Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121887
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal declaró de oficio su incompetencia. En consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen a fin que, con renovada integración, continúe entendiendo según el estado del proceso.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.887, "Molino, Valeria Beatriz contra Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Soria, Torres, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, se declaró incompetente -de oficio- para conocer en las presentes actuaciones, sin costas (v. fs. 187/190).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 191/198 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa destacar, el tribunal -de oficio- se declaró incompetente para entender en las actuaciones promovidas por la señora Valeria Beatriz Molino contra Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner S.A.M.I.C. mediante la que procuraba el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido -con más el sueldo anual complementario sobre estos últimos rubros-, las multas contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, 45 y 46 de la ley 25.345, vacaciones proporcionales, sueldo anual complementario proporcional, salario adeudado y reparación del daño ocasionado por mobbing , y dispuso su archivo (v. fs. 24/26).
Para así decidir, juzgó que la acción instaurada involucra como legitimado pasivo a un ente que, sea por la conformación de sus recursos, por la normativa de creación o por el régimen previsional de sus agentes, pertenece a la Administración Pública "ora al Estado Nacional, ora al Provincial" (v. fs. 188) y, por ende, se encuentra excluida expresamente la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo a sus dependientes, conforme lo establecido en el art. 2 de dicho texto legal (v. fs. 187/189).
En estas condiciones, estableció la pertinencia de la intervención de la justicia federal o contencioso administrativa provincial, quedando desplazada -a su entender- la ordinaria del trabajo.
II. Contra esa decisión se alza la actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 10, 11 y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 330, 354, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial provincial. Asimismo, postula que la decisión de origen transgrede doctrina legal de este Tribunal (v. fs. 191/198 vta.).
Señala que, si bien es cierto que el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner S.A.M.I.C. es un ente público, la invocada no deja de ser una relación laboral encuadrada en un convenio colectivo y, conforme lo dictaminado por el art. 2 de la ley 11.653, propia del ámbito de competencia de la justicia del trabajo.
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal en la que se sostuvo que la competencia se determina, en principio, por la naturaleza jurídica de los reclamos que el actor propone a decisión judicial, es decir, por la índole de la acción ejercida (v. fs. 195).
Aclara que, como se resolvió en el precedente "Madorrán" de la Corte federal, los principios protectorios, de justicia social, de progresividad y pro homine están presentes en todas las relaciones laborales sin distinguirse si se desarrollan en el ámbito privado o -como en el caso- en el sector público.
III. El recurso prospera por los siguientes fundamentos.
III.1. Tal como surge de la reseña de antecedentes, de manera un tanto ambigua, el tribunal de origen entendió que la competencia para entender en las presentes actuaciones debía ser atribuida a la jurisdicción contencioso administrativa provincial o a la federal.
III.2. Sobre esa base, si bien asiste razón al impugnante en cuanto manifiesta que es doctrina legal de este Tribunal que la competencia se determina, en principio, por la naturaleza jurídica de los reclamos que el actor propone a decisión judicial, es decir, por la índole de la acción ejercida (causas L. 90.493, "Arétola", sent. de 4-X-2006; L. 103.394, "Rosales", sent. de 15-VII-2009; L. 98.074, "Braillard", sent. de 10-III-2010; L. 116.682, "Suko", sent. de 26-III-2015; e.o.), entiendo que no corresponde revisar la decisión en cuanto determinó la "pertinencia de la intervención" de la justicia contencioso-administrativa provincial, toda vez que tal pronunciamiento -en la medida que no atribuye el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial y tampoco resuelve sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes ni sobre la suerte o existencia del derecho de fondo- no es definitivo (causas L. 97.552, "Silva", sent. de 15-VII-2009; L. 109.402, "Cuellar", sent. de 4-V-2011 y L. 117.445, "Municipalidad de Bragado", sent. de 8-IV-2015).
III.3. Con respecto a la otra definición contenida en el pronunciamiento relativa a la intervención de la justicia federal, teniendo en cuenta que el tribunal a quo declaró su incompetencia de oficio, sin correr traslado a la demandada, y en tanto la competencia federal por razón de la persona es prorrogable en favor de la justicia local, constituyendo un tema disponible para la parte interesada (causas L. 36.157, "Leonardi", sent. de 9-IX-86; L. 36.791, "Nuñez", sent. de 11-XI-86 y L. 63.348, "Mansilla", sent. de 28-X-1997), la considero dictada en forma prematura.
IV. Por lo expuesto, con el alcance indicado, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto en cuanto, prematuramente, declaró de oficio su incompetencia para intervenir en las presentes actuaciones.
Los autos deberán volver al órgano de origen a fin que, con renovada integración, continúe con el procedimiento según su estado y, oportunamente, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Con los alcances indicados, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Puede observarse que en la resolución recurrida el tribunal de grado no se ha expedido acerca de la naturaleza jurídica que habría involucrado a las partes ni sobre la suerte o existencia del derecho de fondo, y si bien se ha inhibido para conocer en las actuaciones tampoco ha atribuido concretamente la competencia a una jurisdicción extraprovincial ni en rigor -aunque ello no sea aquí dirimente- a tribunales provinciales de otros fueros.
Luego, entiendo que el pronunciamiento recurrido no reviste el carácter de definitivo (causas L. 101.056, "Díaz", sent. de 3-VI-2009; L. 109.402, "Cuellar", sent. de 4-V-2011 y L. 121.358, "Ojeda", sent. de 7-VIII-2019), lo que obsta a abordar la cuestión planteada en este acuerdo.
II. En virtud de lo expuesto y a mérito de su inadmisibilidad, cabe desestimar el recurso traído (arts. 63, ley 11.653 y 278, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
Los señores Jueces doctores Torres y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal declaró de oficio su incompetencia. En consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen a fin que, con renovada integración, continúe entendiendo según el estado del proceso.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:30:49 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:49:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2020 21:16:01 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 18:59:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 17:55:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 18:17:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia