una fuerte probabilidad -cercana a la certeza- de que el derecho del postulante sea atendible -no bastando la mera verosimilitud con la que se contentan las diligencias cautelares-, como a la existencia de una situación de premura impostergable, caracterizada por la concurrencia de un peligro serio y concreto que comprometa intrínsecamente de modo palmario, notorio y ostensible la subsistencia del derecho pretendido si se demora en la decisión -en otras palabras, la llamada “irreparabilidad del perjuicio” que se derivaría de canalizar el reclamo por las vías procesales existentes- (esta Cámara causas C-2454-DO1 “Ramírez”, sent. del 19-05-2011; C-3089-MP1 “Maldonado”, sent. del 25-09-2012; A-3694-BB0 “Almada”, sent. del 13-12-2012, C-4051-BB1 “Martz”, sent. del 17-09-2013, entre otras).
2. Con tal panorama en vista, no advierto en la especie elementos suficientes que me inclinen a propiciar el dictado de una medida del tenor de la pretendida por la actora reclamante, más allá del encuadre jurídico que adoptara el juez de grado para resolver como lo hizo.
Es que si bien las constancias documentales agregadas con la demanda evidencian que mediante el dictado de la resolución N° 001424 de fecha 14-12-2022 el I.P.S. verificó que se encontraban reunidos los requisitos legales para acordar a la Sra. Graciela Yolanda Porcaro el beneficio de jubilación ordinaria a partir del día siguiente al cese, lo cierto es que el objeto pretendido por la actora a través de una medida de tipo excepcionalísima como la aquí intentada -cual es, que se dé cumplimiento de la mencionada resolución Nº 001424 y se le abone inmediatamente su haber jubilatorio-, se encuentra rodeado de una serie de cuestiones (entre ellas, la liquidación del monto del beneficio y de los eventuales retroactivos si así correspondiera), que no pueden ser convertidas en certeza por el juzgador en el marco de un carril procesal autosatisfactivo, en tanto que dependen, en forma previa, del despliegue de un procedimiento determinativo del monto jubilatorio que correspondería abonar a la demandante.
Siendo así, la falta de la pretendida certeza aparece notoria.
3. En otro orden de ideas, conviene asimismo destacar que, en el caso, no se ha demostrado que los restantes cauces procesales adjetivos previstos normativamente impidan una adecuada tutela del derecho que se intenta efectivizar (cfr. doct. esta Alzada causa C-3089-MP1 “Maldonado”, supra citada).
Remarco ello porque estimo –en función del carácter sumamente restrictivo y excepcionalísimo con que han sido delineadas pretorianamente estas medidas- que resulta carga ineludible de quien acciona por esta vía precisar y probar que, para el particular planteo intentado, los demás carriles procesales diseñados por el legislador local no constituyen remedios idóneos y eficaces para la protección del derecho que se invoca (argto. doct. esta Cámara causa A-416-MP0 “Ledesma”, sent. del 17-04-2008); ello en el entendimiento de que la medida autosatisfactiva no puede operar como un simple “atajo” para alcanzar, por un camino más corto, aquello que –dadas sus peculiaridades- debe ser objeto de discusión en un proceso de conocimiento (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala II in re “Erramuspe”, sent. del 29-IV-2004), tal como pretende hacerlo la actora a tenor de las consideraciones efectuadas en su demanda.
Es que los distintos pasajes a través de los cuales la accionante da cuenta de la imposibilidad de “…esperar más tiempo en esta situación… de desamparo y vulnerabilidad…”, no revelan sino una intención de acortar los plazos –sustrayéndose de los procedimientos legalmente previstos- que lejos está de configurar un irreparable gravamen. No debe perderse de vista que este carril está exclusivamente reservado para aquellos supuestos en los que la lesión al interés o al derecho subjetivo invocado sea de tal magnitud y evidencia que, a simple vista, demuestre la innecesariedad de acudir a las vías ordinarias disponibles al efecto (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes, Sala I in re “Quarter Land”, sent. del 13-07-2006). En ese andar, el ordenamiento procesal que rige la materia contencioso administrativa (ley 12.008 y sus modif.) prevé un sendero adjetivo específico que podría y debería resultar apto para canalizar la pretensión bajo análisis, cual es el amparo por mora, cuya finalidad consiste -precisamente- en superar la dilación en la que podría haber incurrido la Administración y encaminar las actuaciones hacia el dictado del acto de trámite o final que requiera el interesado y que corresponda al estado de las actuaciones [art. 76 del C.P.C.A.].
