Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33198702-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
26505/2025 “NESTLE ARGENTINA SA (TF 33198702-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 19 de agosto de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 33198702-A (v. DEO del 16/7/25) para considerar “los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 06/11/2024 y 13/12/2024 (v. IF-2024-121816060-APN-DTD#JGM e IF-2024-137034131- APN- DTD#JGM), concedidos el 07/11/2024 y 31/03/2025 (v. PV-2024-122416127-APN- VOCXVII#TFN y PV-2025-33471884-APN-VOCXVII#TFN) contra la sentencia dictada el 29/10/2024… (v. IF-2024-118223577-APNVOCXVII#TFN)” (v. nota en la pág. 827 del expte. electrónico, donde también consta que las partes expresaron agravios dentro del plazo legal, y contestaron los traslados conferidos); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó la resolución AD SAFE 568/23, recaída en la actuación administrativa 17481-166-2021, en cuanto había denegado la devolución de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación a los permisos de embarque 18 062 EC01 006415 M, 18 062 EC01 006446 Z, 18 062 EC01 006452 N, 18 062 EC01 006459 U, 18 062 EC01 006460 M, 18 062 EC01 006227 N, 18 062 EC01 006288 U, 18 062 EC01 00370 M y 18 062 EC01 006460 M, oficializados entre el 4/9/18 y el 12/12/18. Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
Distribuyó las costas por su orden dada la complejidad de la cuestión y el hecho de que se la resolviese por un acuerdo plenario.
2. Que, en sus agravios, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
A la luz de ese criterio jurisprudencial, añadió que el dictado de la ley 26.122 no modificaba la situación que se planteaba con relación al decreto 793/18, y que la ley 27.467 no pudo convalidarlo hacia el pasado.
En otro orden de ideas, argumentó que el plenario al que remitía la resolución no fijaba una doctrina legal unívoca, ya que los vocales firmantes arribaron a una misma conclusión por diversos argumentos; todo lo cual le impedía ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
Finalmente, pidió que la restitución del importe ingresado en concepto de derechos de exportación se dispusiese en dólares estadounidenses o, en su defecto, en pesos con la debida actualización -en función de la inflación y devaluación sufrida por la moneda de curso legal- y con los intereses correspondientes en los términos del artículo 811 del Código Aduanero. Todo ello, con expresa imposición de costas a la contraria.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 6/8/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que la cuestión de fondo ha sido examinada por este Tribunal en las causas 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA”, sentencia del 31/5/22, y 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851-A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde admitir parcialmente los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada y declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 (BO 4/9/18) por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor y hasta la entrada en vigencia de la ley 27.467 (el 13/12/18, cfr. esta Sala causa 16465/24 “Syngenta Agro SA”, sent. del 14/11/24, consid. 5° y sus citas), que otorgó rango legal a su contenido.
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26505/2025 “NESTLE ARGENTINA SA (TF 33198702-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Por consiguiente, se hace lugar a la devolución de los importes abonados por tal concepto con relación a las destinaciones de exportación involucradas en esta actuación (todas las cuales fueron registradas con antelación al 13/12/18, v. p. 294 y ss., expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde estar a lo resuelto por la Corte federal en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14.
Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º).
Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues -de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, deberán devolverse los importes efectivamente abonados en pesos que surgen de las actuaciones administrativas (cfr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que el restante planteo de la actora no puede ser atendido por cuanto conllevaría a un desconocimiento de las normas dispuestas por el legislador con posterioridad la sanción del Código Aduanero, a través de las cuales se instauró la prohibición de indexación, mediante las leyes 23.928 y 25.561 (doctr. esta Sala, causa 63190/19 “Industrial And Commercial Bank Of China c/ AFIP – DGI s/Dirección General Impositiva”, sent. del 7/11/23). Además, no efectuó en el memorial un análisis riguroso que compruebe de qué forma esas normas resultan lesivas de sus derechos constitucionales en el caso concreto, como hubiese sido necesario acreditar, dada la naturaleza de la decisión pretendida (doctr. Fallos: 270:124; 301:1062; 327:5605; 328:1416, entre otros).
ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que, por las consideraciones precedentes, las costas de ambas instancias se imponen al demandado, sustancialmente vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
9. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. proveído del 8/8/25).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 16/7/25, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE. Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa según su estado (v. DEO enviado el 5/8/25).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia