Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 185.303
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación del Sr. Francisco Aldo Xavier Marcone Benvenuto, con costas (art. 68 del CPCCBA);
II. Hacer lugar al recurso de apelación de la Sra. Cayetana Luisa Pennisi, revocando la sentencia de primera instancia y rechazando la demanda contra ella interpuesta, con costas de ambas instancias a la parte actora en su carácter de vencida (art. 68 y 274 del CPCCBA);
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV)
Expte. Nº 185303 - Juzgado Civil y Comercial N°10 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “NES S.A. C/ MARCONE BENVENUTO, FRANCISCO XAVIER ALDO Y OT. S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau;
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 29 de octubre de 2025?
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 29 de octubre de 2025 el juez de primera instancia dictó sentencia definitiva en la que: (a) hizo lugar a la demanda interpuesta por NES S.A. contra Francisco Xavier Aldo Marcone Benvenuto y ordenó a este último abonar a la actora $2.687.666,03.- actualizado mediante el índice CAC en concepto de capital, más intereses; (b) hizo lugar a la demanda promovida por NES S.A. contra Cayetana Luisa Pennisi, condenando a esta última a abonar al actor el menor valor entre la actualización de la suma enunciada en el punto anterior y la de «$85000 convertidas a pesos conforme el valor oficial de la divisa -Banco Nación tipo vendedor- a la misma fecha-, con más los intereses» (sic).
Para así decidirlo, explicó que NES S.A. le reclama a Marcone Benvenuto el cumplimiento de un reconocimiento de deuda que contiene cláusulas de ajuste con base en el índice suministrado por la Cámara Argentina de la Construcción, con más los intereses pactados. Asimismo, denuncia que la Sra. Pennisi, titular del inmueble donde se desarrolló la obra que motivó el convenio, se enriqueció sin causa.
Dijo que Marcone reconoce la deuda, pero interpreta de modo diverso la cláusula de ajuste. Pennisi, a su turno, alega ajenidad respecto del convenio y niega el enriquecimiento denunciado.
El colega señaló que, encontrándose reconocida la existencia y monto de la deuda en los términos del convenio de fecha 21/12/2018, la cuestión a dilucidar es, en primer lugar, si las cláusulas por las que se pactó la forma de pago son suficientemente claras como para interpretarlas en el modo en que los litigantes lo hacen. Luego, definir si es menester morigerar la cuantificación de la obligación. Finalmente, es necesario definir si la Sra. Pennisi se encuentra obligada a pagar a la actora la suma reclamada en función del alegado enriquecimiento incausado. Abocado al estudio del reclamo contra Marcone, destacó que el encuadre debe realizarse conforme a las disposiciones del CCyC vinculadas a la locación de obra y contratos en general. Dijo que la actora y el demandado Marcone Benvenuto no controvirtieron que el 6 de diciembre de 2015 celebraron un contrato de locación de obra que tenía por objeto la realización de trabajos de estructura de hormigón armado en el inmueble de Posadas N°334 de esta ciudad, propiedad de Pennisi. Asimismo, no fue debatido que el 14 de marzo de 2017 se incorporó la losa adicional, totalizando subsuelo, planta baja, cinco plantas y sala de máquinas. Posteriormente, Marcone Benvenuto suscribió un reconocimiento de deuda y convenio de pagos por $2.687.666,03 al 31 de octubre de 2018, cuyo cumplimiento el accionante le reclama en este juicio.
El juez reparó que en ese instrumento el demandado reconoció el crédito y fijó como mecanismo de actualización el índice elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción, además de los intereses correspondientes. Tal manifestación de voluntad importa un acto jurídico válido, cierto y determinado, celebrado en ejercicio de la autonomía de la voluntad.
Declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928 y reputó válida la cláusula de actualización pactada sobre cuya interpretación las partes mantienen una disputa. Luego de transcribir la disposición negocial, señaló que cabe estarse a la literalidad de sus palabras y a la finalidad económica perseguida. Aseveró que la interpretación expuesta por Marcone constituye una renuncia desmesurada del crédito por parte del actor e implicaría que “resulte económicamente más beneficioso dejar de pagar en la fecha de vencimiento, aprovechando la licuación del crédito por la inflación y afrontando, en algún momento y según su conveniencia, el pago del capital indexado por unos meses con una tasa de interés nominal que se convino para la hipótesis de pago puntual”. Consideró que la actualización opera hasta el efectivo pago y no hasta el vencimiento de cada cuota. Descartó que se haya probado usura, desproporción manifiesta o apartamiento de la realidad económica que justifique desoír lo acordado por las partes. Agregó que el perito ingeniero Zamponi explicó que el valor de la obra adeudada al actor, a febrero de 2025, es de $114.994.232,76.- en tanto que la aplicación del índice CAC a las cuotas pactadas importaría el monto de $97.525.123,90. Concluyó por ello que la pretensión de la firma accionante contra el Sr. Marcone Benvenuto debía prosperar.
También juzgó procedente el reclamo contra la Sra. Pennisi, quien —dijo— no debe responder en razón del convenio de reconocimiento de deuda del que no fue parte, sino por el enriquecimiento sin causa.
Reparó en que, según dijo la perito martillera, el inmueble tiene un valor de mercado de U$D115.000 y con la construcción realizada el precio es de U$D200.000 por lo que la diferencia —el incremento en su valor— constituye un enriquecimiento incausado.
Evaluó el convenio particular entre Pennisi y Marcone por el cual la primera le entrega a este último la posesión del inmueble para que construya un edificio de planta baja libre para espacio de cocheras y de seis pisos, con doce departamentos y, como contraprestación, le entrega dos departamentos y dos espacios de cochera. Pennisi, además, le otorgó poder especial irrevocable a Marcone Benvenuto para que en su nombre firme las escrituras pertinentes.
Juzgó demostrado tanto el empobrecimiento de la accionante como el enriquecimiento de la demandada y el nexo entre ambos fue el accionar de un tercero (Marcone) que no pagó la obra realizada cuando ello fue autorizado a ser realizado por la propietaria del inmueble. Agregó que la causa que se esgrime para desentenderse de la obligación es la misma que dio origen al crédito reclamado. Estimó que Pennisi deberá responder por el importe menor que se obtenga al momento de practicar la liquidación definitiva, entre el valor del crédito actualizado por el índice emitido por la CAC y la suma de U$D85.000. A ello sumó intereses a calcular desde la notificación de la demanda al 6% anual hasta la fecha de determinación de los valores y de allí en más a la tasa activa para descubierto en cuenta corriente del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II.a. El recurso del codemandado Marcone Benvenuto El demandado Francisco Xavier Aldo Marcone Benvenuto apeló la sentencia el 30 de octubre de 2025 y fundó su recurso el 18 de diciembre de 2025.
Considera que el juez incurrió en un error de derecho y de razonamiento al validar la aplicación del índice CAC hasta el momento del efectivo pago, produciendo un resultado manifiestamente desproporcionado y contrario a los principios de razonabilidad, equidad y prohibición del abuso del derecho. Destaca que el capital reconocido a octubre de 2018 es de $2.687.666,03, en tanto que el resultado de la aplicación del índice CAC es $97.525.123,90 y el valor de la obra según la pericia es $114.994.232,76.- Argumenta que «esto implica una multiplicación de más de 36 veces el capital, sin que exista correlato con el daño efectivamente sufrido ni con el valor económico original de la prestación» Entiende que la actualización no puede transformarse en una pena privada ni en un mecanismo de lucro, sino que debe preservar el valor real del crédito, no aumentarlo artificialmente.
Invoca una violación al principio de proporcionalidad y señala que el art. 772 del Código Civil y Comercial autoriza la actualización solo en la medida que sea necesaria para mantener el valor, no para producir una ganancia extraordinaria. Alega que el índice CAC refleja costos de construcción para contratos en ejecución, no para deudas dinerarias consolidadas, como lo era un reconocimiento de deuda determinado al 31 de octubre de 2018.
Refiere que la actualización debe aplicarse solo hasta el vencimiento de la cuota, considerando el pago en término. No surge de su texto, dice, que deba aplicarse como mecanismo de capitalización perpetua frente al incumplimiento. Pide “se revoque el fallo apelado disponiéndose que la actualización se limite al vencimiento de cada cuota o en su defecto se sustituya por una tasa judicial razonable o se morigere mediante un tope objetivo vinculado al valor real de la prestación”
II.b. El recurso de la Sra. Pennisi La Sra. Cayetana Luisa Pennisi apeló el 4 de noviembre de 2025 y fundó su recurso el 18 de diciembre de 2025. Sus quejas son las que siguen:
Entiende que el fallo viola el principio de subsidiariedad del enriquecimiento sin causa. Entiende que la causa jurídica suficiente que justifica el incremento patrimonial es el contrato celebrado entre Nes S.A. y Marcone Benvenuto. Alega que el incremento patrimonial tiene causa lícita y es el negocio celebrado con Marcone.
Refiere que no hay enriquecimiento sin causa cuando el desplazamiento patrimonial tiene origen contractual, aunque un tercero incumpla. El incumplimiento de Marcone no convierte en ilícito su beneficio sobre su lote. Alega que la sentencia introduce la figura del mandato oculto sin prueba alguna, violando el principio de congruencia. Considera que no se probó ni el mandato, ni la representación, ni las instrucciones.
Reitera que existe un crédito exigible contra un tercero y nada tiene que ver en esa relación jurídica existente entre NES S.A. y Marcone. La sentencia, manifiesta, la condena a pagar un monto incierto atado a una indexación que nunca consintió. Señala que, si las mejoras derivan de un contrato válido, aunque celebrado por un tercero, existe causa jurídica suficiente que excluye el enriquecimiento. Entiende que el reclamo en su totalidad debió dirigirse contra el cocontratante, y no contra el titular registral.
III. Tratamiento de los agravios.
Siguiendo el orden expositivo que surge de la sentencia recurrida, analizaré en primer lugar el recurso del Sr. Marcone Benvenuto y luego me detendré en las quejas formuladas por la Sra. Pennisi.
III.1. Sobre los agravios de Marcone Benvenuto i. Ninguno de los argumentos expuestos por el demandado permite demostrar un error en las consideraciones de hecho o de derecho volcadas en la sentencia atacada. El recurso, por esta razón, no puede prosperar.
El recurrente no cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de la veda a la repotenciación de las obligaciones ni tampoco ha discutido en este proceso la rúbrica del reconocimiento de deuda que hace las veces de causa fuente del crédito reclamado. Su recurso propone dos líneas argumentales. En la primera, reitera su interpretación de la cláusula de ajuste y el modo en que, a su decir, el índice debe operar únicamente hasta el vencimiento de cada cuota, en lugar de calcularse hasta el efectivo pago. En la segunda, invoca una supuesta exorbitancia del crédito del actor como consecuencia de aplicar el sistema de actualización bajo las pautas fijadas en el fallo.
No le asiste razón.
La interpretación de las cláusulas de un contrato debe ser contextual y cada estipulación debe entenderse en conjunto con las restantes, atribuyéndoles el sentido apropiado al acto en su conjunto. Para ello es menester reparar en el sentido de las palabras que les da el uso general y las circunstancias en las que el acuerdo se celebró, incluyendo las previas a la conformación del consentimiento y a la naturaleza y finalidad del contrato. En tal labor interpretativa, debe procurarse la lectura que mejor proteja la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente (arts. 1063, 1064 y 1065 inc. "a" y "c" del CCyC).
Aquí los litigantes no han controvertido que el reconocimiento de deuda celebrado el 21/12/2018 ha sido precedido de un malogrado y luego rescindido contrato de obra del cual resultó una deuda a cargo del comitente demandado (v. punto IV de la contestación de demanda de Marcone Benvenuto).
Ello significa que el acuerdo que contiene la cláusula de ajuste ha sido celebrado en un contexto de conflicto preexistente. Las partes han querido establecer con claridad cuánto adeudaba Marcone a Nes S.A. y, a la vez, han previsto un mecanismo de pago en cuotas que, presume el legislador, ha tenido por objetivo dar facilidad al locatario para cubrir la deuda (art. 351 del CCyC). Al margen de las limitaciones legales en torno a la repotenciación de créditos dinerarios (declaradas inconstitucionales por el juez en una parcela del fallo que, reitero, llega firme a esta instancia), es evidente que las partes consideraron conveniente definir un sistema de ajuste con relación a las cuotas de modo de que la inflación no altere el poder adquisitivo de la acreencia de Nes S.A.