4. A tenor de lo hasta aquí expuesto, considero que no se encuentran reunidos los extremos necesarios que la jurisprudencia ha establecido para el dictado de una medida autosatisfactiva y, por ello, la vía intentada deviene improcedente.
III. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y, por las razones aquí vertidas, confirmar el pronunciamiento dictado por el a quo en cuanto desestimó la solicitud articulada en la presentación inicial. Las costas de esta instancia deberían distribuirse en el orden causado por no mediar contradicción (art. 51 inc. 1º del C.P.C.A., texto según ley 14.437). Voto a la cuestión planteada por la negativa.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I. El recurso prospera.
1.1. El presente pleito, a tenor del objeto contenido en el escrito de demanda, no persigue ni el reconocimiento de un derecho, ni la anulación de un acto administrativo ni que se impulse o concluya un procedimiento administrativo en el cual se encuentre pendiente de resolución un pedimento de un administrado. Menos aún estamos en presencia de una pretensión resarcitoria o de una acción declarativa de certeza. Y por cierto, tampoco se verifica una accionar material de la Administración sin apuntalamiento normativo sino todo lo contrario: la actora denuncia una inacción material del Instituto accionado que consiste en la ausencia de liquidación y pago del haber previsional que le fuera reconocido por la Resolución N° 1424 del 14-12-2022.
Cierto es que las particulares circunstancias que rodean este litigio bien podrían haber justificado la interposición de una “prestación de cumplimiento o prestacional” que la primigenia redacción del art. 17 de la ley 12.008 contemplaba. Aquella norma, orientada a atender conflictos derivados de la inactividad material administrativa, procuraba dotar de un instrumento ritual útil para obligar jurisdiccionalmente a la Administración a cumplir variados deberes correlacionados con los derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico. Así, de la densidad y precisión regulatorias, de las normas materiales de aplicación, habría de depender -en última ratio- la practicidad del sistema y la guía para hallar las conductas administrativas debidas cuya omisión posibilitaba acudir al remedio del entonces art. 17 del C.P.C.A. Y sin dejar de asumir la complejidad del régimen, esa prestación respondía a la necesidad de evitar situaciones de denegación de justicia cuando mediaba una afectación concreta de derechos amparados por el ordenamiento producida por la inactividad material administrativa (cfr. Soria, Daniel Fernando; “Aspectos básicos de las pretensiones en el Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, en El nuevo proceso contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, Obra colectiva bajo la dirección de Juan Carlos Cassagne y Agustín Gordillo; Librería Editora Platense, La Plata, 2004, 2da. Edición actualizada y ampliada, págs. 192/197) [cfr. doct. esta Alzada causas A-6834-DO0 "Pereyra", sent. de 22-06-2017; A-8810-BB0 "Giannitti", sent. de 14-05-2019; A-11445 "Bilbao", sent. de 30-11-2021].
Sin desconocer que la primigenia redacción de la ley 12.008 [art. 12 inc. 6 y art. 17] contemplaba esa acción de cumplimiento o prestacional luego truncada por la reforma introducida por la ley 13.101, lo cierto es que el carácter meramente enunciativo de las pretensiones contenidas en el art. 12 del CPCA y el principio rector de acceso irrestricto a la jurisdicción constitucionalmente consagrado en el art. 15 de la Constitución provincial impiden “... predicar que la inactividad material administrativa lesiva de situaciones subjetivas no halle protección jurídica en el ámbito de esta regulación y ante los jueces contenciosos administrativos ...” (cfr. Soria, Daniel Fernando; ob. cit. págs. 198/199) [cfr. doct. esta Cámara causa C-7345-DO1 "Trillo", sent. de 01-08-2017].
1.2. En la causa, la actora persigue que la jurisdicción emita un mandato para que la Administración lleve a cabo la actividad material omitida, que le permita a la accionante gozar del derecho previsional ya reconocido por acto del demandado, firme y consentido. A tal fin, ha recurrido a la interposición de una medida autosatisfactiva [así lo plasmó en el escrito de inicio] y brindó argumentos en soporte a la procedencia del excepcional remedio.
El juez de grado, a tenor de los términos contenidos en el pronunciamiento apelado, desenfocó por completo la materia del pleito y demandó el cumplimiento de exigencia rituales que han resultado acuñadas jurisprudencialmente para supuestos diversos al aquí debatido. Por tanto, la irregularidad de la que adolece el fallo recurrido conlleva su revocación y los límites de la jurisdicción apelada, una vez abierta resultan ser los capítulos litigiosos propuestos al juzgador de grado inferior y no la propia sentencia apelada [cfr. doct. Segunda Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Jcial. La Plata, Sala III in re "Fidel", sent. de 08-11-2016]. Así, el recurso de apelación devuelve al Tribunal ad quem la jurisdicción en plenitud aunque solo en la medida del recurso y siempre que las temáticas a ser abordadas hayan sido propuestas a la decisión del a quo [cfr. doct. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Jcial. Mar del Plata, Sala II in re "Larluz", sent. de 07-09-2010; doct. esta Alzada causa C-9099-MP1 "Unilever de Argentina S.A.", sent. de 19-09-2019].
1.3. Dicho ello, cabe entonces examinar si el particularísimo remedio elegido por la actora -acorde los hechos definidos en el escrito de inicio- validan la utilización de una medida autosatisfactiva para hacer cesar una inactividad material administrativa de las características de la que se denuncia en el caso.
1.3.1. Las medidas autosatisfactivas –como instituto procesal de gesta doctrinaria y jurisprudencial- han sido concebidas como soluciones urgentes, no cautelares, despachables in extremis, que procuran aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a aquellas situaciones que reclaman una pronta y expedita intervención del órgano judicial, cuya característica esencial radica en que su vigencia y mantenimiento no dependen de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal (cfr. doct. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala II in re “Rivas”, sent. del 27-IV-2000; Sala I in re “Cafiero y Pollio S.A.”, sent. del 7-IX-2006), toda vez que su concesión constituye una suerte de decisión de mérito sobre cuestiones que no hallarán, en principio, otro espacio para su debate (cfr. doct. C.S.J.N., Fallos 323:3075; 330:5251).
En ese sentido se ha dicho que la medida autosatisfactiva concede una tutela definitiva e irreversible, en una actuación autónoma que –debido a la propia naturaleza del pedimento incoado- se agota en sí misma. No es accesoria, ni está subordinada a otro proceso. Ella se da en el marco de un proceso urgente, en el cual, el órgano jurisdiccional, al satisfacer la pretensión que le diera nacimiento, cumple acabada y totalmente con su obligación pública de prestar el servicio de justicia, obligación que también se extingue en el caso, cerrándose el proceso con aquella sentencia definitiva e irreversible y, por ende, con autoridad de cosa juzgada (cfr. S.C.B.A. causa Ac 92.711 “Fanessi”, sent. del 26-09-2007, por mayoría de fundamentos; esta Cámara causa C-3089-MP1 "Maldonado", sent. del 25-09-2012).
Consecuentemente, dado que su otorgamiento implica el dictado inmediato de la sentencia de mérito, deben ser justipreciadas con un criterio sumamente restrictivo (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 323:3075; Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala II in re “Maidana”, sent. del 11-03-2004), por lo que se está frente a un proceso autónomo de neto carácter excepcionalísimo (cfr. doct. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala I in re “Consorcio de Propietarios Bolívar”, sent. del 8-07-2005).
En orden a dichas particularidades, la jurisprudencia ha extremado los requisitos de procedencia de este tipo de medidas, como bien lo resaltó esta Alzada en la causa C-9686-MP1E "Luenzo" [sent. de 18-08-2020].
Así, se ha sostenido reiteradamente que su dictado está sujeto a la existencia de una fuerte probabilidad de que el derecho del postulante sea atendible –casi certeza- y no a la mera verosimilitud con la que se contentan las diligencias cautelares (cfr. doct. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala I in re “Bedoya”, sent. del 20-05-2003; “Pietropaolo”, sent. del 26-02-2004 -entre otros-; Cámara de Apelación Contencioso Administrativo con asiento en San Martín in re “Karagozian”, sent. del 19-07-2007); por lo que, en aquellos casos en los que la dilucidación del derecho esgrimido por el accionante requiera de un cierto grado de verificación probatoria, la vía autosatisfactiva resultará inadmisible (cfr. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala II in re “Yane”, sent. del 19-08-2003).
A lo dicho, debe adicionarse la existencia de una situación de urgencia impostergable, caracterizada por la concurrencia de un peligro serio y concreto que comprometa intrínsecamente de modo palmario, notorio y ostensible la subsistencia del derecho pretendido si se demora en la decisión; en otras palabras, la llamada “irreparabilidad del perjuicio” que se derivaría de canalizar el reclamo por las vías procesales existentes (cfr. doct. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala II in re “Cruz Roja Argentina”, sent. del 4-02-2003; Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala II in re “Yane” supra citada, entre muchos otros; Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala III in re “Galeri”, sent. del 22-08-2006).
En suma, este carril está exclusivamente reservado para aquellos supuestos en los que la lesión al interés o al derecho subjetivo invocado sea de tal magnitud y evidencia que, a simple vista, demuestre la ausencia de necesidad de acudir a las vías ordinarias disponibles al efecto (cfr. doct. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes, Sala I in re “Quarter Land”, sent. del 13-07-2006; doct. esta Cámara causa C-8940-MP1 "Rivero", sent. de 18-02-2020).
1.3.2. En orden a dichos parámetros –y sin entrar en el debate acerca de la existencia o no como figura procesal autónoma de las denominadas “medidas autosatisfactivas”-, considero que cabría aquí otorgar una respuesta jurisdiccional a la actora acorde a la presencia de los recaudos de procedencia de este tipo de solución procesal al entuerto. Aunque no queda claro si los miembros de la Suprema Corte de Justicia provincial, en toda circunstancia, ven con disfavor este instituto [cfr. a modo de ejemplo de posturas encontradas las causas C. 119.234 citada supra y A. 74.076 "Sanabria", sent. de 06-11-2019], juzgo que en el presente contexto resulta la herramienta procesal idónea.
[i] Así, en cuanto a "la fuerte probabilidad de que el derecho de la postulante sea atendible", la considero acreditada.
En el pleito no se persigue una sentencia declarativa de un derecho, pues el beneficio previsional ya ha sido reconocido en sede administrativa, según los propios términos de la Resolución N° 1424 del 14-12-2022. Para más, la propia actora afirma que ha consentido dicho acto administrativo, por lo que corresponde entender que tal decisión quedó firme trascurrido el plazo fijado en el primer párrafo del art. 3 de su texto.
En suma, no únicamente media aquí fuerte probabilidad de que el derecho de la postulante sea atendible, sino existe certeza absoluta sobre la reconocida titularidad del derecho; el litigio, en cambio, gira en torno a la alongada tardanza del ente previsional en efectivizar las pertinentes actuaciones materiales de liquidación, depósito y pago que permita el goce del beneficio jubilatorio conferido. Ello descarta cualquier cuestionamiento que la accionada pudiera blandir, tal vez alegando una prematura concurrencia de la demandante a los estrados judiciales en la búsqueda de un resultado ni siquiera peticionado previamente a la Administración, pues en el caso, el ente previsional ya se expidió sobre el fondo del asunto.
La jurisdicción, en supuestos como el aquí descripto, bien puede librar una orden de ejecución de las faenas administrativas materiales retrasadas, ya que debido a la propia esencia del pedimento articulado, la intervención judicial se agota en sí misma con la emisión de un mandato de tales características, sin sustitución de la voluntad administrativa [pues ella ya fue exteriorizada en el acto de otorgamiento del beneficio] y sin estar subordinada a otro proceso. Tales peculiaridades no fueron advertidas en la sentencia apelada y en razón del desenfoque, se le impuso a la actora exigencias rituales improcedentes.
[ii] También media en la especie la existencia de una situación de urgencia impostergable.
Las constancias de la causa corroboran lo expuesto por la actora. Observo que la Resolución N° 1424 del 14-12-2022 fue emitida en el marco del expediente administrativo N° 21557-417002-17, trámite iniciado por la demandante en pos de obtener su jubilación ordinaria, al menos cinco años antes de que el beneficio le fuera concedido. La accionante reseña que para arribar al estadio resolutorio de su petición de retiro debió concurrir a la justicia en otras oportunidades, lo que puede corroborarse en la Mesa de Entradas Virtual correspondiente al Juzgado de grado, visualizándose las causas PORCARO GRACIELA YOLANDA C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ AMPARO POR MORA’ (Exte. N° 7567), y PORCARO GRACIELA YOLANDA C/ IPS S/ AMPARO POR MORA’ (Exte. N° 8237).
A pesar del tiempo insumido por el ente demandado en el trámite de concesión del beneficio y que aquél ha sido reconocido con retroactividad al 01-01-2018 [fecha, por cierto, en la cual la actora ya debió haber entrado en el goce de su haber], al momento de interposición de esta medida autosatisfactiva, la ex-agente pública retirada, de casi 66 años de edad, por la tardanza en la ejecución de las faenas de liquidación, depósito y pago incurrida por el Instituto, continuaba privada del pleno disfrute económico de su merecida jubilación.
No es preciso reunir elementos de juicio adicionales para tener por configurado un cuadro de vulnerabilidad creado por la propia desidia administrativa que no puede ser relegado del examen de procedencia de la petición, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (entre otros, in re “García”, Fallos: 342:411; v. también: art. 9, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos, 45ª Asamblea General de la OEA, 15 de junio de 2015; ley 27.360, arts. 3, ap. 1; 4 incs. “c” y “d” y 17), más cuando -reitero- el derecho al beneficio ya se encuentra reconocido en sede administrativa.
2. Con todo, el excepcional contexto administrativo ponderado y las particularísimas aristas del caso, me convencen sobre la procedencia de la medida autosatisfactiva articulada por la actora, por lo que soy de la opinión que la solución que mejor se adecua a todo lo aquí relevado es la emisión por la jurisdicción de un mandato con carácter de sentencia definitiva por el cual se obligue al Instituto de Previsión Social para que en el término improrrogable de treinta (30) días de notificada la presente sentencia, lleve a cabo todas las pendientes actuaciones materiales de liquidación, depósito y pago del beneficio jubilatorio acordado a la actora por la Resolución N° 1424 del 14-12-2022.
II. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, dejar sin efecto el pronunciamiento de grado recurrido y, ejerciendo jurisdicción positiva, acoger la medida autosatisfactiva articulada por la demandante, ordenando al Instituto de Previsión Social para que en el término improrrogable de treinta (30) días de notificada la presente sentencia en RESO-2020-100-GDEBA-FDE y su modificatoria RESO-2020-103-GDEBA-FDE], lleve a cabo todas las pendientes actuaciones materiales de liquidación, depósito y pago del beneficio jubilatorio acordado a la actora por la Resolución N° 1424 del 14-12-2022. Las costas de todo el presente proceso se fijan en el orden causado por ausencia de contradicción [art. 51, inciso 1, segunda parte del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Ucín, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la cuestión planteada por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar -por mayoría- al recurso de apelación de la parte actora, dejar sin efecto el pronunciamiento de grado recurrido y, ejerciendo jurisdicción positiva, acoger la medida autosatisfactiva articulada por la demandante, ordenando al Instituto de Previsión Social para que en el término improrrogable de treinta (30) días de notificada la [establecido en la RESO-2020-100-GDEBA-FDE y su modificatoria RESO-2020-103-GDEBA-FDE], lleve a cabo todas las pendientes actuaciones materiales de liquidación, depósito y pago del beneficio jubilatorio acordado a la actora por la Resolución N° 1424 del 14-12-2022. Las costas de todo el presente proceso se fijan en el orden causado por ausencia de contradicción [art. 51, inciso 1, segunda parte del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese electrónicamente conf. art. 10 del Anexo Único del Ac. 4013/21 –t.o. Ac. S.C.B.A. 4039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Fin de la sentencia