Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 33.996-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida la intimación cursada en el punto
2Del auto de fs. 212 a la parte actora, y por ratificada la presentación efectuada a fs. 208/210, con la presentación de fs. 216/229.
2No hacer lugar a las excepciones planteadas por la actora. Sin costas.
3Confirmar el artículo 2°) de la Resolución DE PRLA N° 5152/2011 dictada en la Actuación N° 12197-9912- 2005, en cuanto condena a la importadora NEXANS OPTEL SA al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., fijada en la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 53/100 ($ 10.320,53). Con costas a la actora.
4Confirmar parcialmente el artículo 4°) de la Resolución DE PRLA N° 5152/2011, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 53/100 ($10.320,53) en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 30/11/2006 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a la actora.
5Revocar parcialmente el art. 4°) de la Resolución DE PRLA N° 5152/2011, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-127856323-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 17 de Noviembre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante), y los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “Nexans Optel SA c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”, Expte. Nro. 33.996-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. A fs. 87/102 la empresa “Nexans Optel S.A.”, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 5152/2011 dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el Expediente Administrativo Nro. 12197-9912-2005 en cuanto la intima al pago de la suma de $ 10.320,53 en concepto de multa y se le formuló cargo por tributos por la suma de $ 49.703,93, con más intereses, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A con relación al D.I.T Nro. 01 001 IT14 003856F. Plantea como cuestión previa, la prescripción de la acción del fisco para imponer penas por la infracción atribuida, conforme se establece en los Arts. 934 y 937 del CA, tras considerar que ha operado en exceso el plazo establecido en los citados artículos.
Cita doctrina y jurisprudencia. Así también, plantea la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos. Realiza una breve descripción de los hechos y de lo actuado en Sede Administrativa. Indica que ante la imposibilidad de poder cumplir en tiempo y forma con la debida reexportación de los enseres involucrados, solicitó al servicio aduanero, la correspondiente solicitud de prórroga por expte. nº 411.928/02, siendo la misma concedida. Asimismo, relata que frente a la inminente necesidad de un plazo adicional, se requirió por el expte. nº 411.864/03, una nueva prórroga, la que también resultó otorgada, operando su vencimiento con fecha el 10/07/2004. Expresa que esta es la fecha que el servicio aduanero entendió y estimó como “fecha del momento imponible”, sin embargo, destaca que en atención a razones de extrema necesidad, solicito por el expte. nº 412.030/04 una nueva prórroga extraordinaria, requerimiento que fue rechazado y contra el cual interpuso formal recurso de impugnación, que aún se encuentra pendiente de resolver.
De allí considera que el plazo de permanencia de la DIT involucrada aún se encuentra vigente y por ende, la inexistencia del hecho imponible y como tal, de la infracción que se le incrimina. Expresa que por motivos de público conocimiento se acrecentó la propia crisis económica de la empresa, circunstancias que llevaron a la importadora a la necesidad de requerir al servicio aduanero una nueva prórroga extraordinaria. Se refiere al caso fortuito y fuerza mayor, que invoca en el presente caso y cita al art. 731 del CA. Solicita la aplicación de la disposición prevista en el art. 916 de la ley 22.415. Con respecto al requerimiento tributario, plantea la improcedencia del Derecho Adicional, e indica que al momento imponible, gozaba de una exención del 100% con relación al IVA Adicional, y de una alícuota de solo el 6% por impuesto a las ganancias.
Hace reserva de Caso Federal. Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 113/117 la representación fiscal contesta el traslado oportunamente conferido. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la contraria que no sean objeto de su especial reconocimiento. Se refiere a los hechos acaecidos en Sede Administrativa. Analiza la normativa aplicable a la relación jurídica discutida en la causa. Cita y transcribe el art. 970 del CA. Señala que se encuentra comprobado en autos que la actora no regularizó en término parte de la mercadería en trato. Argumenta que producido el vencimiento de la importación temporal y no habiendo reexportado en término, se produjo por una presunción legal, la importación definitiva de la misma, naciendo así la obligación del pago de los tributos correspondientes. Asimismo, expresa que quedó desvirtuada la denuncia incoada respecto de 119.473,83mts, por lo cual se resolvió absolver a la imputada, con relación a la proporción debidamente cancelada. Destaca que el auto de corrida de vista carece de valor pleno y cumple la función de otorgar al interesado la posibilidad de defenderse y ofrecer la prueba que hace a su derecho. Cita el Principio en materia infraccional aduanera, de la Inversión de la Carga de la Prueba, señalando que es el interesado quien debe demostrar que ha cumplido con las obligaciones inherentes al régimen. Por todo ello, considera que corresponde rechazar el recurso interpuesto por la actora, Ofrece como prueba las actuaciones administrativas relativas a la causa. Hace reserva del Caso Federal. Solicita que se rechace en su totalidad el planteo formulado por la contraria, y se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 118 se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 147/151 y 192/196. A fs. 200 se declara cerrado el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 201 se ponen los autos para alegar, teniéndose por agregado a fs. 206/207 el alegato presentado por el fisco y a fs. 208/210 el alegato presentado por la actora. A fs. 212 se intima a la representante del fisco a fin de que en el término de cuarenta y ocho (48 hs) acredite debidamente la personería invocada - no habiendo dado cumplimiento a dicha intimación-, se pasan los autos a dictar sentencia.
IV. Que el expediente administrativo Nro. 12197-9912-2005 se inicia con el Acta de Denuncia por la supuesta infracción al artículo 970 del CA en relación a la destinación 01 001 IT14 003856-F. A fs. 2 se agrega sobre de la Destinación involucrada. A fs. 5/6 luce valoración de la mercadería en infracción. A fs. 9 obra consulta de Una Garantía Global o Unitaria. A fs. 10 se efectúa liquidación de Multa y Tributos. A fs. 11/12 con fecha 10/08/2006, se dispone la instrucción de sumario y la corrida de vista a la importadora y a la aseguradora de todo lo actuado (quedando notificada la firma importadora el 15/11/2006 - ver fs. 277-, y la aseguradora el 29/11/2006- ver fs. 287 –). A fs. 15/30 la firma importadora contesta la vista conferida, y a fs. 47/200 aporta documental.
A continuación se forma 2º cuerpo de las actuaciones administrativas con más documental aportada por la firma (Ver fs. 201/268). A fs. 281/286 la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA, presenta su descargo. A fs. 288, con fecha 21/12/2006, se tiene por presentada a la firma OPTEL Argentina SA, se provee la prueba ofrecida, se remiten las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos para que informe si parte de la mercadería involucrada en autos se reexporto mediante los PE Nº 04 073 EC 03 004458Z y 04 001 EC 03 012399K. Asimismo, se tiene por presentada a la Aseguradora de Créditos y Garantías SA, se provee la prueba ofrecida y se requiere de la Sección Garantías el original y/o fotocopia certificada de la Garantía 01 001 028641F.
A fs. 293/294 la firma importadora interpone recurso de revocatoria contra el proveído de fecha 21.12.06, en el que se resuelve no hacer lugar a la prueba informativa y pericial ofrecida. A fs. 295 se resuelve no hacer lugar al recurso de revocatoria. A fs. 298 previo a cumplimentar con la remisión dispuesta a fs. 288, se intima al presentante para que adjunte los CTC y DDJJ pertinentes. A fs. 303 la importadora contesta lo requerido, informa que en relación a la destinación suspensiva de interés parte de los insumos fueron reexportados por los PE 04 073 EC03 004458Z y PE 04 001 EC03 012399K, da cuenta sobre los CTC 3176/04 y 3387/03 y copia de legajos SO1 0069109/04 y SO1 0133982/03 – ver fs. 304/320-.
A fs. 322 luce Nota 3407/11 (SE PRTE) por la cual se informa que habiendo sido analizada la documentación obrante en autos, la Destinación 01001IT14003856F se encuentra descargada, arrojando un saldo de 4.298,08kgs. de mercadería no cancelada. A fs. 323 obra nueva Determinación de Tributos y Multa. A fs. 330/332 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 5152/11, apelada en autos. A fs. 333/335 se emite el Dictamen nº 825/11 DV DSAD. A fs. 336/338 se dicta a Resolución Nº 650/2011 (SDG TLA) por la cual se aprueba la Resolución DE PRLA Nº 5152/11. A continuación obra por cuerda la Actuación Nro. 12043-472-2005 que se inicia con una Solicitud de Nueva Prórroga Extraordinaria, efectuada por la firma importadora.
A fs. 126, mediante la SE PRTE Nº 5523/04, de fecha 20/07/2004, se resuelve NO acceder a lo solicitado, por resultar improcedente lo peticionado. Debiéndose aperturar Sumario Contencioso, por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 970 del CA, por encontrarse la DIT en trato, vencida (10/07/2004). A fs. 128/136 obra Impugnación con suspenso del acto formulado en los términos del art. 1053 inc. f) del CA., contra la Resolución SE PRTE Nº 5523/04.
V-. Que por razones de orden cronológico, corresponde analizar el planteo de nulidad de la actora en cuanto a la prescripción de la acción del fisco para imponer penas, atento el tiempo transcurrido, desde el vencimiento de la operación cuestionada, hasta el dictado del fallo.
Que el art. 934 del C.A expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella. Que ante todo, resulta necesario aclarar cuál es la fecha de vencimiento de la DIT en trato.
Que a raíz del Expte. nº 411.928/02 el vencimiento (prorrogado) de la operación operó el 16/07/2003, sin embargo, por tramitación del Expte. nº 411.864/0 se tramitó una prórroga extraordinaria, operando el nuevo vencimiento de la temporal de autos el 10/07/2004, conforme se lee del DIT y del sobre que la contiene. Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas, comenzó a correr el 01/01/2005 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo, como se vio en el apartado anterior, el 10/07/2004) y vencía el 31/12/2009. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 10/08/2006 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a) del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 11/08/2006 y el nuevo vencimiento ocurría el 11/08/2011; dictándose el 04/08/2011, la resolución aduanera aquí apelada.
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado, no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones y, como consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción, sin costas, en orden al tratamiento conjunto con el fondo de la cuestión.
VI. Que a continuación, corresponde expedirse acerca de la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción -relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 establece que “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del CA). Que ha quedado rebatida la controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 10/07/2004, y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción comenzó a correr el 01/01/2005 y vencía el 31/12/2009.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a)- desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 10/08/2006 (fs. 11/12 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 1 años, 8 meses y 9 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 3 años, 3 meses y 21 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 10/08/2006) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que la norma hace referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA N° 5152/11 dictada el 04/08/2011.
Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 10 /08/2006 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 04/08/2011 (fecha del dictado de la resolución). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 05/08/2011. Es decir, que desde allí comenzó a correr los 3 años, 3 meses y 21 días, que restaban para completar el plazo prescriptivo. Que sin que haya operado el transcurso de dicho plazo se efectuó la notificación de la resolución aduanera, el 23/10/2013, con los correspondientes efectos que la legislación le atribuye en materia interruptiva del plazo de prescripción (“…la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.) Que por ello, corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos, sin costas por su tratamiento integrativo con el fondo.
VII. En el marco de lo expuesto, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del CA, con relación a parte - 4.298,08kgs - de la mercadería importada temporalmente mediante el DIT Nº Nro. 01 001 IT14 003856F, de la firma “Nexans Optel S.A.”, registrada ante la Aduana de Bs. As. (capital) el 24/07/2001 al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento de plazo de permanencia el 10/07/2004.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que de modo tal, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. – eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VIII. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporalmente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del CTC en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaria de Industria.
Que, al respecto, establecen: "El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)". (Art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. N° 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del N° de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A. que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. SOC Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los PE.
Que existiendo, un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos. Mermas. Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"(conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. N° 1439/96) establece que: "La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de tipificación y Clasificación (CTC) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen".
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: "A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9° de la Resolución ME y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaria cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9°, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaria de Industria y Comercio."
IX. Que mediante el DIT Nº 01 001 IT14 003856F, oficializado ante la Aduana de Bs. As. (Capital) el 24/07/2001, con vencimiento prorrogado en forma extraordinaria al 10/07/2004, la actora importó: 5.047kgm. de mercadería de la PA 7212.40.20.000H “Revestidos de plástico – pintados, barnizados o revestidos de plástico PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600mm, CHAPADOS O REVESTIDOS”.
Que, tras ello, el servicio aduanero formuló denuncia por un total de 4.298,08kgs. de la mercadería importada temporalmente por no haber sido acreditada debidamente su reexportación. Siendo descontado el resto exportado mediante los PE Nro. 04 073 EC03 004458Z y 04 001 EC03 012399K Que al contestar la vista del art. 1101 del CA, la firma importadora manifestó que por cuestiones de fuerza mayor ajenas a la empresa no pudo reexportar la totalidad de la mercadería dentro de los plazos previstos, por lo que debió solicitar una prórroga ordinaria y posteriormente una extraordinaria para ello. Así las cosas, ante la imposibilidad de dar cumplimiento con el régimen solicitó una nueva prórroga la cual le fue denegada, y frente a la cual formuló impugnación. Ante tal situación, es que solicita se conceda un plazo razonable que permita reexportar la mercadería involucrada, e informa que reexporto parte de la mercadería por medio de los PE nros. 04 073 EC03 004458Z y 04 001 EC03 012399K.
Que de igual modo, al contestar la vista del art. 1101 del CA, la aseguradora manifestó que el DIT Nº 01 001 IT14 003856F habría sido cancelado en tiempo y forma.
Que a fs. 322, mediante Nota Nº 3407/11 (SE PRTE) el Servicio Aduanero informó los saldos no cancelados respecto de la Destinación Nº 01 001 IT14 003856F, declarando 748,92kgs de mercadería cancelada y 4.298,08kgs de mercadería de infracción.
Tras ello, la Aduana condenó a la importadora y a su garante por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA respecto de 4.298,08kgs de la mercadería importada mediante la DIT Nº 01 001 IT14 003856F.
X. Que la actora, ante esta instancia y tal como lo hizo al contestar la vista en Sede Administrativa, adujo la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con la debida reexportación de los enseres involucrados, por lo que solicitó al servicio aduanero, la correspondiente prórroga, a través del expte nº 411.928/02, siendo la misma concedida. Asimismo, frente a la inminente necesidad de un plazo adicional, por cuestiones de fuerza mayor requirió por el Expte. nº 411.864/03, una nueva prórroga, la que resultó otorgada por el servicio aduanero, operando el nuevo vencimiento con fecha 10/07/2004. Sin embargo, ante la dificultad de poder cumplir con la debida reexportación, por razones de extrema necesidad, solicitó una nueva prórroga extraordinaria mediante el expte nº 412.303/04, la cual el servicio aduanero resolvió rechazar y contra el cual la interesada interpuso formal recurso de impugnación.
Que la recurrente estima que ante la falta de resolución de la impugnación interpuesta, el plazo para efectuar las debidas reexportaciones aún se encuentra vigente y por ende, la inexistencia del hecho imponible como tal. Que cabe destacar, que tanto el Decreto nº 1439/96 como la Resolución ME y OSP Nro. 72/92 establecieron la forma y condiciones necesarias para el otorgamiento de prórrogas.
El Artículo 6º del Decreto nº 1439/96 establece: “La mercadería importada bajo el presente régimen deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de UN (1) año computado desde la fecha de su libramiento. El plazo señalado en el párrafo anterior será de DOS (2) años cuando se trate de bienes de producción no seriada comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur —NCM— que se detallan en el Anexo I del presente Decreto. Asimismo, asimismo el Artículo 8º prevé; “Los plazos establecidos en el Artículo 6º podrán ser prorrogados hasta UN (1) año, a solicitud del interesado, por única vez y por razones debidamente justificadas que impidan la exportación en las condiciones establecidas en el Artículo 1º.
Que la Resolución nº 72/92 en su Art. 5º establece: “Cuando razones debidamente justificadas impidan la exportación de las mercaderías importadas en las condiciones previstas en el Artículo 1º dentro del plazo establecido en el Artículo 4º, el interesado podrá, hasta UN (1) mes antes del vencimiento de dicho plazo, y fundamentando adecuadamente su pedido, solicitar por única vez a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS el otorgamiento de una prórroga, que en ningún caso y por ningún concepto podrá exceder de CIENTO OCHENTA (180) días adicionales. Vencido el plazo previsto en este Artículo para solicitar esta prórroga el usuario perderá todo derecho a solicitarla.”
Que por su parte, el citado artículo 266 del Código Aduanero fija: “1. Con una anterioridad mínima de UN (1) mes al vencimiento del plazo acordado y mediando motivos fundados, el interesado podrá solicitar a la Administración Nacional de Aduanas la prórroga del mismo. 2. La Administración Nacional de Aduanas evaluará los motivos expuestos y, si fueren razonables, concederá por una sola vez una prórroga por un período que no podrá exceder el del plazo originario. 3. En el supuesto de que denegare la prórroga solicitada, la Administración Nacional de Aduanas otorgará un plazo perentorio de VEINTE (20) días, a contar desde la fecha de la notificación de la denegatoria, para cumplir con la obligación de reexportar para consumo. Si el vencimiento del plazo originario fuese posterior al de los VEINTE (20) días, este último se considerará extendido hasta la fecha de aquel vencimiento.”
Que del análisis de las presentes actuaciones se observa que el Servicio Aduanero otorgó correctamente las prórrogas tramitadas por los Exptes Nros. 411.928/02 y 411.864/03, ello a los fines de proteger los derechos del importador ante una situación de fuerza mayor, no imputable a su responsabilidad, y la cual le impidió cumplir con sus obligaciones dentro del plazo, sin embargo, la decisión de denegar una segunda prórroga extraordinaria es jurídicamente inobjetable. Ello, en atención a que la normativa aduanera es taxativa al respecto, estableciendo categóricamente que la concesión de prórrogas debe efectuarse por única vez y por razones debidamente justificadas, no previendo la concesión de una prórroga adicional ante este tipo de circunstancias.
XI. Que por otro lado, la firma importadora invoca la existencia de caso fortuito o fuerza mayor como eximente de su responsabilidad. La actora sostiene que la crisis económica–financiera declarada en nuestro país a través de la Ley 25.561, sancionada en enero de 2002 le impidió cumplir con sus obligaciones impuestas por el régimen aduanero, justificando así las sucesivas prórrogas solicitadas para la reexportación de la mercadería. No obstante ello, dicha parte ha omitido la acreditación de la causal invocada. No se ha aportado prueba alguna, ni en Sede Aduanera ni ante este Tribunal, que respalde la alegada imposibilidad de cumplimiento. Si bien es de público conocimiento la situación económica del país en aquel período, el artículo 731 del Código Aduanero, exige una prueba fehaciente de la causal. La mera invocación de un contexto general no satisface la carga probatoria requerida.
Cabe recordar que la crisis económica del 2001 fue una situación de “fuerza mayor” que afectó a la economía en su conjunto. Las medidas tomadas por el gobierno en ese momento no fueron una respuesta a un caso individual, sino un acto administrativo de alcance general para mitigar los efectos de una crisis nacional. Es decir que es deber del importador, que solicita una prórroga, probar que la “fuerza mayor” que invoca es un hecho imprevisible, inevitable y que le impide el cumplimiento a él en particular.
A mayor abundamiento, se advierte que incluso ante este Tribunal, la actora no ha dado cuenta del cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Que en el marco de lo expuesto, se reconoce la reexportación parcial de la mercadería, tal como surge de los permisos de embarque (PE) Nro. 04 073 EC03 004458Z y 04 001 EC03 012399K. Sin embargo, en virtud de la falta de acreditación de la causal de eximición de responsabilidad, se confirma la infracción por el saldo de mercadería no reexportada, cuyo peso asciende a 4.298,08 kilogramos.
Que, en tales condiciones, al no haberse reexportado la mercadería antes del vencimiento del plazo acordado o importada oportunamente para consumo, cabe concluir que se ha configurado la infracción prevista y penada en el art. 970 del CA, así como el hecho imponible de importación irregular a consumo de la mercadería previsto en el art. 274 del CA, por lo que corresponde confirmar la resolución aduanera en cuanto condena a la importadora por la comisión de la infracción al art. 970 del CA.
XII. Que sentado lo precedente corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada y expedirse sobre la incorporación del derecho adicional en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas, lo cual fue motivo de agravio de la actora en su recurso de apelación.
Que, ello así, y por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal ...” (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo, del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria – “nacionalización ficta”, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Que en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
10. Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XIII. Que por lo tanto, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos de la mercadería en infracción, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el Impuesto a las Ganancias, en virtud de lo expuesto en el Considerando anterior.
Que a tales efectos, corresponde tener en consideración la liquidación efectuada a fs. 323 de las actuaciones administrativas.
Liquidación de Tributos DIT N° 01 001 IT14 003856F RUBROS % VALOR EN ADUANA $ 27.202,24 DERECHOS IMPORTACION 13,5% $3.672,30 TASA ESTADISTICA 0,5% $ 136,01 BASE IMPONIBLE IVA $31.010,55 IVA 21,00% $6.512,21 TOTAL $10.320,53 XIV.- Que sobre el importe de los tributos que se confirman corresponde el pago de intereses establecidos en el art. 794 del CA que deben computarse sobre el capital desde el vencimiento del plazo de diez (10) días computados a partir del 15/11/2006, fecha de notificación de la corrida de vista - ver fs. 277 de la act. Adm.-.
XV. Que, por otro lado, no se advierten elementos suficientes para acceder a la reducción de la pena impuesta (Art. 916 del C.A.), por lo cual la misma debe desestimarse.
XVI. Que, en el marco de lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada en cuento imputa la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA en relación a 4.298,08kgs de la mercadería amparada por el DIT Nro. 01 001 IT14 003856F, intimando el pago de una multa, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 53/100 ($ 10.320,53) y el pago de tributos por la suma de pesos DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 53/100 ($ 10.320,53) con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben computarse desde 30/11/2006 hasta la fecha de efectivo pago y revocarla en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA Adicional y Ganancias.
XVII. Que en cuanto a las costas corresponde imponerlas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.).
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Tener por cumplida la intimación cursada en el punto 2.- del auto de fs. 212 a la parte actora, y por ratificada la presentación efectuada a fs. 208/210, con la presentación de fs. 216/229.
2. No hacer lugar a las excepciones planteadas por la actora. Sin costas.
3. Confirmar el artículo 2°) de la Resolución DE PRLA N° 5152/2011 dictada en la Actuación N° 12197-9912- 2005, en cuanto condena a la importadora NEXANS OPTEL SA al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., fijada en la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 53/100 ($ 10.320,53).
4. Confirmar parcialmente el artículo 4°) de la Resolución DE PRLA N° 5152/2011, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 53/100 ($10.320,53) en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 30/11/2006 hasta la fecha del efectivo pago.
5. Revocar parcialmente el art. 4°) de la Resolución DE PRLA N° 5152/2011, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
6. Costas según los respectivos vencimientos.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto de la Vocal preopinante salvo en cuanto a la imposición de costas dispuesta en parte del punto 5 de la parte resolutiva de su voto, toda vez que entiendo que las mismas deben imponerse “por su orden” en relación al Derecho Adicional, las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias, atento que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912- A) c/DGA”, del 14/08/13, y “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13 y “CLADD ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN – DGA RESOL. 2590/06 - EXPTE. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, de fecha 26/11/19), que fijan los criterios interpretativos respecto de su aplicación, son de fecha posterior al dictado de la Resolución objeto de apelación (04/08/2011) y de la fecha de interposición del presente recurso (11/11/2013). El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Tener por cumplida la intimación cursada en el punto 2.- del auto de fs. 212 a la parte actora, y por ratificada la presentación efectuada a fs. 208/210, con la presentación de fs. 216/229.
2. No hacer lugar a las excepciones planteadas por la actora. Sin costas.
3. Confirmar el artículo 2°) de la Resolución DE PRLA N° 5152/2011 dictada en la Actuación N° 12197-9912- 2005, en cuanto condena a la importadora NEXANS OPTEL SA al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., fijada en la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 53/100 ($ 10.320,53). Con costas a la actora.
4. Confirmar parcialmente el artículo 4°) de la Resolución DE PRLA N° 5152/2011, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 53/100 ($10.320,53) en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 30/11/2006 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a la actora.
5. Revocar parcialmente el art. 4°) de la Resolución DE PRLA N° 5152/2011, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas por su orden. Regístrese, notifíquese a la actora en los CUIT 20-12474184-0 y 27-33020005-2 y al fisco nacional en los CUIT 33-69345023-9 y 27-27648097-4 y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis – Vocal Subrogante-, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (Art. 1.162 CA).
Date: 2025.11.17 14:42:45 ART Date: 2025.11.17 17:46:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.17 19:44:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.17 19:45:11 -03:00
Fin de la sentencia