En este marco, y como bien apuntó el colega en su fallo, la lectura que Marcone Benvenuto propone con relación al modo en que debe interpretarse la cláusula de ajuste resulta inconciliable, tanto con el sentido literal de las palabras, como con el contexto general del acuerdo y el contenido de las restantes estipulaciones previstas en el negocio (arts. 1063, 1064 y 1065 inc. "a" y "c" del CCyC). No hay ninguna frase, palabra o sintagma de la cláusula segunda que diga —o sugiera, siquiera— que el ajuste de cada cuota opera solo hasta su vencimiento, considerando además los niveles de inflación que ya existían en diciembre de 2018. La interpretación del demandado distorsiona por completo el equilibrio económico del acuerdo e importaría, en los hechos, una pérdida casi integral del poder adquisitivo del crédito original. Una lectura como la propuesta por el apelante haría necesario presuponer una torpeza inmensa de la accionante y una astucia extraordinaria de la demandada, dado que, conociendo el contexto inflacionario que ya existía a esa época, habrían pactado un mecanismo de ajuste tan ruinoso para la primera, como beneficioso para la segunda. Un sistema de ajuste que, así entendido, brindaría a Marcone un previsible e indisimulable incentivo para no cumplir y dejar que el tiempo y la inflación operen como fuente de generoso rédito, debiendo un poco más en términos nominales, pero cada vez menos en términos reales. Una licuación del crédito que las tasas de interés acordadas en la cláusula segunda jamás podrían recomponer.
Los esfuerzos que la recurrente despliega para invocar la supuesta exorbitancia del crédito reajustado según la interpretación del juez de primera instancia (punto sobre el que me abocaré más abajo) no son acompañados de un esfuerzo análogo —o cuanto menos similar— para calcular el resultado económico que se obtiene de seguir la interpretación que ella misma propone con base en un reajuste de las cuotas a la fecha de sus respectivos vencimientos.
La cuenta no es compleja y permite reparar en que, a más de siete años de celebrado el acuerdo, el crédito del accionante, actualizado solo hasta los vencimientos, se habría visto dilapidado casi por completo en su poder adquisitivo, no importa cuál sea el parámetro de comparación (el uso correcto del índice, el valor actual de la obra estimado por el perito ingeniero, o cualquier otro).
ii. Con relación al segundo argumento, entiendo que el demandado no logró demostrar o justificar la alegada exorbitancia del crédito a consecuencia del ajuste previsto en la cláusula segunda.
La demandada se limita a exponer el valor nominal del capital original ($2.687.666,03), el monto liquidado provisoriamente mediante el índice escogido por las partes en el reconocimiento de deuda (97.525.123,90.-) y el valor de la obra según la pericia ($114.994.232,76.-).
Afirmar que ese contraste refleja “una multiplicación de más de 36 veces el capital” constituye un planteo meramente efectista del cual pretende transmitir la idea implícita de que ese incremento refleja una demasía o alguna forma de exorbitancia. El argumento es visiblemente capcioso dado que prescinde deliberadamente de considerar las variables más relevantes que explican —y justifican sobradamente— esa diferencia nominal: la inflación acumulada y la extensión temporal de su propia mora.
Entre diciembre de 2018 (momento en que se reconoció la deuda) y febrero de 2025 (época en la que el perito estimó el crédito) hubo un 4380% de inflación acumulada (fuente: INDEC). Es natural y previsible que el reajuste de un crédito de un tiempo a otro refleje un incremento nominal significativo, cualquiera sea el índice que se utilice. Ello solo significa que el apelante debe más unidades monetarias, pero no que el poder adquisitivo del crédito o el valor real de la prestación originalmente contratada se haya visto alterado en idéntica proporción o medida. Ese incremento nominal en forma alguna expone in re ipsa un abuso o algún tipo de desproporción o exorbitancia, como parece sugerir la recurrente en su memorial. Tampoco el monto debe tener “correlato con el daño efectivamente sufrido”, como afirma la demandada, pues el crédito reclamado no tiene naturaleza indemnizatoria ni su cuantía depende de la entidad de un perjuicio. La denunciada ajenidad con el “valor económico original de la obligación” resulta por completo incierta y carente de fundamento económico, considerando que el índice escogido por las partes guarda una estrecha relación con las labores realizadas por la actora y que derivaron en el reconocimiento de deuda celebrado el 21 de diciembre de 2018. De hecho, el contraste entre el valor de las cuotas reajustadas y el valor de la obra (v. planillas anexas al dictamen del Ing. Zamponi del 24/02/2025) permite verificar que tampoco se configura en el caso el escenario regulado en el único artículo de la Ley 24.283. Por lo demás, no hay ningún argumento o cálculo que permita demostrar que la actualización del crédito redunde en una pena privada, en un lucro injustificado, en un incremento artificial de la deuda o en una alteración del valor real del crédito. Propondré al acuerdo rechazar el recurso de la demandada y confirmar la decisión de primera instancia en lo que ha sido materia de agravio (art. 242 y cctes. del CPCCBA).
III.2. Sobre los agravios de la Sra. Pennisi El juez consideró procedente el reclamo contra la Sra. Cayetana Luisa Pennisi, por un doble orden de razones. Por un lado, y con cita de doctrina especializada, juzgó procedente la actio in rem verso fundada en vínculos indirectos entre los patrimonios involucrados. Luego, agregó que Marcone actuó, frente a Nes S.A., como mandatario de Pennisi en el marco del convenio de construcción del edificio. Sobre la base de estas premisas, y con fundamento en la doctrina del enriquecimiento sin causa, juzgó que la Sra. Pennisi debe responder por el menor valor entre el crédito actualizado adeudado por Marcone y la suma de U$D85.000 convertidos a pesos al tipo de cambio oficial del BNA tipo vendedor, suma esta última que representa el beneficio recibido en su propiedad.
No comparto esta solución y el recurso de la Sra. Pennisi, en este punto, es fundado.
Analizaré en primer lugar la tesis de la relación indirecta entre el patrimonio empobrecido y el enriquecido, para luego abordar lo referido al mandato que —al decir del colega— medió entre Pennisi y Marcone.
i. El enriquecimiento y la intervención de un tercero Como bien apuntó el juez, un importante sector de la doctrina ha admitido la posibilidad de que el legitimado activo ejerza una actio in rem verso demostrando una relación indirecta entre el patrimonio empobrecido y el enriquecido. Es decir, un escenario tal en el que el enriquecimiento sin causa se produce por la intervención de un tercero. Para la viabilidad de la acción, se exige que, pese a la discontinuidad, pueda establecerse la individualidad del origen de los desplazamientos patrimoniales de bienes cuestionados (véase, por todos, Pizarro, Daniel y Vallespinos, Carlos, Tratado de Obligaciones, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2017, t. IV, p. 376; Llambías, Jorge J., Obligaciones, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1980, t. IV-B, p. 389 y Díez-Picazo, L., Fundamentos del derecho civil patrimonial, 6ta ed. Navarra, 2017, v. 1, p. 103) Esta posición encuentra un fundamento jurisprudencial en el derecho comparado: el famoso caso Boudier resuelto por el Tribunal de Casación Francés en 1892. Un comerciante (Boudier) había entregado fertilizantes a un agricultor (Garnier-Godard). Este último, a su vez, tenía un contrato de arrendamiento con el Sr. Patureau, que resolvió por falta de pago de los alquileres por parte del inquilino Garnier-Godard. Consecuencia de ello, el agricultor locatario cedió parte de su cosecha a Patureau para pagar su deuda y, ante la falta de pago de Garnier-Godard (el agricultor), Boudier (que comercializaba los fertilizantes) ejerció la actio in rem verso contra Patureau (arrendador de Garnier-Godard) para que le fuera abonado el precio de los abonos, dado que se había beneficiado de su aplicación en el terreno de su propiedad.
La decisión en el caso Boudier fue ampliamente controvertida en la doctrina francesa por la extrema amplitud de sus presupuestos de admisibilidad; años después la propia Casación gala se encargaría de moldear su naturaleza subsidiaria, condicionándola a la ausencia de otra acción nacida de un contrato, cuasicontrato, delito o cuasidelito (el tema, en detalle, en Arismendy Mengual, Lorena María, La expansión de la responsabilidad civil y la contracción del enriquecimiento injustificado en Francia. Consideraciones críticas en torno al modelo francés actual, Revista de Derecho Civil, Vol. XI, núm. 2 (abril-junio, 2024), p. 205-244; Barrientos Grandón, Javier, La actio de in rem verso en la literatura francesa de Pothier a L’arret Boudier. Revista de Historia del Derecho Privado (III), 113, 2000, p. 43-146).
Al margen del debate académico sobre la admisión de la actio in rem verso en supuestos en los que media un enriquecimiento indirecto, lo que me interesa destacar es que en el caso que aquí se dirime no se verifican las mismas circunstancias que en el dirimido por la Casación francesa. Tampoco se encuentran presentes los recaudos que la doctrina argentina (Pizarro, Vallespinos, Llambías, et al) prevén para una hipótesis semejante.
En el caso francés, Garnier-Godard era insolvente y carecía de aptitud para abonar el fertilizante que mejoró la tierra ajena. Además, la propiedad efectivamente pertenecía a Patureau, con quien Garnier-Godard había celebrado una locación que también había claudicado por falta de pago de los arrendamientos. El beneficio de Patureau por el abono de su tierra era patente y directamente correlacionado con el empobrecimiento del vendedor de los granos. No es eso lo que ocurre en este pleito.
No se ha demostrado que Marcone Benvenuto sea insolvente o no vaya a satisfacer voluntaria o forzadamente la deuda asumida frente a la actora. No hay ningún indicio —y la actora tampoco lo ha invocado— que permita inferir que la condena contra el deudor principal no podrá ser satisfecha, sea voluntariamente o por medio de una instancia ejecutoria y liquidativa de bienes. Siendo ello así, no es posible hallar un verdadero empobrecimiento de Nes S.A. (o, aun si lo fuera, sería meramente provisorio por estar pendiente la ejecución forzada de su acreencia de base negocial ya reconocida en sentencia). La actora tiene en su patrimonio un crédito reconocido judicialmente y que, firme la presente, tendrá fuerza ejecutoria y le permitirá reestablecer el desequilibrio que la mora del deudor le ha ocasionado. La posibilidad de considerar que Pennisi se enriquece sin causa a costa de Nes S.A. exige, de base, considerar que esta última no pudo —y ya no podrá, definitivamente— percibir su acreencia de su deudor negocial (Marcone). Reitero: si Marcone voluntaria o forzadamente cancela el crédito, desaparece una pieza fundamental de la actio in rem verso dado que se desvanece el alegado empobrecimiento de Nes S.A. que se invoca como legitimante para objetar el enriquecimiento de la titular del lote.
En la medida en que esto último no ocurra (y al menos, de momento, no ha ocurrido), encuentro en la condena de primera instancia un incremento indebido de la acreencia de Nes S.A. por medio de la incorporación de un nuevo sujeto pasivo y una nueva deuda que reconoce una causa distinta a la de su deudor contractual. La demanda contra Pennisi no solo no ha sido subsidiaria a otra acción fallida frente al deudor, sino que ha sido concomitante y su éxito conjunto ha conllevado el reconocimiento simultáneo de dos créditos individuales y que el fallo acumula sin condicionamientos recíprocos. Esta modalidad de condena no contempló un tipo obligacional de sujeto plural en cuyo marco los sujetos pasivos abonen una sola vez el crédito de la actora. El colega no pareciera haber impuesto obligaciones concurrentes porque uno y otro condenado deben prestaciones diversas, una de las cuales está pendiente de cuantificación (art. 850 del CCyC). Tampoco puede interpretarse que el juez haya establecido una obligación disyuntiva de tipo pasiva, dado que no está presente la unidad de objeto debido, que es lo que caracteriza a esta categoría particular (art. 853 del CCyC).
Esto significa que la condena, así como fue dictada, autoriza indebidamente a Nes S.A. a percibir acumulativamente dos créditos distintos e independientes entre sí: uno frente Marcone y, en paralelo, otro frente a Pennisi. La ausencia de un tipo obligacional de sujeto plural y la falta de condicionamientos entre una y otra condena genera un resultado que estimo injusto pues no solo se enriquece indebidamente la actora, sino que el cobro de un crédito (el de Marcone) elimina el presupuesto fáctico central que ha venido a justificar la admisión del otro (el de Pennisi).
Probablemente para evitar este escenario de duplicación de créditos es que López Mesa propone, con acierto, que en supuestos de enriquecimiento generado por la intermediación de un tercero, la acción del empobrecido «es ante todo contra el tercero, y sólo en defecto de ella, puede derivar contra el beneficiario, que es ajeno a toda relación originaria con aquél» (López Mesa, Marcelo, El enriquecimiento sin causa en el Derecho actual (Las posibilidades y los límites de un instituto controversial), Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 2009, 13: 363-398). Aquí el actor demanda acumulativamente a quienes considera dos deudores independientes, cada uno obligado por causas distintas.
Por otra parte, la situación de Pennisi es también distinta a la del propietario del campo en el caso Boudier (el Sr. Patureau). Para el momento en que Boudier habría reclamado a Patureau el pago de los fertilizantes, este último ya había recuperado la granja y era el beneficiado directo de la mejora de la tierra (Barrientos Grandón, ob.cit., p. 144).
Aquí no ocurre lo mismo: la codemandada, si bien titular registral del bien (al menos a la fecha del último informe de dominio que obra en el expediente) demostró que en junio de 2013 celebró con Marcone un convenio por medio del cual se desprendió de la posesión del lote, se la entregó a Marcone y este último se obligó a construir un edificio con una serie de unidades funcionales, cuatro de las cuales serían escrituradas a nombre de Pennisi como contraprestación.
Cualquiera sea el modelo de negocios que haya sido tenido en mira entre los contratantes, y cualquiera sea la interpretación y alcance que se le asigne a ese convenio, lo cierto es que ese acuerdo tiene una finalidad traslativa con relación al inmueble beneficiado por la obra: o sea, Pennisi ni siquiera posee el inmueble mejorado y demostró que está obligada contractualmente a desprenderse de esa propiedad, recibiendo únicamente una serie de unidades funcionales en el marco de un futuro edificio sometido a propiedad horizontal que, en lo restante, sería propiedad exclusiva de Marcone.
Es cierto que subsiste una fuerte incertidumbre sobre la suerte del negocio celebrado entre Pennisi y Marcone: nada sabemos sobre la posibilidad de que el edificio se termine, que las escrituras contempladas en el convenio de junio de 2013 sean finalmente otorgadas, o que las unidades funcionales debidas a Pennisi sean conformadas en el marco de una propiedad afectada al régimen de propiedad horizontal. El poder irrevocable celebrado mediante escritura N°155 ante la escribana Torres Rojas ya tiene su plazo decenal vencido y nada sabemos sobre si entre Marcone y Pennisi existió alguna tratativa direccionada a materializar la causa fin del negocio o a resolverlo por incumplimiento.
Pero esa incertidumbre no puede aquí justificar sin más la admisión de la demanda de la actora. Cualquiera sea la suerte de ese contrato, su fecha cierta anterior a la locación de obra de 2015 y al reconocimiento de deuda de fines de 2018, sumado a su objetivo traslativo del dominio (y la ya mencionada entrega de la posesión) impide advertir un efectivo enriquecimiento incausado de Pennisi que pueda reputarse coligado o vinculado al empobrecimiento denunciado por Nes S.A. (asumiendo, al menos por hipótesis, que la falta de pago del reconocimiento de deuda ha de reputarse aquí como un empobrecimiento a los fines del art. 1794 del CCyC, lo cual -como dije- es de por sí cuestionable).
Dicho en palabras de Pizarro y Vallespinos: no se ha demostrado que, «pese a la discontinuidad, pueda establecerse la indivisibilidad del origen de los desplazamientos patrimoniales de bienes cuestionados» (ob.cit., p. 375).
ii. El mandato oculto entre Pennisi y Marcone A lo dicho en párrafos anteriores se suman otras razones por las cuales considero que la acción contra Pennisi no puede prosperar. Como señalé, el magistrado consideró que Marcone actuó como mandatario de Pennisi, premisa a partir de la cual consideró viable la actio in rem verso del art. 1794 del CCyC. No comparto este encuadre.
En primer lugar, en ningún momento la actora alegó que la demandada Pennisi haya actuado como mandante de Marcone al momento de suscribir la locación de obra o el ulterior reconocimiento de deuda. Con ello quiero decir que la tesis del mandato se presenta como una novedad del fallo: un encuadre que ni la reclamante invocó ni respecto del cual la accionada pudo defenderse, todo lo cual resulta contrario al postulado de la congruencia (arts. 18 CN, 34.4 y 163.6 del CPCCBA).
Si bien los jueces, de la mano del postulado del «iura novit curia», tienen un generoso margen para interpretar la demanda, sus fundamentos y sus alcances, lo cierto es que tal prerrogativa no es absoluta, ya que “no autoriza a alterar las bases fácticas del litigio, ni la «causa petendi», ni tampoco a la admisión de hechos o defensas no esgrimidas por los litigantes" (SCBA, C. 88.434, sent. del 08/03/2007, C. 112.660, sent. del 08/07/2012, C. 117.314, del 12/11/2014, entre muchos otros). En segundo lugar, y al margen de lo anterior, advierto que no hay en el negocio celebrado entre Pennisi y Marcone, ni en ningún otro elemento contextual, razones para considerar que la primera fue mandante del segundo, o que este último realizó gestiones en nombre propio o asumió deudas ante la actora como mandatario de Pennisi, como se alega en la sentencia de primera instancia.
La cláusula tercera del contrato del 5/06/2013 deja en claro que la situación era la opuesta: el modelo de negocios implicaba que era Marcone, y no Pennisi, quien asumía la carga financiera de la obra en su totalidad y los riesgos propios de la empresa allí cometida. Esto significa que Marcone actuó frente a Nes S.A. en nombre e interés propio, lo que excluye la hipótesis del mandato y la figura de Pennisi como supuesta mandante. Nes S.A. ha decidido voluntariamente contratar sólo con Marcone Benvenuto, sin procurar la intervención de la propietaria del lote en el cual se realizaría la obra. Mediando la diligencia debida, Nes S.A. sabía —o debió saber, actuando con cuidado y previsión— el riesgo que asumía al tener como único deudor a quien no era propietario de la heredad donde se hizo la construcción (y que el inmueble, consecuentemente, no formaba parte del patrimonio que hacía las veces de garantía común para responder por el crédito reconocido) (art. 961 del CCyC).
En tercer lugar, y aun si se considerase que en el caso medió un mandato sin representación (donde Marcone actuó en nombre propio, pero en interés de Pennisi), lo cierto es que tampoco procedería la actio in rem verso.
Sin dejar de destacar la valiosa opinión de Pizarro y Vallespinos citada por el colega (que replican en este punto la posición de Llambías), no parece razonable admitir una acción de enriquecimiento sin causa cuando el motivo que la justifica tiene un evidente cariz contractual y la legislación civil prevé una herramienta de protección del crédito para el tercero que contrata frente a un mandatario oculto, quien actuó en nombre propio, pero en (aquí supuesto y nunca demostrado) interés ajeno.
Si acaso Nes S.A. hubiese considerado que Marcone fue mandatario de Pennisi, pues entonces debió acreditar esa circunstancia y fundar su reclamo en una acción indirecta sobre la base de los contratos relacionados por el pretenso mandato: el de la actora con el mandatario oculto y el de este último con la alegada mandante. Si el acto es lícito —como lo fueron los negocios y reconocimientos entre Marcone y Nes S.A.— la existencia de un mandato oculto entre Pennisi y Marcone autorizaba a Nes S.A. a ejercer una acción subrogatoria o indirecta para reclamar a Pennisi (mandante) lo que Marcone (mandatario oculto) le adeuda a esta última, tal como lo preveía el art. 1929 del Código de Vélez y actualmente contempla el apartado final del art. 1321 del Código Civil y Comercial (el tema, en detalle, en Lorenzetti, Ricardo L. Tratado de los contratos, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 1999, t. II. p.233; Müller, Enrique C., en Código Civil y Comercial Comentado [Lorenzetti -dir.-], Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, t. X, p. 77). Con lo dicho quiero significar que el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo de tutela del tercero que contrata con el mandatario oculto que actúa en nombre propio, pero en interés ajeno. Esta forma especial de tutela la contemplaba el Código Velezano (art. 1929 del CC) por medio de una acción indirecta que ha replicado también el nuevo Código Civil y Comercial (art. 1321 del CCyC). Siendo ello así, la nota de subsidiariedad que regula el art. 1795 del CCyC, y que condiciona la admisibilidad de la actio in rem verso, no se halla presente en el caso. La demanda, por este motivo y por los restantes ya enunciados, tampoco podía prosperar.
iii. Por todas las razones expuesta en los párrafos anteriores, considero que la pretensión dirigida contra la Sra. Cayetana Luisa Pennisi fundada en el enriquecimiento sin causa debe ser desestimada, con costas de ambas instancias a la parte actora (art. cit., 1794 y 1795 del CCyC, 34.4, 163.6 y cctes. del CPCCBA).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación del Sr. Francisco Aldo Xavier Marcone Benvenuto, con costas (art. 68 del CPCCBA); II) Hacer lugar al recurso de apelación de la Sra. Cayetana Luisa Pennisi, revocando la sentencia de primera instancia y rechazando la demanda contra ella interpuesta, con costas de ambas instancias a la parte actora en su carácter de vencida (art. 68 y 274 del CPCCBA);
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación del Sr. Francisco Aldo Xavier Marcone Benvenuto, con costas (art. 68 del CPCCBA); II) Hacer lugar al recurso de apelación de la Sra. Cayetana Luisa Pennisi, revocando la sentencia de primera instancia y rechazando la demanda contra ella interpuesta, con costas de ambas instancias a la parte actora en su carácter de vencida (art. 68 y 274 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE a la actora y a la defensa pública del demandado en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
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Fin de la sentencia