Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-22849956-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución Nº 10/21 (AD CORI), recaída en la Actuación Administrativa SIGEA N° 19144- 7607-2019.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-79869523-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Julio de 2023 apelación”, expediente N° EX-2021-22849956- -APN-SGASAD#TFN.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, el Dr. Christian M. González Palazzo y la Dra. Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en los autos caratulados “NEWSAN S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° EX-2021-22849956- - APN-SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, mediante RE-2021-22527373-APN-SGASAD#TFN se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra las Resolución Nº 10/21 (AD CORI), recaída en la Actuación Administrativa SIGEA N° 19144- 7607-2019, mediante las cual no se hizo lugar a la acción de repetición incoadas por la aquí apelante, correspondiente a las operación documentada mediante la destinación Nº 18 014 EC01 000374 H.
Sostiene que el Decreto N° 793/2018, el cual estableció el derecho de exportación que aquí se litiga, resulta inconstitucional por cuanto atenta contra el principio de reserva de ley y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria. En tal sentido, señala que en forma unánime la doctrina y la jurisprudencia sostienen que los derechos de exportación tienen naturaleza tributaria. En consecuencia, manifiesta que debió aplicarse el precedente “Camaronera Patagónica” donde se afirmó que el único poder legítimamente facultado para crear tributos es el poder legislativo mediante la sanción de una ley y que no existe ningún otro poder del estado con dicha competencia. En este orden de ideas, indica que el Congreso debe ser quien delimite el hecho imponible, los sujetos alcanzados, las exenciones previstas y la alícuota o cuantía del impuesto. Por su parte, la facultad del Poder Ejecutivo para modificar un impuesto establecido por el Congreso se limita al aspecto cuantitativo (alícuota), y sólo puede ejercerse cuando el Congreso expresamente delegue tal facultad y delimita márgenes mínimos y máximos de modificación. Asevera que la nulidad del Decreto es absoluta e insanable y que únicamente pudo recobrar virtualidad con el dictado de la Ley que lo validó; lo que recién ocurrió el 12/12/2018, cuando entró en vigencia la Ley N° 27.467.
Se refiere a la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para expedirse sobre autos. Cita jurisprudencia, hace reserva de plantear el caso federal y solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto y deje sin efecto la resolución recurrida, con costas al fisco.
II. Que mediante IF-2021-70993876-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa.
Realiza una negativa genérica. Efectúa un análisis de los antecedentes normativos. Afirma que la correcta interpretación del fallo “Camaronera” no lo hace aplicable al caso en cuestión y, por lo tanto, la interpretación que realiza la apelante es desacertada y no recepta el análisis completo de la sentencia dictada ni el sentido que quiso darle la C.S.J.N. En efecto, señala que el Máximo Tribunal no ha declarado la invalidez de las alícuotas por derechos de exportación, sino por el contrario, la validez de dichos derechos en virtud del art. 755 del C.A. y el art. 99 inc. 2 de la C.N.
Asimismo, señala que en ningún caso puede asimilarse esta causa al caso “Camaronera”, en tanto que no se trata de una norma carente de respaldo legal puesto que el decreto presidencial cuestionado, a diferencia de la Resolución N° 11/02, se encontraba sujeto al procedimiento de aprobación legislativa reglado en la Ley N° 26.122 que reconoce la validez de la norma delegada desde el mismo momento de su entrada en vigencia, en tanto no sea expresamente derogada por el Congreso.
En este orden de ideas, expresa que no se trata de una norma carente de respaldo legal al entender que ha habido una clara política legislativa y que los recaudos mínimos del tributo poseen sustentación normativa. Menciona que la C.S.J.N. ha entendido que es justificada esta delegación por las cambiantes circunstancias de la economía y del comercio internacional, que ameritan en determinadas situaciones la adopción de medidas inminentes por lo que se requiere un organismo que pueda responder de forma ágil y eficiente a las complejidades del comercio exterior.
Realiza consideraciones respecto a la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para resolver la inconstitucionalidad de una resolución. Alude a la falta de legitimación activa de la actora. En subsidio, solicita que se aplique el criterio establecido por nuestra C.S.J.N. en la causa “Cencosud S.A” y lo previsto en los art. 811 y 812 del C.A. Cita jurisprudencia en sustento a su postura, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, de la compulsa de la actuación administrativa correspondientes a la causa, las que corren por cuerda, resulta que el procedimiento de repetición iniciados por la firma, correspondiente a las operación documentada mediante las destinación N°18 014 EC01 000374 H., concluyo con el dictado de las Resolución Nº 10/21 (AD CORI), recaída en la Actuación Administrativa SIGEA N° 19144- 7607-2019, la cual fue apelada en esta instancia.
IV. Que mediante PV-2023-75243711-APN-VOCXVII#TFN se elevan los autos a la Sala “F” y, mediante IF-2023-75925780-APN-VOCXVII#TFN, quedan en estado de dictar sentencia.
V. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictada por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN,) en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
VI. Que siendo ello así y en virtud de lo dispuesto en el art. 151 de la Ley 11.683, resultando en el caso aplicable la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, corresponde confirmar la resolución apelada. En este sentido, y dejando a salvo mi opinión disidente con lo resuelto en el plenario de referencia respecto de las facultades de este Tribunal para realizar el control de validez de las normas en razón de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 y la Convención Americana de Derechos Humanos, las facultades del Poder Ejecutivo para fijar alícuotas de los derechos de exportación y la validez de la norma aquí cuestionada -a cuyo voto me remito-, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos abonados por la firma “NEWSAN S.A.” en relación a las destinaciones mencionadas, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 793/2018, el cual estableció el derecho de exportación que aquí se litiga. En efecto, hasta tanto se mantenga vigente el plenario de referencia, habré de aplicar -con la salvedad expuesta- el criterio sentado por la mayoría de mis colegas, pues como operador jurisdiccional debo respetar el alcance de un acuerdo plenario aunque no comparta –estricto sensu- lo allí resuelto.
VII. Que las costas deben imponerse por su orden en atención a la temática de la cuestión en trato y que el fallo el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha posterior a la interposición del recurso (art. 1163 C.A.)
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución Nº 10/21 (AD CORI), recaída en la Actuación Administrativa SIGEA N° 19144- 7607-2019.
2. Costas por su orden, conforme lo señalado en el Considerando VII.
Así lo voto.-
La Dra. Claudia B. Sarquís dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. Christian M. González Palazzo.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución Nº 10/21 (AD CORI), recaída en la Actuación Administrativa SIGEA N° 19144- 7607-2019.
2.-Costas por su orden.
Suscriben la presente el Dr. Christian M. González Palazzo - Vocal Titular de la Vocalía de la 17a Nominación- y la Dra. Claudia B. Sarquís - Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a Nominaciónen los términos del art. 59 del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese y, firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las Actuaciones Administrativas, correspondientes a la causas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.07.11 12:37:15 -03:00 Date: 2023.07.11 15:23:54 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.07.11 15:23:55 -03:00
Fin de la sentencia