Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 7953
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAtento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE (disidencia parcial del Dr. Guardiola):
I. Modificar la sentencia de fecha 5/10/2020 en los siguientes puntos:
1Fijar las indemnizaciones por el daño moral de Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro, en las sumas de $ 500.000 para cada una de ellas, indemnizaciones estas a las que, detrayéndoles el 30% asignado a la eficacia causal del hecho de la víctima, quedan determinadas en definitiva en la suma de $ 350.000 (arts. 1078 y 1111 CC).
2Dejar sin efecto la disminución, por falta de uso de casco, del 50% de las indemnizaciones concedidas por pérdida de chance a Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro (art. 375 CPCC).
II. Las costas de Alzada se imponen del siguiente modo:
1Por la contienda recursiva desarrollada entre Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro y el demandado y la citada en garantía, las costas se imponen al demandado y a la citada en garantía (art. 68 CPCC).
2Por la contienda recursiva desarrollada entre Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina y el demandado y la citada en garantía, las costas se imponen a las accionantes Medina y Quiroga (art. 68 CPCC). …
Expte. n°: JU-7953-2014 NICASTRO IRINA GISELE Y OTROS C/ BALOCCO ALBERTO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
------------------------------------------------------------------------------ En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores GASTON MARIO VOLTA, JUAN JOSE GUARDIOLA y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, en causa nº JU-7953-2014 caratulada: "NICASTRO IRINA GISELE Y OTROS C/ BALOCCO ALBERTO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Volta y Guardiola.- La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
I. En fecha 5/10/2020 la Jueza titular del juzgado de primera instancia n° 4, Dra. Laura Josefina Panizza, dictó sentencia, por la que, en primer lugar, receptó las pretensiones deducidas por Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro contra Alberto Ismael Balocco, condenando a este último y a "Boston Compañía Argentina de Seguros", ésta en los términos del artículo 118 de la ley 17418, a pagar las siguientes indemnizaciones: de $ 400.000 para cada accionante, por la pérdida de chance con repercusión económica por el fallecimiento de su hermano; de $ 210.000 por el daño moral de Irina Gisele Nicastro; de $ 70.000 por el daño moral de Vanesa Adriana Nicastro y $ 140.000 por el daño moral de Lorena Ester Nicastro; sumas estas que ya tienen descontado el 30% de incidencia causal asignado al hecho de la víctima, y a las que debe adicionársele intereses a la tasa del 6% anual, desde el día del hecho hasta el día en que la sentencia quede firme, y de allí en más, a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, hasta el efectivo pago. Impuso las costas al demandado y a la citada en garantía, aclarando que los honorarios a regularse al Dr. Pedro Di Péntima son a cargo de su cliente.
En segundo lugar, desestimó, por falta de legitimación activa, las pretensiones incoadas por Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina, con costas a cargo de las mismas.
Finalmente, difirió la regulación de honorarios profesionales.
De tal modo, la sentenciante de origen se expidió acerca de las pretensiones encaminadas a la indemnización de los daños que alegaron haber padecido los accionantes a raíz del fallecimiento de su hermano Miguel Alberto Nicastro, acaecido a causa de la colisión producida entre la motocicleta guiada por el mismo y la camioneta conducida por el demandado.
II. Contra este pronunciamiento, interpusieron sendas apelaciones: el demandado en fecha 9/10/2020; el Dr. Juan Carlos Boragina, en representación de la citada en garantía, en fecha 14/10/2020; y la Dra. Estefanía Millenovich, en representación de la parte actora, en fecha 19/10/2020; recursos que, concedidos libremente, motivaron la elevación del expediente a esta Cámara.
III. En fecha 8/2/2021 la Dra. Millenovich presentó la expresión de agravios, impugnando: la incidencia causal asignada al hecho del motociclista fallecido; la incidencia causal asignada a la falta de utilización de casco por parte del motociclista fallecido; las indemnizaciones concedidas por daño moral; la desestimación de las pretensiones promovidas por Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina y la imposición de costas a estas accionantes.
IV. En fecha 15/3/2021 el demandado presentó la expresión de agravios, impugnando la responsabilidad que le fue atribuida; y a todo evento, las indemnizaciones concedidas por los rubros pérdida de chance y daño moral.
V. En fecha 22/3/2021 el Dr. Boragina presentó la expresión de agravios, impugnando las indemnizaciones concedidas por los rubros pérdida de chance y daño moral.
VI. Corrido traslado de las expresiones de agravios, se recibieron las siguientes contestaciones: la formulada en fecha 24/4/2021, en la que el Dr Boragina solicitó la desestimación de la apelación de la parte actora; las formuladas en fecha 26/4/2021, en las que la Dra Millenovich solicitó la desestimación de las apelaciones del demandado y de la citada en garantía; en tanto que el demandado no contestó el traslado, razón por la cual, luego de darle por perdida la carga de hacerlo, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.
VII. En tal labor, paso a abordar los distintos agravios.
A) Comienzo por el tratamiento de los agravios dirigidos por la Dra. Millenovich y por el demandado, obviamente con objetivos contrapuestos, contra la atribución parcial de responsabilidad a este último.
a] A tal efecto, estimo útil recordar:
i. Que la sentenciante de origen mencionó inicialmente que el acaecimiento del hecho invocado por la parte actora se encuentra reconocido y acreditado con las pruebas colectadas tanto en la presente causa como en la causa penal; y que al mismo corresponde aplicarle el artículo 1113 del Código Civil derogado, porque este cuerpo legal estaba vigente al momento de su producción.
Expuso que en la causa penal formada con motivo del hecho de autos, se le otorgó al aquí demandado la suspensión del juicio a prueba, y posteriormente, se lo sobreseyó ante la extinción de la acción penal; decisiones estas que no generan impedimento alguno en el análisis de la responsabilidad civil, dado que no hacen cosa juzgada al efecto, sin perjuicio de la posibilidad de valorar las pruebas en ella recogidas, en la medida que fueren trasladables a este proceso.
Sostuvo que no hay dudas acerca de la responsabilidad del accionado en la colisión, dado que con la pericia accidentológica practicada en la causa penal y la pericia de ingeniería mecánica practicada en autos, quedó probado que la camioneta, al girar hacia la izquierda para tomar por la calle Olavarría, invadió la mano contraria de circulación de la ruta nacional nº 188 por la que transitaba la motocicleta, interrumpiendo la línea de marcha de ésta y generando la colisión entre ambas.
Expuso que de las declaraciones vertidas en la causa penal por los testigos Uspong y Bonet, se desprende de manera contundente que la motocicleta circulaba sin luces encendidas; falta de iluminación que tiene incidencia causal en la producción del accidente, aunque atenuada ante la peligrosa maniobra realizada por el demandado.
Continuó diciendo que aunque había escaso alumbrado artificial, el demandado estaba de frente a los vehículos que transitaban por la mano contraria, contando con buena visibilidad según el informe agregado en autos; no obstante ello, el accidente se produjo en un horario en el cual, por la época del año, resulta dificultosa la visualización de los rodados que circulan por la ruta.
Añadió que, si bien los mencionados testigos declararon que vieron que la motocicleta venía rápido, no existen elementos que confirmen la infracción a la velocidad máxima permitida, dado que ambos expertos explicaron que no podían determinarla en forma analítica por medio de cálculos físicomatemáticos.
Concluyó afirmando que el accidente de autos es el resultado de una concurrencia causal, en la que el hecho de la víctima tuvo una incidencia del 30%, y el riesgo de la maniobra realizada por el demandado en la conducción de la camioneta, tuvo una incidencia del 70%; porcentaje este al que se limita la responsabilidad del mismo.
ii. Que la Dra. Millenovich cuestionó la incidencia causal que la sentenciante de origen asignó al hecho del motociclista fallecido. Basó su crítica recursiva en los siguientes argumentos:
* la sentenciante omitió considerar que, como quedó probado en la causa penal, el demandado carecía de licencia para conducir; omisión que resulta congruente con la peligrosa maniobra que realizó y que se constituyó en la única causa del accidente;
* la falta de licencia para conducir deja de ser una mera falta o contravención, para constituirse en elemento demostrativo de la ausencia de idoneidad para el manejo del demandado, demostrada por la realización de la peligrosa maniobra de girar a la izquierda sobre una ruta de doble mano, interponiéndose en la marcha de los vehículos que por ella circulaban; * la resolución dictada en la causa tramitada en el Juzgado de Garantías nº 2, confirmada por la Cámara de Apelación y Garantías, denegó el sobreseimiento del aquí demandado, haciendo hincapié en que resulta evidente la violación por parte del mismo, de los deberes impuestos por la ley de tránsito; * la sentencia que posteriormente hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba, sin desconocer esta circunstancia, le otorgó ese beneficio al imputado, pero obligándolo a realizar el curso teórico-práctico de conducción; * la sentenciante de origen incurrió en una presunción infundada de culpa de la víctima como causa concurrente en la producción del hecho, desconociendo que la causa exclusiva del mismo fue la conducta del demandado; quien, sin estar habilitado para conducir, violó las normas de tránsito y el deber objetivo de cuidado, al cruzar la ruta invadiendo la mano contraria e interponiéndose en la línea de marcha de la víctima;
* esa mecánica del accidente no quedaría alterada por las circunstancias no probadas de que la víctima hubiera ido a velocidad excesiva o sin luces o sin casco; ya que, aún cuando así pudiera hipotéticamente haber acontecido, la probada maniobra del demandado igualmente hubiera producido el resultado dañoso;
* no es cierto que la motocicleta no llevaba las luces prendidas; pero, aun de haber sido cierto, tal omisión no hubiera tenido incidencia causal en el resultado dañoso, ya que existen elementos contundentes de la causa penal por los que se tiene por probado que la visibilidad en el lugar era buena; * la policía llegó al lugar del hecho a las 19 horas, respondiendo a un llamado telefónico y a esa misma hora ingresó el cuerpo de la víctima al hospital; por lo que, atendiendo a la distancia entre el lugar del hecho y la comisaría y el hospital, entre cinco y siete kilómetros aproximadamente; resulta probado que el hecho ocurrió a las 18,30 horas, en momentos en que la visibilidad que era buena en el lugar, tal como dictaminó el perito en accidentología víal Ruiz;
* el perito ingeniero mecánico Tizi entendió que, antes del impacto, la motocicleta tenía luces que no correspondían a su modelo; por lo que cabe interpretar que venía con luces, las que resultaron destruidas con el impacto; * la sentenciante consideró que la moto no tenía las luces prendidas en el momento del accidente, apoyándose en dos declaraciones testimoniales prestadas en sede policial, las que no fueron ratificadas en autos; falta de ratificación que impidió que las accionantes pudieran controlarlas, por lo que quedan privadas de todo valor;
* no se sabe cómo llegaron esos testigos a declarar en sede policial, ni quién los propuso o requirió; pudiendo cuestionarse ahora sus declaraciones, por ser ésta la primera oportunidad para hacerlo;
* ninguno de los dos testigos pudo ver el accidente, ni identificar a los vehículos; pero, sin embargo, ambos pudieron ver la supuesta motocicleta de la víctima, resultando entonces que el demandado es el único que no pudo verla, lo que denota su actuar negligente, imperito, imprudente y de alta peligrosidad, causante exclusivo y excluyente del accidente;
* caídas las declaraciones de los testigos Uspong y Bonet, se diluye el argumento de la sentencia para sostener que la motocicleta circulaba sin luces encendidas;
* el oficial principal Edgar Adolfo Arce, que fue el primer agente policial en llegar al lugar del hecho, el perito en accidentología vial Ruiz y el perito ingeniero mecánico Tizi, coincidieron en que la única causa del accidente, fue la interposición de la camioneta en la marcha de la motocicleta, previa invasión de la mano contraria;
* el demandado no probó ningún eximente; por el contrario, ambos peritos dictaminaron que la visibilidad era buena para ambos conductores.
iii. Que el demandado se agravió por la responsabilidad que le fue atribuida, solicitando la desestimación de la pretensión entablada en su contra o, en su defecto, la elevación de la eficacia causal atribuida al hecho de la víctima.
Basó su crítica recursiva en los siguientes argumentos:
* la sentenciante de primera instancia realizó una errónea valoración de los elementos de prueba esenciales que acreditan la interrupción total del nexo causal por la culpa del fallecido Nicastro, quien circulaba sin el dominio de la motocicleta y a alta velocidad;
* más allá de que los peritos manifestaron que no podían determinarla matemáticamente, la alta velocidad de la moto al momento del impacto se encuentra avalada en elementos objetivos, como la gravedad de las lesiones que ocasionaron la muerte de su conductor y el estado material en el que quedó la camioneta;
* el sentido común indica que la motocicleta circulaba una velocidad elevada; ya que no quedaron marcadas huellas de frenada, de lo que surge también que su conductor no realizó ninguna maniobra para evitar el impacto, lo que demuestra su falta de atención y de dominio sobre la moto;
* el fallecido Nicastro, además de circular sin las luces reglamentarias encendidas, conducía su motocicleta a elevada velocidad, circunstancias probadas con las declaraciones testimoniales de los testigos Uspong y Bonet y que demuestran que el hecho del mismo fue la única causa del accidente de autos, por cuanto se colocó voluntariamente en una situación de peligro; * quedó acreditado que la camioneta estaba estacionada en la banquina con la luz de giro colocada, esperando que las circunstancias del tránsito le permitieran iniciar la maniobra; de lo que se desprende que la circulación de la moto sin las luces reglamentarias fue la causa exclusiva del accidente, dado que si hubiera podido verla, él no hubiera efectuado la maniobra de giro. b] A fin de resolver estos agravios, cabe señalar que este caso ha sido encuadrado normativamente en forma correcta, al ser subsumido en la segunda parte del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil; cuerpo legal que resulta aplicable porque estaba vigente al momento del acaecimiento del hecho aquí debatido (art. 7 CCyC).
Sentado ello, queda en claro que en el caso de autos, el factor de atribución de responsabilidad es objetivo, en base al riesgo creado por la intervención activa de una cosa.
De acuerdo al régimen establecido en dicha norma, los accionantes deben probar: el daño; el riesgo de la cosa; la relación de causalidad entre uno y otro, exteriorizada por la intervención activa de la cosa; y que el litigante contrario es dueño o guardián de la misma.
Acreditados estos extremos, de nada le sirve al demandado probar que no hubo culpa de su parte.
Para eximirse de responsabilidad, debe necesariamente demostrar, o bien, que la cosa fue usada en contra de su voluntad; o que se produjo la interrupción total o parcial del nexo causal, debido al acaecimiento de un hecho extraño al riesgo de la cosa que interfirió en el proceso que culminó con el daño. Para fracturar o, al menos, limitar la relación de causalidad, el dueño o guardián necesita demostrar el hecho autoperjudicial de la víctima, el hecho relevante de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito ajeno al riesgo de la cosa.
En este caso concreto, la sentenciante de origen consideró que se verificó una concurrencia causal entre el riesgo de la camioneta y el hecho del conductor de la motocicleta; y por lo tanto, estableció la responsabilidad del demandado en el 70%; decisión que motivó el cuestionamiento de ambos apelantes, ya que la parte actora pretende que se le asigne al mismo la responsabilidad total; mientras que este último persigue su completa liberación o, al menos, la asignación de un mayor porcentaje de incidencia causal al hecho del motociclista fallecido.
Para dilucidar esta cuestión, resulta decisivo destacar que no existe disenso entre las partes, en cuanto a que la colisión se produjo cuando el demandado, al comando de la camioneta, transitaba en la zona urbana de Rojas, por el carril de circulación de la ruta nacional nº 188 con dirección hacia Pergamino, y al aproximarse al cruce con la calle Olavarría, intentó girar a la izquierda, invadiendo el carril contrario de circulación e interponiéndose en la trayectoria de la motocicleta que por allí transitaba.
La peligrosidad que entraña el viraje a la izquierda desde una arteria de doble mano, puesto que genera necesariamente una interferencia en la marcha de los vehículos que circulan por el carril contrario, imponía que el demandado extremara todos los recaudos necesarios a fin de asegurarse de que ese carril estuviera despejado; es decir, que contaba con espacio y tiempo suficientes como para atravesarlo, sin obstaculizar el paso de los vehículos que por allí transitaran.
El resultado de la maniobra de giro indica a las claras que no lo hizo; por lo que resulta forzoso concluir en que el riesgo de la camioneta, potenciado por la imprudencia de su conductor, constituye causa adecuada del accidente. No obstante ello, adelanto que dicha causa no ha sido la única, sino que analizando el accidente desde una perspectiva integral, cabe concluir que quedó configurada una confluencia causal entre el riesgo de la camioneta y el hecho negligente del conductor de la motocicleta.
Llego a esta conclusión, valorando las declaraciones prestadas por los testigos Rodolfo Bernardo Uspong y Juan Manuel Bonet, quienes dijeron en la causa penal que mientras iban transitando en sus vehículos en la proximidad del lugar del accidente, vieron pasar a la motocicleta sin las luces encendidas. No encuentro motivo alguno para descartar la veracidad de los dichos de estos testigos que se presentaron en sede policial, tres días después de acontecido el accidente; por lo que es lógico suponer que tenían bien fresco el recuerdo del mismo (art. 384 CPCC).
Además, la ausencia de luces de la motocicleta es una circunstancia que se percibe mediante el sentido de la vista y no es susceptible de apreciaciones subjetivas.
Por otra parte, la propia parte actora ofreció la causa penal como prueba instrumental (ver fs. 34 punto d), por lo que no puede ahora disconformarse con las constancias de la misma que le resulten adversas (conf. SCBA, sent. del 12/11/2020 recaída en la causa C 122451 "G., M. d. l. N. y otros c/ Ríos, Cristian Ariel y otros s/ Daños y perjuicios", Sumario Juba B11329).
En consecuencia, tengo por acreditado que la motocicleta circulaba por la ruta nacional nº 188 sin las luces encendidas.
Esta omisión, además de importar un incumplimiento del la ley de tránsito (art. 47 inc. a] de la ley 24.449), tiene relevancia en la causación del accidente, puesto que éste aconteció algunos minutos antes de las 18:55 horas, hora en que se recibió en la Comisaría de Rojas el respectivo aviso telefónico (ver fs. 1 causa penal).
Según el informe remitido por la División Astronomía del Servicio de Hidrografía Naval del Ministerio de Defensa, a las 18:31 horas del día en que se produjo el accidente, finalizó el crepúsculo civil vespertino, intervalo de tiempo posterior a la puesta del sol, durante el cual se pueden distinguir los objetos terrestres sin necesidad de luz artificial (ver fs. 359).
Teniendo entonces por acreditado que la colisión se produjo en un momento próximo a la finalización del crepúsculo civil vespertino y que en el lugar donde se produjo el accidente tenía "escaso alumbrado artificial" (ver acta de procedimiento de fs. 1 de la causa penal), no caben dudas de que la falta de luces en la motocicleta, resulta trascendente en la causación del daño; trascendencia que considero correctamente estimada en un 30%.
No puede soslayarse para estimar este porcentaje de incidencia causal, que los testigos Uspong y Bonet vieron a la motocicleta circulando; circunstancia que da la pauta de que la misma era perceptible pese a la falta de luces, más allá que de que si las hubiese llevado encendidas, se hubiera facilitado su visibilidad.
En cuanto a la invocada excesiva velocidad de la motocicleta, creo relevante remarcar que, tanto el técnico superior en accidentología vial Eduardo Fabián Ruiz (ver fs. 151 de la causa penal) como el perito ingeniero mecánico Juan Ignacio Tizi (ver escrito de fecha 1/9/2019, resp. al punto 11 parte demandada), manifestaron que no era posible determinar la velocidad de la motocicleta, por no contar con datos técnicos.
Esta indeterminación técnica deriva en que no pueda tenerse por acreditada la excesiva velocidad de la motocicleta; porque a tal efecto resultan insuficientes los dichos de los testigos Uspong y Bonet, quienes transmitieron una percepción personal susceptible de apreciaciones subjetivas, y por tanto, carentes de fuerza probatoria (art. 384 CPCC).
Por todo lo expuesto, cabe concluir en que en este caso quedó configurada una confluencia causal entre el riesgo del automóvil y el hecho negligente del fallecido conductor de la motocicleta; hecho éste al que, como antes dije, corresponde asignarle una eficacia causal del 30%; razón por la cual, la responsabilidad del demandado queda limitada al 70%, sin perjuicio de la incidencia causal adicional que pudiera asignársele a la falta de casco. Como corolario, emerge que los agravios en tratamiento deben desestimarse (arts. 7 CCyC, 1113 CC y 47 inc. a] de la ley 24.449).
B) Sigo por el tratamiento de los agravios referidos a los rubros indemnizatorios.
1. En primer lugar, abordaré los agravios referidos a las indemnizaciones correspondientes al daño patrimonial derivado del fallecimiento de Miguel Alberto Nicastro.
a] A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que la sentenciante de origen fijó las indemnizaciones por la pérdida de chance derivada del fallecimiento de Miguel Alberto Nicastro, en las sumas de $ 400.000 para Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro; en tanto que rechazó los reclamos indemnizatorios formulados por este mismo rubro por Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina.
Hizo hincapié en que el joven hermano de las actoras tenía veintiún años de edad al momento de su deceso y, de acuerdo a los testimonios brindados por Sebastián Hugo Fernando y Jorge Gulias, trabajaba en un molino harinero de Rojas desde unos años antes de su deceso, habiendo previamente trabajado en una metalúrgica de los mismos dueños del molino.
Expuso que de las declaraciones de estos testigos surge que el joven fallecido vivía con sus hermanas en la misma vivienda, conformando un grupo familiar con ellas y sus sobrinos, pagando las cuentas de la casa, luz, cable y probablemente de la comida.
Agregó que Gulias dijo que Nicastro ganaba un salario mensual que oscilaba entre los importes de $ 6.000 y $ 8.000, en esa época.
Remarcó que de la pericia psicológica y del informe socio ambiental realizado en el incidente del beneficio de litigar sin gastos, surge que convivían con el fallecido, sus hermanas Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro, cada una con sus hijos menores; y a partir de esta convivencia, tuvo por acreditado el aporte económico que aquel realizaba en favor de éstas.
Continuó diciendo que el grupo conviviente era una familia monoparental extensa, ubicada por debajo de la línea de pobreza, sin ingresos económicos suficientes para solventar sus necesidades básicas.
Sostuvo que resulta útil para cuantificar la indemnización, la adopción de una fórmula matemático-actuarial, en la que volcó los siguientes datos: el ingreso anual del fallecido, determinado por medio de la actualización del salario referido por el testigo Gulias, acudiendo a la categoría más baja de la escala de sueldos básicos de la actividad molinera en la época del dictado de la sentencia; la edad del fallecido y de sus hermanas; el porcentaje de los ingresos que el fallecido hubiera destinado al sostenimiento de sus hermanas; y la tasa de descuento decimalizada.
Paralelamente, desestimó los reclamos indemnizatorios formulados por las coactoras Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina, por no haberse acreditado los beneficios derivados en su favor de la actividad del fallecido, haciendo hincapié en que las mismas no pertenecían al grupo conviviente de éste.
ii. Que el demandado se agravió por la concesión de las indemnizaciones bajo análisis, solicitando el rechazo de las mismas.
Expuso que para determinar estas indemnizaciones resulta aplicable el Código Civil derogado, en cuya virtud, las actoras no son titulares de acción alguna, puesto que los artículos 1084 y 1085 limitan taxativamente la legitimación a los herederos necesarios de la víctima, condición ésta que no reúnen Adriana, Lorena e Irina Nicastro, que son hermanas.
Sostuvo que con el informe socio ambiental quedó acreditado que las hermanas convivientes, de treinta, veinticinco y veintitrés años, tenían ingresos propios y estaban capacitadas para generar su propio sostén económico. Concluyó en que, al no haber quedado probado que la víctima era el sostén económico de sus hermanas convivientes, las que a la vez están fuera del espectro legal de los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, corresponde el rechazo del rubro pérdida de chance.
Finalizó diciendo que, eventualmente para el supuesto de que se admitiera la procedencia de este reclamo indemnizatorio, resulta excesiva y desproporcionada la estimación de la ayuda perdida en el 40 % de los ingresos de la víctima.
iii. Que el Dr. Boragina cuestionó el otorgamiento de las indemnizaciones por pérdida de chance a las hermanas convivientes del joven fallecido. Expuso que la sentenciante concedió estas indemnizaciones, pese a que no se acreditó que la víctima realizara aportes económicos a sus hermanas, basándose en declaraciones testimoniales genéricas, sin referencia concreta a los ingresos, ni a la estabilidad en el empleo del fallecido.
Sostuvo que las hermanas convivientes no acreditaron el daño alegado, dado que los testigos se limitaron a indicar, sin asegurarlo, que el joven fallecido habría brindado cierta ayuda económica al grupo familiar conviviente. Agregó que tampoco quedó probada la actividad productiva del fallecido, ya que no hay constancia alguna que indique el salario, puesto u horario que tenía el mismo al momento del accidente.
Continuó diciendo que no se probó la pretensa ayuda suprimida y, a todo evento, no se allegó ninguna pauta para poder calcular el monto indemnizatorio; omisiones que transforman en arbitraria a esta indemnización.
Coronó este razonamiento, expresando que la indemnización concedida por este rubro se fundó en presunciones; pese a que la chance perdida deber ser cierta y no eventual.
Afirmó que suponer que el joven fallecido destinaba el 40% de sus ingresos para ayudar a sus hermanas, resulta excesivo.
Concluyó solicitando que se deje sin efecto la indemnización otorgada o, a todo evento, se la reduzca a un monto razonable.
iv. Que la Dra. Millenovich se agravió por el rechazo de los reclamos indemnizatorios por la pérdida de chance formulados por Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina, y solicitó que los mismos sean concedidos.
Sostuvo que es errónea tal denegatoria, dado que todas las hermanas, hubieran convivido o no con el causante, tienen derecho al resarcimiento de la pérdida de chance.
Argumentó que en las familias que se hallan por debajo de la línea de pobreza, el hermano que tiene trabajo es el único recurso con el que los demás integrantes cuentan para una eventual ayuda para comprar algunos comestibles, para afrontar enfermedades o para realizar traslados. Remarcó que el testigo Gulias dijo que el joven fallecido ayudaba mucho a sus hermanas, sin distinguir entre unas y otras, abarcando a todas. Finalizó diciendo que la no convivencia queda relativizada en la localidad de Rojas, en la que todo está cerca; motivo por el cual, cuando una de estas hermanas necesitaba algo, se iban a vivir con su hermano o le pedían que les haga el favor de llevar a sus hijos o lo que fuere necesario.
b] * A fin de resolver los agravios expuestos por el demandado y la citada en garantía, resulta útil señalar que los artículos 1084 y 1085 del Código Civil (cuerpo legal que en virtud de lo dispuesto por el artículo 7 del Código Civil y Comercial resulta aplicable al presente caso) establecen la presunción de que el cónyuge sobreviviente y los herederos necesarios de la persona fallecida, sufren, a causa del fallecimiento de la misma, un daño patrimonial consistente en la privación de los medios indispensables para su subsistencia. Paralelamente, con base en el artículo 1079 del Código Civil, cualquier damnificado indirecto tiene derecho al resarcimiento de los menoscabos materiales que les hubiere ocasionado el fallecimiento de la víctima directa del homicidio.
Para que prospere el reclamo resarcitorio formulado por personas no beneficiarias de la presunción legal de daño patrimonial, como los hermanos, resulta indispensable la prueba de un daño cierto; prueba que se logra mediante la demostración de que los reclamantes recibían de la víctima, una ayuda valorable económicamente, de carácter estable y no accidental (art. 375 CPCC). Partiendo de esta plataforma, asigno relevante trascendencia a las declaraciones de los testigos Sebastián Hugo Fernando y Jorge Gulias. Ambos coincidieron en que Miguel Alberto Nicastro trabajaba en un molino harinero en la época previa a su deceso, habiendo trabajado con anterioridad en una metalúrgica, que también era del mismo empleador. Gulias, además, dijo haber sido compañero de trabajo de Miguel Alberto Nicastro en el molino y que todos los empleados que allí trabajaban ganaban por aquella época un salario que oscilaba entre los importes de $ 6.000 y de $ 8.000.
Fernando expuso que el grupo familiar del joven fallecido estaba conformado por sus hermanas y sobrinos, con quienes convivía en la misma casa, colaborando con los gastos de la misma.
Gulias dijo que Miguel Alberto Nicastro vivía con las hermanas en la misma casa, comportándose como el hombre de la misma, llevando el aporte económico y colaborando mucho con sus hermanas, inclusive comprando pañales para el bebé de una de ellas.
Valorando estas concordantes declaraciones testimoniales, de las que no encuentro motivo válido alguno para apartarme, tengo por probado que el joven fallecido colaborada en forma usual y regular con las hermanas que con él convivían; ayuda que al haber cesado les generó a ellas un daño patrimonial cierto, y por ende, resarcible (arts. 384 y 456 CPCC).
En cuanto a la magnitud de la truncada colaboración económica, ante la falta de prueba precisa de los ingresos del fallecido, bien ha estado la sentenciante en acudir para determinarlos, a la categoría más baja de la escala de sueldos básicos de la actividad molinera; por resulta una pauta adecuada, que en modo alguno puede ser tildada de excesiva.
También resulta prudente la estimación del porcentaje de los ingresos que el fallecido dedicaba a la ayuda de sus hermanas convivientes, ya que las erogaciones que el mismo efectuaba para costear los gastos de la casa en la que vivía, satisfacía necesidades propias y paralelamente ajenas, como, por ejemplo, los servicios públicos domiciliarios.
Por tal razón, es que no resulta excesivo el 40 % de los ingresos del fallecido, estimado como ayuda económica para sus hermanas convivientes. Como corolario, emerge que corresponde rechazar los agravios expuestos por el demandado y la citada en garantía, y consiguientemente, confirmar las indemnizaciones por el rubro pérdida de chance concedidas a Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro (arts. 1079 CC; 165, 375, 384 y 474 CPCC).
* Abordando el agravio expuesto por la parte actora, anticipo que tampoco puede prosperar, puesto que las accionantes Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina no acreditaron el perjuicio patrimonial que alegaron (art. 375 CPCC).
Llego a esta conclusión, haciendo hincapié en primer lugar que llega firme a esta instancia revisora, por falta de impugnación al respecto, que las mencionadas actoras no convivían con su hermano fallecido.
Teniendo por inconmovible esta plataforma fáctica, toman trascendencia las declaraciones de los testigos Fernando y Gulias, quienes dijeron que Miguel Alberto Nicastro colaboraba con los gastos de la casa y se comportaba como el hombre de la casa; dichos que denotan que el mismo volcaba el aporte económico en la casa donde vivía, favoreciendo de tal modo a sus hermanas convivientes.
En cambio, estos testigos no hicieron ninguna referencia a que el fallecido también ayudara a las hermanas no convivientes; razón por la cual, no puede tenerse por probada una colaboración económica prestada con regularidad por aquel en favor de éstas, cuyo cercenamiento hubiera generado un daño patrimonial cierto.
Por ello, tal como lo anticipé, corresponde desestimar el agravio en tratamiento, y consiguientemente, confirmar la desestimación de los reclamos indemnizatorios de la pérdida de chance por el fallecimiento de su hermano, formulados por Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina (art. 1079 CC).
2. Seguidamente, me ocuparé de los agravios referidos a las indemnizaciones correspondientes al daño moral.
a] A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que la sentenciante valorando que Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro convivían con el fallecido, les reconoció legitimación para reclamar el daño moral sufrido con motivo del fallecimiento de su hermano.
Seguidamente, apoyándose en el dictamen presentado por la perito psicóloga, determinó las indemnizaciones para cada una de ellas, según el grado de afectación padecido por el fallecimiento de su hermano.
ii. La Dra. Millenovich, por un lado, cuestionó las indemnizaciones fijadas por el daño moral de Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro, tildándolas de insuficientes y solicitando su elevación. Expuso que para fijar las indemnizaciones en cuestión, la sentenciante adoptó un criterio genérico que la llevó a establecer un resarcimiento insuficiente, vulnerando el principio de reparación plena.
Agregó que la sentenciante discriminó en forma negativa entre las diversas hermanas, lo que es razonable e infundado, ya que el origen del dolor es la muerte traumática de un hermano; dolor que se hizo más intenso por las circunstancias en que produjo el deceso.
Sostuvo que el fallecido era vital para el núcleo familiar, con una importancia superlativa, ya que ayudaba a todas sus hermanas mujeres; por lo que su pérdida provocó un enorme dolor en todas ellas.
Argumentó que debe apreciarse la especial vulnerabilidad de las reclamantes, quienes por su condición de mujeres que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, merecen la atención positiva del órgano jurisdiccional.
Asimismo, la Dra. Millenovich se agravió por el rechazo de los reclamos indemnizatorios por daño moral formulados por Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina, y solicitó que los mismos sean concedidos.
Sostuvo que es errónea tal denegatoria, dado que todas las hermanas, hubieran convivido o no con el causante, tienen derecho al resarcimiento del daño moral.
Manifestó el daño moral de estas accionantes se encuentra probado con surge de los informes pericial y ambiental, de los que surgen similares indicadores de dolor y angustia que los que afectan a las restantes hermanas. Argumentó que el dolor que sienten esta accionantes por la muerte de su hermano es equivalente al que sienten las demás hermanas, máxime que dicha muerte fue violenta.
Añadió que el requisito que la sentenciante le ha exigido a estas dos hermanas en relación a la no convivencia, es contrario a las normas constitucionales y convencionales.
Concluyó afirmando que la legitimación a estas dos hermanas debe ser declarada inconstitucional.
iii. El demandado se agravió por la concesión de las indemnizaciones por daño moral y solicitó que las mismas sean dejadas sin efecto.
Expuso que en este caso resulta aplicable el Código Civil, en virtud del cual, la legitimación para el reclamo indemnizatorio del daño moral se encuentra limitada por lo dispuesto en el artículo 1078, por lo que las actoras Adriana, Lorena e Irina Nicastro carecen de legitimación por no ser herederas forzosas. Recordó que al contestar demanda, se opuso la defensa de falta de acción de las actoras, haciendo hincapié en que las mismas habían omitido formular el planteo de inconstitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil para saltar el impedimento legal.
Agregó que de la sentenciante también omitió proceder a la declaración oficiosa de inconstitucionalidad del mencionado artículo, por lo que no ha sido removido el obstáculo legal para la admisión del rubro.
iv. El Dr. Boragina impugnó por exorbitantes las indemnizaciones otorgadas por daño moral y solicitó la reducción de las mismas.
Expuso que si bien la sentenciante puede determinar la indemnización del daño moral según su prudente arbitrio, en este caso no ha empleado esa necesaria prudencia al fijar las indemnizaciones cuestionadas.
b] * A fin de resolver el agravio expuesto por el demandado, cabe señalar que el artículo 1078 del Código Civil confiere legitimación para reclamar la reparación del daño moral en ilícitos extracontractuales, sólo al damnificado directo, y en caso de muerte del mismo, a sus herederos forzosos, quedando por ende excluidos los hermanos del fallecido, quienes no revisten tal carácter. Lo que debe verificarse, ante el cuestionamiento de esta limitación a la legitimación activa, es si la misma resulta o no razonable.
En tal menester, cabe señalar que tal limitación tiene como finalidad contener la litigiosidad excesiva que se generaría en caso de concederse legitimación a todas las personas que lógicamente sufren por la muerte de otra. Persiguiendo ese objetivo, el mencionado artículo restringe la legitimación activa, acudiendo al grado de parentesco existente entre el reclamante y el fallecido. En este sistema se descarta la posibilidad de indagar acerca de la entidad del padecimiento espiritual de cada potencial damnificado, adoptándose, en cambio, un criterio menos casuista, ya que se legitima a un elenco de sujetos que normalmente sufren con mayor intensidad por la pérdida de una persona.
Opino que, en principio, la regla general y abstracta establecida en artículo 1078 del Código Civil, por la que sólo se confiere a los herederos forzosos legitimación para reclamar la reparación del daño moral por el fallecimiento de una persona, no es incompatible con la Constitución Nacional. Arribo a esta conclusión, valorando en primer lugar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la "última ratio" del ordenamiento jurídico; por lo que la respuesta negativa como corolario del sometimiento de la norma al test de constitucionalidad, requiere la certeza de que la misma contraría los dos parámetros que deben tenerse en cuenta en tal examen, que son los de razonabilidad y proporcionalidad.
No creo que la limitación en examen resulte violatoria del principio de igualdad ante la ley (art. 16 Const. Nac.); dado que la desigualdad reprobada por la Constitución requiere inexorablemente identidad de circunstancias, identidad que no está presente si se compara la situación de las personas excluidas con la de las legitimadas legalmente para reclamar como damnificados indirectos la reparación del daño moral.
Por otro lado, entiendo que en el artículo 1079 del Código Civil se establece un concepto general del daño injusto; mientras que en el artículo 1078 del mismo cuerpo legal, se adopta un criterio específico para el daño moral; siendo ambos compatibles entre sí.
De cualquier modo, sin perjuicio de la constitucionalidad en abstracto de la restricción legitimatoria bajo estudio, es factible que en casos de especiales características se determine en concreto la inconstitucionalidad de la misma. Estas particulares circunstancias susceptibles de tornar, en un caso concreto, incompatible con la Constitución Nacional a la limitación de la legitimación activa para el reclamo indemnizatorio del daño moral causado por el fallecimiento de una persona, se configurarían cuando, por la existencia de una especial vinculación entre el reclamante y el fallecido, la relación afectiva existente entre ambos excediera el apego que normalmente se tienen las personas unidas por un vínculo como el que ellos tenían.
Vale recordar que los herederos forzosos, únicos legitimados legalmente para reclamar la reparación del daño moral ocasionado por el fallecimiento de una persona, están alcanzados por una presunción de daño, que emparenta a la legitimación con la prueba.
Entonces, sólo en caso de que se acredite esa especial vinculación invocada, estaría en condiciones de removerse la limitación establecida en el artículo 1078 del Código Civil.
Ahora bien, sin perjuicio de que en todos los casos en que se persigue la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil, se requiere, para tener éxito, un particular esfuerzo de alegación y prueba de la existencia de la especial relación afectiva entre el fallecido y el reclamante; la rigurosidad valorativa variará de acuerdo a la mayor o menor proximidad del vínculo familiar existente entre uno y otro. En este sentido, constituirá un elemento presuncional, a reforzarse necesariamente por otros medios probatorios, la repercusión que normalmente tiene el deceso de un hermano; presunción que no alcanza a otros parientes, ni mucho menos a los allegados (arts. 375, 384 y 163 inc. 5° CPC).
Es decir, el vínculo entre hermanos, por sí solo, no resulta suficiente para conferir legitimación activa, ya que no fue computado a tal efecto por el ordenamiento civil; pero ello no significa que carezca de toda relevancia para dilucidar la cuestión.
Partiendo de esta plataforma, considero que en el caso de autos se presentan elementos que permiten reputar como inconstitucional a la limitación contenida en el artículo 1078 del Código Civil, respecto de Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro.
Llego a esta conclusión, valorando la prueba producida en autos, de la que surge, como antes quedó dicho, que las mismas conformaban el grupo familiar conviviente del fallecido, con la proximidad espiritual especial que la convivencia implica.
Este especial vínculo ha quedado comprendido en el régimen establecido en el artículo 1741 del Código Civil y Comercial, norma que aunque inaplicable al presente caso resulta útil como pauta interpretativa, en el que se confiere legitimación para reclamar la reparación del daño moral por el fallecimiento de una persona, además de los ascendientes, descendientes y el cónyuge, a quienes convivían con el fallecido "recibiendo trato familiar ostensible". En síntesis, en este caso concreto, por sus especiales características, la restricción legitimatoria establecida en el artículo 1078 del Código Civil, carece de razonabilidad respecto de las mencionadas accionantes, por carecer de aptitud para lograr el cumplimiento de los fines perseguidos por la Constitución Nacional; por tal motivo corresponde declararla inconstitucional.
Por otra parte, la omisión de un planteo expreso de inconstitucionalidad, no impide la descalificación constitucional de la norma bajo análisis, puesto que, como lo tiene resuelto el máximo tribunal provincial en la sentencia recaída en la causa C. 100.285 "R., A. H. c/ Kelly, Santiago y ots. s/ Daños y perjuicios", en situaciones como la aquí debatida, el control de constitucionalidad y convencionalidad puede hacerse de oficio, inclusive por el tribunal de Alzada.
Por ello, corresponde desestimar este agravio (art. 68 CPCC).
* Paso al tratamiento de los agravios vertidos por la parte actora. + Adelanto que resulta procedente el dirigido contra las indemnizaciones concedidas a Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro; ya que, en virtud de la particular vinculación afectiva que las mismas tenían con su hermano, cabe presumir un hondo padecimiento espiritual por el deceso del mismo, cuya indemnización considero prudente fijar en las sumas de $ 500.000 para cada una de ellas, a fin de que puedan mitigarlo mediante satisfacciones sustitutivas y compensatorias (art. 1078 CC).
Cabe aclarar que, más allá del estado psicológico de cada una de estas accionantes, que es el resultado de una historia vital y no solo del fallecimiento de su hermano, el dable presumir el mismo grado de aflicción para cada una de ellas por tal deceso.
Por ello, cabe receptar el agravio en tratamiento, y paralelamente, rechazar el agravio vertido sobre el punto por la citada en garantía, fijando las indemnizaciones por el daño moral de Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro, en las sumas de $ 500.000 para cada una de ellas (art. 1078 CC); indemnizaciones estas a las que detrayéndoles el 30% asignado a la eficacia causal del hecho de la víctima, quedan determinadas en definitiva en la suma de $ 350.000 (art. 1111 CC).
+ En cuanto al agravio vertido contra la desestimación de los reclamos indemnizatorios del daño moral formulados por Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina, adelanto que no va a prosperar. El criterio adoptado precedentemente en relación al análisis de la constitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil, sella la suerte negativa de estos reclamos; puesto que, como quedó previamente sentado, las mencionadas actoras no convivían con su hermano fallecido; circunstancia que no permite tener por demostrada la existencia de una especial vinculación entre ellos que prive de razonabilidad a la restricción legitimatoria establecida en dicha norma.
Por ello, tal como lo adelanté, este agravio debe ser rechazado (art. 1078 CC)
C) Paso a ocuparme ahora del agravio dirigido por la parte actora contra la incidencia causal asignada de la falta de uso de casco.
a] A tal efecto, estimo útil recordar:
i. Que la sentenciante de origen, haciendo hincapié en que el fallecimiento se produjo por paro cardio respiratorio por traumatismo de cráneo encefálico con hemorragia intracerebral, disminuyó las indemnizaciones por pérdida de chance en un 50%, asignando dicha incidencia causal a la falta de uso de casco.
ii. Que la Dra. Millenovich cuestionó esta decisión.
Afirmó que de ningún elemento probatorio surge que la víctima iba circulando sin casco, por lo que el demandado no probó tal omisión. Agregó que nada se consignó al respecto en la inspección ocular de fojas 1 de la causa penal, los supuestos testigos del paso de la motocicleta no se refirieron a la falta de casco, y la historia clínica refiere a lesiones en todo el cuerpo.
Manifestó que la carga de la prueba de las eximentes son a cargo de quien las invoca; y añadió que no existe elemento de prueba alguno que acredite que la víctima no llevaba el casco colocado, ni tampoco que acredite científicamente que el uso de casco hubiera evitado la muerte.
Expuso que sumando el 30% de incidencia causal asignada al hecho de la víctima, al 50% de incidencia causal por la falta de uso del casco, se llega al absurdo de atribuir un 80% de incidencia en la causación del deceso a la propia víctima, y apenas un 20%, al exclusivo responsable de ese deceso.
Sostuvo que la muerte del hermano de sus mandantes no se hubiera producido, si el demandado no hubiera realizado el peligroso giro a la izquierda; razón por la cual, corresponde atribuirle a éste la responsabilidad exclusiva por los daños derivados de ese fallecimiento.
Continuó diciendo que de estudios científicos surge que solo el 3% de las muertes se evitan por el uso de casco; de manera tal que nunca la supuesta falta de casco podría implicar una disminución del 50% de la responsabilidad del causante del daño.
Concluyó aseverando que la reducción de la cuantificación del daño es infundada, arbitraria e irrazonable; por lo que debe ser dejada sin efecto, atribuyéndosele al demandado el 100% del daño.
iii. El demandado impugnó, por insuficiente, la disminución del 50 % de la indemnización por pérdida de chance, por la incidencia causal asignada a la falta de uso de casco protector.
b] Adelanto que este agravio resulta procedente, puesto que no existe elemento probatorio alguno del que surja fehacientemente que el motociclista fallecido conducía sin tener el casco protector colocado.
No se dejó constancia de ello en el acta de procedimiento con la que se dio inicio a la causa penal, los testigos Rodolfo Bernardo Uspong y Juan Manuel Bonet no aludieron a la falta de uso de casco por parte del motociclista, y tampoco surge esa omisión de la historia clínica, ni de la autopsia. No pierdo de vista que, según la conclusión arribada en la autopsia, el fallecimiento de Miguel Alberto Nicastro se produjo por paro cardiorrespiratorio por traumatismo cráneo encefálico con hemorragia intracerebral, producido por un trauma de gran violencia sobre una superficie roma (ver fs. 92 de la causa penal).
Es cierto que el traumatismo craneano sufrido por Nicastro es un indicio de falta de uso de casco; pero también lo es que tal indicio no es concluyente, puesto que si bien este elemento protector evita en un importante porcentaje la muerte y las lesiones graves de motociclistas por traumas en la cabeza, ese efecto beneficioso no es absoluto, dado que, pese a su utilización, igualmente el motociclista puede fallecer o sufrir lesiones graves, ante un impacto violento. En consecuencia, no habiendo probado los legitimados pasivos, como era su carga hacerlo, la falta de uso del casco protector por parte del motociclista fallecido, corresponde receptar el agravio en tratamiento, y consiguientemente, dejar sin efecto la disminución de las indemnizaciones por pérdida de chance, basada en dicha omisión no acreditada (art. 375 CPCC). D) Por último, paso a abordar el agravio dirigido por la parte actora contra la imposición de las costas a Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina.
a] A tal efecto, estimo útil recordar:
i. Que la sentenciante de origen impuso a las mencionadas accionantes, las costas por el rechazo de sus respectivas pretensiones.
ii. Que la Dra. Millenovich se agravió por esta imposición de costas, solicitando que sea revocada.
Expuso que como todas las demandantes reclamaron invocando el mismo hecho, Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina consideraron que tenían idéntico derecho que sus hermanas.
b] Adelanto que este agravio no puede prosperar, dado que no encuentro ninguna razón que justifique apartarse del principio rector en la materia, basado en el hecho objetivo de la derrota (art. 68 CPCC).
Vale recordar al respecto, que la eximición de las costas que prevé el segundo párrafo del artículo 68 del Código Procesal, es excepcional y de carácter restrictivo, pudiendo disponérsela sólo sobre la base de circunstancias objetivas y fundadas que autoricen a apartarse del principio general; circunstancias que no se encuentran verificadas en autos.
VIII. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:
I. Modificar la sentencia de fecha 5/10/2020 en los siguientes puntos: 1- Fijar las indemnizaciones por el daño moral de Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro, en las sumas de $ 500.000 para cada una de ellas, indemnizaciones estas a las que, detrayéndoles el 30% asignado a la eficacia causal del hecho de la víctima, quedan determinadas en definitiva en la suma de $ 350.000 (arts. 1078 y 1111 CC). 2- Dejar sin efecto la disminución, por falta de uso de casco, del 50% de las indemnizaciones concedidas por pérdida de chance a Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro (art. 375 CPCC).
II. Las costas de Alzada se imponen del siguiente modo:
1. Por la contienda recursiva desarrollada entre Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro y el demandado y la citada en garantía, las costas se imponen al demandado y a la citada en garantía (art. 68 CPCC).
2. Por la contienda recursiva desarrollada entre Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina y el demandado y la citada en garantía, las costas se imponen a las accionantes Medina y Quiroga (art. 68 CPCC).
III. Se difiere la regulación de los honorarios correspondientes a las labores de Alzada, para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 LH).
ASI LO VOTO.
El Señor Juez Dr. Volta, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
Disiento con mis queridos colegas únicamente en lo referido a la incidencia causal asignada a la falta de uso de casco (punto C de los agravios de la Dra. Millenovich del primer voto), que es desestimada en la propuesta al acuerdo.
Aun cuando no existía en el Código Civil normas similares a los arts. 1736 y 1744 del ordenamiento actual, ninguna duda existía que el daño y su relación causal, no existiendo presunciones legales al respecto, deben ser probados por quien reclama su reparación.
En el examen que a tal efecto debe realizarse de las consecuencias de un hecho, el art. 901 prescribía (al igual que el art. 1727 actual) como primera regla para su comprobación "las que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas" .Se da cabida así para la aplicación de la sana crítica a las presunciones hominis. Y desde Occam y Leibniz se ha preferido la razón más simple, mientras que sea a la vez eficiente, para la justificación de lo acontecido.
Según el Observatorio de Seguridad Vial del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, la Oficina General de Contaduría de Estados Unidos (GAO) ha estudiado y probado que los motociclistas que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad que los que no lo usan y aquellos que sí lo usan tienen hasta un 85% menos de lesiones graves que los que no lo hacen. (conf. http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar; ver también https://www.luchemos.org.ar/es/noticias/motociclistas-sin-casco-principalesvictimas )
De acuerdo con la OMS, el casco cumple tres funciones 1) Reduce la desaceleración del cráneo y, por lo tanto, el movimiento del cerebro al absorber el impacto. El material mullido incorporado en el casco absorbe parte del impacto y, en consecuencia, la cabeza se detiene con más lentitud. Esto significa que el cerebro no choca contra el cráneo con tanta fuerza. 2) Dispersa la fuerza del impacto sobre una superficie más grande, de tal modo que no se concentre en áreas particulares del cráneo. 3) Previene el contacto directo entre el cráneo y el objeto que hace impacto, al actuar como una barrera mecánica entre la cabeza y el objeto. Los motociclistas que no usan casco corren un riesgo mucho más alto de sufrir algún tipo de traumatismo craneoencefálico. (Traumatismos causados por el tránsito OMS)
En el sublite precisamente éste fue la causa del deceso de la víctima y posibilita perfectamente inferir su ausencia ( CNCiv. Sala A "M., C. D. y otro c/ M., M. M. y otros s/ Daños y perjuicios" 22/10/2016 voto del Dr.. Li Rosi) como juicio de probabilidad. "Si bien probabilidad no es certeza, es evidentemente una "chance" que no debe dejarse bajo ningún punto de vista de lado, a la hora de atribuir el deber de reparar"(Gesualdi Dora "Riesgo creado e incidencia causal" RCCyC 2020-V,48)
Por otra parte, "la falta de casco no era hecho "ajeno a la litis": precisamente por las características del suceso y debido a que el mismo actor silenció el punto, lo cual no permitía una conclusión positiva de que lo hubiera usado. El demandado no tiene por qué refutar lo que el actor soportaba carga de explicitar y no cumplimentó" (Zavala de González, Matilde M.- González Zavala, Rodolfo M. "El juicio de daños como instrumento dañoso. Eximentes probadas de responsabilidad" en: RCyS 2012-III , 151). Sin embargo tanto la citada en garantía como el demandado ( fs. 84 y 127 y ss) negaron su utilización y el dictamen pericial del Ing.. Tapia del 1/9/2019 a la pregunta del punto 8.1 de la demandada (Determine si el conductor de la moto tenía colocado el casco protector al momento del siniestro) respondió "De las constancias de la causa penal, surge que el conductor de la moto no llevaba casco protector" (el subrayado me pertenece) Y ese dictamen no fue impugnado por la parte actora; quien además adoptó una posición probatoria desidiosa sobre un extremo que hacía a su propio interés frente a la mayor dificultad de acreditar un hecho negativo.
Por ello es que considero que debe debitarse de las indemnizaciones un porcentaje por la incidencia de su falta de empleo, aunque a diferencia de lo resuelto en la instancia de origen considero debe ser ponderada en un 30% (art. 384 y 163 incs. 5 y 6 CPCC)
ASI LO VOTO
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE:
I. Modificar la sentencia de fecha 5/10/2020 en los siguientes puntos: 1- Fijar las indemnizaciones por el daño moral de Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro, en las sumas de $ 500.000 para cada una de ellas, indemnizaciones estas a las que, detrayéndoles el 30% asignado a la eficacia causal del hecho de la víctima, quedan determinadas en definitiva en la suma de $ 350.000 (arts. 1078 y 1111 CC). 2- Dejar sin efecto la disminución, por falta de uso de casco, del 50% de las indemnizaciones concedidas por pérdida de chance a Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro (art. 375 CPCC).
II. Las costas de Alzada se imponen del siguiente modo:
1. Por la contienda recursiva desarrollada entre Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro y el demandado y la citada en garantía, las costas se imponen al demandado y a la citada en garantía (art. 68 CPCC).
2. Por la contienda recursiva desarrollada entre Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina y el demandado y la citada en garantía, las costas se imponen a las accionantes Medina y Quiroga (art. 68 CPCC).
III. Se difiere la regulación de los honorarios correspondientes a las labores de Alzada, para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 LH).
ASI LO VOTO.-
Los Sres. Jueces Dre. Volta y Guardiola, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE (disidencia parcial del Dr. Guardiola):
I. Modificar la sentencia de fecha 5/10/2020 en los siguientes puntos:
1. Fijar las indemnizaciones por el daño moral de Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro, en las sumas de $ 500.000 para cada una de ellas, indemnizaciones estas a las que, detrayéndoles el 30% asignado a la eficacia causal del hecho de la víctima, quedan determinadas en definitiva en la suma de $ 350.000 (arts. 1078 y 1111 CC). 2- Dejar sin efecto la disminución, por falta de uso de casco, del 50% de las indemnizaciones concedidas por pérdida de chance a Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro (art. 375 CPCC).
II. Las costas de Alzada se imponen del siguiente modo:
1. Por la contienda recursiva desarrollada entre Adriana Vanesa Nicastro, Lorena Ester Nicastro e Irina Gisele Nicastro y el demandado y la citada en garantía, las costas se imponen al demandado y a la citada en garantía (art. 68 CPCC).
2. Por la contienda recursiva desarrollada entre Claudia Gabriela Soledad Quiroga y Susana Noemí Valeria Medina y el demandado y la citada en garantía, las costas se imponen a las accionantes Medina y Quiroga (art. 68 CPCC).
III. Se difiere la regulación de los honorarios correspondientes a las labores de Alzada, para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 LH).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de origen.-
Fin de la sentencia