Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 146735708-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar la nulidad de la sentencia en los términos que surgen del Considerando VI;
II. Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, reconociendo el derecho de la firma Nestle Argentina SA, a obtener el reintegro de la suma de $$562.522,08 en concepto de derechos de exportación abonados sin causa –respecto de los Permisos de Embarque 180692EC01007038Y, 18062EC01007039P, 18062EC01007041X, 18062EC01007049Z, 18062EC01007062L, 18062EC01006859B y 18062EC01007090M–, conforme los términos que surgen del Considerando XI, con más sus respectivos intereses, de acuerdo con lo establecido en el Considerando XII. Con costas en ambas instancias a la parte demandada vencida.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 18877/2024/CA1; NESTLE ARGENTINA SA (TF 146735708–A)
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DVP Buenos Aires, de septiembre de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Mediante sentencia del 30/05/2024, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, resolvió: rechazar, con costas por su orden, el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y, en consecuencia, confirmar las Resoluciones Nº 506/2023, 507/2023, 508/2023, 509/2023, 510/20223, 511/2023, 512/2023, 513/2023 y 514/2023 por las que la División de Aduanas de Santa Fe había desestimado las solicitudes de devolución de sumas abonadas en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 793/2018, respecto de diversos Permisos de Embarque.
En lo sustancial, sostuvo que las cuestiones planteadas resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el fallo plenario del 26/4/2022, dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” en el cual, se había acordado fijar como doctrina legal (i) que aquél no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente; (ii) que el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, de conformidad con lo previsto en el artículo 755 del Código Aduanero; y (iii) que no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones dictadas por la Dirección General de Aduanas denegando la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación de lo dispuesto en el referido decreto y respecto de destinaciones de exportación registradas a partir del 4/9/2018 fecha en la que aquél entró en vigencia y hasta el 4/12/2018, cuando entró en vigor la ley 27.467. Sobre esta base, entendió que debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a los permisos de embarque involucrados en la controversia Finalmente, impuso las costas en el orden causado, por considerar que pese al plenario sobre el cual se decidió la cuestión, la parte actora contaba con sobrados fundamentos –jurisprudencia del Alto Tribunal y de todas las Salas de esta Alzada– para considerar que le asistía razón al realizar su planteo de devolución.
II. Contra dicha decisión se alzan ambas partes. La actora interpone recurso de apelación el 17/06/2024 y expone sus agravios el 19/06/2024, los que fueron replicados por la contraria el 02/08/2024; mientras que la demandada hace lo propio el 02/08/2024 –siendo sus agravios contestados el 09/08/2024–.
La demandada limita sus agravios al régimen de costas dispuestos por el Tribunal Fiscal.
Argumenta que en el caso sub-examine, no existen fundamentos que permitan apartarse del principio objetivo de la derrota, criterio sentado como regla general en materia de costas conforme lo normado en el artículo 1163, primer párrafo, del Código Aduanero y el artículo 68, también primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Sostiene que la cuestión no es novedosa, y argumenta que la firma actora no podía desconocer la existencia del plenario –el que, según afirma, fue dictado a los pocos días del inicio del sub-examine– por lo que al no mediar un desistimiento oportuno, las costas deben ser impuestas a la vencida.
III. Por su parte, la firma actora, luego de reseñar los antecedentes de la causa, así como los principales fundamentos del decisorio del Tribunal Fiscal, efectúa diversas consideraciones en torno a la inexistencia de una doctrina mayoritaria en el plenario utilizado para resolver el fondo de la cuestión, lo cual –según afirma- se constituye en un óbice para reputar por válida la sentencia recurrida.
Aduce que la doctrina plenaria establecida por el Tribunal Fiscal de la Nación resulta incompatible con las previsiones que surgen de la Constitución Nacional y los lineamientos establecidos por la Corte Suprema en el caso “Camaronera Patagónica S.A.”. Así las cosas, sostiene que las Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 18877/2024/CA1; NESTLE ARGENTINA SA (TF 146735708–A)
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modificaciones introducidas mediante el decreto 793/2018 resultan inconstitucionales por violar el principio de legalidad y reserva de ley en materia tributaria. En particular, explica que, al momento de registrar los permisos de embarque involucrados en la causa, aquél no había sido ratificado por la ley 27.467.
Puntualiza que, a partir de la reforma constitucional de 1994, el artículo 755 del Código Aduanero es insuficiente para sustentar una delegación legislativa como la que pretende ejercer el Poder Ejecutivo mediante el dictado del decreto 793/2018. Destaca que la invocación de esa disposición para justificar su potestad para establecer derechos de exportación es contradictoria no sólo con la jurisprudencia del Máximo Tribunal, sino también con los criterios expuestos por todas las Salas de esta Cámara.
Remarca que, si bien podría delegarse en el Poder Ejecutivo la fijación de aspectos cuantitativos de la obligación tributaria, ello se encuentra condicionado a que el Congreso fije pautas y límites precisos para el ejercicio de esa facultad, sin que el artículo 755 del Código Aduanero respetase los recaudos específicos previstos para la delegación legislativa. En este sentido, afirma que, en la medida en que tal disposición no establece una clara política legislativa sobre el punto, no puede considerárselo “como norma autorizante para la fijación de los derechos de exportación”.
Asevera que, de conformidad con lo señalado por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica”, la inconstitucionalidad pretendida debe extenderse al periodo comprendido entre la fecha en que entró en vigencia el decreto 793/2018 y aquella en la que comenzó a regir la ley 27.467 que lo ratificó. Indica que “la ratificación legislativa de una norma tributaria como la que establece Derechos de Exportación solo puede operar para futuro”.
Manifiesta que las cuestiones planteadas en las presentes actuaciones resultan sustancialmente análogas a las expuestas por la Corte en el citado precedente “Camaronera Patagónica”, donde –en definitiva– se descartó la eficacia del artículo 755 del Código Aduanero –así como de otras normas invocadas– como fuente de una legítima delegación legislativa en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional al omitir toda precisión sobre los elementos esenciales de los derechos de exportación a fijar –o al menos un límite máximo a nivel cuantitativo–, así como la total ausencia de una clara política legislativo al respecto.
Cita jurisprudencia de la totalidad de las Salas de esta Alzada en sustento de su tesitura.
En virtud de lo expuesto, solicita que se haga lugar a la repetición incoada y se ordene a la Aduana el reintegro de las sumas ingresadas en concepto de derecho de exportación con más los accesorios que imponen los artículos 811 y 812 del Código Aduanero y la Resolución 598/2019, y que en caso de ordenarse la devolución en pesos “se aplique la actualización en función de la devaluación de la moneda de curso legal dispuesta por el Gobierno Nacional”.
IV. En primer término, es importante destacar que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf., CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus, “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022; “PBB Polisur SRL (TF 40583686–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº 15235/2024, del 20/02/2025; “Argensun SA (TF 36606041–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº 5623/2024, del 27/03/2025, entre muchos otros V. Desde otro ángulo, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 18877/2024/CA1; NESTLE ARGENTINA SA (TF 146735708–A)
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virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de los hechos, la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022; “PBB Polisur SRL (TF 40583686–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº 15235/2024, del 20/02/2025; “Argensun SA (TF 36606041–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº 5623/2024, del 27/03/2025, entre muchos otros)
VI. Sentado todo ello, y en virtud de lo resuelto en el decisorio apelado, en donde el Tribual Fiscal de la Nación confirmó las Resoluciones Nº 506/2023, 507/2023, 508/2023, 509/2023, 510/20223, 511/2023, 512/2023, 513/2023 y 514/2023, así como por los términos empleados por las partes contendientes en sus recursos –donde se mencionan la totalidad de las resoluciones supra expuestas– corresponde, en primer término, hacer un breve resumen del iter procesal que llevó al dictado de la sentencia aquí apelada.
En esta línea, conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones acompañadas por el Tribunal Fiscal mediante DEO 16226051 (ver particularmente presentación de fs. 113/114 y proveído de fs. 128/129), el expediente EX-2023-146735708-APN-SGASAD#TFN –que culminó con la sentencia cuestionada en autos– se generó como consecuencia de la intimación cursada por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación en el expediente EX-2023-123570465-APN-SGASAD#TFN, donde frente al recurso presentado por la firma actora, con el objeto de que se dejaran sin efecto las Resoluciones Nº 506/2023, 507/2023, 508/2023, 509/2023, 510/20223, 511/2023, 512/2023, 513/2023 y 514/2023, se dispuso que, en atención a lo normado en el art. 25 del Reglamento del Tribunal Fiscal de la Nación, se tendría por interpuesto únicamente el recurso contra la Resolución Nº 506/2023 (AD SAFE) –dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17481-164-2021– debiendo la firma actora, en el plazo de 10 días, iniciar un nuevo expediente por cada una de las restantes resoluciones aduaneras cuestionadas, señalando en cada uno de los escritos a cuál de ellas se hacía referencia (ver espec. fs. 238/239 del EX-2023-123570465-APN- SGASAD#TFN).
En virtud de lo expuesto, y como fuera supra señalado, la accionante inició el expediente bajo estudio, indicando que el recurso alcanzaba únicamente a la Resolución Nº 512/2023 –dictada en las actuaciones SIGEA # 17481-180-2021–, mediante la cual no se había hecho lugar a la solicitud de devolución de $562.522,08 vinculado a los P.E. 18 0692EC01007038Y, 18062EC01007039P, 18062EC01007041X, 18062 EC01007049Z, 18062EC01007062L, 18062EC01006859B y 18062EC01 007090M. Asimismo, en dicha oportunidad, Nestlé solicitó la acumulación de expedientes (ver. fs. 113/114 de las actuaciones acompañadas mediante DEO 16226051).
Así las cosas, mediante proveído de fecha 19 de febrero de 2024, el Tribunal a quo le hizo saber a la demandada que la resolución apelada en autos era la Nº 512/2023 y rechazó, por improcedente, el pedido de acumulación solicitado por la actora.
En este orden de ideas, los propios Considerandos del decisorio apelado exhiben la confusión y errónea apreciación del alcance del objeto de autos, al referirse, por un lado, a la totalidad de las Resoluciones Aduaneras – Nro. 506/507/2023, 508/2023, 509/2023, 510/20223, 511/2023, 512/2023, 513/2023 y 514/2023– pero, por el otro, únicamente a los permisos de embarque y las actuaciones administrativas ligadas con la Resolución Nº 512/2023 (ver particularmente Considerando IV y V del decisorio del TFN). Así las cosas y teniendo en cuenta que en la presente causa únicamente se encontraba discutida la procedencia de la devolución de los Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 18877/2024/CA1; NESTLE ARGENTINA SA (TF 146735708–A)
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importes abonados en virtud de los P.E 180692EC01007038Y, 18062EC01007039P, 18062EC01007041X, 18062 EC01007049Z, 18062EC01007062L, 18062EC01006859B y 18062EC01 007090M, cuyo rechazo fuera confirmado por la Resolución 512/2023, el Tribunal Fiscal de la Nación no se encontraba habilitado para expedirse sobre las restantes resoluciones a las que hizo referencia en su decisorio.
Ello es así conforme el principio de congruencia –iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium– previsto en los arts. 34, inc. 4°; 163 y, especialmente, en los arts. 277 y 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que se estaría alterando la causa del reclamo.
En efecto, “es postulado liminar del proceso judicial que la sentencia final que en él se adopte debe ajustarse, como primera medida, a las `pretensiones deducidas´ por las partes. Ello, a fin de preservar el denominado `principio de congruencia´ y evitar -en caso de que no se respete- la descalificación del pronunciamiento por nulidad (art. 34, inc. 4°, cod. cit). La trascendencia de este principio es tal, al punto de habérsele reconocido la más alta jerarquía. Ello obedece a que, en tanto manifestación de la defensa en juicio y del derecho de propiedad, integra el sistema de garantías procesales constitucionales orientadas a proteger los derechos y no a perjudicarlos” (CSJN, Fallos 315:106; ver, asimismo, Fallos: 294:127; 306:2054; 310:1764, entre otros; esta Cámara, Sala IV, “Toer Ariel Esteban c/ EN y/o responsable s/ daños y perjuicios”, Causa, Nº 30.005/07, del 28/6/12).
Es que, aun cuando de conformidad con la regla iura novit curia el juzgador tenga la facultad y el deber de analizar los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando de modo autónomo la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes, estas atribuciones no llegan a establecer como objeto de la condena algo que no es congruente con los términos de la demanda (Fallos: 308:1087, entre otros). En virtud de lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de la sentencia en cuanto confirmó las Resoluciones Nro. 506/2023, 507/2023, 508/2023, 509/2023, 510/2023, 511/2023, 513/2023 y 514/2023 que no integraban el objeto de la presente litis.
VII. Sin perjuicio de lo expuesto, y en virtud de lo normado en el artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, toda vez que el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar la Resolución Nº 512/2023 –objeto de autos– por aplicación de la doctrina sentada en el fallo plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia” y que, como fuera transcripto supra, los agravios vertidos por las partes se centran primordialmente en la pertinencia y las consecuencias de la aplicación del mentado plenario al caso concreto, corresponde a esta Alzada expedirse sobre el punto y resolver el fondo de la cuestión.
Así las cosas, es menester puntualizar que en el caso subexamine corresponde determinar si los derechos de exportación abonados por la firma Nestlé Argentina SA, conforme a las disposiciones del decreto 793/18 (B.O. 4/9/2018), resultan o no ajustados a derecho.
En este sentido, cabe precisar que las actuaciones administrativas SIGEA 17481-180-2021, fueron iniciadas con las solicitudes de repetición efectuadas por la firma Nestlé Argentina SA para que se le restituyeran las sumas pagadas por aplicación del decreto 793/2018 en concepto de derechos de exportación con relación a los Permisos de Embarque 180692EC01007038Y, 18062EC01007039P, 18062EC01007041X, 18062EC01007049Z, 18062EC01007062L, 18062EC01006859B y 18062EC01007090M, por un monto total de $562.522,08 (cfr. fs. 371/385 del DEO 16226051). Dichas solicitudes fueron rechazadas por la Administración de la Aduana de Santa Fe por intermedio de la Resolución 512/2023.
Ello motivó que, con fecha 09/12/2023, la actora interpusiera recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. fs 5/83, del Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 18877/2024/CA1; NESTLE ARGENTINA SA (TF 146735708–A)
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expediente digital remitido el 07/11/2024), que –tal como se indicó– fue desestimado mediante decisorio de fecha 30/05/2024.
VIII. Así las cosas, corresponde describir el plexo normativo aplicable al caso bajo estudio.
En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone lo siguiente: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (art. 76, primer párrafo, de la Constitución Nacional).
Por otro lado, en su art. 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran –en lo que aquí interesa– las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inc. 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inc. 3º). Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (art. 99, inc. 3º).
A su vez el art. 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inc. 12).
Por su parte, el art. 755 del Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido”.
IX. Por otro lado, cabe puntualizar que en el precedente registrado Fallos: 337:388, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ Amparo” (sentencia del 15/4/2014), la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas” (considerando 6º).
Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 18877/2024/CA1; NESTLE ARGENTINA SA (TF 146735708–A)
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recaudatoria –es decir, para nutrir el erario público– y también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales.
En este sentido, la Corte Suprema sostuvo que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo –específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (considerando 7º). Así las cosas, luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate – especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la resolución 11/2002– con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”; y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (considerando 8º).
A continuación, con relación al principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que éste no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo” (considerando 9º).
A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la resolución 11/2002, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (considerando 9º, último párrafo).
Seguidamente, en el considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”. Luego, indicó que, en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo por lo tanto en autorizar elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa. A partir de este análisis la Corte federal concluyó que la resolución 11/2002 resultaba inválida. Sin embargo, en el considerando 11 descartó que pudiera ignorarse que la ley 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “es evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 18877/2024/CA1; NESTLE ARGENTINA SA (TF 146735708–A)
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de agosto de 2002”, lo cual representó “la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”.
Por lo tanto, negando que la ley 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la resolución 11/2002, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia”; y resolvió que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento –este último– a partir del cual había comenzado a regir la ley 25.645.
X. Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por esta Sala en el precedente “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, causa 377/2021, sentencia del 18/10/2022 (criterio reiterado por esta Sala –en su actual integración– en los casos “Over Organización Veterinaria Regional SRL c/ EN-DGA – SIGEA 13289/3919/2019 s/ dirección general de aduanas”, causa 42.682/2022, sentencia del 14/5/2024 y “Newsan SA (TF 9768500-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 17.252/2023, sentencia del 21/5/2024; y en los precedentes “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 26.963/2022, sentencia del 29/12/2022; “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN -AFIP- DGA s/ dirección general de aduanas”, causa 62.761/2019, sentencia del 3/2/2023; “El Galgo SA c/ EN –AFIP DGA s/dirección general de aduanas”, causa 14.520/2020, sentencia del 28/3/2023; “Arcor SAIC (TF 69421146-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 23.225/2023, sentencia del 7/11/2023; “Arcor SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 26.774/23, sentencia del 21/11/2023); “Enap Sipetrol Argentina SA (TF 25115520-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 29.337/2023, sentencia del 23/11/2023); “Refinería del Norte SA (TF 47880908-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 30.542/2023, sentencia del 23/11/2023; “Refinería del Norte SA (TF 47866058-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 34.644/2023, sentencia del 14/12/2023).
En dicho precedente, se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen. Al mismo tiempo, se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala en el precedente “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ amparo”, Causa 74.554/2018, sentencia del 14/11/2019.
En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el decreto 793/2018 en las facultades del artículo 99, inciso 2º de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad. Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la ley 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica S.A.”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
A su vez, con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 27.467, se dispuso que el decreto 793/2018 –aquí cuestionado– careció de vigencia entre el 4/9/2018 –fecha de entrada en vigor del aludido decreto– y el 13/12/2018 –fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467– (cfr. esta Sala –en su actual integración– in re: “Over Organización Veterinaria Regional S.R.L.”, ya citado, considerando VI), por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho período.
XI. De conformidad con todo lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el considerando que antecede –ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico–, en línea con lo allí resuelto, corresponde Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 18877/2024/CA1; NESTLE ARGENTINA SA (TF 146735708–A)
c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO .
admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
Por ello, toda vez que las operaciones relativas a las destinaciones aquí examinadas, tuvieron lugar con anterioridad al 13/12/2018 –concretamente, fueron oficializadas el 05/10/2018, el 12/10/2018 y el 16/10/2018, conforme surge de las constancias administrativas acompañadas en el expediente digital remitido el 07/11/2024–, deberá reintegrarse la suma de $562.522,08.
XII. En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), en la medida en que los reclamos de repetición fueron presentados el 12/07/2021, los intereses deberán calcularse de la siguiente manera: (i) desde el momento de presentación del reclamo y hasta el 31/8/2022, conforme a la tasa prevista en la resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda (cfr. artículo 10, vigente a partir del 1º/8/2019); (ii) desde el 01/09/2022 y hasta el 31/01/2024, de acuerdo con la establecida en la resolución 559/2022 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 9º); (iii) desde el 01/02/2024 y hasta el 28/02/2025, de conformidad con la contemplada en la resolución 3/2024 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 10); (iv) desde el 01/03/2025 y hasta el 30/06/2025 según la tasa contemplada en la resolución 199/2025 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 3º); (v) a partir del 01/07/2025 según la tasa prevista la resolución 823/2025 del Ministerio de Economía; o la que la sustituya, hasta el momento del efectivo pago (esta Sala, in rebus: “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 28712-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 43.705/2023, sentencia del 2/2/2024; “Minera Santa Cruz S.A. (TF 27393717-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 34.659/2023, sentencia del 12/3/2024, entre otras) y en las condiciones establecidas por la CSJN en la causa “Cencosud (TF 29.535-A) c/ DGA", sentencia del 15/5/2014, y de conformidad con la liquidación que deberá practicarse oportunamente (cfr. esta Sala, expte. CAF 43700/2023/CA1 in re “Genoma Laboratories SA c/EN–AFIP–DGA–SIGEA 19144–10022–2019 s/Dirección General de Aduanas”, del 5/11/2024).
XIII. Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se revoca el decisorio apelado, y que no se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas –en ambas instancias– a la parte demandada vencida (artículos 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: I) Declarar la nulidad de la sentencia en los términos que surgen del Considerando VI;
II. Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, reconociendo el derecho de la firma Nestle Argentina SA, a obtener el reintegro de la suma de $$562.522,08 en concepto de derechos de exportación abonados sin causa –respecto de los Permisos de Embarque 180692EC01007038Y, 18062EC01007039P, 18062EC01007041X, 18062EC01007049Z, 18062EC01007062L, 18062EC01006859B y 18062EC01007090M–, conforme los términos que surgen del Considerando XI, con más sus respectivos intereses, de acuerdo con lo establecido en el Considerando XII. Con costas en ambas instancias a la parte demandada vencida.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia