Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 22842407-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
26497/2023 “NEWSAN SA (TF 22842407-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, julio de 2023.
1. Que, por resolución del 23/8/22, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución (AD CORI) 9/21, dictada en la actuación SIGEA 19144- 7131-2019, en cuanto había denegado la devolución del derecho de exportación establecido por el decreto 793/18 y abonado con relación a la destinación 18 014 EC01 000368K.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
Distribuyó las costas por su orden dado que la doctrina plenaria por la cual se decidía el caso era posterior al inicio de las actuaciones (v. pp. 199/201 de la versión digital del expediente TF 22842407-A, remitida con el oficio del 21/6/23).
2. Que, disconforme con la decisión, la actora interpuso y fundó recurso de apelación el 5/10/22, que se concedió el 13/10/22 y fue replicado el 10/11/22 (v. pp. 208/240, 244 y 272/295, expte. cit.).
Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
También indicó que el plenario al cual remitía la resolución apelada no determinaba una doctrina legal unívoca, puesto que los vocales opinantes habían arribado a una misma conclusión por diversos argumentos; todo lo cual le impedía ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional interpuso y fundó recurso de apelación el 25/10/22, que se concedió el 27/10/22 y fue replicado el 11/11/22 (v. pp. 248/255, 268 y 298/305, expte. cit.).
En síntesis, sostuvo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
Destacó que la doctrina plenaria aplicada no podía calificarse como un hecho “novedoso”, dado que había sido formulada con motivo de la gran cantidad de causas que —como la presente— se encontraban en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación, para controvertir la constitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 793/18.
Por otra parte, pidió que se valorase la conducta procesal de la contraria, que no había desistido del proceso a pesar de conocer que el resultado del acuerdo plenario le era adverso.
4. Que, el 6/7/23, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por el Tribunal en la causa 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 31/5/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad. En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución del 23/8/22, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor (BO 04/09/18) y hasta el 4/12/18 — momento en que cobró vigencia la ley 27.467 que otorgó rango legal a su contenido —, y admitir la devolución de la suma abonada por tal concepto con relación a la destinación de exportación 18 014 EC01 000368K, registrada el 16/10/18 (v. p. 134, expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 29/6/23).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
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26497/2023 “NEWSAN SA (TF 22842407-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 21/6/23, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y pasen los autos al Representante del Fisco a fin de que se expida sobre la liquidación y pago de la tasa de justicia a cargo de la parte actora, toda vez que se configura el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia