Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 90319246-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada; sin especial imposición de costas en esta instancia, dada la falta de actividad procesal de la contraria.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
43493/2025 “NEMI, MAURO ALBERTO (TF 90319246-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 10 de febrero de 2026.
VISTA: La elevación del expediente TF 90319246-A (v. DEOX del 17/11/25) a fin de considerar “a fin de considerar el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 15/05/2025 (v. IF-2025-51366587-APN-DTD#JGM) concedido el 19/05/2025 (v. PV-2025-53008515- APN-VOCXIX#TFN), contra la sentencia dictada el 26/03/2025, en cuanto revoca la Resolución N° 503/2021 (AD MEND), con costas al fisco nacional (v. INLEG-2025-31426732-APN-VOCXIX#TFN)” (v. nota en la pág. 249 del expte. citado, donde también consta que el recurrente expresó agravios en término y que la contraria no los contestó); y
1. Que, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) revocó la resolución AD MEND 503/21, dictada en la actuación SIGEA 17448-218-2020, en cuanto había impuesto a Mauro Alberto Nemi y Cecilia Soledad Prado una sanción de multa por la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero; (ii) distribuyó las costas por su orden.
Para decidir de ese modo, ponderó que la controversia se originó por el reingreso al territorio nacional de un vehículo marca RAM 1500, el cual había sido extraído bajo el régimen de exportación temporaria por el Sr. Nemi, pero fue conducido al retorno por la Sra. Prado, sin haber mediado el traspaso de responsabilidad previsto en la resolución general AFIP 2623/09.
Reseñó los antecedentes normativos de esa resolución general, cuya aplicación estaba en el centro del conflicto. Remitió a la ley 23.825, que aprobó el Convenio de Turismo Argentino-Chileno el 6 de noviembre de 1986, celebrado en el marco del Tratado de Paz y Amistad suscripto en la Ciudad del Vaticano el 29 de noviembre de 1984, con el propósito de consolidar la cooperación e integración bilateral a través del turismo y de establecer un marco normativo que facilite el tránsito de vehículos particulares en viajes turísticos. Señaló que, en consonancia con dicho convenio, se dictó la resolución ANA 127/86, la cual reglamentó la entrada y salida temporal de vehículos utilizados en viajes turísticos entre la República Argentina y la República de Chile. Explicó que, con posterioridad, la resolución general AFIP 2623/09 incorporó disposiciones específicas para el adecuado control y fiscalización de los vehículos admitidos en el régimen temporal, estableciendo las condiciones para su utilización y las obligaciones de los titulares. Además, esta normativa, en línea con lo dispuesto en el Código Aduanero, establece los requisitos para la cesión de derechos sobre los vehículos, exigiendo que cualquier transferencia 1 de uso a un tercero cuente con autorización expresa del servicio aduanero, lo que garantiza tanto el cumplimiento de las disposiciones del régimen como la trazabilidad de los vehículos que circulan en el marco de este acuerdo bilateral.
Al resolver, el tribunal advirtió una clara transgresión al régimen establecido por la referida resolución general, pero concluyó que era insuficiente para configurar la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero. En este sentido, destacó que no correspondía efectuar una mera subsunción de los hechos en la norma, sino que debía aplicarse el ordenamiento de manera contextualizada para evitar soluciones formalistas que desvirtúen la justicia. En particular, consideró acreditado que los hechos ocurrieron durante la emergencia sanitaria por COVID-19, contexto que configuró un supuesto de fuerza mayor derivado de las medidas restrictivas de circulación internacional y el cierre de fronteras. Subrayó que la obtención de un salvoconducto individual emitido por las autoridades chilenas permitiendo el regreso de la Sra. Prado al país tornaba irreprochable la conducta sancionada, toda vez que las circunstancias excepcionales impidieron el cumplimiento de los deberes formales del régimen y desvirtuaron cualquier presunción de intención de burlar el control aduanero.
Agregó que el espíritu de la resolución general AFIP 2623/09 radicaba en evitar que los automóviles argentinos terminen exportándose de modo irregular al país vecino, y no en penalizar meros formalismos que carezcan de un perjuicio concreto.
