Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial de Bahía Blanca, Sala II · Causa 170903
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la decisión apelada.
2Imponer las costas a la recurrente en su condición de vencida.
Carátula:
Bahía Blanca, fecha resultante del último certificado de firma digital.-
A- Antecedentes .
Intervienen en el recurso la Sra. Defensora Oficial Dra. María Andrea Ducid (MAD) en representación del Sr. Ángel Ernesto Cepeda (AEC), como parte demandada recurrente, y el Sr. Jorge Oscar Neuman (JON) en carácter de parte actora . Se menciona a los codemandados Sr. Miguel Ángel Cepeda (MAC) y la Sra. Cristina Araceli Cepeda (CAC).
En adelante, todos los actuantes serán mencionados por las iniciales que siguen a sus respectivos nombres completos.
B- La cuestión suscitada .
El Sr. JON promovió la ejecución de la sentencia de fecha 14/07/2023, por la suma de $969.900 en concepto de la cláusula penal admitida, conforme boleto de compraventa base de la acción estimada, contra los Sres. MAC, CAC y AEC y solicitó se decrete la inhibición general de bienes y el embargo de cuentas y activos bancarios de los demandados.
C- Lo resuelto en primera instancia .
El 01/10/2026, la magistrada actuante tuvo por promovida la ejecución de sentencia y concedió las medidas cautelares de inhibición y embargo solicitadas.
D- El recurso .
D. 1) Esa decisión motivó el recurso de reposición con apelación en subsidio de la Sra. Defensora Oficial Dra. MAD de fecha 07/10. La magistrada sostuvo su decisión y concedió el recurso en subsidio.
La recurrente sostiene que no corresponde la medida cautelar general decretada contra los herederos, "en tanto la ley de orden público impone la presunción legal de aceptación de herencia con beneficio de inventario", por lo que los herederos sólo responden por las deudas del causante con los bienes recibidos, quedando a salvo el patrimonio personal de cada uno.
En ese contexto, advierte que los herederos sí cuentan con bienes embargables, conocidos y denunciados en este mismo expediente. Alega que el actor "debía pagar el saldo de precio por la compraventa del inmueble de autos. Ver comprobante de depósito judicial MEV de fecha 23/12/24, a favor de los demandados en el principal nro. 70366 de este mismo Juzgado".
D. 2) Al contestar el traslado del memorial, el actor postula su deserción, y eventualmente su desestimación, con costas. Sostiene que el memorial no contiene una crítica concreta y razonada del resolutorio apelado. No explica de modo detallado por qué la resolución sería errónea, ni rebate sus fundamentos.
Tampoco individualiza cuál sería el gravamen concreto que la resolución le ocasiona a su representado. Ese gravamen no existe: las medidas se dictaron en ejecución de una sentencia definitiva firme y en resguardo de un crédito reconocido judicialmente.
Los tres demandados fueron condenados conjuntamente por la misma sentencia, y en consecuencia responden de forma solidaria.
Resulta además improcedente la invocación de la presunción legal de aceptación de la herencia con beneficio de inventario. Esa presunción solo limita la responsabilidad de los herederos por las deudas del causante. La cláusula penal que aquí se ejecuta no es una deuda de la causante, Sra. IAP, quien no fue parte del boleto. Se trata de una obligación accesoria a la de escriturar, que los demandados suscribieron personalmente al celebrar como vendedores el boleto de compraventa del 19/07/2013, tal como se tuvo por acreditado en la sentencia. La obligación incumplida es, por lo tanto, propia y personal de cada uno de los demandados, y por ella responden con la totalidad de su patrimonio.
E- La solución .
E. 1) Atento que la Defensora Oficial cuestiona el alcance patrimonial de las medidas decretadas e individualiza un depósito judicial que, a su entender, permitiría prescindir de la inhibición general de bienes, corresponde desestimar el pedido de deserción, en tanto esa argumentación satisface la exigencia de formular una crítica concreta y razonada y permiten identificar el gravamen que atribuye a la resolución (arts. 260 y 261 del CPCC).
E. 2) Es menester señalar que la sentencia firme del 14/07/2023 constituye título ejecutorio, por lo que vencido el plazo para su cumplimiento, la condena al pago de una suma líquida o determinable a partir del pronunciamiento habilita, a pedido del acreedor, al embargo de bienes de los condenados.
En esta etapa, la fuerza ejecutoria de la sentencia basta para disponer el embargo, sin necesidad de acreditar separadamente la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora (arts. 497 y 500 del CPCC).
E. 3) En ese contexto, la limitación de la responsabilidad hereditaria invocada en el recurso carece de incidencia en el caso. Según resulta de la sentencia, los demandados suscribieron personalmente, como vendedores, el boleto de compraventa del 19/07/2013 y la cláusula penal que se ejecuta deriva del incumplimiento de la obligación de escriturar que asumieron en ese acto.
En esos términos se trata de una obligación propia, por la que responden con sus bienes embargables dentro de los límites de la condena. E. 4) Por su parte, es cierto que la inhibición general de bienes conserva su carácter subsidiario en la ejecución de sentencia. No obstante, por remisión del art. 500 CPCC, el art. 532 autoriza a decretarla cuando se desconocieran bienes del ejecutado o cuando los embargados resultasen presuntivamente insuficientes para cubrir el crédito.
De esta manera, la orden de embargo de cuentas y activos bancarios es compatible con la inhibición mientras las constancias de la causa permitan apreciar alguno de esos presupuestos.
En ese marco, quien solicita su levantamiento debe acreditar que los bienes embargados resultan suficientes para cubrir el crédito reclamado y tornan innecesaria e improcedente la inhibición general de bienes decretada.
Nada de eso se encuentra acreditado en el caso. Es que el depósito judicial invocado por la recurrente, del 23/12/2024, efectuado en el expediente principal n.º 70.366 por el saldo de precio de la compraventa, asciende a $162.500. En ese sentido, aun si la totalidad de esa suma continuara disponible para afectarse a la ejecución de la clausula penal, rápidamente se advierte que resulta insuficiente para cubrir el capital reclamado de $969.900. Ello sin computar intereses y costas.
Por otro lado, la recurrente tampoco demuestra que la porción del depósito que corresponde a su representado, por sí o sumada a otros fondos efectivamente embargados, alcance para cubrir el importe exigible a su respecto según la sentencia. Por consiguiente, la sola individualización del depósito referido resulta insuficiente para justificar el levantamiento de la inhibición.
E. 5) Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravio, con costas de Alzada a la parte recurrente en su condición de vencida (art. 68 del CPCC).
POR ELLO , se resuelve:
1. Confirmar la decisión apelada.
2. Imponer las costas a la recurrente en su condición de vencida.
Devuélvase a primera instancia sin más trámite.
Firmas
Funcionario firmante: PERALTA MARISCAL Leopoldo Luis - JUEZ
Funcionario firmante: MERCADO Jorge Federico - JUEZ
Funcionario firmante: GUGLIELMI Ingrid Julieta - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 810-2026
Fin de la sentencia