Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora en punto al rubro daño total por incendio, el que deberá ser calculado conforme a lo establecido en los considerandos del presente, con más los intereses a una tasa pura del 6% desde la fecha de la mora (mayo de 2018) hasta la fecha de esta sentencia. Y de allí en adelante la tasa aplicable al tipo que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento de documentos comerciales en préstamos ordinarios -tasa activa-, aplicable en los distintos períodos hasta el efectivo pago.-
2Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada.
3Imponer las costas de primera y segunda instancia a la parte demandada, en tanto no se vislumbran excepciones al principio de la derrota (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley de 14.967).
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5008-23 caratulada "NICOLAI OSCAR RODRIGO Y OTRO/A C/ COOPERACION MUTUAL PATRONAL SMSG S/ DAÑOS Y PERJ.
AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)", Expte. N° 84300 del Juzgado Civil y Comercial N° 2, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Roberto Manuel Degleue, Graciela Scaraffia, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez Roberto Manuel Degleue dijo: El magistrado de la anterior sede hace lugar a la demanda incoada por la parte actora, condenando a la demandada a abonar dentro de los diez (10) días de notificada la presente, la suma de $ 121.800 con más sus intereses. Impuso las costas a la demandada vencida. y difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes.
Disconforme con dicho decisorio apelan la parte actora el 1-6-2023 y el apoderado de Cooperación Mutual Patronal SMSG el 31-5-202, siendo concedidos ambos recursos libremente, con efecto suspensivo.
Ingresados los autos a esta Alzada el 3-7-2023, en fecha 11-7-2023 se ordena exprese agravios la parte actora haciéndolo el 3-8-2023, para luego el 8-8-2023 ordenar exprese agravios la codemandada Cooperación Mutual Patronal S.M.S.G. efectuándolo el 21-8-2023, para luego conferir traslado recíproco el 24-8-2023, contestando la parte actora el 4-9-2023, pero no la parte demandada y la citada en garantía evacuado el traslado conferido el 24-8-2023, dándosele por perdido el derecho que ha dejado de usar, llamándose autos para sentencia, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser resuelta.
Agravios parte actora: Se agravia la parte recurrente del monto indemnizatorio tomando como base para la determinación del Daño Patrimonial en el Punto IV a) y punto V de la sentencia en crisis en el 100% del valor del auto asegurado y que ascendía al momento de la contratación a $ 121.800,00 y debiendo aplicarse intereses a la suma asegurada desde el siniestro hasta el efectivo pago de la condena a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días, resultando a su entender contradictoria la determinación de la extensión del daño con el propio fundamento del juez de grado ya que sostiene con acertado criterio primero que los actores han de percibir "el 100% del valor del auto asegurado" y luego propone una solución tomando como referencia el valor del vehículo de una póliza que ha sido modificada de manera inconsulta por parte de la Cía de Seguros.
Refiere que se trata de la indemnización por destrucción total de un vehículo originariamente cubierto por contrato o póliza pero que después, y siendo el obrar ilegitimo por parte de la Cía. de Seguros que de modo unilateral, y sin cumplir con el deber de información, modificó los términos y alcances del contrato y de la cobertura.
Sostiene que sin fundamento el sentenciante fijó el monto de dicha indemnización en base a ese contrato, a pesar de que ello resultaba inequitativo en perjuicio del asegurado, y en beneficio de la aseguradora, la cual viene aumentando sus primas, y condenando la sentencia a pagar un valor desactualizado, que solo beneficia a la parte demandada.
Peticiona se revoque parcialmente la sentencia dictada en autos y se deje sin efecto el monto fijado por la sentencia para el rubro daño patrimonial, y se ordene que el monto a abonar sea el que surja de la liquidación a practicarse en base a los mismos valores contractuales pero a la fecha de la sentencia, con más intereses.
En su responde la parte actora solicita se rechacen los agravios expuestos por la demandada, con costas.-
Agravios parte demandada:
Como crítica principal, aduce que el Sr. Juez de grado incurrió en autocontradicción al considerar que el actor no estaba notificado de los nuevos riesgos cubiertos soslayando que el Sr. Nicolai contaba con ambas pólizas de las cuales no es cierto que sea difícil advertir el riesgo cubierto y los montos conforme la documental que se encuentra en autos.
Expresa que en los frentes de póliza, acreditados mediante la pericial contable y anexados por la contraria y su parte al contestar la demanda, los mismos dicen de manera clara y con una redacción muy fácilmente legible: "Coberturas: responsabilidad civil hacia terceros transportados y no transportados; daño total y parcial por incendio", etc. y al lado de cada uno el monto de cobertura. Es decir, es muy claro y la reglamentación de la materia así lo prescribe que se debe hacer para que el asegurado pueda interpretar y saber el alcance de su seguro; Más técnicamente que riesgo tiene cubierto y cual no.
Considera que tal circunstancia evidencia que el asegurado tuvo frente a sí las condiciones de cobertura de cada contrato estando de tal manera, o contando con los elementos objetivos para estar informado de manera cierta, clara y precisa del alcance de la cobertura y, sin perjuicio de ello, nada dijo hasta que le aconteció el siniestro tres meses luego de la renovación.
Agrega que la legislación no impone ningún medio de notificación del nuevo contrato para que este surta efecto. Sólo la entrega de la póliza para que vista, leída, estudiada y/o hecha ver por el asegurado, en el plazo de 30 días de recibida, pueda requerir se amplíen o modifiquen las coberturas (art. 12 y ccds. ley 17.418). Sin embargo, señala que nada de esto ha sucedido con lo cual la falta de notificación que endilga el Juez de grado para hacer valer un contrato vencido con coberturas diferentes al vigente no cuestionado luego de 3 meses de ejecución es totalmente dogmática, arbitraria, ilegal e inconstitucional en tanto crea, invadiendo el poder legislativo, un nuevo requisito para hacer surtir efectos a un contrato vigente todo lo cual le quita cualquier validez que se le intente dotar como sentencia.
Especifica que con la efectiva entrega de las pólizas se notificó en forma clara, cierta y detallada de las características del seguro que carecía de pérdida total por accidente dando con ello cabal cumplimiento al deber de información. Por lo que el actor tuvo ambas pólizas y con ello se encontraba notificado de las coberturas que contenían cada una no encontrándose amparado la pérdida total por accidente en la póliza vigente al momento del hecho.
Achaca la omisión de tratamiento de la defensa de prescripción y de la exceptio non adimpleti contractus. En este punto, sostiene que el Judicante de grado, al haber hecho lugar a la demanda debería haber analizado la defensa opuesta más totalmente por alto paso la misma y su prueba. No obstante, refiere que ningún renglón le dedicó, nada dijo sobre tal planteo conducente incurriendo en incongruencia (citra petita) violando de plano el derecho de defensa en juicio de mi parte circunstancia que echa por tierra, como se dijo a lo largo del presente, la sentencia que se critica como acto jurisdiccional válido debiendo declararse la nulidad de la misma.
I. Entrando a resolver, he de advertir en primer término que efectivamente, y como refiriera la parte demandada en su expresión de agravios, las excepciones de prescripción e incumplimiento contractual no han sido tratadas en la sentencia apelada a pesar de haber sido oportunamente deducidas en la contestación de demanda de fecha 26/9/2019 tal y como surge incluso de las propias resultas de la resolución recurrida.
Frente a la omisión señalada, la parte demandada pide la nulidad de la sentencia por incongruencia objetiva. Sin embargo, entiendo desde aquí que, aunque es cierto que se ha omitido el abordaje de sendas cuestiones relevantes para la resolución de la causa, la consecuencia jurídica de la falta de tratamiento de las mismas no ha de ser la anulación del fallo apelado, sino su tratamiento efectivo en esta instancia, por aplicación normativa directa del art. 273 del CPCC que habilita al tribunal a decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, y siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios.
Lo expuesto nos reconduce a recuperar aquí las argumentaciones vertidas por el apelante al momento de deducir las referidas defensas.
II. Así pues, en punto a la prescripción, el recurrente había dicho que, dado que el accidente se produjo en fecha 16 de mayo de 2018 y la demanda se interpuso en fecha 16 de agosto de 2019 -y aún teniendo en cuenta el plazo suspendido a raíz de la mediación-, al momento de la interposición de la demanda ya había transcurrido holgadamente el año previsto por la ley de seguros (art. 58 de la ley 17.418). Y, que no obstante el intento de subsumir la pretensión en la ley de defensa del consumidor, el plazo prescriptivo especial previsto en la Ley de Seguros tuvo en miras la valoración del riesgo económico específico que el contrato implica, el que no podría quedar alterado -sin más- por la Ley de Defensa de los Consumidores.
Al respecto, he de anticipar que no coincido con lo expresado por el apelante por cuanto ante la disyuntiva normativa planteada entre el plazo anual previsto por el art. 58 de la ley de seguros 17.418 y el plazo de 3 años contemplado por el art. 50 de la ley del consumidor, ha de prevalecer aquel término prescriptivo que resulte más favorable al consumidor -categoría en la que encuadra el actor como destinatario final del servicio contratado (art. 1 de la ley 24.240)-, pues así lo dispone la pauta de prelación interpretativa (art. 3 de la ley 24.240) y normativa (art. 1094) que resuelven los conflictos jurídicos suscitados en los supuestos de concurrencia legal.
En esta línea, ha dicho la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes que: "... en materia de prescripción de acciones derivadas de un contrato de seguro, planteándose una disyuntiva entre dos leyes especiales, como lo son la Ley de Seguros que contempla un plazo de prescripción de un (1) año y la Ley de Defensa Del Consumidor que establece un plazo de prescripción de tres (3) años, la opción ha de deber decantarse por el plazo más favorable al consumidor, por ende, el plazo más largo (arts. 58 ley 17.418 y 50 ley 24.240, sustituido por la ley 26.361). Ello así, toda vez que el presente caso se encuadra dentro del plexo normativo protectorio del consumidor y el Código Civil y Comercial vigente a la fecha del hecho generador del reclamo, establece en su art. 1094, bajo el título "Interpretación y prelación normativa", que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el del acceso sustentable, agregando seguidamente que en caso de duda sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor (CC0202 LP 128845 RSD 40/21 S 09/03/2021). En ese sentido, tiene dicho el Superior provincial que, a partir de la reforma introducida por la ley 26.361 al régimen normativo de usuarios y consumidores, ninguna duda cabe acerca de que el plazo de prescripción establecido por el art. 50 de la ley 24.240 incluye a las acciones judiciales emergentes de los contratos de consumo, entre los que cabe contabilizar, según las circunstancias, a los contratos de seguro (SCBA LP C 107516 S 11/07/2012). En igual dirección se han expedido diversas Cámara de Apelación (v. CC0103 MP 161294 113 S 23/06/2016; CC0100 SN 4879 S 04/02/2020; entre otras)".
III. En lo concerniente a la excepción de incumplimiento arguye que la legislación prevé un procedimiento previo consistente en la baja de la unidad y la entrega de la documentación a la aseguradora para que luego esta pueda abonar la indemnización por daño total. Al respecto, precisa que con la pericial contable producida en autos su parte acreditó la existencia de tal recaudo previo y el incumplimiento del mismo por parte de la actora circunstancias objetivas éstas que nutren y tornan viable la mencionada defensa. Puntualiza que el experto en su pericia de fecha 16/3/2022, en el punto j), manifestó que para poder percibir la indemnización era necesario que de manera previa se dé de baja el vehículo y fundó lo expuesto en las normas correspondientes que describe y, párrafo aparte, en el punto k), dictaminó que el hoy actor no adjuntó a la aseguradora constancia de titularidad del automotor ni certificado de baja del mismo.
En este aspecto, entiendo que la mentada defensa tampoco habrá de tener favorable acogida. Es que, si se considera el contexto general de la relación contractual trabada entre las partes, no ha habido estrictamente un incumplimiento imputable a la accionante en relación a la acreditación del requisito de referencia.
Más ello no obedece a que ésta última ha cumplido con el recaudo analizado -cuestión no acreditada en autos-, sino a que la parte demandada, en lugar de solicitar la entrega del certificado de baja, ha adoptado la postura de negar la procedencia de la cobertura contratada. Y toda vez que el requerimiento por parte de la aseguradora de presentación del certificado de baja constituye una condición necesaria para invocar la mora del acreedor, la omisión de hacerlo impide que la compañía aseguradora pueda valerse de tal circunstancia para fundar el incumplimiento del asegurado y eximirse del deber de indemnidad a su cargo. Tal circunstancia se desprende del art. 5 de la ley 17.418 que establece que: "Las compañías o empresas de seguros en el caso de ser titulares o poseedoras de un rodado que calificaren en categoría de "destrucción total" estarán obligadas a inscribirlo en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, acompañando un acta de inspección que así lo acredite y solicitando el certificado de baja".
A mayor abundamiento, e íntimamente vinculado con lo anterior, es menester agregar que la pretensión del asegurador de exonerarse de la obligación de indemnidad con base en la alegada falta de baja de la unidad, importa una contradicción con el propio comportamiento asumido en las tratativas desarrolladas con el asegurado, cual fuera rechazar la cobertura por no inclusión del rubro destrucción total como riesgo asegurado. Es que mal podía pretender el asegurador que el asegurado haya dado de baja la unidad como parte del trámite tendiente a cobrar la indemnización por el concepto aludido, cuando de antemano le comunicó que no asumiría la cobertura de dicha contingencia. Todo ello sin perjuicio de la obligación de éste de proceder en tal sentido una vez declarada la responsabilidad obligacional de aquél.
Tal proceder encuentra un límite infranqueable en el principio de buena fe (art. 9 del C.C.yC.) a partir del cual se funda la doctrina de los actos propios cuya lógica determina que: "Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (v. SCBA, "Carpinetti, Raúl Jorge c/Fisco de la Prov. de Buenos Aires s/Daños y perjuicios", 17/06/1993). La consecuencia sistémica que deriva de ello es la desestimación del motivo de queja esgrimido en violación al mentado principio (conf. CAP causas Nº 1962. RSD 84/2013 del 26-8-14, Nº 1426 RSD 181/2012 del 14/8-2014, N° 2959 del 20-12-2018 RSD 199/2018, entre otras).-
IV. Dilucidadas estas cuestiones previas, se impone avanzar sobre los temas resueltos que han sido materia de agravio y que abren el campo de la tarea estrictamente revisora.
Por razones de índole metodológica, me abocaré primeramente al tratamiento del agravio vertido por el demandado en relación a que el asegurado no habría sido informado de la modificación del alcance de la cobertura contratada, a lo cual el apelante contrariamente aduce que el accionante fue efectivamente anoticiado respecto a la modificación contractual señalada.
A los efectos de ponderar debidamente la procedencia de la crítica recursiva aquí esbozada, es preciso señalar que el fundamento de la decisión cuestionada no radicó en la omisión de brindar información respecto a la alteración contractual en punto a los riesgos cubiertos (aspecto que hasta el propio sentenciante tiene por efectuado en las condiciones de la póliza), sino en un déficit respecto a la entidad y calidad de la información jurídicamente exigible por el consumidor. Dicho de otro modo, el a quo no basó su decisión en un incumplimiento absoluto, sino en un cumplimiento defectuoso del deber de información.
Efectuada tal aclaración, corresponde determinar si la indicación del riesgo cubierto por la póliza en el instrumento de referencia puede calificarse como suficiente para tener por cumplido el deber de información en cuanto a tal aspecto incumbe.
En aras de pronunciarme sobre tal cuestión, deviene útil efectuar una aproximación conceptual y jurídica al deber de información. En este sentido, se lo ha calificado como un deber jurídico obligacional, de causa diversa, que incumbe al poseedor de la información vinculada con una relación jurídica o con la cosa involucrada en la prestación, o atinente a actividades susceptibles de causar daños a terceros o a uno de los contratantes, derivado de dicha información, y cuyo contenido es el de poner en conocimiento de la otra parte una cantidad de datos suficientes como para evitar los daños o mitigar la inferioridad negocial que pueda generarse en la otra parte si no son suministrados (PÉREZ GARCÍA, Pedro Antonio, El deber de información en la contratación privada, Ministerio de Sanidad y Consumo, Instituto Nacional del Consumo de España, Madrid, pag. 56). En el estado actual del derecho, el deber de información se ha constituido como un presupuesto básico de las relaciones jurídicas, y su violación puede aparejar efectos relevantes, llegando incluso a anular el consentimiento prestado (y por tanto el acto jurídico al que éste se vincula) y/o generar obligaciones indemnizatorias (Cf. HEDEMANN, J. W., Tratado de Derecho Civil. Derecho de las Obligaciones, vol. III, RDP, Madrid, 1958, pag. 51).
En cuanto a su fundamento jurídico general, este deber deriva del principio de buena fe, el cual ha sido tipificado en el artículo 9º del Código Civil y Comercial, y cuenta con numerosas proyecciones transversales en todas las relaciones jurídicas que regula este nuevo cuerpo normativo. En punto a su extensión operativa en las diversas fases de la relación jurídica obligacional, la doctrina nacional y extranjera coincide en que el deber de información actúa no sólo en la etapa "precontractual", sino también durante la "ejecución del contrato". Mientras que, en el primer supuesto, la información de todas aquellas circunstancias que refieren a la prestación en sí, y a las condiciones económicas y jurídicas de adquisición del producto o contratación del servicio, tiende a facilitar la emisión de un consentimiento esclarecido, informado y por tanto plenamente eficaz, en el segundo caso, básicamente se presenta como un efecto del contrato perfeccionado, que persigue, principalmente, que el consumidor o usuario pueda hacer valer sus derechos (HERNÁNDEZ, Carlos A. - QUAGLIA, Marcelo C. , Consideraciones sobre las recientes reformas a la LDC. Una mirada desde el subsistema de protección del consumidor. Publicado en: SJA 02/11/2016, 02/11/2016, 30 Cita Online: AP/DOC/1111/2016).
Cuando nos trasladamos a la esfera de los consumidores, el deber de información adquiere una hondura especial, no bien se constata que: “…el objetivo prioritario del movimiento viene configurado por la necesidad de profundizar las comunicaciones al público, sobre el complejo de los elementos determinantes para la libre elección de las operaciones económicas más convenientes” (STIGLITZ, Gabriel A., Protección jurídica del consumidor, Depalma, Buenos Aires, 1986, pag. 36). Es que el fortalecimiento del deber de información deviene absolutamente lógico en esta rama del derecho: a la acentuación del nivel de anoticiamiento, sigue por naturaleza la concientización del consumidor sobre sus propios derechos y, por ende, el fortalecimiento, en alguna medida, de su originaria posición de debilidad en el mercado. Y el art. 4 de la ley 24.240 así lo refrenda, confiriéndole un reconocimiento expreso, autónomo y acentuado a este deber jurídico: "ARTICULO 4º — Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización".
De este modo, la necesidad de consolidar la confianza de los consumidores en la contratación ha motivado que el legislador haya establecido numerosas exigencias en relación con la información que se debe suministrar al consumidor. Exigencias informativas que alcanzan a todas las fases de la formación y ejecución del contrato, tanto a la fase precontractual como a la fase posterior a la perfección del contrato, dándose así protección a los consumidores durante todo el proceso contractual. No obstante, esta información tiene una especial trascendencia en el tiempo previo a la conclusión del contrato, al ser el momento en el que se configura el consentimiento contractual.
Este deber ha adquirido una dirección nueva a partir del reconocimiento progresivo del principio de prevención en el ordenamiento jurídico argentino. La autora belga Françoise Domont-Naert ha resaltado, en este sentido, que “la información al consumidor… tiene un efecto preventivo: permite al consumidor renunciar a un contrato que no responda a sus expectativas” (DOMONT-NAERT, Françoise, Las tendencias actuales del derecho de contratos con respecto a la reglamentación de las cláusulas abusivas, en Stiglitz, Gabriel A. (dir.), Defensa de los consumidores de productos y servicios, La Rocca, Buenos Aires, 1994., p. 219).
En similar sentido, el jurista uruguayo Andrés Mariño López ha llamado la atención sobre una de las principales implicancias del paradigma de la precaución en la tutela informativa debida al consumidor: “se amplía el elenco de sujetos que están obligados a informar, así como el de los individuos que deben ser informados. Se modifica su contenido: la información debe comprender los daños plausibles o potenciales para una parte significativa de la comunidad científica. Y en concordancia con esta línea tuitiva, se exige que se informe el riesgo específico y las acciones a seguir una vez acaecido el daño para minimizar sus efectos” (MARIÑO LÓPEZ, Andrés, La obligación de informar al consumidor. El paradigma de la precaución. Publicado en LA LEY, 2013-A, 844).
Sobre el sentido finalista de este deber, expresa Jorge Mosset Iturraspe que “la información, al transmitir conocimientos, apunta a colocar al informado en una situación parecida o semejante a la del informante, respecto del bien o del servicio” (…) “por la vía de la información se busca ‘acercar’ a las partes en sus conocimientos, con la finalidad de lograr un cierto equilibrio en la relación”. Aclara que no por ello la información producirá “el milagro de transformar al ‘ignorante’ en ‘sabio’ pero respecto del concreto negocio que se celebra, de las características del bien o del servicio, otorga al careciente saberes determinados que posibilitan una mejor decisión”. Se trataría, pues, de una condición elemental para posibilitar la racionalidad y libertad de elección del consumidor (MOSSET ITURRASPE, Jorge, Análisis introductorio, citado en Mosset Iturraspe, Jorge – Wajntraub, Javier H., cit., p. 20).
El norte esencialmente tuitivo del deber de información le confiere a éste un contenido esencialmente elástico y ajustable a las circunstancias del caso concreto, de modo que una determinada cantidad y calidad de información pueden resultar adecuadas y suficientes para un consumidor y deficitaria para otro. Al respecto, Bonfanti advierte que “si el consumidor o usuario carece de un mínimo de educación (económica), la información podríamos decir que lo habrá de ‘complicar’ (gráficamente) más que ilustrar”. No obstante lo dicho, aclaraba “que con esto no queremos decir que no haya que informar, sino ubicar este deber en sus límites adecuados” (BONFANTI, Mario A., Derecho del Consumidor y del Usuario, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, 96).
En este sentido, el proveedor tiene la obligación de suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, garantizando la gratuidad del suministro informativo, sea en soporte físico o por cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición (GROVER DORADO, John, Los contratos electrónicos de consumo en el derecho argentino. Publicado en El Derecho. Diario de doctrina y jurisprudencia. • ISSN 1666-8987 • Nº 14.076 • AÑO LIV • ED 270).
El alcance y la forma de la información están determinados por las características particulares de cada situación y, en especial, por la necesidad de asegurar una elección racional por parte del consumidor, y el uso correcto y seguro de bienes y servicios contratados.
A tales fines, la disposición precitada establece que la información debe ser cierta, clara y detallada. Analicemos en particular: Cierta: una información para ser cierta debe ser no solamente verdadera, sino que también no tiene que generar incertidumbre. Lo cierto entonces se relaciona tanto con lo verdadero como con lo preciso. Clara: este atributo se vincula con aquello que es inteligible o fácil de comprender. Siendo así, resulta algo vital para la debida protección de los intereses del consumidor.
Detallada: esta nota se relaciona con la descripción minuciosa y circunstanciada de las características de los bienes o servicios y del contrato en sí.
El detalle debe tener una relevancia razonable. Un exceso de detalles podría producir “sobreinformación”, lo cual es un efecto no deseado del cumplimiento del deber contenido en los arts. 4°, LDC y 1100 Cód. Civ. y Com.
Finalmente, la información debe ser comprensible. Esto significa que el proveedor no sólo debe informar sino que, además, no puede desentenderse de que el consumidor efectivamente comprenda el mensaje. Tal exigencia informativa se desprende del art. 42 de la CN en cuanto garantiza el carácter adecuado de la información, condición que no puede desvincularse del estado subjetivo del consumidor, como también se extrae por inferencia lógica de disposiciones particulares de la ley 24.240 que expresamente aluden a la necesidad de que la información sea comprendida (art. 14 y 61).
No obstante, lo que la ley señala no es que la información sea “efectivamente comprendida” sino que sea “comprensible”, es decir que tenga una potencialidad razonable para que ello ocurra.
El problema que aquí se presenta es discernir si se satisface el requisito de “lo comprensible” cuando ello puede ser entendido por un consumidor medio o si, por el contrario, se deberá tener particularmente en cuenta el tipo de público o mercado hacia el cual se destina un bien o servicio.
Si bien no puede afirmarse que el deber de información es de resultado (es decir que sólo se cumple si el consumidor en concreto toma y comprende los datos que se le suministran), no menos cierto es que su cumplimiento exige un nivel de diligencia especial por parte del proveedor, debiendo prever, por ejemplo, el tipo de público hacia el cual apuntan sus productos. En especial, cuando estamos frente a consumidores vulnerables, como pueden ser los ancianos, los discapacitados, las personas analfabetas, etc. (art. 75 inc. 22 de la CN).
Entre los diversos aspectos que constituyen el contenido del deber de información, interesa destacar -por su pertinencia con el caso en tratamiento- aquel que refiere a las condiciones legales de contratación. En este sentido, se ha dicho que es necesario el usuario acepte las condiciones generales antes de utilizar el producto o servicio. Y que, cuando se incluyan cláusulas adicionales, estas deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes (MOREA, Adrián Oscar, El deber de información en la contratación electrónica de consumo, Ed. Rubinzal Culzoni, doctrina on line).
En la especie, la pregunta fundamental para dirimir este aspecto gira en torno a si la indicación obrante en el frente de la póliza es suficiente para tener por cumplido el deber de información a cargo del asegurador en punto a la modificación de la condición del contrato vinculada a la nueva delimitación del riesgo asegurable.
Luego de haber examinado la póliza acompañada mediante archivo adjunto al escrito de demanda de fecha 22/8/2019, entiendo que la simple reseña en el frente del instrumento contractual carece de la eficacia informativa necesaria para satisfacer las exigencias derivadas de tal deber en el caso concreto. Aquí, el déficit no transita tanto por el carácter incomprensible del contenido contractual, sino por la falta de adecuada advertencia y señalamiento del modificación contractual efectuada. Es que resulta evidente que si el asegurado había contratado el seguro automotor bajo ciertas condiciones de riesgo objetivo, habiendo estado las mismas vigentes durante varios períodos, y teniendo por ende la razonable expectativa de que éstas seguirían reglando las relaciones entre las partes del contrato, una modificación sustancial, unilateral y repentina del contrato que excluyera el riesgo el rubro "destrucción total", ameritaba que, amén de la supresión de dicho concepto en el frente de la póliza, el asegurador advirtiera de manera expresa (vgr. notificación por carta documento, mensaje por correo electrónico, notación en letra destacada respecto a la modificación realizada, etc.) acerca de la nueva reglamentación contractual. La omisión de este recaudo opera en detrimento de la claridad y el detalle en tanto caracteres legales que debe presentar la información suministrada por el proveedor.
En este sentido, sostiene Stiglitz que toda modificación unilateral por parte del asegurador presupone falta de consentimiento y, por ende, se halla comprometida la validez misma del contrato, salvo aceptación ulterior al tramo negocial modificado (Cf. STIGLITZ, Rubén, Derecho de seguros, TOmo III, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2008, pag. 321). De manera que, frente a la existencia de un beneficiario, se ha decidido que la oponibilidad al mismo de la modificación requiere un cierto estándar de publicidad, entendida éste como notificación directa a través de alguna forma de notificación (CNFed. Civ. y Com., Sala I, "Insaurralde, M. c. Caja Nac. de Ahorro y Seguro", 21/11/1996, Ed. La Ley, 1997-C, 12; 1997-2-169). Por lo expuesto, entiendo que el agravio expresado no reviste entidad suficiente para revertir el sentido de la decisión apelada en tal aspecto.
V. Transitando al tratamiento del agravio actoral basado en que el monto otorgado en concepto de daño patrimonial no restituye el 100% del valor del auto asegurado, es dable señalar como primera cuestión que la reparación integral devenida por el incumplimiento del asegurador constituye un daño cierto cuya cuantificación resulta una deuda de valor.
Que esta cuestión ya ha sido resuelta en un reciente pronunciamiento dictado por este Tribunal en la causa N° 4925-23 caratulada: "LEIDI FATIMA GISELA C/ COOPERACION MUTUAL PATRONAL S.M.S.G. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", sentencia del 29/8/2023, al disponer que la determinación del valor del automóvil como módulo cuantitativo para la fijación del rubro destrucción total se haga sobre la base del valor real. Y toda vez que los argumentos allí expresados resultan trasladables a la especie, he de remitirme a ellos en honor a la brevedad expositiva.
En aras de operativizar el criterio expuesto, la última tarea que le incumbirá a esta Alzada radica en la determinación de dicho valor, máxime teniendo en cuenta que se trata de un modelo que ya no se fabrica y comercializa actualmente.
En el caso concreto debe tenerse en cuenta que el actor reclama el valor de un automóvil "Pick Up, Marca Renault, Tipo KANGOO EXPRESS, RLD 1.9 Furgón, Año 2007, Dominio FZN-378" (ver póliza obrante como archivo adjunto en escrito de demanda de fecha 22/8/2019).
Por lo cual, a los fines de dar resolución al presente rubro -y siguiendo una metodología integradora similar a la implementada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza (Cf. causa:
"ALONSO JOSE C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA
LIMITADA S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO", sentencia de fecha 2 de Septiembre de 2021), he de proceder a compulsar la página oficial de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA en la dirección web (https://www.dnrpa.gov.ar/valuacion/informacion/01-08-2023.pdf). Dicha base estadística mencionada, por ser fidedigna y tener además carácter oficial, contiene los valores actuales y objetivos con relación a las distintas marcas y modelos de automóviles cuya consulta permite considerar la pretensión del apelante. Asimismo, complementaré la tarea integradora acudiendo como pauta referencial a páginas web en las que se comercialice la venta de autos usados de similares características, como Mercado Libre, la cual también es utilizada por millones de usuarios para la compra y venta (https://listado.mercadolibre.com.ar/fiat-punto-elx-1.4-sedan-5-puertas-2011 #D[A:fiat%20punto%20elx%201.4%20sedan%205%20puertas%202011]).
De lo expuesto, y tomando en consideración dichas pautas como referencia orientadora y habiendo fijado que el presente rubro se trata de una deuda de valor que debe fijarse y liquidarse al momento de sentenciar, como así también que la parte demandada se encuentra en mora, corresponde elevar equitativamente y actualizar a la fecha de este decisorio el presente rubro en el importe de pesos TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000), suma que considero justa.
Respecto de los intereses se aplicará una tasa pura del 6% desde la fecha de la mora (25 de mayo de 2020) hasta la fecha de esta sentencia. Y de allí en adelante la tasa correspondiente al tipo que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento de documentos comerciales en préstamos ordinarios -tasa activa-, aplicable en los distintos períodos. (Art. 886 del Cód. Civil y Comercial).
Sobre el ajuste realizado en relación a la tasa de interés aplicable aquí propuesta, es menester señalar que cuando ello se perfila como una consecuencia del sistema de cálculo aplicado, procede la modificación oficiosa de los accesorios aún cuando no haya mediado agravio expreso en relación al punto de referencia. Así lo ha dicho la Cámara de Azul en la causa "Montes": "La modificación efectuada de oficio en segunda instancia respecto del modo de cuantificar los rubros indemnizatorios cuestionados (a valores actuales), se erige para las partes en un hecho evidentemente posterior a la sentencia de primera instancia, que permite actuar con amplitud la facultad de Alzada de "resolver sobre los intereses" (art. 272 CPCC), aun cuando no haya mediado -ni podía mediar- argumento concreto de parte. No se vulnera con ello el principio de congruencia, pues ningún agravio podía introducir la parte accionada con respecto a una tasa (bancaria) que resultaba acorde al criterio de cuantificación seguido en la anterior instancia (cálculo a valores históricos), y que recién se torna inadecuada de modo sobreviniente, como consecuencia del sistema de cálculo (a valores actuales), efectuado en consonancia con el principio de la reparación integral que surge del art. 1740 CCCN" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, "Cesar Andres y otros C/ Martin Julieta Macarena y otros S/Daños y Perj.Autom. C/Les. O Muerte (Exc.Estado)"", sentencia de fecha 23/04/2019).
Y en lo que refiere específicamente a la aplicación de la tasa activa por el tramo temporal posterior a la presente sentencia, es menester acotar que si bien es cierto que en la causa "Ale" dictada por este Tribunal ("ALE, María del Luján C/ COOPERACIÓN MUTUAL PATRONAL SMSG S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. 4502-22), esta Cámara se ha hecho eco de la doctrina legal de la Suprema Corte provincial en cuanto sostiene (a partir de las causas "Ginossi" y "Ponce", ambas con sentencia del 21-X-2009) que los intereses moratorios deben ser calculados a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcance a cubrir el lapso señalado, según lo que resulte de prorratear diariamente dicha tasa, entiendo que ello no resulta aplicable a la especie, por cuanto lo que está en discusión aquí es el valor de reposición del rodado, lo que implica que de haber recibido su acreencia en término el actor no la hubiera destinado a una inversión que le generara renta (como sí resulta razonablemente presumible en las indemnizaciones de daños y perjuicios) sino a la compra de otro automóvil que reemplazara al que era objeto del seguro. De ello se sigue que el actor no se vio privado de invertir sino de adquirir. Y siendo que el fundamento de la aplicación de la tasa pasiva tenido en cuenta por la Corte provincial radica en la presunción de inversión y no de consumo que se da en tales casos, corresponde dejar de lado la solución aplicada en los precedentes de referencia por tratarse aquí de un supuesto fáctico diferente en el que no se verifica el fundamento tenido en cuenta por el Alto Tribunal para proceder del modo expuesto. En consecuencia, corresponde que al actor le sean abonados los intereses de acuerdo al costo financiero de esa adquisición.-
Con este temperamento, se ha pronunciado la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín al sostener que: "En orden a la tasa aplicable, la Suprema Corte provincial, cuando no exista convención ni disposición legal que determine el interés moratorio y éste deba ser fijado judicialmente, como aquí ocurre, continúa sosteniendo como doctrina legal que corresponde aplicar la tasa bancaria pasiva (SCJBA, Ac. 2078 en causa C.101774, "Ponce c/ Sangalli" del 21-10-09). El fundamento que da sostén a esta doctrina es que talea accesorios "tienen por objeto resarcir el lucro que el acreedor hubiera obtenido de haber podido realizar una inversión que le generara una renta" (voto de la Dra.
Kogan), para cuya determinación "no debe perderse de vista que necesariamente habrá que tener en cuenta cual podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor da haber recibido la acreencia a término. Desde este ángulo, es indudable que cualquier institución bancaria le hubiera abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones (siendo) estos conceptos lo que tuvo en cuenta esta Suprema Corte para arribar a la conclusión que da forma a la doctrina legal vigente" (voto del Dr. Pettigiani). Entiendo que no es esta la situación fáctica de autos. Lo que aquí se paga es el valor de reposición del rodado, lo cual implica que de haber recibido su acreencia en término el actor no la hubiera destinado a una inversión que le generara renta sino a la compra de otro automóvil que reemplazara al que era objeto del seguro y le fue robado, para lo cual si acudió a un banco fue para pedirle dinero prestado y no para invertirlo.
Su daño, entonces, está dado por el interés que debió pagar por ese dinero, que no hubiera necesitado pedir si la aseguradora le hubiera pagado en tiempo propio, siendo por tanto ese daño consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento de la demandada (arts. 519 y 520 del Cód. Civ.). Entiendo, en función de ello, que en el caso particular del sublite corresponde acoger este agravio y mandar pagar la tasa activa que se pide. Independientemente de que haya pedido o no ese préstamo o haya adquirido o no otro automóvil en reemplazo del asegurado, de acuerdo a la finalidad del contrato de seguro conocida por ambas partes, el pago del valor del vehículo era para adquirir otro que lo sustituyera, con lo cual el actor no se vio privado de invertir sino de adquirir, debiendo serle abonados los intereses de acuerdo al costo financiero de esa adquisición" (CC0002 SM 62342 RSD-35-10 S, "Brodl, Gabriel Ernesto c/Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada s/Daños y Perjuicios", 16/03/2010).
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA A la misma cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión la señora Juez Roberto Degleue dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora en punto al rubro daño total por incendio, el que deberá ser calculado conforme a lo establecido en los considerandos del presente, con más los intereses a una tasa pura del 6% desde la fecha de la mora (mayo de 2018) hasta la fecha de esta sentencia. Y de allí en adelante la tasa aplicable al tipo que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento de documentos comerciales en préstamos ordinarios -tasa activa-, aplicable en los distintos períodos hasta el efectivo pago.-
2. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada.
3. Imponer las costas de primera y segunda instancia a la parte demandada, en tanto no se vislumbran excepciones al principio de la derrota (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
4. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley de 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffía por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora en punto al rubro daño total por incendio, el que deberá ser calculado conforme a lo establecido en los considerandos del presente, con más los intereses a una tasa pura del 6% desde la fecha de la mora (mayo de 2018) hasta la fecha de esta sentencia. Y de allí en adelante la tasa aplicable al tipo que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento de documentos comerciales en préstamos ordinarios -tasa activa-, aplicable en los distintos períodos hasta el efectivo pago.-
2. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada.
3. Imponer las costas de primera y segunda instancia a la parte demandada, en tanto no se vislumbran excepciones al principio de la derrota (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
4. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley de 14.967).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.
Fin de la sentencia