El voto adherente de la Dra. Sarquis, refirió asimismo al principio de absolución por la duda previsto en el artículo 898 del Código Aduanero.
Con respecto a las costas, la mayoría consideró que el demandado pudo creerse con derecho a litigar, y las distribuyó por su orden.
2. Que, en su memorial, el Fisco Nacional sostuvo que la decisión le causaba un gravamen irreparable, toda vez que el tribunal consideró cumplida la obligación del régimen de exportación temporaria a pesar de que, según las constancias de autos, el incumplimiento fue fehaciente. Se agravió al entender que el a quo había suplido la actividad procesal de los administrados, quienes omitieron realizar el traspaso de responsabilidad correspondiente y no comunicaron oportunamente al servicio aduanero las circunstancias de excepción que alegaron de forma extemporánea. Adujo que la flexibilidad en el marco de acuerdos de integración turística no autoriza a desatender el control aduanero, cuya protección es una manda constitucional que no puede ser eludida por omisiones de los particulares. Asimismo, sostuvo que en los regímenes de destinación suspensiva rige una inversión de la carga de la prueba, por lo cual corresponde exclusivamente a los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 43493/2025 “NEMI, MAURO ALBERTO (TF 90319246-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
beneficiarios demostrar el cumplimiento estricto de las condiciones y plazos del régimen.
Por último, objetó la aplicación del artículo 898 del Código Aduanero. Alegó que se utilizó el beneficio de la duda de manera genérica, sin una fundamentación lógica, y desplazando injustamente la carga probatoria hacia la Aduana en un supuesto de infracción de naturaleza objetiva.
3. Que la cuestión debatida requiere de la valoración de circunstancias de hecho y prueba que, como principio, se encuentran marginadas del examen que corresponde realizar en esta alzada, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (art. 1180, ap. b, CA), y no se desprende de las actuaciones que hubiera mediado un error de magnitud suficiente para apartarse de la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación en ejercicio de sus facultades propias para apreciar los hechos de la causa (confr. esta Sala, causa 2.708/12, “Maritime Shipping Agency SRL (TF 29094-A) c/ DGA”, causa 2708/12, sent. del 26/6/12; entre muchas otras).
Por otra parte, vale recordar que la expresión de agravios debe consistir en una refutación nítida y puntual de los errores que se estima contiene la resolución, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho (arg. art. 265, del CPCCN, aplicable en la especie en virtud de la remisión que contiene el art. 1182, del CA-); y que el Alto Tribunal ha señalado que los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita; entre muchos otros).
4. Que, en el caso, el Tribunal Fiscal de la Nación realizó un análisis pormenorizado del contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 y las medidas restrictivas internacionales que impidieron el cumplimiento normal de las obligaciones aduaneras. El Fisco Nacional no ha logrado acreditar que dicha valoración de las pruebas —específicamente respecto de la imposibilidad fáctica de realizar el traspaso de responsabilidad en frontera— resulte arbitraria o carente de lógica. Por el contrario, las constancias de autos, tales como la obtención de un salvoconducto individual para el retorno, respaldan la conclusión del tribunal de la instancia anterior sobre la existencia de un supuesto de fuerza mayor que torna irreprochable, desde el punto de vista subjetivo y a la luz de lo dispuesto por el artículo 902 del Código Aduanero, la conducta de los administrados.
En consecuencia, dado que el memorial de agravios contiene consideraciones de índole general que no refutan nítidamente los fundamentos del fallo apelado, corresponde confirmar lo resuelto.
3 En adición a lo dicho, cabe precisar que la aplicación del artículo 898 del Código Aduanero no constituye un fundamento sobre el cual hayan coincidido los vocales del tribunal de origen, lo que exime de cualquier otra consideración al respecto.
Por ello, SE RESUELVE: Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada; sin especial imposición de costas en esta instancia, dada la falta de actividad procesal de la contraria.
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 11/12/25.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia