Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 15329355-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, con costas.
Difiérase el examen del recurso deducido contra la regulación de honorarios del 11 de Febrero de 2022 (págs. 258/259) para el momento en que se encuentre aprobada la liquidación definitiva.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
EXPTE. NRO. 43180/2022 “NEWSAN SA (TF 15329355-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de abril de 2023.- MLF Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que por sentencia de fecha 28 de diciembre de 2021 (v. pág. 213/216 del DEO 6598095, al que se hará referencia en lo sucesivo) el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la invalidez del Decreto delegado 793/2018, emanado por el Poder Ejecutivo Nacional, desde su fecha de entrada en vigencia (B.O. 04/09/2018) y hasta su ratificación plena y expresa por parte del Poder Legislativo, mediante los artículos 81 y 82 de la ley 27.487 (Ley de Presupuesto 2019), publicada en el Boletín Oficial el 4 de diciembre de 2018. En consecuencia, revocó la Resolución nº 99/20 (AD CORI) dictada por el Administrador de la Aduana de Comodoro Rivadavia en la Actuación SIGEA n° 19144-7138-2019, en cuanto rechazó el pedido de devolución de la suma de $575.802,31, abonada en demasía por la firma actora en concepto de derechos de exportación establecidos por el Decreto 793/18 y ordenó a la DGA la devolución de la suma mencionada, que fueran ingresados por la actora en concepto de derechos de exportación con sustento en el decreto n° 793/2018, respecto del permiso de embarque objeto de autos n° 18 014 EC01 000367 J, oficializado el 16/10/18, es decir, entre la fecha de entrada en vigencia del Decreto n° 793/2018 (B.O. 04/09/2018) y la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (B.O. 4/12/2018); con más los intereses ordenados por los artículos 811 y 812 del Código Aduanero. Las costas fueron impuestas a la parte demandada, vencida (cfr. art. 1163 del Código Aduanero).
II. Que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional, que fue concedido el 11/02/2022 y fundado el 11/01/2022 (v. pág. 224/252). La parte actora contestó agravios el 18/03/2022 (v. pág. En esencia, sus quejas se refieren, ante todo, a que la sentencia se aparta de lo establecido por el art. 1164 del Código Aduanero, dado que el Tribunal Fiscal de la Nación no posee competencia para realizar el control de constitucionalidad de una norma dictada por el Poder Ejecutivo. Además, objeta la aplicación al caso del criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Camaronera Patagónica”. Finalmente, se refiere a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo y a la plena vigencia del Dto. 793/18 desde su publicación en el Boletín Oficial, de conformidad a lo establecido en el art. 17 de la Ley 26122. En este sentido observa que si bien dicha norma invoca el ejercicio de la facultad reglamentaria contenida en el art. 99 inc. 1 y 2 de la Constitución Nacional, lo cierto es que, con independencia de la naturaleza de la atribución ejercida, dicha norma fue sometida al control del Congreso que finalmente la refrendó en dos oportunidades, dado que el Decreto no fue rechazado por el Congreso, en los términos del art. 24 de la Ley N° 26122 sino que, por el contrario, el art. 82 de la Ley N° 27467 mantuvo su validez y vigencia, apenas tres meses después de publicado en el Boletín Oficial y agrega que, por si fuera poco, el Poder Legislativo volvió a declarar su validez y vigencia en el art. 54 de la Ley N° 27541; destaca además el contexto económico al momento del dictado del decreto cuestionado y señala que a través de éste no se ejerció la facultad prevista en el inc. a) del art. 755 del código aduanero sino la del inc c).
III. Que las cuestiones planteadas en los agravios resultan sustancialmente análogas a las examinadas y resueltas por la Sala en la sentencia recaída con fecha 29 de diciembre de 2022 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia Sa (TF 25041338-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. nro. 26963/2022.
En lo que concierne a la competencia del Tribunal Fiscal para pronunciarse acerca de la validez constitucional del decreto 793/18, quedó establecido en el mencionado precedente que dicho tribunal no se encontraba habilitado para expedirse como lo hizo, dado que el art. 1164 del Código Aduanero es suficientemente claro respecto a que sólo admite tal potestad en el supuesto de que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las normas involucradas concretamente en la controversia que debe resolverse. No obstante ello, teniendo en cuenta que en materia de nulidades procesales debe primar un CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III EXPTE. NRO. 43180/2022 “NEWSAN SA (TF 15329355-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
criterio de interpretación restrictivo y que sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio cause un perjuicio irreparable que tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en el menoscabo de algún otro derecho ya que, de otro modo, la nulidad aparecería como un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta terminación de los procesos, donde también se conjuga el interés del orden público (Fallos: 331:994; 339:480 y 342:624), la Sala estimó prudente una solución que permita compatibilizar tanto los derechos de defensa y tutela judicial efectiva de ambas partes como también los principios de concentración y economía procesal (cfr. art 34, inc. 5, apartados a) y e) del C.P.C.C.N.). En función de ello y dado que, en aquel caso, las partes mantuvieron al expresar y contestar agravios todos los argumentos conducentes planteados, la Sala concluyó en que cualquier afrenta al derecho de defensa del apelante que pudiera haber irrogado el exceso en sus competencias en el que incurriera el Tribunal Fiscal, encuentra suficiente subsanación en la intervención de esta Alzada, por lo que desestimó la queja e ingresó a examinar los agravios relativos al fondo del asunto.
En cuanto al plano sustancial del asunto, este Tribunal señaló - coincidentemente con lo fallado por la Sala el 18/10/2022 en la causa “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, expte. nro. 377/21- que el decreto 793/18 adolece de un vicio fatal en su génesis dado que, con su dictado, el Poder Ejecutivo Nacional ha incursionado en la regulación de una materia que, inconmoviblemente, pertenece al campo del “derecho tributario sustantivo”, en cuyo seno el principio de legalidad o reserva de ley ocupa un lugar de preponderancia.
Declaró esta Sala en los mencionados precedentes que la ratificación legislativa, como regla general, carece de efectos retroactivos descartó la tesis del demandado dirigida a subsumir el Dto. 793/18 en las facultades del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, en razón de la preeminencia que en materia tributaria posee el principio de legalidad. Asimismo, fue puesto de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la ley 26122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte en la causa “Camaronera Patagónica SA”, ya que en ambos casos el vicio fue congénito y superado por una ley del Congreso posterior. En virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la ley 27467, este Tribunal concluyó en que el decreto 793/18 careció de validez entre el 4/9/2018 -fecha de su entrada en vigor- y el 4/12/2018 -entrada en vigencia de la ley mencionada-, por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en exceso, sin causa, durante dicho periodo.
IV. Que los fundamentos y conclusiones de los pronunciamientos precedentemente reseñados resultan cabalmente aplicables a esta causa, por lo que corresponde desestimar el recurso interpuesto, con costas (art. 68, primer párrafo del código procesal), y confirmar la sentencia apelada.
Por todo lo expuesto, con las precisiones formuladas en el voto que emitiera en el precedente “Catajuy” ya citado, voto por que se confirme la sentencia apelada, con costas.
El Dr. Sergio Gustavo Fernández adhiere al voto precedente.
En atención al resultado que informa el acuerdo que antecede, SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas.
Difiérase el examen del recurso deducido contra la regulación de honorarios del 11 de Febrero de 2022 (págs. 258/259) para el momento en que se encuentre aprobada la liquidación definitiva.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia