Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 31.090-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución 94/12 (AD GUAL) y por ende los cargos 17/8 y 18/08.
2Imponer las costas a la Aduana.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-21194401-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Febrero de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía 14a. Nominación se encuentra vacante), a fin de resolver en los autos caratulados “NEGOCIOS DEL AGRO S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ APELACIÓN” Expte. 31.090-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: La firma NEGOCIOS DEL AGRO S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución 94/12 (AD CAMP) dictada por el Administrador de la Aduana de Campana en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12574-3841-2008. Mediante tal resolución se resolvió rechazar la impugnación oportunamente deducida y confirmar los cargos 17/08 y 18/08, formulados en relación a los permisos de embarque de exportación 08008EC01006268R y 08008EC01006269S. Explica las desviaciones incurridas en el marco normativo, citando lo establecido por la ley 26.351 e indicando que la administración ha incurrido en dos graves errores al aplicar la misma, ignorando por un lado el principio consagrado por el art. 18 de la Constitución (CN) por el cual las leyes no deben ser aplicadas retroactivamente y olvidando por el otro que tal norma no cabe para los productores, por cuanto estos venden productos propios, lo que no daría lugar a la especulación en el comercio de granos, objetivo central de la norma.
Opone excepción de falta de legitimación pasiva, atento a que en todas las operaciones que sirvieron de antecedente para los cargos actúo siempre por cuenta y orden de la firma Compañía de Insumos y Granos S.A., según demuestra con las DJVE 66527 y 66594, a la vez que tampoco es productora ni exportadora de la mercadería cuya supuesta diferencia existió. Destaca que a la fecha de presentación de las DJVE la modalidad “por cuenta y orden” estaba admitida en la normativa vigente del comercio de granos, habiéndose prohibido temporalmente luego del dictado de la resolución ONCCA 912/08. Indica que los cargos objeto de autos encuentran fundamento en el dictado de la resolución ONCCA 1487/08, a través de la cual se incluyó a las DJVE por ella registradas entre las que no lograron acreditar tenencia o adquisición de la mercadería, situación que según refiere es errónea y motivó su impugnación mediante recurso de reconsideración interpuesto ante la ONCCA, el que nunca fue resuelto.
Se expresa luego sobre la inconstitucionalidad de la aplicación retroactiva de la ley 26.351 manifestando que las DJVE fueron oficializadas en fecha 01.11.07, es decir de manera previa al dictado de dicha ley, por lo que la operación de compra venta ya estaba perfeccionada y denunciada a la autoridad de aplicación. Agrega que tal aplicación retroactiva afecta los derechos adquiridos de la empresa por cuya cuenta y orden actuó, los que se encuentran amparados por la garantía del derecho de propiedad consagrada en el art. 17 de la CN. Continúa refiriéndose a la inaplicabilidad de la resolución MEyP 125/08, la cual sirvió de base para formular los cargos objeto de autos, toda vez que su ratificación legislativa fue rechazada por el Congreso, por lo que según indica no es posible reclamar diferencias tributarias derivadas de su aplicación.
Por último, señala los vicios propios de la resolución 94/12 (AD CAMP), apelada en autos, indicando que la misma carece de motivación, de causa y que presenta indudables irregularidades en el objeto. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se declare nula la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 193/198). Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado por la contraria, así como la documentación acompañada, que no sean objeto de su reconocimiento. Describe sucintamente los hechos y procede a contestar el traslado, refiriéndose en primer lugar a la acreditación de la tenencia de la mercadería y las resoluciones ONCCA 1487/08 y 1898/08. Indica que este tribunal no resulta ser el órgano competente para expedirse respecto de la legitimidad de las resoluciones ONCCA, correspondiendo su aplicación en tanto resultan actos administrativos emitidos en uso de las facultades acordadas a dicho organismo por la ley 26.351, y en atención al principio de presunción de legitimidad y ejecutoriedad establecido en el art. 12 de la LNPA. Agrega que lo único susceptible de ser discutido en autos es la resolución aduanera, y no lo relativo a la acreditación de la mercadería con anterioridad al aumento de la alícuota. Luego explica que la ley 26.351 se ve perfectamente armonizada con los principios rectores del derecho y las garantías constitucionales. Refiere que este tribunal tiene prohibido considerar la inconstitucionalidad, en función de lo establecido por el art. 1164 del CA, y que solo puede declarar la ilegalidad de interpretaciones ministeriales o administrativas. Cita la jurisprudencia resultante de la causa CARGILL TF 28.754-A, sentencia del 02.11.12. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 199 se tiene por contestado el traslado conferido, por acompañadas las actuaciones administrativas y se ordena como medida para mejor proveer que se libre oficio al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a fin de que informe el estado del trámite del recurso de reconsideración interpuesto por la actora contra la resolución ONCCA 1487/08. A fs. 215/222, 233/241, 245/247 y 256/261 obran respuestas al oficio por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de las cuales se indica que no se encuentran las actuaciones solicitadas. El 28.02.2024 se elevan los autos a la Sala “E”, y se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduana: Las actuaciones administrativas SIGEA 12574-3841-2008 se inician con la impugnación interpuesta por la actora contra los cargos 17/08 y 18/08, formulados por diferencias de derechos de exportación. Se acompaña allí toda la documentación complementaria, entre ella, copia del recurso de reconsideración interpuesto ante la ONCCA contra la resolución 1487/08 (fs. 1/123). Luce luego carátula de la actuación 12647-427-2008, relativa al cargo 17/08. A fs. 124/126 luce el informe técnico 370/08 (SE FVEX), por el que se procede a formular el cargo 17/08. A fs. 127 obra sobre contenedor de la destinación 08008EC01006268R y a fs. 129 luce el cargo 17/08. Posteriormente, se agrega la carátula 12647-429-2008, relativa al cargo 18/08. A fs. 130/132 luce el informe técnico 371/08 (SE FVEX), por el que se procede a formular el cargo 18/08. A fs. 133 obra sobre contenedor de la destinación 08008EC0100629S y a fs. 135 luce el cargo 18/08. A fs. 137 se tiene por iniciado el procedimiento de impugnación. A fs. 140/142 luce el dictamen 109/12 (AD CAMP), que concluye que correspondería rechazar la impugnación planteada, y a fs. 143/146 obra la resolución 94/12 (AD CAMP), apelada en autos y por la que se rechaza la impugnación formulada, confirmándose los cargos 17/08 y 18/08.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -94/12 (AD CAMP)- en cuanto dispone rechazar la impugnación incoada por la firma NEGOCIOS DEL AGRO S.A. y confirmar los cargos 17/08 y 18/08, se ajusta a derecho.
Los mencionados cargos fueron formulados con fundamento en la ley 26.351 y la resolución (ONCCA) 1487/08, respecto de los permisos de embarque (“PE”) de exportación PE 08008EC01006268R y 08008EC01006269S, que se encontraban asociados a las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (“DJVE”) 66594 y 66527.
V.1. Resulta procedente señalar, en primer lugar, que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453 (BO: 11.11.76), que regula la exportación de granos. Dicha norma establece, en su art. 6 que, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de la mercadería a que dicha ley se refiere (productos agrícolas), serán aplicables los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta. Luego, y bajo el título “Aclaración de la ley 21.453. Alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios”, se dictó la vigente ley 26.351 (BO 16.01.08) que dispuso, en su art. 1, que cuando se produjera un incremento de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos de la ley 21.453 en el período comprendido entre: a) el registro de la DJVE y, b) el de la oficialización del PE con el que se documente la exportación de la mercadería amparada por las referidas DJVE; los exportadores deberán acreditar, de modo fehaciente, la tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento de alícuotas. Asimismo, dispuso que, quienes no cumplieran con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) para el cumplimiento del art. 1, deberían tributar la mayor alícuota de derechos de exportación entre: a) las vigentes a la fecha de registro de las DJVE y, b) las vigentes a la fecha de oficialización de los respectivos PE, disponiendo su art. 4 la aplicación retroactiva a aquellas DJVE que hubiesen sido registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.351 (BO: 16.01.08).
Con fecha 12.05.08, se dictó el decreto 764/08 (BO 13.05.08) en el que se estableció que la ley 26.351 sería aplicable a las ventas al exterior registradas en los términos de la ley 21.453, cuando las oficializaciones de las respectivas destinaciones de exportación (“PE”) fueran posteriores al 09.11.07, disponiéndose en su art. 3 que la ONCCA (creada por Decreto 1067/05) sería la encargada de llevar el registro de las DJVE de la ley 21.453 y de dictar la normativa sobre los requisitos necesarios para acreditar los extremos del art. 1 de la ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en su art. 2 (incumplimiento del requisito de tenencia o adquisición de la mercadería).
En estos términos, la ONCCA dictó la resolución 543/08 (BO 30.05.08) por la que se dispuso el procedimiento para acreditar la tenencia o adquisición de la mercadería (art. 1 de la ley 26.351).
Posteriormente, con fecha 30.06.08, la ONCCA informó a la AFIP, mediante el dictado de la resolución 1487/08, que contienen dos Anexos, cuáles eran las DJVE que por no haber acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería en los términos de la ley 26.351 (Anexo I) debían pagar la alícuota mayor de derechos de exportación (art. 2 de la ley 26.351), indicando también aquellas DJVE que sí la acreditaban (Anexo II). Tal resolución sirvió de fundamento al servicio aduanero para formular los cargos objeto de autos.
V.2. En el caso de autos, con fundamento en el iter normativo descripto precedentemente la Aduana pretende aplicar retroactivamente, y de manera errónea, las disposiciones de la ley 26.351, en cuanto exigió a la actora el pago de mayores derechos de exportación.
Como se dijo, las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, ley que fue concebida para fomentar la exportación de productos de origen agrícola mediante un sistema que -en lo que al caso interesa- "facilite a los vendedores la determinación de sus costos con la debida antelación" (confr. la nota de remisión al Poder Ejecutivo del proyecto respectivo). Dicha norma estableció un régimen especial que otorgó certeza a los exportadores en cuanto fijó el tratamiento tributario de la mercadería de acuerdo con las normas vigentes a la fecha en que quedaron concertadas las ventas al exterior, permitiéndoles así prever al momento de convenir el negocio, la carga fiscal que debería satisfacerse por la exportación.
Particularmente, para las operaciones de exportación objeto de autos la actora registró, ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, la DJVE 66.527 en fecha 31.10.07 -indicándose como fecha de cierre de venta el 30.10.07- y la DJVE 66.594 en fecha 01.11.07 -indicándose como fecha de cierre de venta el 31.10.07- (ver documentación obrante dentro de los sobres contenedores que lucen a fs. 127 y 133 de las act. adm.), es decir, de manera previa al dictado de la ley 26.351 (BO 16.01.08), ley que incorporó como nuevo requisito la acreditación de la tenencia o en su caso la adquisición de los productos agrícolas.
En consecuencia, una correcta interpretación de la ley 26.351 indica que sus disposiciones sólo operan cuando la venta de la mercadería al exterior se haya "cerrado" a partir del 16.01.08 -no antes-, fecha de entrada en vigencia de la citada ley 26.351. Si el cierre de la venta tuvo lugar con anterioridad -tal como ocurre en el caso de autos- se debe aplicar el régimen tributario entonces vigente, por así disponerlo el art. 6° de la ley 21.453. A tales efectos es irrelevante el momento en que las exportaciones se llevaron a cabo, ya que lo decisivo es determinar la ley tributaria que rige cada operación, para lo cual en el régimen de la ley 21.453 corresponde estar al cierre del contrato de venta con el exterior. Se recuerda que el espíritu de la ley 21.453 es la de colocar a los exportadores al abrigo de posteriores normas que aumenten la carga tributaria de las exportaciones, y una conclusión contraria a la indicada precedentemente importaría privar de efectos a lo previsto por el art. 6° de la ley 21.453 o bien asignar a esa norma una interpretación ostensiblemente inadecuada.
Lo expuesto, además, es conciliable y encuentra sustento en lo resuelto por la CSJN en autos “Tradigrain S.A. (T.F. 6965- A) c/ A.N.A.”, en cuanto expresa que “…admitir que las exportaciones se han realizado con sujeción al régimen de la mencionada ley 21.453 pero, al mismo tiempo, negar la aplicación de un tributo que de acuerdo con dicho régimen es inequívocamente aplicable porque estaba vigente la ley que lo instituyó en el momento en que quedó fijado el tratamiento tributario de la exportación, implica la construcción por parte de los jueces de una nueva ley, con los aspectos que estiman más convenientes de leyes sucesivas, lo cual es inaceptable (confr. causa M.586.XXIV. "Metalúrgica Badía S.A. Minera Ind. y Com. c/ resol. 61/89 de la Sec. de Minería s/apel. art. 29 ley 22.095", fallada el 20 de agosto de 1996, considerando 10)”.
Por ello, es que corresponde revocar la resolución apelada y por ende los cargos 17/08 y 18/08.
V.3. Atento el modo en que se resuelve resulta inoficioso expedirse sobre el resto de las cuestiones controvertidas introducidas por la actora.
Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Revocar la resolución 94/12 (AD GUAL) y por ende los cargos 17/8 y 18/08.
2. Imponer las costas a la Aduana.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto precedente.
Que en virtud de la votación que antecede, por unanimidad, SE
1. Revocar la resolución 94/12 (AD GUAL) y por ende los cargos 17/8 y 18/08.
2. Imponer las costas a la Aduana.
Regístrese, notifíquese y firme que quede la presente, remítanse las actuaciones administrativas a la DGA por Secretaría General de Asuntos Aduaneros.
Suscriben los Dres. Soria y Juárez, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ava. Nominación (art. 52 RPTFN y art.1162 CA).
Date: 2024.02.28 16:43:34 -03:00 Date: 2024.02.28 17:09:03 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.28 17:09:04 -03:00
Fin de la sentencia