Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 15241142-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, reconocer el derecho de la parte actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa (cfr. Considerando X), con más los intereses (cfr. Considerando XI), e imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida (cfr. Considerando XII).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
72166/2022 NEWSAN SA (TF 15241142-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO SE En la ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de junio del año dos mil veintitrés, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver el recurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia dictada en los autos “Newsan SA (TF 15241142-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 72.166/2022, planteado al efecto como tema a decidir si se ajusta a derecho la sentencia apelada, el Señor Juez de Cámara, Doctor Sergio Gustavo Fernández dice:
I. Que por sentencia de fecha 29/06/2022 (v. pág. 222/233 del DEO 8499842, al que se hará referencia en lo sucesivo), el Tribunal Fiscal de la Nación -en adelante TFN-, por unanimidad, confirmó la Resolución Nº 111/2020 (AD CORI), en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma “Noblex SA” (absorbida por “Newsan SA”), imponiendo las costas por su orden.
Para así decidir (con base en el voto de la Vocal Cora M. Musso), en primer lugar, describió el objeto del proceso, mencionando que el Administrador de la Aduana de Comodoro Rivadavia, en el Expte. SIGEA N° 19144-7245-2019, había denegado la repetición de la suma abonada en concepto de derechos de exportación (cfr., Decreto N° 793/2018), con relación a la exportación para consumo N° 18 014 ECO1 000398 N.
Señaló que contra dicha resolución la firma exportadora interpuso recurso de apelación ante el TFN cuestionando la constitucionalidad del Decreto N° 793/18 por considerar que vulneraría el principio de legalidad tributaria.
Destacó que la parte demandada cuestionó la invocación del precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema efectuada por la contraparte, por cuanto, en su entender, ello sería desacertado.
Expuso que la accionada citó en apoyo de su postura, entre otros, el precedente del TFN recaído en autos “Transportadora de Gas del Sur S.A. c/ Dirección General de Aduana s/ recurso de apelación”, expediente N° 38.422-A, del 30/10/2019.
En otro orden, refirió a la limitación de ese Tribunal para declarar la inconstitucionalidad solicitada, indicando que dicho planteo no podría prosperar en razón de lo normado por el artículo 1164 del Código Aduanero.
Declaró la causa como de puro derecho -medida que no mereció objeción de las partes contendientes- y, con relación a la pretendida declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 793/98, expresó que, de acuerdo con el precedente “Camaronera Patagónica” de la CSJN, si bien se refirió a la Resolución N° 11/2002 del Ministerio de Economía, cabría su aplicación, atento tratarse de una situación análoga.
En tales condiciones, entendió que se debía declarar la invalidez del Decreto N° 793/2018 en las acciones de repetición vinculadas con los derechos de exportación pagados durante el período en que no existió una ratificación legislativa, es decir, desde el 4/9/2018 hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 27.467.
No obstante ello, precisó que resultaba de aplicación al caso de autos la doctrina legal establecida con fecha 26/04/2022 en el fallo plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 72166/2022 NEWSAN SA (TF 15241142-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, en el cual -por mayoría- se acordó lo siguiente:
Artículo 1.- "El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente";
Artículo 2.- "El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero";
Artículo 3.- "No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
En razón de ello, concluyó que correspondía confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma “Noblex SA” (absorbida por “Newsan SA”) y, en cuanto a las costas, t eniendo en cuenta que el fallo plenario descripto es de fecha posterior a la interposición del recurso de autos, las impuso por su orden.
II. Que contra dicha sentencia se alzan ambas partes. La parte actora interpuso el recurso de apelación el 04/08/2022 -fs. 237- y expresó sus agravios el 11/08/2022 -fs. 265/294-, siendo replicados por la contraria el 08/09/2022 -fs. 313/343-.
A su turno, la parte demandada dedujo recurso de apelación -y lo fundó- el 11/08/2022 -fs. 252/261-, cuyo traslado fue contestado por la firma actora el 02/09/2022 -fs. 302/308-.
III. Que la demandante, en primer lugar, sostiene que la delegación en materia de tributos aduaneros se ha explicado con fundamento en la celeridad con que deben efectuarse las reformas arancelarias en materia aduanera. Sin embargo -agrega-, a partir de la reforma constitucional del año 1994 se puso en tela de juicio la legitimidad de la delegación contenida en el Código Aduanero.
Asegura que los derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo que se cuestionan, violentan el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, lo cual ha sido reconocido por la Corte Suprema en la causa "Camaronera Patagónica".
Señala que en dicho pronunciamiento el Alto Tribunal reiteró los conceptos que ya había esbozado en la causa “Nación Administradora de Fondos de Jubilación c/Tucumán, Provincia de s/Acción Declarativa” , destacando que es imprescindible, para la validez constitucional de un tributo, que el Congreso sea el que lo cree o lo modifique.
Asevera que el Poder Ejecutivo no se encuentra facultado -ni siquiera por la amplia delegación que efectúa el art. 755 del Código Aduanero- para imponer un derecho de exportación como el previsto en el Decreto N° 793/18, ni tampoco para reglamentarlo, si se toma en cuenta la terminología empleada por el TFN para apartarse de todo el andamiaje constitucional relativo a los tributos. Explica brevemente el procedimiento de validación de los decretos establecido en la Ley N° 26.122 y, en orden a ello, razona que la validación o control posterior del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 72166/2022 NEWSAN SA (TF 15241142-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Congreso -con vigencia desde el dictado de los decretos- se da en materia de "delegación permitida", y nunca en materia de "delegación prohibida".
Entiende que el fallo plenario del TFN debe ser revisado por dos razones: porque se opone a los claros conceptos fijados por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica”, y porque no establece una doctrina legal unívoca.
IV. Que, de su lado, la demandada estructuró su memorial en torno a la imposición de costas.
En este sentido, argumenta que el recurso de apelación fue contestado por su mandante un año y medio antes de que fuera dictado del fallo plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, debiendo fundar su defensa en el derecho aplicable al caso, analizando todos los antecedentes administrativos, estudiando y trabajando el caso para lograr la confirmación de la resolución aduanera dictada en su oportunidad, lo cual ameritaría que las costas sean impuestas a la actora vencida.
V. Que, previo a ingresar al tratamiento de los agravios de las recurrentes, es importante recordar que no me encuentro obligado a seguir todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08;
“MULTICANAL S.A. y otro c/ ENSCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09;“Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2- III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN DNM Disp 1207/11 – Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15, “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN M Interior OPyV DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18, “Caratelli, Stolano c/ EN -AFIP- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/03/2022¸“Construmex SA c/ EN -DNV- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/11/2022, entre otros).
VI. Que, sentado ello, debo señalar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley N° 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuada por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249, esta Sala, in rebus, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/2012 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/2014 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/2016 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 72166/2022 NEWSAN SA (TF 15241142-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 33113-I) c/DGI” , Causa Nº 83620/2016, del 16/10/18;
“Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/2018, del 7/5/19, entre otros).
VII. Que, en esta tónica, considero que la materia sobre la cual debo expedirme -según la lectura de las piezas que conforman esta litis- es si los derechos de exportación abonados por la firma “Newsan SA” ($407.566,22 -exportación para consumo N° 18 014 ECO1 000398 N-) conforme a las disposiciones del Decreto N° 793/18 (B.O. 4/09/2018), resultan o no ajustados a derecho.
VIII. Que a tal fin, he de describir previamente el plexo normativo aplicable, junto con los principales lineamientos que emanan del precedente “Camaronera Patagónica” del Alto Tribunal, ya que resultan de insoslayable lectura para su resolución. a) En el orden supra legal, la Constitución Nacional dispone que: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…” (art. 76, primer párrafo).
Por otro lado: “El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias” (art. 99 inc. 2º).
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar”. “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.
“Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
“El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (art. 99 inc. 3º).
A su vez: “El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia”.
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72166/2022 NEWSAN SA (TF 15241142-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO “Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente” (art. 100 punto 12).
b) A nivel legal, el Código Aduanero estatuye que: “En las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido” (art. 755 punto 1º).
c) Por último, en el orden jurisprudencial, en el precedente “Camaronera Patagónica” la mayoría del Máximo Tribunal sostuvo lo siguiente: “Que a efectos de una adecuada solución de la controversia resulta imprescindible remarcar la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación”. “En efecto, se trata de un tributo cuya definición puede comprenderse en el art. 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas…” (Considerando 6º).
“Que cabe destacar que en el Código Aduanero se recogió la posibilidad de que este tipo de gravámenes sea establecido no solo con finalidad recaudatoria, es decir, para nutrir el erario público, sino también con el objeto de cumplir: con los demás fines estatales, de manera directa, como útil herramienta de política económica, social o monetaria”.
“Las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales…”.
“No obstante ello, corresponde reiterar que el `derecho´ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo -específicamente, un impuesto-, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (Considerando 7º). Luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate -centralmente el art. 755 del CA y la Resolución N° 11/02- con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que: “Nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”, puntualizando que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (Considerando 8º).
Enfatizó que el valladar inconmovible que supone el principio de reserva de ley en materia tributaria no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ese Alto Tribunal tiene dicho que: “no puedan caber dudas en cuanto a que los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo…” (Considerando 9º).
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72166/2022 NEWSAN SA (TF 15241142-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que recurrió a lo dispuesto por la Resolución N° 11/02, de manera que “…el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados”
(Considerando 9º, último párrafo).
En el Considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que: “Por ello, en el ámbito de los derechos aduaneros, cobra relevancia la doctrina según la cual `tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida´…”.
“En el contexto detallado, resulta admisible que el Congreso atribuya al Poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa” (subrayado aquí agregado).
A partir de este análisis la Corte concluyó que la resolución 11/02 era inválida.
Ahora bien, sin desmedro de ello, en el Considerando 11 desechó que pudiera desconocerse que la Ley N° 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “Es evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002…”, lo cual representó “…la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”.
Por lo tanto, negando que la Ley N° 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la Resolución N° 11/02, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia…”, resolviendo que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/02 y el 24/8/02, momento -este último- a partir del cual había comenzado a regir la Ley N° 25.645.
IX. Que, sentado todo lo expuesto, debo destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por esta Sala, in re, “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, Causa N° 377/2021, del 18 de octubre de 2022, "Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo", Causa N° 26.963/2022, del 29 de diciembre de 2022, “Argen Pork CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 72166/2022 NEWSAN SA (TF 15241142-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Export Consorcio de Cooperación c/ EN -AFIP- DGA s/ DGA”, Causa N° 62.761/2019, del 03/02/2023 y “El Galgo SA c/ EN -AFIP- DGA s/ DGA”, Causa Nº 14.520/2020, del 28/03/2023, entre otras). En dichos precedentes, se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen, al tiempo que, particularmente en la causa "Catajuy SRL", se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala el 14/11/2019 en la Causa N° 74.554/2018, “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ Amparo”.
En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el Decreto N° 793/18 en las facultades del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad.
Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la Ley N° 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica SA”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
A su vez, con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 27.467, se dispuso que el Decreto N° 793/18 -aquí cuestionado- careció de vigencia entre el 4/9/2018 -fecha de entrada en vigor del aludido decreto- y el 4/12/2018 -fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.467- por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho periodo.
X. Que en orden a todo lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el considerando que antecede -ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico-, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
Por ello, toda vez que la operación relativa al permiso de embarque Nº 8014EC01000398N, de acuerdo a las constancias de autos, tuvo lugar entre el 4/9/18 y el 4/12/18, deberá reintegrarse las sumas reclamadas por la firma actora.
XI. Que en cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (art. 811, Código Aduanero), toda vez que el reclamo de repetición –SIGEA 19144 7245 2019– fue presentado una vez que ya surtía efectos la resolución 598/19 MH (v. art. 10), corresponderá estarse a sus términos hasta el 30/8/22, y posteriormente a los de la resolución 599/22 –que la sustituyó– o la que en futuro pudiera regir, hasta el momento del pago.
XII. Que por último, en cuanto a los agravios de la demandada respecto de la forma en que fueron distribuidas las costas, toda vez que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia, y atento que no advierto la existencia de cuestiones suficientes para apartarme del principio general de la derrota, corresponde imponerlas -en ambas instancias- a la demandada vencida (arts. 68 primera parte y 279 del CPCCN). En orden a lo hasta aquí expuesto, si mi voto es compartido por mi distinguido colega de Sala, corresponderá: revocar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, reconocer el derecho de la parte actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa (cfr. Considerando X), con más los intereses (cfr. Considerando XI), e imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida (cfr. Considerando XII).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
72166/2022 NEWSAN SA (TF 15241142-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO El Dr. Carlos Manuel Grecco adhiere al voto del vocal preopinante.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General, el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, reconocer el derecho de la parte actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa (cfr. Considerando X), con más los intereses (cfr. Considerando XI), e imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida (cfr. Considerando XII).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese a las partes y al señor Fiscal General -mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficial del Ministerio Público ante esta Alzada ([email protected] ;[email protected];[email protected];[email protected] y [email protected])- y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia