Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2402/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1129604-2023.-
2Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Tribunal de Cuentas a fojas 82/93 y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fojas 64/76.-
3Declarar de oficio la nulidad de los Fallos Nros. 4850 y 5081 dictados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz.-
4Reenviar las presentes actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a fin dictar un nuevo pronunciamiento conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2402/20-TSJ Sentencia Nº: 755 Actor: NICOLÁS ALEJANDRO SEGURA Demandada:
Objeto: PLANTEA RECURSO JUDICIAL ART. 50, LEY 500 Fecha: 14-06-2024 Texto: TOMO XXIV -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 755 FOLIO Nº 4607/4630 PROT. ELECT. TSS1 013 S.241
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a 14 días del mes de junio de dos mil veinticuatro, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia del Dr. Daniel Mauricio Mariani, para dictar sentencia en los autos: “NICOLÁS ALEJANDRO SEGURA S/ PLANTEA RECURSO JUDICIAL ART. 50, LEY 500”, Expte. Nº S-17.848/19 (S-2402/20-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a fs. 82/93?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la Primera Cuestión la Dra. Mercau, la Dra. Ludueña Campos y el Dr. Mariani dicen:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver, en primer término, la excusación formulada por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta, en los términos del artículo 30 del CPCyC (cfr. PE1129604-2023).-
Expresa que: “Tengo el honor de dirigirme a V.E. a fin de excusarme de entender en la presente causa…Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendido en la causal prevista en el artículo 17, inciso 1° del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, ello respecto a la Sra. Vocal de Entes Municipales del Tribunal de Cuentas de la Provincia quien suscribió el Fallo N° 5.081 obrante a fs. 320/328 del expediente administrativo. En virtud de lo expuesto, solicito se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en la presente causa.” (cfr. PE cit.).-
En razón de los motivos que fundan la excusación del Magistrado, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 1º del CPCyC, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo, los presentes autos vienen al Acuerdo en virtud del recurso de casación articulado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz (cfr. fs. 82/93), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial. Esta última hizo lugar al recurso que -en los términos del artículo 50 de la Ley N° 500- incoara Nicolás Alejandro Segura contra los Fallos Nros. 4850 y 5081 dictados por el órgano recurrente; revocó el punto tercero del Fallo N° 4850 y la totalidad del Fallo N° 5081 teniendo por aprobada fíctamente la Rendición de Cuentas Ejercicio 2008 -Ministerio Secretaría General de la Gobernación-; e imponiendo las costas de esa instancia a la autoridad administrativa vencida (cfr. fs. 64/76 vta.).- El Fallo N° 5081 del Tribunal de Cuentas rechazó el recurso de revisión interpuesto por el Sr.
Segura contra el Fallo N° 4850-T.C.-17; también actualizó el cargo solidario formulado en el punto tercero del Fallo N° 4850, al Sr. Nicolás Alejandro Segura y a la Sra. Gladys Alcazar, cuya suma actualizada (al 14 de noviembre de 2018) ascendía a la suma de pesos seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis con sesenta y ocho centavos ($ 685.666,68), integrado de la siguiente manera: Cargo Original pesos doscientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve con sesenta y nueve centavos ($ 294.959,69), con más intereses (calculados en razón de la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina) por la suma de pesos trescientos noventa mil setecientos seis con noventa y nueve centavos ($ 390.706,99) (cfr. fs. 320/328 del expediente administrativo T.C. 815.035/2008).- A su turno, el Fallo N° 4850 aprobó parcialmente la rendición de cuentas del Anexo: “Ministerio Secretaría General de la Gobernación - Estudio Rendición de Cuentas Ejercicio 2008”; y formuló Cargo Solidario a los responsables del Ejercicio, Sr.
Nicolás Alejandro Segura y a la Sra. Gladys Alcazar, por el monto de pesos quinientos veintiocho mil cuatrocientos veintisiete con treinta y seis centavos ($528.427,36), integrado de la siguiente manera: Cargo Original por la suma de pesos doscientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve con sesenta y nueve centavos ($ 294.959,69), más pesos doscientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y siete con sesenta y siete centavos ($ 233.467,67), en concepto de intereses calculados según tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina (cfr. fs. 240/251 vta. del expediente administrativo referido).-
III. El casacionista afirma que recurre a esta instancia como consecuencia obligada del quebrantamiento de formas y solemnidades sustanciales de la ley por parte de la sentencia de la Excma. Cámara a causa de la violación de la ley aplicable al sub lite (cfr. foja 82 vta.).-
Plantea que la casación: “…se sustenta en una violación o quebrantamiento de la ley y doctrina legal aplicable al caso; en la violación a los Art. 17º y 18º de la Constitución Nacional, en la violación al principio de congruencia del Art. 164º del C.P.C. y C., en la incorrecta interpretación al caso de la normativa específica descripta en la Ley N° 500. Finalmente, se cuestiona el Fallo del Tribunal por ser arbitrario, extralimitarse en sus alcances transgrediendo los efectos jurídicos normados respecto de los Responsables de rendir cuentas públicas.” (cfr. foja 83).-
Sostiene que la impugnación que se vuelca contra la sentencia tiene su razón de ser en que se falla efectuando una incorrecta interpretación de la Ley N° 500 y del artículo 123 de la Constitución Provincial, que otorga raigambre constitucional al control de las cuentas públicas (cfr. foja cit.).-
Añade que: “...desde ya tachamos de inválido el Fallo recurrido por haber incurrido en arbitrariedad y absurdo en la apreciación de los hechos, y en violación y errónea interpretación de distintas normas legales citadas ut supra, así como en la violación de la doctrina legal de V.E..” (cfr. foja 83 vta.).-
Expresa que: “...la arbitrariedad se magnifica al prescindir de los hechos, en no ponderar que se encuentra decidiendo una materia de orden público de raigambre constitucional, donde el Responsable tiene que cumplimentar una obligación legal a su cargo, consistente en presentar la rendición y más aún sin apreciar dichos extremos interpreta lo normado en el Art. 54º de la Ley N° 500 en forma incorrecta...” (cfr. foja 84).-
Señala que las causas de arbitrariedad son: aplicar en forma equivocada la Ley N° 500, esquema normativo específico en materia de control público; dar fundamentos aparentes; incurrir en exceso ritual manifiesto; omitir el análisis de la conducta del responsable que de haber efectuado la rendición en tiempo oportuno, no hubiera generado toda una actividad oficiosa de la Administración en pos de obtener la rendición de la cuenta; y haber omitido al fallar lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley N° 2600 (cfr. foja cit.).-
Entiende que el artículo 28 de la Ley N° 500 nunca fue parte del análisis que efectuó la Cámara. Sobre esta cuestión, destaca que el legislador quiso hacer recaer el peso de la obligación de la rendición de cuentas sobre el responsable aunque estuviese fuera de la función supeditado a la condición que su cuenta sea probada (cfr. foja 85).-
Destaca que tampoco se analizó que el Sr. Segura se encuentra sometido a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas en su condición de funcionario encargado del manejo de los recursos públicos, más no en su condición de dependiente ni de administrado. Sigue diciendo que no se trata de aplicar en autos el derecho a ser oído como señalan los Juzgadores; sino, más bien, que el mencionado documente la rendición de la inversión del dinero público. Agrega que el análisis del planteo debe partir de una correcta calificación del estatus jurídico de Segura como responsable frente al esquema normativo, cita al artículo 25 de la Ley N° 500 (cfr. foja 85 vta.).-
Observa que la conducta de Segura nunca se caracterizó por haber rendido en tiempo y forma sus cuentas y, más aún, al momento de contestar las observaciones tampoco cumplimentó los deberes a su cargo y prueba de ello son las observaciones subsistentes en autos (cfr. foja cit.).-
Subraya que el nombrado contó con innumerables oportunidades para regularizar la rendición de los cargos pendientes; sin perjuicio de la obligación legal primigenia a la cual se encontraba sometido, concretamente a la luz de lo prescripto en el Decreto N° 08/08, disposición legal que constituye la reglamentación de los artículos 32 y 33 de la Ley N° 500. Agrega que: “De tal forma como reglamentación del Art. 32° se norma taxativamente la mecánica y los plazos para efectuar las rendiciones. Así, la norma prescribe que: 'Las rendiciones de cuentas se efectuarán por 'Cargo' dentro de los sesenta (60) días, cuando los pagos deban efectuarse en la Capital de la Provincia y dentro de los noventa (90) días cuando los pagos deban realizarse en el interior o fuera del ámbito provincial, extendiéndose a este último plazo cuando existan pagos en Capital, interior o fuera del ámbito provincial'.- (Apartado II Punto 1°) La misma norma define el concepto de cargo, señalando que el mismo estará integrado por el líquido en efectivo o valores entregados al 'responsable'.
Claramente el cargo queda en disposición directa del responsable y cuenta con un lapso temporal (sic) tasado a los fines de su rendición, circunstancia que en autos fue desoída por el mencionado Segura. El nombrado, como Administrador de Fondos Públicos, quebrantó el procedimiento legal.” (cfr. foja 86).- En cuanto a la aprobación ficta de las cuentas, expresa que: “Conforme el texto legal los Señores Jueces entienden sine die configurado el plazo de dos años, sin otra ponderación que el devenir del tiempo. Al respecto no se analiza que los Responsables no rindieron la cuenta y que la demora tiene base de anclaje en la cantidad de intimaciones que debieron efectuarse en pos de ir logrando las rendiciones.
Es decir, es consecuencia directa de la conducta de los responsables que no actuaron con el deber que la norma les impone [...] En el Juicio de Cuentas la liberación del responsable opera por la aprobación de la cuenta o justamente por la aprobación ficta debida al transcurso del tiempo, pero es consecuencia de un procedimiento que analiza la faceta legal, documental, contable, numérica de los estados contables.” (cfr. foja 86 vta.).- Entiende que Segura debió efectuar sus rendiciones de cuentas en tiempo oportuno y mientras se encontraba en posesión de su cargo; y que no puede, transcurridos largos años y desde luego habiendo cesado, pretender escudarse requiriendo que las obligaciones que él no cumplió las efectúe el actual responsable (cfr. fs. 87 y vta.).-
Destaca que la Excma. Cámara de Apelaciones resolvió en los autos: “Municipalidad de Caleta Olivia - Estudio de Rendición de Cuenta Ejercicio 2000 (Expte. N° 810.352 - Letra T.C. - Año 2001) s/ plantea recurso judicial art. 50 de la Ley 500”, Expte. N° 13205/11 que para que se produzca la aprobación ficta de la rendición de cuentas se requiere la inexistencia de reparos o cargos desde la elevación de la rendición que se pretende verificar (cfr. foja 87 vta.).-
Argumenta que: “El Juicio de Cuentas importa la existencia de una obligación pre-constituida, deviene de tal forma una presunción iuris tantum donde recae en el Responsable desvirtuar la misma produciendo prueba en contrario. Conforme ello las transgresiones formales surgen, por ejemplo, de la omisión de rendición o de la rendición irregular por mala administración de los fondos o bienes del Estado, y han de manifestarse en casi todos los casos en que se conmine a la rendición o se formulen reparos puesto que, encontrándose reglada la actividad administrativa referida a la forma de la rendición de cuentas, el incumplimiento de los plazos y/u objetivos que motivaron el otorgamiento de la partida o la encomienda de los bienes o fondos públicos, apareja responsabilidad administrativa. Aprobación Ficta equivale a Aprobación en virtud del silencio, circunstancia que justamente no se verifica en autos, donde expresamente la Administración le efectuó una devolución por escrito al Responsable informando las Observaciones sobre su cuenta. En dicho punto corresponde señalar que el Responsable debió actuar conforme el principio dinámico de la prueba; produciendo los medios probatorios que destruyeran la presunción legal en su contra respecto a la inversión de los cargos reclamados.” (cfr. foja 88).- Aduce que para la aprobación ficta se requiere que la cuenta se rinda y/o integre en forma total; y que la cuenta se integra totalmente desde que todos los comprobantes son rendidos y el auditor hubiera emitido pronunciamiento sobre los mismos, ergo mientras dure la observación la cuenta no se ha integrado o rendido, y por lo tanto no puede computarse el inicio del plazo bianual. Añade que la cuenta del ejercicio en estudio nunca fue integrada en forma total, existiendo a la fecha comprobantes y/o cargos pendientes de rendición, por ello las presentaciones de Segura no revisten el carácter de descargos concretos respecto a las observaciones formuladas (cfr. fs. 88 vta./89).-
Destaca que en lo que respecta a la actuación de Segura se mantienen a la fecha en carácter de pendientes de rendición los Cargos Nros. 67, 2310, 14253, 2300, 3978, 6401, 9729, 9734, 9736, 9737, 12436, 12437, 12438, 12444, 14183, 17855, 18212, 19387, 20175, 21037, 21896, 23596 y 23597, que justamente dan origen al reproche pecuniario formulado por la suma de pesos doscientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve con sesenta y nueve centavos ($ 294.959,69) (cfr. foja 89).-
Agrega que: “...el quebrantamiento de las formas y solemnidades esenciales emergentes del Art. 2° de la Ley N° 1.687, surge claramente al no haber ponderado la Excma. Cámara, la real justeza en las normas aplicables y con ello el derecho constitucional vulnerado con su decisión.” (cfr. foja 90 vta.).-
Dice que: “...para el hipotético e improbable caso que las pretensiones articuladas precedentemente no seas (sic) acogidas favorablemente, se impugna asimismo la imposición de costas efectuada por la Excma. Cámara de Apelaciones prescindiendo al efecto y por ende vulnerando la regla general prescripta por el Art. 90°, de la Ley N° 2.600.”. Por este motivo califica a la sentencia de arbitraria (cfr. fs. 91 y vta.).-
Como conclusión sostiene que la sentencia impugnada es arbitraria en los términos que define la Corte Suprema de Justicia de la Nación y viola las disposiciones de los artículos 1, 5, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución Nacional, toda vez que los juzgadores olvidan que el primer requisito de una sentencia sea fundada en la ley y en la prueba formalmente producida (cfr. foja 92 vta.).-
A fs 95/96 la Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación y a foja 104 y vta. obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con lo estatuido en el artículo 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de ese derecho el Tribunal de Cuentas que reitera que se haga lugar a su casación (cfr. PE37524-2020), y el Sr. Nicolás Alejandro Segura, quien solicita el rechazo del recurso de casación (cfr. PE61555-2021).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina, por las razones que allí esgrime y a las cuales nos remitimos en razón de la brevedad, que: “…no debe hacerse lugar a los agravios del recurrente por lo que la sentencia recaída debe ser confirmada.” (cfr. PE93502-2021).-
En PE89982-2021 se llaman autos para sentencia, y en PE104080-2021 pasan los presentes a estudio.-
IV. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en los artículos 2 y 3, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto los agravios se fundamentan en quebrantamiento de formas; violación de la ley y doctrina legal y arbitrariedad.-
Al ingresar al tratamiento del presente recurso casatorio, desde la óptica del quebrantamiento de formas alegado, recordamos que el mismo está establecido por nuestra ley adjetiva para los casos en que: “…se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia…” (cfr. art. 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Re-curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto N° 2228/15-).-
Este Alto Tribunal ha considerado procedente este remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válidas (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg.166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238) o incongruencia palmaria por omisión total o parcial, de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomo III, Reg. 90, Folio 404/408 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238).-
El Tribunal de Cuentas para fundamentar el recurso de casación por quebrantamiento de formas afirma que: “Es evidente que el fallo que se casa no solo prescinde de elementos fácticos importantes sino que además efectúa una errónea aplicación de la normativa que con rango constitucional regula la actividad del Tribunal de Cuentas, y principalmente el procedimiento del Juicio de Cuentas [...] La solución casatoria aquí planteada emerge como única vía apta para la reparación, aplicando la añeja doctrina que sostiene que las resoluciones judiciales que omiten considerar cuestiones oportunamente propuestas conducentes para la resolución del litigio, violan la defensa en juicio porque carecen de adecuada base de sustentación y deben descalificarse...la posición de los distinguidos juzgadores, sin perjuicio de alejarse de la realidad jurídica objetiva o verdad real, como hemos dicho, provoca también un quebrantamiento de las formas y solemnidades esenciales.” (cfr. fs. 90 y vta.).- Pues bien, conforme la transcripción reseñada advertimos que el recurrente no alega, ni demuestra las irregularidades que acarrearían la nulidad del procedimiento o la sentencia, es decir que el recurso, en esta parcela, no contiene una crítica concreta, razonada y eficaz que demuestre suficientemente de qué modo se habría producido el quebrantamiento denunciado.-
En este contexto, es aplicable lo ya dicho por este Tribunal Superior de Justicia, a saber: “...'el quebrantamiento de formas debe ser concreto y específico' (cfr. Hitters, Juan Carlos, en 'Motivos que habilitan la casación', E.D., Tomo 101, pág. 814 y ss.); de allí que el recurso no se basta a sí mismo, (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Reg. N° 197, Folio N° 329/330…entre otros) por cuanto cada recurso reconoce su personal impronta técnica que debe ser cumplimentada, ya que los requisitos exigidos por la ley ritual no son solemnidades redundantes, ni arcaísmos sacramentales que hayan perdido su justificación procesal y responden a la necesidad siempre actualizada de no quitar a los recursos extraordinarios provinciales su carácter de medios impugnaticios (sic) verdaderamente extraordinarios, que supone, por eso mismo, el previo requisito del cumplimiento de cargas inexcusables para evitar que, en la práctica, se concluya por desvirtuárselo (cfr. Morello, A.M.; Sosa, G.L.; Berizonce, R.O.; en: 'Códigos Procesales Prov. Bs. As.', Tomo III, pág. 589; y TSJ Santa Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Registro N° 191, Folio N° 317/319). Así, entonces, el quebrantamiento de las formas sustanciales se debe demostrar y probar exhaustivamente, siendo insuficiente la sola alegación ya que es imprescindible un despliegue argumental que indique la ausencia de la estructura jurídica motivante y lógica que debe presidir todo pronunciamiento de esta naturaleza definitiva; o que se muestren omisiones de evaluaciones indispensables que revelen trascendentes vacíos de juzgamiento, no subsanables en el ejercicio jurisdiccional y se quebrante de tal modo el derecho de defensa, en tanto este remedio extraordinario ha sido instituído y configurado en orden a la preservación de la estructura formal, congruencia y debida fundamentación de los fallos (T.S.J., Santa Cruz, Tomo I, Sentencia, Reg. I, Folio 1/7; Tomo I, Sentencia, Reg. 2, Folio 8/12; Tomo I, Sentencia, Reg. 8, Folio 36/38, Tomo I, Sentencia, Reg. 10, Folio 42/45; y Tomo II, Interlocutorio, Reg. 181, Folio 297/299, entre otros)...” (cfr. Sentencia, Tomo X, Reg. 356, Folio 1917/1923).- Por las consideraciones desarrolladas, el quebrantamiento de formas acusado no tendrá favorable recepción.-
V. En cuanto a la violación o errónea aplicación de la ley en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, cabe recordar que para que resulte procedente se debe demostrar la existencia de un defecto de apreciación legal con relación a los hechos y pruebas de la causa, y en la aplicación legal de un encuadre erróneo; esto es, que el embate del recurrente debe dirigirse a la actividad de juzgamiento de la Cámara en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de las normas cuya violación pretende (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273, entre otros).- En ese andarivel, el Organismo Fiscalizador Provincial denuncia la violación y errónea aplicación del artículo 54 de la Ley N° 500 que regula el instituto de la aprobación ficta de las cuentas (cfr. fs. 89 y vta.).-
Como primera aproximación al tema bajo análisis, la jurisprudencia enseña que: “…al Tribunal de Cuentas, órgano de control previsto en la Constitución provincial, le compete examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos…El mencionado organismo despliega su actividad…como autoridad encargada de aprobar o desaprobar las cuentas rendidas por los obligados (conf. doctr. causa B. 60.034, 'Ruiz', sent. de 28-III-2012). En el ejercicio de sus atribuciones sobre el control de la hacienda pública y cuando se obstruyen sus actos o frente a la desobediencia de sus resoluciones, el art. 16 de ese mismo texto legal, lo faculta a imponer diferentes sanciones: llamado de atención, amonestaciones, multas y cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio.
Así es que, en tal cometido, el Tribunal de Cuentas debe verificar la sujeción de la actuación estatal al ordenamiento jurídico positivo…” (cfr. SCBA: “Giannettasio G. M. c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda Contencioso Administrativa”, causa LP B-64489. S, del 13/10/2021).- Y también que: “…en un Estado de Derecho, los órganos públicos, a la vez que imponen la observancia de ciertas reglas, deben someterse a ellas: la sujeción de las administraciones públicas al principio de legalidad supone, entre otras cosas, que los actos y disposiciones que de aquellas emanan se conformen con las normas y principios de jerarquía superior instituidos por órganos representativos de la voluntad general, que constituyen de tal modo la juridicidad de aquel actuar así como que se correspondan con las reglas atributivas de la potestad para expedirlos (conf. doctr. causas B. 57.328, 'Supermercados Mayoristas', sent. de 31-V-2006; B. 63.174, 'Martín', sent. de 9-X-2013; B. 62.488, 'Ubertalli', sent. de 18-V-2016 y B. 60.169, 'Beneventano', sent. de 5-IV-2017)…” (cfr.
SCBA, fallo cit.).- En lo tocante al procedimiento de rendición de cuentas y su importancia en el estado de derecho, este Alto Tribunal, citando distinguida doctrina, ha dicho que: “…'…El concepto de rendición de cuentas (accountability) refiere a una forma específica de vínculo que las autoridades políticas establecen con la ciudadanía en los regímenes democrático-representativos […] Las EFS [Entidades de Fiscalización Superior] -así como el resto de los mecanismos de accountability- no son, por lo tanto, meros accesorios secundarios de la maquinaria institucional representativa sino que cumplen una función esencial. Si los mismos son débiles o ineficaces, la dinámica de la institucionalidad representativa se resiente.
Las instituciones especializadas en rendición de cuentas cumplen consiguientemente un papel central en todo régimen representativo: asegurar que los gobiernos respondan a los intereses de sus representados…' (cfr. Peruzzotti, Enrique: 'Marco conceptual de la Rendición de Cuentas, págs. 1/2. Ponencia preparada para la Reunión Técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS), Auditoria General de la Nación, Buenos Aires, Argentina, 28 y 29 de agosto de 2008'. Publicado: https://www.cfj.gov.ar/src/img_up/17062021.3.pdf). Asimismo: 'El Estado Democrático de Derecho asegura las libertades políticas de la ciudadanía y los derechos civiles de la población, estableciendo redes universales para el ejercicio de la responsabilidad política, legal y administrativa de las personas investidas con autoridad y para la rendición de cuentas.
Es decir, provee garantías para el ejercicio del status de la ciudadanía bajo la dominación legal del Estado democrático (O'Donnell, 1997a). En esta definición, la rendición de cuentas es un componente esencial. Al hablar de Estado Democrático de Derecho, necesariamente se habla de rendición de cuentas y de mecanismos para el control político' (cfr. Gutiérrez Saxe, Miguel: 'Fundamentos de la Rendición de Cuentas en un Estado Democrático de Derecho,' pág. 428. Exposición presentada durante el II Curso Interamericano 'Sociedad Civil y Derechos Humanos', organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 13, 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 2000', https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12086.pdf).” (cfr.
Sentencia, Tomo XXIII, Reg. 740, Folio 4481/4490).- Ahora bien, teniendo presente que la sentencia de Cámara recurrida en casación hizo lugar al recurso que, en los términos del artículo 50 de la Ley N° 500, incoara Nicolás Alejandro Segura contra los Fallos Nros. 4850 y 5081 y, en consecuencia, revocó el punto tercero del primer Fallo e íntegramente el segundo, teniendo por aprobada fictamente la Rendición de Cuentas Ejercicio 2008 - Ministerio Secretaría General de la Gobernación, todo ello por aplicación del artículo 54 del mencionado dispositivo legal, en atención a la trascendencia constitucional que dimana del deber de rendir cuentas en nuestro estado de derecho, corresponde en esta instancia analizar de qué modo la Cámara de Apelaciones aplicó esa norma y, por consiguiente, si existió la violación o errónea aplicación de la ley denunciada.- Ingresando en el análisis del instituto de la aprobación ficta de las cuentas, cabe señalar que el mismo se encuentra reglado en el artículo 54 de la Ley N° 500 que reza: “Cuando no se hayan formulado o notificado reparos o cargos dentro de los dos (2) años a contar desde la elevación de una rendición al Tribunal de Cuentas, o transcurrido ese término, desde la contestación del responsable, formulando descargos concretos sobre la misma, se considerará aprobada, transfiriéndose la responsabilidad que pudiera existir a los funcionarios que sean declarados culpables de la demora en la tramitación, quienes se excusarán de seguir entendiendo en el asunto y estarán a las resultas que se establezcan en definitiva”.- La interpretación del artículo en cuestión ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de este Máximo Tribunal, cuando se consideró que: “…la recta interpretación del artículo de mención, teniendo presente las particulares aristas que reviste la obligación de rendir cuentas producto del manejo de caudales públicos, implica que a fin de tener por cumplida la aprobación ficta se considera que la cuenta se encuentra integrada o rendida desde el momento de su presentación si ella no ha sido observada, por lo tanto, mientras dure la observación, por ejemplo ante la falta de rendición de documental, la cuenta no se ha integrado y no puede iniciarse el cómputo del plazo bianual.
Por cierto, el criterio interpretativo que aquí se propugna no implica restarle operatividad jurídica a la mencionada norma, es decir, en caso que el responsable cumplimente con la obligación de rendición a su cargo y, en consecuencia, ponga a disposición del Tribunal de Cuentas la totalidad de los documentos respaldatorios de los egresos verificados durante su periodo de actuación -cuenta integrada-, dicha circunstancia importa el inicio del cómputo del plazo bianual. Esto con fundamento en que el Órgano de Control tendría a su disposición toda la documentación necesaria para fallar el ejercicio, por consiguiente la demora en la tramitación del Juicio de Cuentas les sería, comprobadas estas circunstancias, imputable a sus integrantes.” (cfr. sentencia cit.).- A tenor del Fallo Nº 4850 dictado por el Tribunal de Cuentas, advertimos que la totalidad del cargo patrimonial formulado a los responsables se fundamentó, concretamente, en cargos no rendidos (cfr. considerando segundo, punto tercero), constatándose de tal forma el quebrantamiento del entonces vigente procedimiento de rendición de cuentas tasado por el Decreto N° 08/80, plenamente atribuible a la conducta de los responsables, circunstancia esta subsistente a la fecha (cfr. fs. 243/244 del expediente administrativo).-
En efecto, el mencionado Decreto en su Apartado II, Punto 1°), en su parte pertinente, dispone: “Las rendiciones de cuentas se efectuaran por Cargo dentro de los sesenta (60) días, cuando los pagos deban efectuarse en la Capital de la Provincia y dentro de los noventa (90) días cuando los pagos deban realizarse en el interior o fuera del ámbito provincial…”.-
Y también debemos remarcar que es el mismo Segura quien, a través de las presentaciones realizadas en el trámite administrativo, reconoce expresamente que se adeudaban numerosas rendiciones correspondientes a su periodo de actuación. Así manifiesta que: “…me ha sido imposible cumplimentar con lo requerido…” y “En relación a las (sic) Resolución N° 162-T.C.-11 informo a Ud. que pude reactivar la tramitación de la documentación correspondiente al cierre del Ejercicio 2008 - Gobernación con fecha 15/6/11, la cual se encontraba traspapelada.” (cfr. (cfr. foja 23 y 109 del expediente administrativo).-
En virtud de encontrarnos frente a la misma plataforma fáctica que en el caso citado, destacamos lo dicho en aquella oportunidad por este Alto Cuerpo en cuanto que: “…resultaría írrito beneficiar al administrador de fondos públicos quien, por un lado, omite el cumplimiento de sus funciones, en el caso el deber de rendición, y luego solicita la aprobación ficta de la cuenta, la que en esas circunstancias fue concedida por la Cámara, durante su periodo de actuación. En síntesis, se colocaría al funcionario administrador diligente con sus obligaciones en una situación desventajosa respecto al incumplidor, ya que este último se vería beneficiado por el mero transcurso del tiempo sumado, precisamente, a su inactividad…” (cfr.
Sentencia, Tomo XXIII, Reg. 740, Folio 4481/4490). Asimismo que: “Como contracara de la situación analizada, también se presenta como obligación de cumplimiento imposible, exigirle al Tribunal de Cuentas que se pronuncie sobre partidas o erogaciones de fondos cuyo respaldo documental no fue puesto a su disposición por el responsable. Es decir, no estamos frente a un supuesto de silencio de la administración en el que se envió al Órgano de Contralor toda la documentación del ejercicio y este omitió pronunciarse sine díe…” (cfr. sentencia cit.).- En este mismo sentido se ha pronunciado el Máximo Tribunal de Mendoza resolviendo que: “El control dentro del juicio de cuentas es el previsto en el art. 31 Ley 1003, en el que se puede comprobar si la cuenta está conforme a los modelos o instrucciones; si los documentos que justifican las partidas son auténticos, legítimos y suficientes; si la cuenta contiene alguna omisión en las partidas, si está acorde con los libros de la Contaduría General, y en su caso si se ha cobrado y recibido todo lo que ha debido cobrar o recibir y si las partidas concuerdan con los respectivos libramientos u órdenes de pago.
En consecuencia, sólo cuando se considere 'integrada' la cuenta, comienza a correr el plazo anual de prescripción para tener por aprobadas las cuentas previsto por el art. 182 de la Const. Provincial in fine…”. (cfr. Sum. SCJ Mendoza Sala Primera, “Falconi, F. L. c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/ Acción procesal administrativa” del 09 de junio de 2008 www.saij.jus.gov.ar Cita Online: Id SAIJ FA08190372).- Que, sumado a lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que: “El planteo efectuado por la demandante pretendiendo que las cuentas del ejercicio 1994 del organismo entonces a su cargo deben tenerse por aprobadas porque el Tribunal de Cuentas no se expidió en el plazo de doce meses establecido en el artículo de la ley 10.869, tampoco prospera.
Es doctrina reiterada de esta Suprema Corte la inexistencia del régimen de caducidad de la competencia del aludido tribunal administrativo y de aprobación tácita de las cuentas del Estado (conf. doctr. causas B. 61.817, 'Gómez', sent. de 8-II-2006 y B. 56.824, 'Brown', sent. de 14-VII-2010) […] El procedimiento de rendición de cuentas constituye un procedimiento especial, realizado ante un tribunal administrativo, y como tal posee una regulación particular […] Lo dicho y las constancias de las actuaciones administrativas agregadas -sin acumular- a estos autos, descartan que el Tribunal de Cuentas hubiese incurrido en irregularidades en el trámite de la rendición de cuentas que nos ocupa. Sin perjuicio de ello, bien vale recordar que las nulidades por vicios en el procedimiento son establecidas a fin de evitar que el incumplimiento de las formas se traduzca en perjuicio para alguna de las partes o las coloque en estado de indefensión.
Si no se ha acreditado la existencia de un perjuicio concreto, ni se ha puesto en evidencia la infracción a la garantía de defensa en juicio, no hay motivo para predicar la invalidez del acto. En este tipo de procedimientos, las formas rituales no constituyen un fin en sí mismas, salvo supuestos excepcionales, que por su carácter esencial o por afectar derechos humanos o personalísimos indisponibles, conlleven por su sola infracción a la nulidad absoluta del acto (arg. art. 103, ord. gral. 267; causas B. 56.502, 'Fittipaldi', sent. de 13-VIII-2003; B. 60.970, 'Simonetti', sent. de 22-XII-2008; B. 58.990, 'Melcon', sent. de 1-VI-2011; B. 58.974, 'Verona', sent. de 17-VIII-2011; B. 65.621, 'Sheridan', sent. de 6-V-2015; B. 57.335, 'Fernández', sent. de 4-V-2016 y B. 65.185, 'YPF S.A.', sent. de 20-IX-2017)…” (cfr.
“Giannettasio G. M. c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa”, Causa LP B 64.489. S, del 13/10/21; TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XXIII, Reg. 740, Folio 4481/4490).- Como ya ha precisado este Alto Tribunal: “…la aprobación ficta de la cuenta solo procede cuando la misma no haya sido aprobada o, en su caso, hubiere merecido aprobación parcial por parte del Tribunal de Cuentas. Es decir, dicho instituto no resulta aplicable a las sanciones pecuniarias que podría establecer ese Tribunal ante la comprobación de procedimientos administrativos irregulares (cfr. art. 19°, inc. d) de la Ley N° 500).” (cfr. Sentencia cit.).-
Al respecto, el más Alto Tribunal de Mendoza ha resuelto que: “En este caso no estamos frente a un 'juicio de cuentas' pues las partes admiten que no se ha producido perjuicio alguno y que la Administración ha cobrado su crédito. Se trata de una sanción aplicada en ejercicio de las facultades que le otorga al Tribunal de Cuentas el art. 42 de la misma Ley 1003…Se trata de una sanción administrativa de multa, expresamente prevista por la Ley. El Tribunal de Cuentas tiene facultades para su aplicación […] En el caso que nos ocupa, la atribución de la conducta prevista por la norma, 'procedimientos administrativos irregulares', en cabeza del actor por su carácter de responsable del Ente Liquidador de EMSE, se trata de una responsabilidad que se sigue necesariamente del hecho de haber asumido la función de liquidador y de que, entre sus obligaciones, está detallada aquella de proteger y liquidar el activo a su cargo […] Por lo expuesto, es que la norma sancionadora atacada por la acción procesal intentada no adolece de los vicios que le atribuye el actor en su demanda.
Ni su monto excede el máximo legal. Ni ha demostrado que el razonamiento de la autoridad de Cuentas esté viciado por desviación y otro defecto que lo descalifique.” (cfr. SCJ Mendoza, Sala Primera, “Peroni J. O. c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/ APA”, Causa 78.741 del 11/12/2006).- Ninguno de los tópicos precedentemente reseñados ha merecido debido tratamiento por parte de la Cámara de Apelaciones en el caso que nos ocupa. Consideramos que no puede someterse a un simple cálculo aritmético, en el caso el transcurso de los plazos, la trascendente decisión de tener por aprobada fictamente la rendición de las cuentas públicas máxime cuando se constatan, como sucede en el sub lite, incumplimientos atribuibles a los funcionarios administradores y, a su vez, una actividad proactiva del Órgano Fiscalizador, conforme surge de las intimaciones y traslados cursados al responsable del ejercicio (cfr. fs. 13/14 y 18/19, notificado a fs. 16 y 21 del expediente administrativo) y, también, las prórrogas concedidas a solicitud de Segura (cfr. fs. 24 y 144/145, notificadas a fs. 26 y 147 del mismo expediente).- En cuanto a la virtualidad casatoria de la vía intentada, la doctrina enseña que: “…la primer tarea que debe emprender el recurrente cuando se propone emplear esta vía extraordinaria, es la recta interpretación del pronunciamiento que se dispone a impugnar…Luego, debe recordarse que se está en el ámbito de la casación por errores de juicio, circunscripto, por principio, a las cuestiones de derecho…De ello se sigue que la suficiencia del RIL [recurso de inaplicabilidad de la ley] requiere que se citen los preceptos legales presuntamente violados o erróneamente aplicados…La carga que nos ocupa deben estar enderezada en primer término a alegar la violación o errónea aplicación de la norma o de la totalidad de las normas actuadas en la sentencia; obviamente, nos referimos a los preceptos citados por el a-quo que le dan sustento bastante al fallo […] A los fines de la suficiencia…es menester demostrar en que consiste la violación o la errónea aplicación.
De modo que se trata de una crítica razonada; el recurrente debe suministrar los argumentos jurídicos que patenticen la infracción legal que denuncia.” (cfr. Tessone, Alberto J.: “Recursos extraordinarios. En los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires”, Tomo II, 2004, Librería Editora Platense. La Plata, págs. 204/206).- Por todas las consideraciones expuestas, entendemos que el casacionista ha logrado demostrar la violación o errónea interpretación de la ley denunciada, en el caso el artículo 54 de la Ley N° 500, por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones.-
Íntimamente vinculado con este agravio se encuentra la arbitrariedad denunciada por el recurrente. Al respecto, la doctrina dice que: “Otro tipo de sentencia arbitraria es la que aplica la norma atinente al caso, pero efectúa una exegesis errónea de la misma o la aplica mal. Esta deficiencia interpretativa admite diversas modalidades: interpretación 'errónea', 'impropia', 'injusta', 'arbitraria'. Es usual agruparlas bajo el común denominador de sentencias que importan una 'interpretación inadecuada de la norma'…aplicable a la causa…” (cfr. De Santo, Víctor: “Tratado de los Recursos. Recursos Extraordinarios”, Segunda edición actualizada. Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999, Tomo II, pág. 370).- En efecto, la sentencia del Tribunal de Alzada omitió analizar la documental obrante en las actuaciones, como así también el hecho que Segura no había cumplimentado íntegramente con su obligación de rendir las cuentas, siendo este último presupuesto, como ya explicáramos, el que torna operativo el inicio del cómputo del plazo previsto en el artículo 54 de la Ley N° 500.-
Desde este cuadrante, la Cámara realizó una errónea subsunción de los hechos bajo la norma aplicable, es decir que se verifica un error de derecho en la valoración jurídica de los hechos.-
En sintonía, señala la doctrina que: “…cuando el RIL [recurso de inaplicabilidad de la ley] se dirige a impugnar cuestiones de hecho, la primer exigencia que debe observar el recurrente es la invocación de la doctrina del absurdo. Y pese a que el error, según la calificación de la SCBA, es fáctico, la mentada denuncia debe ir acompañada de la cita de los preceptos legales infringidos. El cumplimiento de este recaudo es ineludible, sea que el error se ubique…en la apreciación de la prueba o en la valoración y subsunción normativa.” (cfr. Tessone, Alberto J. ob. cit. págs. 212/213).-
Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación en orden a la causal de violación o errónea aplicación de la ley y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 64/76 vta..-
VI. Por otra parte, el planteo efectuado por el Tribunal de Cuentas relativo a la supuesta violación en que habría incurrido la sentencia de Cámara respecto a la doctrina legal de este Alto Cuerpo (cfr. foja 87 vta.), no puede prosperar.-
Que, respecto de la alegada violación de la doctrina legal, debe recordarse que se encuentra reglada en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. En tal sentido, resulta preciso señalar que dicha normativa se refiere a la doctrina legal “…sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…” (cfr. inc. a).-
En relación al fallo de Cámara citado por el recurrente, cabe señalar que la doctrina legal que hace viable el recurso de casación es solo aquella que emana de este Tribunal Superior de Justicia (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594) y no la que deriva de la jurisprudencia de otro tribunal. Por este motivo, deviene inatendible el argumento sustentado sobre la base de fallos dictados por otros tribunales, en franca contradicción con lo dispuesto por los artículos 3°, inciso a) y el 4°, inciso b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto N º 2228/15-.-
VII. Ahora bien, atento que la sentencia de Cámara resultó favorable a las pretensiones del Sr. Segura motivo este en cuya virtud no acudió en casación, también corresponde en esta oportunidad analizar los agravios del nombrado en cuanto al estado de indefensión, plazo razonable del procedimiento, conflicto de intereses, no consideración o errónea interpretación de documentos y falta de integración de la litis por el alegados (cfr. fs. 11/17 vta.), dejando constancia que el agravio relacionado con la caducidad del derecho del Estado a formular cargo ya fue abordado en los acápites precedentes.-
Así, desde la óptica de las garantías del debido proceso, la Cámara, con cita de la Convención Americana de Derechos Humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en adelante C.I.D.H.- y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destaca que: “En el marco del sistema interamericano, es clara la vigencia de las reglas del debido proceso legal en los procedimientos administrativos vinculados a cualquier derecho […] la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de remarcar la plena aplicabilidad de las garantías establecidas en el art. 8 de la Convención citada a los trámites administrativos. Se ha expresado en tal sentido en el análisis de casos y situaciones que involucraban derechos de los trabajadores, de los migrantes y de los pueblos indígenas…”. (cfr. fs. 71 vta./72).- En cuanto al plazo razonable de los procesos, el Tribunal de Alzada dijo: “En el orden nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el plazo razonable en sede administrativa […] En esa causa [Caso Losicer Jorge Alberto y otros] la Corte Suprema indicó que el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1, del Pacto de San José de Costa Rica prescribe no sólo el derecho a ser oído sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable…De allí que el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones previas resulta ser un corolario del derecho de defensa en juicio…” (cfr. fs. 73 y vta.).- Como primera aproximación debemos señalar que la plataforma fáctica del caso de autos para nada se asemeja a la abordada por la C.I.D.H en el caso “Baena”, ya que en esa oportunidad la Corte analizó la situación de 270 empleados públicos que habían sido destituidos de sus cargos, acusándoles de complicidad con una asonada militar, por haber participado en una manifestación por reclamos laborales.-
Por su parte, el caso “Losicer” tuvo su origen en un sumario llevado a cabo por el ente rector del sistema monetario y financiero, sobre la base de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras, cuyo objeto era la investigación de diversas infracciones a esa específica normativa. Además, en ese caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: “…'el plazo razonable' de duración del proceso al que se alude en el inciso 1, del art. 8, constituye, entonces, una garantía exigible en toda clase de proceso, difiriéndose a los jueces la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión…ciertas pautas para su determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento…” (Fallos 335:1126).- Así, no se advierte que la Cámara haya desarrollado las pautas señaladas por el Máximo Tribunal Nacional, especialmente en lo que concierne a la actividad procesal del Sr. Segura, para así poder analizar en esta instancia, con suficientes elementos de juicio, si en el caso bajo estudio se habría vulnerado el plazo razonable del proceso. De esta forma, la citas jurisprudenciales mencionadas no se conectan, lógicamente, con los actos procesales de las partes verificados a lo largo del expediente administrativo.-
En efecto, mediante Resolución N° 402-T.C.-09 el Tribunal de Cuentas dispuso intimar al Sr. Segura la remisión del Cierre del Ejercicio (cfr. fs. 13/14 del expediente administrativo). Asimismo, a foja 16 rola agregada Cédula T.C. N° 1064-S.G.-09 por la que el responsable se notificó de la citada resolución con fecha 3 de diciembre del 2009.-
Habiendo fenecido el plazo otorgado para que Segura presente la documentación requerida y persistiendo su incumplimiento, a través de la Resolución N° 021-T.C.-10 el Organismo Fiscalizador ordenó intimarlo a efectos que de cumplimiento con lo requerido por Resolución N° 402-T.C.-09 (cfr. fs. 18/19), siendo notificado por Cédula T.C. N° 016-S.G.-10 el día 26 de febrero del 2010 (cfr. foja 21).-
A foja 22 consta presentación realizada por el responsable Segura, fechada el 18 de marzo del 2010, manifestando que: “…me ha sido imposible cumplimentar con lo requerido y no ha sido mi intención incurrir en algún grado de irresponsabilidad o rebeldía. Por ello y con mi total convección (sic) de que debo cumplir con la Resolución N° 018-TC-81, solicito a Ud., una prórroga considerable de plazo, encontrándonos trabajando arduamente en estos temas.”. A su turno, el Tribunal de Cuentas mediante Resolución N° 102-T.C.-10 concedió la prórroga peticionada (cfr. foja 24).-
Asimismo, por Resolución N° 128-T.C.-10, fechada el día 27 de abril del 2010, el Órgano de Control dispuso intimar al entonces Ministro Secretario General de la Gobernación a efectos que remita las Certificaciones Bancarias correspondientes al cierre de las distintas cuentas corrientes de ese Ministerio por los Ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008. (cfr. fs. 29/30, notificado a foja 31).-
A foja 32 rola agregada Nota N° 045-DPA-10 de fecha 11 de mayo del 2010, suscripta por Segura y dirigida al Sr. Ministro Secretario General de la Gobernación expresando que: “…estando a la espera de la Certificación Bancaria correspondiente y a que (sic) se esta (sic) rindiendo haberes del ejercicio 2008 con saldos pendientes de devolución.”.-
Luego, con fecha 16 de junio del 2011, Segura manifestó ante el Órgano de Control que: “…informo a Ud. que pude reactivar la tramitación de la documentación correspondiente al cierre del Ejercicio 2008 - Gobernación con fecha 15/6/11, la cual se encontraba traspapelada.” (cfr. foja 109).-
En síntesis, a partir de las Resoluciones y Notas precedentemente individualizadas, podemos concluir que durante los años 2008, 2009 y 2010 el Sr. Segura se encontraba en ejercicio de sus funciones como Director Provincial de Administración y, por consiguiente, contó con un plazo más que razonable, recordemos aquí que las rendiciones adeudadas correspondían al Ejercicio 2008 y debían ser rendidas dentro de los sesenta días de recibidos los Cargos (cfr. Decreto N° 8/80), para dar cumplimiento a lo requerido por el Tribunal de Cuentas. Lo expuesto, resta virtualidad a lo argumentado por Segura en cuanto a la imposibilidad de acceder a la documentación, ya que el nombrado habría obtenido el beneficio de la jubilación recién a mediados del año 2010 (cfr. foja 15 vta.).- Por su parte, surge de las actuaciones administrativas que la litis se encuentra debidamente integrada en los términos del artículo 28 de la Ley N° 500 que establece: “El agente que cese en sus funciones, por cualquier causa, quedará eximido de responsabilidad una vez aprobada la rendición de cuentas de su gestión. Sus reemplazantes deberán incluir en sus rendiciones las que correspondieren a dicho agente.”. Por consiguiente, los responsables del Ejercicio, entiéndase por tales a los sujetos legitimados pasivamente para la eventual imposición de un cargo patrimonial, son precisamente quienes administraron los fondos públicos del Ejercicio financiero, en este caso el Sr. Segura y la Sra. Alcazar.- En lo tocante al presunto conflicto de intereses denunciado, adviértase que en virtud de los argumentos desarrollados en el Acápite IV de la presente no existe transferencia de responsabilidad según lo prescripto por el artículo 54, in fine de la mencionada ley y, en consecuencia, se aventa cualquier tipo de duda respecto a la imparcialidad con la que actuaron los miembros del Tribunal de Cuentas.-
No obstante, consideramos que, en el marco del juicio de cuentas, el acto central que viabiliza el ejercicio del derecho de defensa lo constituye el traslado del primer informe de auditoría a los responsables, ello conforme lo establece el artículo 43 de la Ley N° 500 que, en su parte pertinente, reza: “Si la cuenta fuese objeto de observación por parte del auditor, el Tribunal emplazará al obligado u obligados del informe respectivo, quienes deberán contestar acompañando las pruebas que hicieran a su descargo en el término que fije el Tribunal y que no excederá de treinta (30) días…”.-
En ese andarivel, advertimos que mediante Resolución N° 412-T.C.-13, dictada con fecha 18 de septiembre del 2013, se ordenó correr traslado del primer informe a todos los responsables, es decir los del Ejercicio y los actuales en ese momento, entre los que precisamente se encontraban Segura y Alcazar (cfr. fs. 129/130 del expediente administrativo, notificados a fs. 137/138).-
A fs. 143 obra presentación del Sr. Segura realizada el día 5 de noviembre de 2013, solicitando se le conceda una prórroga de 30 días para contestar las observaciones habiendo obtenido favorable despacho a través de la Resolución N° 066-T.C.-14 (cfr. fs. 144/145).-
Mediante nota presentada el 22 de abril del 2014, Segura informó que los entonces funcionarios del Ministerio Secretaria General de la Gobernación no le permitieron el acceso a la documentación del Ejercicio 2008, razón por la que, según indica, se vio impedido a fin de remitir las rendiciones pendientes y, en consecuencia, solicitó al Tribunal de Cuentas se intime al área de Administración por el envió de la misma. Por otro lado, el responsable peticionó la suspensión de los plazos hasta tanto se concrete la remisión de las rendiciones (cfr. foja 149).-
La mencionada petición fue rechazada por el Organismo Fiscalizador a través de la Resolución N° 187-T.C-14 por considerar que: “…notificado del Primer Informe, la norma claramente describe cuál es la conducta a seguir por el responsable. Ello es contestar acompañando las pruebas que hicieran a su descargo. En el presente proceso el Señor Segura parece querer trasladar su obligación a los actuales responsables, cuando recae sobre el mencionado la tarea de contestar las Observaciones que se le formulan…teniendo en cuenta el estadio administrativo, se encuentra precluida la posibilidad de continuar intimando a los actuales responsables a presentar la documental como requiere el responsable.” (cfr. fs. 157/160).- Contra la precedente resolución, Segura exteriorizó una nueva presentación rechazando la decisión del Tribunal de Cuentas, reiterando su imposibilidad a fin de acceder a la documentación del Ejercicio y, por último, contestando, en forma parcial e incompleta, el traslado del primer informe de auditoría (cfr. fs. 165/170).-
Finalizada la etapa de descargo, se giraron los actuados a la Auditoria de Administración Central quienes, a su vez, elevaron el segundo informe glosado a fs. 195/214, siendo esta pieza técnica el antecedente inmediato del Fallo Nº 4850 (cfr. fs. 240/251).-
Además, el responsable Segura también logró ejercer su derecho de defensa en la etapa recursiva en sede administrativa, materializándose dicha garantía a través de la presentación del recurso de revisión obrante a fs. 260/266 vta. y que mereció suficiente tratamiento por parte del Órgano Fiscalizador a través del Fallo Nº 5081, más allá que el nombrado intente, desacertadamente, tachar de nulidad a ese acto por no compartir sus fundamentos (cfr. fs. 320/328).-
En conclusión, estimamos que el Sr. Segura contó, en cada instancia del proceso administrativo, con la posibilidad de ser oído por el Tribunal de Cuentas y aportar prueba en sustento de sus planteos defensivos.-
Sin perjuicio de todo lo hasta aquí expuesto, advertimos que a través del punto tercero del Fallo Nº 4850, el que fuera confirmado en ocasión de rechazarse el recurso de revisión mediante el Fallo Nº 5081, se resolvió: “Formular Cargo Solidario a los Responsables, Señor Nicolás Alejandro Segura, (DNI. 10.146.040) -Director Provincial de Administración- y Señora Gladys Alcazar, (DNI. 17.231.513) -Directora General de Tesorería-, por la suma de pesos quinientos veintiocho mil cuatrocientos veintisiete con treinta y seis centavos ($ 528.427,36)…” (cfr. fs. 250 vta./251).-
Al respecto, ha dicho este Tribunal Superior de Justicia que: “…todo reproche patrimonial efectuado por el Tribunal de Cuentas debería fundarse en la concreción de un efectivo perjuicio -daño- al Fisco Provincial, el que desde luego tendría que encontrase nítidamente explicitado por el Órgano de Contralor en su pronunciamiento, ya que poder conocer la fundamentación y motivación sobre la que se asienta la resolución en crisis es resorte esencial para examinar si dicho acto cumple con los requisitos esenciales prescriptos por el artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 1260 (cfr. Decreto N° 181/79).” (cfr. Sentencia, Tomo XXIII, Reg. 740, Folio 4481/4490).-
En efecto, el cargo pecuniario formulado a Segura y Alcazar tiene basamento en el Considerando Segundo, punto 3) del Fallo Nº 4850, el que, en su parte pertinente, reza: “Cargos en poder del responsable: Se solicitó en el Primer Informe la rendición de los Cargos adeudados […] Quedan a la fecha del presente, Cargos sin rendir por un total de pesos doscientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve con sesenta y nueve centavos ($ 294.959,69) […] considera Formular el Cargo en forma solidaria por dicha suma…atento que la totalidad de los Cargos fueron entregados en su gestión, pesando sobre ellos la obligación de formular las respectivas rendiciones.” (cfr. fs. 243/244).-
Por los fundamentos señalados el Tribunal de Cuentas tuvo por acreditado el perjuicio fiscal y, en consecuencia, formuló el reproche patrimonial a los cuentadantes, resultando dicho razonamiento contradictorio con los fundamentos empleados, ya que solamente se invocan consideraciones en torno a incumplimientos formales (v.g. falta de rendición documental) los que, por sí solos, no resultan argumento suficiente para la imposición de un cargo pecuniario. A su turno, Segura denunció que habría existido una falta de consideración o errónea interpretación de documentos por parte de la autoridad administrativa (cfr. fs. fs. 14/vta. y 15), empero lo que en realidad se vislumbra es justamente la ausencia de rendición documental de los Cargos N° 67, 2310, 14253, 2300, 3978, 6401, 9729, 9734, 9736, 9737, 12436, 12437, 12438, 12444, 14183, 14.253, 17855, 18212, 19387, 20175, 21037, 21896, 23596 y 23597 correspondientes, en su mayoría, a la partida de Transferencias Corrientes (cfr. fs. 194 y 243 vta./244).- En igual sentido, este Alto Cuerpo sostuvo que: “A partir de esas consideraciones, juzgamos que no surge, con el grado de certeza necesario, la concreción de un perjuicio patrimonial a la hacienda estatal que sustente el cargo impuesto, menos aún se vislumbran, en forma clara y precisa, el presupuesto esencial de la responsabilidad, es decir, el perjuicio o daño; por el contrario, sí se constatan numerosos incumplimientos al deber formal de rendición, ya que los comprobantes no son 'considerados válidos' o bien se acompañan en 'fotocopia'.
Mismo razonamiento resulta extensivo al Considerando Sexto 'cargos vencidos y no rendidos', no resultando atendible que, el mero incumplimiento en la remisión de las rendiciones, implique per se la materialización de un perjuicio económico. En consonancia con lo expuesto, se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas de Mendoza: “Como ya lo ha manifestado [la] Secretaría Relatora en su Dictamen N° 621 '…la base para la imposición del cargo como sanción, es la existencia de un perjuicio patrimonial ocasionado a la hacienda pública como consecuencia de la acción u omisión imputable a quien tiene a su cargo el manejo de fondos públicos. En este sentido, el cargo opera como un remedio reparador que tiende a reestablecer el estado patrimonial a la situación anterior a la producción del evento dañoso.
Por otra parte, el cargo, como en general toda pena aplicada en el marco de un proceso desarrollado bajo los principios de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, tal el juicio de cuentas, debe ser aplicado ante la evidencia cierta e incontrastable de su producción'…”. (cfr. “Pieza separada del Expte. N° 315-A-2013 - Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria, Fallo N° 16.527, Dispositivo 5°, Considerando V”, del 7/6/2014, www.tribunaldecuentas.mendoza.gov.ar) (cfr. Sentencia, Tomo XXIII, Reg. 740, Folio 4481/4490).- Y también que: “…Como recaudo de validez del acto administrativo la motivación cumple la finalidad de permitir que la Administración sometida a derecho dé cuenta de sus decisiones y que éstas puedan ser examinadas en su juridicidad por la justicia en caso de ser impugnadas, posibilitando el ejercicio del derecho de defensa de los afectados, el que comprende el derecho a una decisión fundada, es decir, que sea el resultado de la ponderación de todos los antecedentes […] Tal déficit de fundamentación de la decisión adoptada acarrea la declaración de nulidad de la misma en cuanto al cargo pecuniario impuesto…' (cfr.
SCBA, 'Gómez Raúl Mario c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda Contencioso Administrativa', causa LP B 61.817 del 08/07/2006)”. (cfr. sentencia cit.).- Por último, se ha sostenido que: “…'La aplicación del cargo previsto en el art. 16, inc. 3° de la ley 10.869 tiene como presupuesto la existencia de un perjuicio pecuniario al fisco, resultando insuficiente la mera detección de incumplimiento de índole formal (doc. causa B. 61.817, 'Gómez', sent. de 8-2-2006). La ausencia de aquél componente torna arbitraria la aplicación de la norma que prevé la sanción máxima. Por supuesto, ello sin perjuicio de que la falta formal -en la especie, ausencia de documentación- pueda dar lugar a otro tipo de sanción de las previstas en el régimen aplicable (v.gr. multa, v. causa B. 61.817, cit.); más nunca puede justificar el ingreso de montos a favor del fisco equivalentes a bienes cuyo faltante es tan sólo presunto.
Al no estar acreditado el perjuicio fiscal que requiere la aplicación de un cargo pecuniario, el Tribunal de Cuentas infringe la exigencia de explicitar circunstanciada y objetivamente en su decisión la conexión causal entre los actos del funcionario reputado responsable y la falta imputada…La falta de una adecuada ponderación de las circunstancias determinantes descalifica el accionar del Tribunal de Cuentas por evidenciar una motivación aparente…la obligación de motivar el acto administrativo, como modo de reconstrucción del iter lógico seguido por la autoridad para justificar una decisión de alcance particular que afecta situaciones subjetivas, a más de comportar una exigencia inherente a la racionalidad de su decisión, así como a la legalidad de su actuar (art. 108, decreto ley 7647/1970) y ser, también, derivación del principio republicano de gobierno (arts. 1°, Cont. nac.; 1°, Const. pcial.) es postulada prácticamente con alcance universal por el moderno derecho público (CSJN, Fallos 315:2771, 2930; 319:1379; 320:1956, 2590; 321:174; 322:3066; 324:1860; y sus citas).' (cfr.
SCBA 'González Gloria Carmela y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa', Causa LP B 59.961 S, del 16/08/2017. Voto en minoría del Dr. Daniel Fernando Soria” (cfr. Sentencia cit.).- Así, más allá de constatarse en los actuados administrativos la falta de rendición imputable a los responsables, no surge del Fallo analizado donde residiría el perjuicio fiscal, es decir el daño que se habría generado a la hacienda pública producto del manejo de esos fondos no rendidos.-
En síntesis, al omitir el Tribunal de Cuentas explicitar en forma clara y precisa la causa y motivación del Fallo Nº 4850, sobre la que se asienta el cargo patrimonial impuesto a los responsables se les ha violado su derecho defensa en juicio con afectación de la garantía del debido proceso, ya que se privó a los mismos de su derecho a conocer acabadamente los argumentos del pronunciamiento para luego contar con la posibilidad de recurrirlo eficazmente, circunstancias estas que tampoco tuvieron debido tratamiento por parte del Tribunal de Alzada.-
Por lo expuesto, mediante el dictado del Fallo sub examine, se vulneró el artículo 1°, inciso f), punto 3° de la Ley N° 1260 de Procedimiento Administrativo en cuanto al deber de la Administración de fundar y motivar en debida forma sus actos (cfr. art. 7°, incs. b) y e) de la citada Ley). Es importante recordar que el dispositivo legal mencionado es la norma de procedimiento aplicable ante toda la Administración Pública centralizada y descentralizada (como es el caso del Tribunal de Cuentas), con excepción de los organismos de seguridad.-
En atención a la trascendencia de los vicios que adolecen los Fallos Nros. 4850 y 5081, cabe inferir el perjuicio por el sólo incumplimiento de las exigencias procesales. Al respecto, el Máximo Tribunal de La Pampa consideró que: “Teniendo en cuenta que la 'causa o motivo' de un acto administrativo es un elemento esencial, definido por la ley como el conjunto de antecedentes de hechos como de 'derecho' que en cada caso determinan su dictado, tal apartamiento de la ley, o mejor dicho, la no aplicación del 'derecho', torna el acto administrativo -Resolución nro. 478/99- en nulo, de nulidad absoluta. Asimismo, tal nulidad absoluta es manifiesta, por cuanto en el caso, no resulta necesaria investigación alguna para desentrañar su irregularidad, pues surge, valga la reiteración, en forma 'manifiesta' de la propia ley en comparación con el acto atacado. La conclusión arribada -que el acto es nulo de nulidad absoluta y manifiesta-, tiene diversas consecuencias o efectos. Así, es insusceptible de saneamiento (conf.: art. 88 de la Ley 951), pues cae su presunción de validez, se extingue por ilegítima; la acción para obtener la declaración de nulidad, es imprescriptible (conf.: art. 79 de la Ley 951); y con relación al tiempo, los efectos de la declaración de nulidad se remontan a la fecha de emisión del acto (conf.: art. 78 de la Ley 951), la nulidad actúa retroactivamente 'ex tunc'…” (cfr. STJ La Pampa, Sala B, “Municipalidad de Santa Rosa c/ Jorge Horacio Ayerza; Oscar Alberto Sayago y Jorge Oscar Suarez s/ Demanda Contencioso Administrativa (acción de lesividad)”, Expediente Nº 23/05 del 04/06/2007).- Dada la naturaleza del caso, estimamos aplicable al sub lite, mutatis mutandi, lo ya dicho por este Alto Cuerpo, a saber: “...si bien los pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario provincial, constituye un requisito previo emanado de la función jurisdiccional, el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada.” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 476, Folio 2583/2586).-
La decisión que debe ser dada en estos actuados por este Tribunal Superior de Justicia trata, en definitiva, del debido contralor del procedimiento administrativo.-
Recordemos que son requisitos esenciales del acto administrativo (en este caso el Fallo que impuso el cargo a los responsables Segura y Alcazar) sustentarse razonablemente en los hechos y antecedentes verificados invocando el derecho aplicable, como así también estar motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto [conf. art. 7 incs. b) y e) de la Ley N° 1260]; y que el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta por falta de causa (conf. art. 14 inc. b) de la ley citada).-
Los argumentos desarrollados precedentemente también atienden el agravio del Sr. Segura respecto a la ausencia de daño, pero no en cuanto a si este efectivamente se concretó en el expediente administrativo, sino por el contrario a su falta de tratamiento en el citado Fallo por parte del Órgano Fiscalizador.-
A modo de conclusión de todo lo expuesto y no hallándose este Excmo. Tribunal Superior de Justicia constreñido a las alegaciones jurídicas de las partes para determinar si la ley ha sido o no violada o erróneamente aplicada y si han sido o no infringidas las formas (cfr. art. 13 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), procede la declaración de nulidad de los Fallos Nros. 4850 y 5081 emanados del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz.-
Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, debemos advertir que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el procedimiento del juicio de cuentas.-
Por último, atento el modo como se resuelve, corresponde reenviar las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a efectos que dicte un nuevo pronunciamiento ajustándose a las consideraciones aquí realizadas.-
VIII. Que, conforme a los argumentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de casación articulado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a fojas 82/93 y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fojas 64/76 vta.. Declarar de oficio la nulidad de los Fallos Nros. 4850 y 5081 dictados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, reenviando las presentes actuaciones a dicho Tribunal, a fin de dictar un nuevo pronunciamiento conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente sentencia, debiendo imponerse las costas por su orden (art. 68, 2º párr. del CPCyC) atento el modo en que se resuelve la cuestión. Difiriendo la regulación de honorarios de los letrados en esta instancia, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión votamos por la afirmativa.-
A la Primera Cuestión la Dra. Fernández dice:
I. Si bien comparto el relato de los antecedentes de la causa, la aceptación de la excusación del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta, así como la reseña de los agravios esgrimidos por el recurrente, disiento con la solución propiciada por los distinguidos colegas preopinantes.-
II. Conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por el Tribunal de Cuentas, ésta se desarrolla en el ámbito de los carriles impugnativos previstos en los artículos 2 y 3, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto su impugnación se fundamenta en el quebrantamiento de forma, violación de la ley o de la doctrina legal y arbitrariedad (cfr. fs. 82 vta./83).-
En lo atinente al primero de los motivos casatorios enunciados, es preciso advertir que el planteo recursivo omite desplegar una base argumental independiente que permita llevar adelante un análisis diferenciado, autónomo y suficiente a los efectos de su debida resolución.-
El artículo 4 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- pone en cabeza del recurrente la carga de expresar el alcance de su impugnación y lo que desea que se anule, indicando concretamente las formas quebrantadas. A su vez, dispone que cada motivo debe ser expresado separadamente.-
Los requisitos exigidos por la ley ritual no son solemnidades redundantes, ni arcaísmos sacramentales que hayan perdido su justificación procesal y responden a la necesidad siempre actualizada de no quitar a los recursos extraordinarios provinciales su carácter de medios impugnativos verdaderamente extraordinarios, que supone, por eso mismo, el previo requisito del cumplimiento de cargas inexcusables para evitar que, en la práctica, se concluya por desvirtuárselo. Así entonces, el quebrantamiento de las formas sustanciales se debe demostrar y probar exhaustivamente, siendo insuficiente la sola alegación ya que es imprescindible un despliegue argumental que indique la ausencia de la estructura jurídica motivante y lógica que debe presidir todo pronunciamiento de esta naturaleza definitiva; o que se muestren omisiones de evaluaciones indispensables que revelen trascendentes vacíos de juzgamiento, no subsanables en el ejercicio jurisdiccional y se quebrante de tal modo el derecho de defensa, en tanto este remedio extraordinario ha sido instituido y configurado en orden a la preservación de la estructura formal, congruencia y debida fundamentación de los fallos (cfr.
Sentencia, Tomo XI, Reg. 390, Folio N° Nº 2111/2118).- Los recurrentes deben en primer término señalar el vicio que se imputa al razonamiento, debiendo -luego- brindar las razones (de hecho y de derecho) que justifiquen el recurso, siendo menester que tales razones tengan vinculación directa con las constancias de la causa y posean trascendencia en la decisión adoptada por el tribunal de juicio. El recurso de casación debe evitar hacer desarrollos de carácter general (que puedan ser aplicables a cualquier resolución o adaptarse de manera general) y debe procurar desarrollar un esquema argumental concreto y específico con relación a lo que es objeto de la crítica. Se procura evitar afirmaciones abstractas y que puedan ser incluidas en cualquier recurso (v.gr., relacionados con vicios genéricos de la sentencia o incluso con la simple carencia de fundamentación lógica y legal) (cfr.
Molina Sandoval, Carlos A.: “Recurso de casación: Aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, 1ª edición, Córdoba, Advocatus, 2016, págs. 231 y 232).- En el caso de autos, se aprecia que los embates eventualmente subsumibles bajo la causal del quebrantamiento de forma, tales como la denuncia del vicio de la incongruencia, la ausencia de una sentencia fundada o la omisión de considerar cuestiones conducentes para la resolución de la litis (cfr. fs. 83, 89 vta. y 90 vta.) entrelazados con otros agravios destinados a evidenciar un supuesto de infracción a la ley sustancial traslucen endebles cuestionamientos carente de la solidez necesaria para atribuirles el carácter de una crítica concreta, directa, visceral y eficaz y, por lo tanto, insuficientes para patentizar una vulneración a su derecho de defensa, tal como alega de forma apodíctica la recurrente.-
III. Tampoco resulta de recibo la denuncia de violación de la doctrina legal que la recurrente formula a foja 83, en tanto omite indicar concretamente un pronunciamiento emitido por este Alto Cuerpo dentro del lapso temporal dispuesto en el artículo 3 inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- que contradiga el criterio adoptado por la Cámara.-
Resulta pertinente precisar que la doctrina legal que hace viable el recurso de casación es sólo aquella que emana de este Tribunal Superior de Justicia y no la que deriva de la jurisprudencia de otro tribunal. En este sentido, se ha sostenido que es este Tribunal Superior de Justicia el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (cfr. Sentencia, Tomo XXIII, Reg. 731, Folio 4423/4426, entre otros).-
IV. Despejado lo anterior, la problemática sometida a debate conlleva establecer si en el presente caso se ha configurado o no el supuesto de la aprobación ficta (contemplada en el art. 54 de la Ley N° 500) respecto a la Rendición de Cuentas - Ejercicio 2008 efectuada por el señor Nicolás Alejandro Segura, en su calidad de Director Provincial de Administración del Ministerio Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Santa Cruz.-
Como jueza de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial tuve la oportunidad de expedirme en situaciones similares a las aquí examinadas, arribando a una conclusión idéntica a la postulada en la sentencia bajo crisis. No encuentro mérito, en esta ocasión, para apartarme de los fundamentos señalados en esos antecedentes. Empero, estimo apropiado efectuar determinadas consideraciones adicionales que, al tiempo que responden a la materia específica de esta causa y al marco regulatorio aplicable para su dilucidación, resultan adecuadas para conferir mayor precisión a los lineamientos trazados primigeniamente.-
En el ámbito del derecho público estatal, el Tribunal de Cuentas ha sido instituido como un «órgano de jerarquía constitucional» o «constitucionalmente garantizado». Esto significa que por la importante actividad que cumple es conveniente que sea creado por la misma Ley Suprema, que lo reviste con una verdadera autonomía funcional en el ejercicio de sus facultades y sin dependencia alguna por parte de sus autoridades, aún cuando se encuentre inserto en el ámbito de alguno de los tres poderes esenciales (cfr. Sesín, Domingo: “Tribunal de Cuentas. Importancia y alcance del control previo. Nuevas perspectivas”, disponible en https://derecho.aulavirtual.unc.edu.ar/pluginfile.php/213847/mod_folder/content/0/SESIN%20Domingo%20TRIBUNAL%20DE%20CUENTAS%20Importancia%20y%20alcance%20del%20control%20previo.%20Nuevas%20perspectivas.pdf).- En nuestro sistema constitucional provincial ha sido instituido dentro de la Sección Sexta, denominada “Poder Ejecutivo”, disponiéndose que al Tribunal de Cuentas le compete el examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas provinciales y municipales (art. 123 de la Constitución Provincial). Nuestros constituyentes apostaron por la raigambre constitucional del Tribunal de Cuentas, “…sabedores de la importancia de la existencia de los controles para la detección oportuna de las fallas, los errores y la propia corrupción y sobre todo, prevenir el hecho dañoso patrimonial…”, y se mostraron partícipes de delegar en una ley inferior su organización, constitución y funcionamiento, “…en cuanto es propio de tal nivel ahondar en los aspectos funcionales del organismo garantizando su independencia y jerarquía funcional como así también su autarquía financiera…” (cfr. Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente Año 1994, 5ª reunión, 2ª sesión extraordinaria, 20 de septiembre de 1994, pág. 125).- Este organismo de control externo despliega su actividad de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 500 que, en su artículo 2°, sindica a aquel como la autoridad encargada de fiscalizar la gestión financiera patrimonial de la Provincia, los municipios, las empresas para-estatales, las reparticiones descentralizadas y autárquicas.-
En el ejercicio de su control sobre la hacienda pública, se le encomienda el examen y juicio de las cuentas rendidas por los responsables de la administración así como la declaración de la responsabilidad y formulación del pertinente cargo cuando corresponda (cfr. art. 19, incs. b y c). Constituye, en definitiva, la única autoridad con el imperio suficiente para aprobar o desaprobar de modo definitivo las cuentas rendidas por los organismos sometidos a su jurisdicción (cfr. art. 21).-
Su actuación como “…celoso custodio de la administración y uso de los caudales públicos…”, en palabras del convencional constituyente Fernando P. Tanarro (cfr. Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente Año 1994, 6ª reunión, 2ª sesión extraordinaria, 21 y 22 de septiembre de 1994, pág. 134) se encuentra estrechamente vinculada con la forma representativa y republicana de gobierno que la Constitución Nacional adopta en su artículo 1° y manda a adoptar a las provincias en su artículo 5°.-
V. La facultad de fiscalización de la gestión económica y financiera de los órganos estatales es realizada por el Tribunal de Cuentas a través de dos juicios: el juicio de cuentas y el juicio de responsabilidad (cfr. Marinangeli, Bárbara - Corbalán, Eliana: “La administración pública y su control. El Tribunal de Cuentas (con especial referencia al Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa), disponible en https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/1363).-
A través del primero de ellos, que es el que resulta de interés para el presente pleito, los agentes, organismos o personal que tienen a su cargo el manejo de bienes del Estado están obligados a rendir cuenta de su gestión (cfr. Giuliani Fonrouge, Carlos María: “Derecho Financiero” Actividad Financiera Presupuesto Poder Tributario Obligación Tributaria, 10ª Edición, Buenos Aires, La Ley, 2011, Tomo. 1, pág. 286). “El Juicio de Cuentas, es en sí mismo, un análisis contable, de balanceo de la cuenta, para verificar si el dinero recibido por el beneficiario se corresponde con la documentación que respalda su inversión, es decir, es un examen de la exactitud de las cuentas, mediante un procedimiento que verifica que el importe salido de las arcas estatales se haya utilizado para el fin otorgado” (cfr.
STJ La Pampa Sala C, “Fundación para la Promoción de Estudios Superiores en Tecnologías c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa”, Expte. Nº B-32/14, del 29/11/2017, https://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Detalle/27042).- El legislador estableció el procedimiento destinado a reglar el juicio de cuentas en el Capítulo X de la Ley N° 500 (arts. 41 a 54), el que en resumidas cuentas puede describirse del siguiente modo: “Recibida una rendición de cuentas, el presidente la pasará a la división que corresponda…El vocal designará al auditor que tendrá a su cargo el estudio, quién se pronunciará previamente acerca de si la documentación es completa o requerirá nuevos elementos de juicio.
En su caso el vocal, solicitará del presidente se requiera la documentación omitida, en el plazo que se fije a tal efecto. Si la documentación fuera completa o si se presentaren los documentos requeridos o venciere el término acordado para presentarlos, el auditor encargado de su estudio, las verificará en su aspecto formal, legal, contable, numérico y documental y hará conocer sus conclusiones mediante un informe que elevará al vocal correspondiente…El auditor deberá expedirse en el término que fije el Tribunal.” (art. 41). “Si el Tribunal considerase que la cuenta examinada debe ser aprobada, dictará resolución al efecto…” (art. 42). “Si la cuenta fuese objeto de observación por parte del auditor, el Tribunal emplazará al obligado u obligados del informe respectivo, quienes deberán contestar acompañando las pruebas que hicieran a su descargo en el término que fije el Tribunal y que no excederá de treinta (30) días…” (art. 43).
“Producido el descargo por el obligado y la agregación de la prueba o perdido el derecho a substanciarla por vencimiento del plazo respectivo, se pasarán las actuaciones al auditor que formulará las observaciones para que se pronuncie concretamente sobre los descargos formulados y las pruebas aportadas. Con el informe que produzca, quedará el expediente en condiciones de dictar sentencia.” (art. 48). “El presidente dictará la providencia de autos para sentencia y pasará el expediente a uno de los vocales para que proyecte el fallo, dentro de un término no mayor de quince (15) días. Proyectado el fallo, se pasará el expediente al otro vocal y al presidente para que se expidan sobre el mismo en un plazo no menor de cinco (5) días cada uno…” (art. 49).-
VI. Siguiendo a Domingo Sesín, es necesario advertir que “…en nuestro país, la función de contralor que realiza es de carácter eminentemente administrativo” y que lo resuelto en los trámites de rendición de cuentas y determinación de responsabilidad no tiene autoridad de verdad legal, insusceptible de revisión judicial ulterior. No obstante hay que tener en cuenta que “en lo que respecta al examen de cuentas y de responsabilidad, podríamos aceptar que se ejerce una función jurisdiccional-administrativa, que de todos modos queda sujeta a la revisión judicial.” (cfr. aut. y ob. cits.). Al efectuar cargos y juicios administrativos de responsabilidad, las resoluciones del Tribunal de Cuentas deben ser recurribles a los más altos organismos del Poder Judicial cuyas prerrogativas no pueden detraerse sin lesión a principios de juez supremo (cfr.
Romero, César Enrique: op. citada en Lazzo, Fidel Isaac: “Tribunal de Cuentas. Jurisdiccionalidad y Constitucionalización”, Depalma, 1981, pág. 43).- En la causa “Fernández Arias” la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la constitucionalidad de la atribución de competencias jurisdiccionales a órganos de la administración dependía de que sus pronunciamientos quedarán sujetos a un control judicial suficiente. Especificó que “control judicial suficiente” quería decir, entre otras cuestiones, que los litigantes debían tener derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios (Fallos 247:646). Más adelante, en la causa “Ángel Estrada” el máximo tribunal de la Nación estimó que era imperativo que los organismos de la administración dotados de jurisdicción hayan sido creados por ley, que su independencia e imparcialidad estén aseguradas, y que sea razonable el objetivo económico y político que el legislador tuvo en cuenta para crearlos y restringir, así, la jurisdicción que la Constitución Nacional atribuye a la justicia (Fallos 328:651).- En sentido coincidente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha receptado el derecho a la revisión judicial de decisiones administrativas como uno de los elementos de la garantía del debido proceso legal en relación con el derecho a una tutela judicial efectiva consagrado por los arts. 8° y 25 de la Convención sobre los Derechos Humanos (caso “Baena, Ricardo y otros vs.
Panamá”, sentencia del 2 de febrero de 2001, párr. 137, entre otros). El tribunal interamericano sostiene que existe una revisión judicial suficiente cuando el órgano judicial examina todos los alegatos y argumentos sometidos a su conocimiento sobre la decisión del órgano administrativo, sin declinar su competencia al resolverlos o al determinar los hechos (“Barbani Duarte y otros vs. Uruguay”, sentencia del 13 de octubre de 2011, párr. 204).- De consuno con estos lineamientos, el legislador provincial ha establecido un mecanismo de revisión contra los fallos que el Tribunal de Cuentas emita. En lo atinente al juicio de cuentas, se ha previsto primero un recurso de revisión ante el propio organismo (arts. 50, 77 y 78 de la Ley N° 500) y, luego, un recurso judicial, cuya dilucidación queda a cargo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. arts. 50, 51 y 74 la Ley N° 500).-
VII. En su agravio inaugural, el Tribunal de Cuentas propugna la aplicación al caso de autos de la Ley N° 500 como norma de aplicación específica y, sobre esta base, critica los fundamentos esbozados por la Cámara de Apelaciones en torno al derecho al debido proceso del señor Segura.-
Si bien es cierto que la Ley N° 500 es la disposición especial encargada de regular el funcionamiento y la actividad del Tribunal de Cuentas, no puede pasarse por alto que el control encomendado a ese órgano tiene basamento constitucional y que la regularidad de los procedimientos que lleva delante no puede medirse exclusivamente en términos legales, al margen de lo estipulado en el ordenamiento constitucional - convencional.-
Es que, tal como lo ha sostenido con anterioridad este Máximo Tribunal provincial, “ 'Los principios basilares del Estado constitucional provocan variaciones relevantes en el derecho de la función administrativa...reformulando el contenido y la extensión de las garantías sustanciales y adjetivas de los particulares en su relación con la Administración […] el deber jurídico fundamental de respetar y asegurar la dignidad de la persona y los derechos esenciales que le son inescindibles transforma la savia que recurre la raíz de la función administrativa…Surge, así, un nuevo punto de equilibrio en el ejercicio de la función administrativa entre las prerrogativas y las garantías, que refleja un auténtico compromiso jurídico con el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos…” (cfr. Contencioso administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1075, Folio N° 3419/3429).- Al influjo del creciente proceso de internalización de nuestro derecho, producto de la reforma constitucional de 1994 que trajo consigo una fuerte injerencia de los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, se ha generado un gran desafío para el operador jurídico consistente en la búsqueda de la compatibilidad de las diversas ramas del derecho con el sistema de fuentes adoptado por el constituyente federal.-
A la par, el Código Civil y Comercial vigente en nuestro país desde el 1° de agosto de 2015 no ignora este fenómeno de pluralidad de fuentes, consagrando en su Título Preliminar reglas insoslayables para la decisión judicial, que trascienden al derecho privado y crean un núcleo de significaciones aplicables a todas las demás especialidades del derecho. Entre ellas, prescribe que los casos deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte (art. 1°). Y la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (art. 2°).- En un ordenamiento constitucionalizado -como lo es el nuestro- el derecho constitucional tiende a ocupar el entero espacio de la vida social y política, condicionando -entre otras cosas- la legislación, la jurisprudencia y las acciones de los actores públicos. Así, la legislación es concebida como una actividad dirigida a dar actuación a la constitución; la jurisprudencia está condicionada por la constitución, en el sentido de que los jueces y juezas tienen el poder y el deber de aplicar directamente en las controversias que les someten no solo las leyes, sino también la constitución; y, de su lado, la vida política queda condicionada por la constitución en el sentido de que los actores políticos y los órganos constitucionales se preocupan de dar justificación constitucional a sus decisiones y a sus comportamientos (cfr. Guastini, Ricardo: “La sintaxis del derecho”, traducido por Álvaro Nuñez Vaquero, Marcial Pons, Madrid, 2016, págs.. 176 y 177).- Con base en cuanto antecede es que considero que no puede admitirse una lectura fragmentaria y aislada de la Ley N° 500, por fuera de los derechos y garantías fijadas por el régimen constitucional y convencional. En ese andar, entiendo que las consideraciones que trae a colación la Cámara para someter la decisión y el trámite administrativo al tamiz del debido proceso (haciendo especial hincapié en el derecho a ser juzgado en un plazo razonable) son irrefutables.-
Este Tribunal Superior de Justicia ha recordado que: “En el Fallo 'Baena' la Corte Interamericana de Derechos Humanos puso de manifiesto -en el considerando n° 125- que '…el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden 'civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter'. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene derecho al debido proceso entendido en los términos del art. 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes. En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos…Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber.
Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas (confr. Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72).” (cfr. Contencioso administrativo, Tomo XIII, Reg. 891, Folio N° 2589/2599).- Con relación a la materia específica en estudio, debe tenerse en cuenta que el análisis de las normas que rigen el juicio de cuentas, pone de manifiesto que la jurisdicción del tribunal administrativo no es meramente objetiva, sino también subjetiva, pues aparte de pronunciarse sobre las “cuentas” en sí mismas, juzga las personas, determinando la responsabilidad de agentes administrativos (cfr.
Giuliani Fonrouge, Carlos María, “Derecho Financiero” cit., v. 1, pág. 287). En consecuencia, “La garantía del debido proceso es de plena aplicación en los procesos llevados ante los organismos de control…”, por lo que “en los procesos de rendición de cuenta como así también en los denominados juicios de cuenta y responsabilidad llevados ante ellos [debe] necesariamente garantizar[se] el pleno ejercicio de los derechos de aquellos que actúan ante su jurisdicción sin afectarles derechos y garantías de raigambre constitucional.” (cfr. Moslares, José Carlos: “El procedimiento del juicio de cuentas y de responsabilidad: condiciones para su validez constitucional”, ponencia disponible en https://www.tcuentaslp.gob.ar/wp-content/uploads/2018/09/ El-Procedimiento-del-juicio-de-Cuentas-y-de-Responsabilidad-Condiciones-para-su-Validez-Constitucional-José-Carlos-Moslarestdc-La-Pampa.pdf).- En función de ello, aún cuando el señor Segura se encontraba sometido a la jurisdicción del tribunal de cuentas, como obligado a rendir cuentas a consecuencia de su calidad de funcionario a cargo del manejo de fondos públicos (cfr. art. 21 de la Ley N° 500), bajo ningún punto de vista podría marginárselo de las garantías constitucionales y convencionales que imperan en un Estado de Derecho, tal como lo sugiere la recurrente al postular la inaplicabilidad de su derecho a ser oído (cfr. foja 422 vta.).
De aceptarse esta objeción se restaría el «efecto útil» que impregna a los pactos internacionales con derechos humanos. Rolando E. Gialdino recuerda que: “Sería 'realmente contrario a las reglas de interpretación generalmente reconocidas'…considerar que una cláusula obligacional, inserta en un compromiso, 'sea una disposición sin alcances y sin efecto…'…nuestras convenciones están dirigidas 'a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo'…Luego, si un tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe…'se requiere' que a sus disposiciones les 'sea asegurado el efecto útil en el plano del derecho interno de los Estados Partes […].
Su aplicación, por lo pronto, comprende a los preceptos convencionales sustantivos…pero también a los procesales…” (cfr. autor cit.: “Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Principios, Fuentes, Interpretación y Obligaciones”, 1ª edición., CABA, Abeledo Perrot, 2014, págs. 76 y 77).- No puede predicarse válidamente -tal como lo intenta la casacionista- que el fallo impugnado haya restado valor a la obligación del cuentadante de brindar explicaciones sobre cómo se invirtieron los fondos públicos. Menos aún se aprecia un descuido del análisis de las cuentas públicas como bien jurídico tutelado a través de la Ley N° 500. Lo que sucede es que este cometido no puede concretarse a cualquier costo, sacrificando garantías elementales, en tanto el ser humano no puede ser mediatizado con miras a la satisfacción de cualquier bien público.
En el razonamiento adoptado por los jueces de la anterior instancia se verifica una adecuada ponderación de los valores y principios en juego en el caso concreto, evitando vulneraciones a la garantía constitucional y convencional del plazo razonable en el procedimiento administrativo, producto de la inadecuada interpretación realizada por la autoridad de control de normas formales que rigen el juicio de cuentas.
En línea coincidente con el pronunciamiento cuestionado, se ha afirmado que “…si la demora del expediente se originó en negligencia de la autoridad, y si tal demora afecta la situación jurídica de la persona interesada: es indudable que sin importar el valioso interés que perseguía la Administración pública con el procedimiento administrativo en cuestión -tal la verdad jurídica objetiva- ha violado la garantía del plazo razonable…'el debido proceso y su derivado la garantía del plazo razonable atienden como exigencia de justicia a la dignidad de la persona humana en un procedimiento administrativo, y por tal razón están por encima de cualquier interés público, incluso la necesidad de que se arribe a la verdad objetiva o material. No puede la primera sacrificarse en el altar de la segunda pues se incurriría en una pretensión totalitaria -y una subversión de valores- ajena al régimen humanista previsto en el Estado social, democrático y constitucional de derecho.'” (cfr. Sabalua, Francisco M. - Erreguerena, Lisandro Omar Emmanuel: “La responsabilidad estatal frente a la violación de la garantía del plazo razonable en los procedimientos administrativos”, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/379/2023).- Lo anterior lleva a recordar que “…en un Estado de Derecho, los órganos públicos, a la vez que imponen la observancia de ciertas reglas, deben someterse a ellas: la sujeción de las administraciones públicas al principio de legalidad supone, entre otras cosas, que los actos y disposiciones que de aquellas emanan se conformen con las normas y principios de jerarquía superior instituidos por órganos representativos de la voluntad general, que constituyen de tal modo la juridicidad de aquel actuar así como que se correspondan con las reglas atributivas de la potestad para expedirlos…” (cfr. SCBA, “Giannettasio Graciela María c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa”, causa B. 64.489, del 13/10/2021).- Finalmente, interesa destacar que el precepto legal contenido en el artículo 28 de la Ley N° 500, cuya aplicación reclama la recurrente, no desdibuja la conclusión a la que arriba la Excma. Cámara de Apelaciones.-
Según la primera parte de esta regla, “El agente que cese en sus funciones, por cualquier causa, quedará eximido de responsabilidad una vez aprobada la rendición de cuentas de su gestión.”. Dado que -conforme inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- la inconsistencia o falta de previsión del legislador no se suponen, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras correspondiendo adoptar como verdadero criterio el que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (cfr. Fallos: 327:769 y 345:298, entre otros muchos), debe arribarse a la conclusión de que la aprobación a la que alude el texto normativo indicado en modo alguno excluye la aprobación automática regulada en el artículo 54 de la misma ley y, por lo tanto, su sola aplicación no logra desbaratar el pronunciamiento cuestionado.-
VIII. Tampoco resultan hábiles para enervar lo decidido en la instancia ordinaria los argumentos que introduce la recurrente en el segundo de sus agravios.-
Centralmente, la cuestión a dirimir en este punto gira en torno a la recta interpretación que corresponde atribuir al texto legal contemplado en el artículo 54 de la Ley N° 500, que contempla el instituto de la «aprobación ficta». A los efectos de su aplicación, la Cámara de Apelaciones sostuvo que “…la cuenta se encuentra integrada o rendida desde el momento de su presentación si ella no ha sido observada. En los casos en que haya sido observada, el plazo se cuenta desde el momento en que el responsable formula su descargo.” (cfr. foja 75). En contraposición, la recurrente alega que: “Aprobación Ficta equivale a Aprobación en virtud del silencio…” y que “…la cuenta se integra totalmente desde el momento en que todos los comprobantes son rendidos y el auditor hubiera emitido pronunciamiento sobre los mismos, ergo mientras dure la observación -no habiéndose rendido todos los comprobantes-, la cuenta no se ha integrado o rendido, y por lo tanto no puede computarse el inicio del plazo bianual.” (cfr. fs. 88 y vta.).- El artículo 54 de la Ley N° 500 dispone que: “Cuando no se hayan formulado o notificado reparos o cargos dentro de los dos (2) años a contar desde la elevación de una rendición al Tribunal de Cuentas, o transcurrido ese término, desde la contestación del responsable, formulando descargos concretos sobre la misma, se considerará aprobada, transfiriéndose la responsabilidad que pudiera existir a los funcionarios que sean declarados culpables de la demora en la tramitación, quienes se excusarán de seguir entendiendo en el asunto y estarán a las resultas que se establezcan en definitiva.”.-
Una primera aproximación a la literalidad de los términos del artículo transcripto permite advertir que el legislador previó dos supuestos de aprobación ficta, con la suficiente claridad como para no exigir mayor esfuerzo interpretativo: el primero acontece si transcurren dos años desde la elevación de una rendición de cuenta al organismo de contralor sin que se le formulen reparos o cargos; en cambio, si es observada, ese plazo de dos años comenzará a computarse a partir del descargo que efectúe el responsable de la rendición de cuentas.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y que cuando esta no exige esfuerzo para determinar su sentido debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 311:1042; 320:61 y 305; 323:1625, entre otros), ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella (Fallos 340:644 y sus citas). No cabe apartarse del principio primario de la sujeción de los jueces a la ley, ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por este, pues de hacerlo olvidaría que la primera fuente de exégesis de una norma convencional es su letra (Fallos 344:2175).- De consuno con ello, no puede soslayarse que de la sola redacción del artículo 54 de la Ley N° 500 emana que pasado el tiempo indicado en ella, desde la contestación a las observaciones por parte del responsable, sin dictarse resolución definitiva, las cuentas quedan automáticamente aprobadas. Es primordial del servicio de justicia garantizar la seguridad jurídica y el principio de juridicidad, sin realizar interpretaciones que en concreto desvirtúen lo expresamente legislado al respecto.-
Sin perjuicio de la exégesis literal propugnada, razones de índole conceptual robustecen también la hermenéutica escogida. En punto a ello, téngase en cuenta las sabias afirmaciones de Miguel Santiago Marienhoff, quien ha sostenido: “…En un 'Estado de Derecho' nadie debe vivir bajo la amenaza permanente de que, en cualquier momento y cualquiera sea el tiempo transcurrido, pueda ser penado o sometido a proceso, sea éste judicial o administrativo, con las graves consecuencias consiguientes…La circunstancia de que a una persona pueda mantenérsele sine die sometida o vinculada a un eventual proceso o condena, o amenazada por la iniciación de un proceso -sea éste judicial o administrativo-, implica limitarle en forma contraria a derecho el ámbito de su libertad, porque ello le obliga a vivir permanentemente cohibida o restringida en sus movimientos o decisiones…” (cfr. autor cit., “Tratado de derecho administrativo”, 4ª ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, Tomo III-B, pág. 459).- Siguiendo a Adolfo Atchabahian, es dable advertir que con el sistema instaurado por el legislador se ha buscado librar a los agentes de la administración el estar indefinidamente pendientes del pronunciamiento del tribunal administrativo.
De todas maneras, la consideración muy demorada de una cuenta, haría inconducente y quitaría todo valor a cualquier sanción que quisiera aplicarse después de descubrir una irregularidad emergente de su análisis. La responsabilidad a la cual se quiere mantener expuesto a los funcionarios de la administración pública, debe ir acompañada a su vez de la responsabilidad para no omitir y hacer debido el ejercicio de tan importantes atribuciones (cfr. autor cit., “Régimen jurídico de la gestión y del control en la hacienda pública”, 3ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2008, págs. 929 y 931).- No se encuentra en la letra de la ley ni en el espíritu del legislador nada que permita inferir -tal como lo postula el casacionista- que el plazo bianual deba computarse desde que todos los comprobantes son rendidos y el auditor hubiera emitido pronunciamiento sobre los mismos.
Con la interpretación propuesta por el Tribunal de Cuentas se dejaría librado al arbitrio del propio órgano el agotamiento del plazo, en tanto supedita la aprobación a la emisión del auditor. “…de ese modo la investigación podría dilatarse en el tiempo, manteniendo ilimitadamente la sospecha o la eventual amenaza de accionar judicial o administrativamente en contra de los estipendiarios supuestamente responsables, con la consiguiente intranquilidad que ello genera, afectando su libertad y paz espiritual.” (cfr. STJ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: “Garramuño Jorge y Otros c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia s/contencioso administrativo”, del 13/07/2001, disponible en https://juris.justierradelfuego.gov.ar/getFallo/76089).- En apoyo de su tesitura, la impugnante cita un pronunciamiento anterior emitido por la misma Cámara.
Se trata de una decisión que también suscribí como integrante de aquel órgano judicial y que fuera emitida el 11 de abril de 2012 (Tomo LXXVI, Reg. 2836, Folio N° 111/115) en el marco de la causa “Municipalidad de Caleta Olivia - Estudio Rendición de Cuentas Ejercicio 2000 (Expte. N° 810.352 - Letra T.C. - Año 2001) s/ plante recurso judicial art. 50 ley 500”, Expte. N° 13.205/11.-
No encuentro razones suficientes que permitan trasladar de manera lineal lo allí expuesto al caso de marras. Resulta inadecuado segmentar y extrapolar una decisión a la que se arribó en circunstancias fácticas diferentes al caso en el que se pretende implementar cuando la misma -lejos de evidenciar el carácter de premisa general que le asigna el recurrente- ha sido elaborada para el caso concreto.-
He de señalar que en el evocado antecedente el Tribunal de Alzada se avocó a examinar un recurso de nulidad interpuesto en los términos del artículo 51 de la ley 500 y, en esa faena, advirtió que el mismo “…carece de una crítica concreta y razonada del fallo impugnado en tanto refiere genéricamente a infracciones legales omitiendo señalar cuáles son los elementos viciados del acto administrativo y aquéllos de que adolecería el procedimiento llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas, siendo insuficientes para revertir la decisión apelada las expresiones así vertidas en su escrito recursivo […]. Por ello, y conforme lo obrado en la causa corresponde rechazar la nulidad impetrada con fundamento de la aprobación ficta de la rendición de cuentas presentada…” (cfr. pto. 1° del consid. V).- En cambio, en la resolución puesto en tela de juicio en la presente causa el órgano judicial partió desde una base distinta, al exponer que “…en el presente caso, el apelante…Fundamenta su exposición en una crítica concreta y razonada del instrumento impugnado refiriendo específicamente cuáles son los elementos viciados del acto y solicita que se respete la garantía de un juicio sin demoras indebidas…” (cfr. foja 74).-
Si bien la base litigiosa entre ambos casos guarda algún grado de similitud no puede pasarse por alto que “…es el apelante a través de la expresión de agravios, quien fija el ámbito funcional del tribunal de alzada. Este órgano no está obligado a investigar de oficio los errores cometidos por el juez de grado sino sólo aquellos aspectos de la decisión impugnada que fueron motivo de agravio por parte del recurrente; es decir, el tribunal ad quem no tiene que ocuparse de las quejas que no realizó el apelante, ni suplir los déficit argumentales en la fundamentación del recurso.” (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G.: “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Legislación. Doctrina. Jurisprudencia, 2ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Astrea, 2009, Tomo 2, págs. 166 y 167), lo que coadyuva a entender la bifurcación entre ambos razonamientos sentenciales.- Por fuera de esa ineludible diferencia inicial, cabe precisar que si bien en el fallo emitido en el año 2011 se ha hecho mención del pronunciamiento emitido por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones el 16 de mayo de 2006 en la causa “Vedoya María del C. c/ Tribunal de Cuentas”, que en prieta síntesis coincide con el enfoque insinuado por la recurrente, no puede asignarse a esa parcela del razonamiento sentencial más que el carácter de una explicación complementaria sin valor vinculante para la definición de otros pleitos ulteriores.
Incluso, las restantes expresiones allí vertidas podrían considerarse el punta pie inicial para lo que sería ulteriormente la jurisprudencia fijada por la Cámara de Apelaciones en futuros pronunciamientos, al ponerse el acento en “…el excesivo plazo tomado por el auditor…”, lo que importaba “…un apartamiento de los deberes impuestos por el plexo normativo…” que se traducía “…en el cumplimiento deficiente de las funciones de contralor…” del Tribunal de Cuentas (cfr. pto. 2° del consid. V).- Un renovado análisis de la cuestión tampoco puede dejar de considerar las diferencias normativas que median entre en un régimen y el otro. Es que el artículo 133, inciso 1°, de la Constitución de la Provincia de Misiones establece que: “Sin perjuicio de lo que disponga la ley, el Tribunal tendrá las siguientes atribuciones: 1.
Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales y de reparticiones autárquicas; aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos. A tal fin los poderes públicos, las municipalidades, y los que administren los caudales de la Provincia, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros percibidos e invertidos, para su aprobación o desaprobación. El Tribunal se pronunciará en el término de un año de la presentación; de los (sic) contrario se tendrán por aprobadas sin perjuicio de la responsabilidad de los miembros del Tribunal.”.
El artículo 37, cuarto párrafo, de la Ley I - N° 3 Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones, prescribe, por su parte, que: “El término previsto en el Artículo 133 inciso 1) último párrafo de la Constitución Provincial se computa a partir de la fecha de presentación de la rendición de cuenta, conforme lo indicado en el primer párrafo de este artículo, independientemente de la fecha de presentación de la Cuenta General del Ejercicio…”; y deja aclarado, en su último párrafo, que: “En cualquiera de los casos, el plazo constitucional previsto en el Artículo 133 inciso 1) último párrafo es improrrogable, no puede ser extendido ni modificado por vía de interpretación y se aplica a toda rendición de cuentas”.- Vemos, entonces, que la normativa citada no contempla la hipótesis de que la rendición de cuentas sea observada.
Por lo tanto, ante esa indeterminación legal, y más allá de la prohibición expresa contenida en el último párrafo del artículo 37 de la Ley I - N° 3, el cimero Tribunal de Misiones estableció que cuando una cuenta es observada los plazos para la aprobación ficta comienzan a correr a partir de que todos los recibos son rendidos y el auditor se pronuncia sobre ellos. Nuestra legislación, en cambio, tiene previsto expresamente que de darse esa situación –es decir de encontrarse observada la rendición de cuentas–, el plazo comienza a correr desde el descargo del responsable, por lo que tomar un punto de partida que la ley no prevé a efectos del comienzo del computo aparece desprovisto de sustento legal, lo cual va en contra de la pauta interpretativa que desaconseja distinguir donde la ley no lo hace (Fallos 338:1344).- Para más, tampoco puede dejarse de advertir que el propio Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones ha variado su criterio a partir de la causa: “Boher, Antenor c/ Tribunal de Cuentas de la Pcia. s/ nulidad de sentencia -art. 44- ley orgánica del Tribunal de Cuentas de la pcia.”, del 7 de febrero de 2013, wwwinformaciónlegal.com.ar.
Cita Online: AR/JUR/8565/2013). En este, la minoría siguió insistiendo con su añeja doctrina, mientras que la mayoría reputó que “…en lo relativo al computo del plazo establecido por el art. 133, inc. 1 de la Constitución Provincial…el punto de partida del mismo es la fecha de presentación de la rendición de cuentas correspondiente”, lo que llevó a declarar la nulidad de un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas de Misiones que había sido dictado una vez transcurrido el lapso de tiempo fijado en el plexo normativo de esa provincia.- Interesa precisar, por otra parte, que con distinta integración el órgano judicial encargado de la revisión contemplada en el artículo 50 de la Ley N° 500 ha tenido ocasión de expedirse el 29 de octubre de 2021 en la causa “Cortez Luis Daniel s/plantea recurso judicial art. 50 ley 500”, Expte.
Nº C-18.283/19 (Tomo CII, Reg. 3434, Folio 01/07), en la que se desestimó un planteo de parte del cuentadante dirigido a poner en marcha el instituto de la aprobación ficta.-
Entiendo necesario remarcar, nuevamente, la inconveniencia de trasladar de manera lineal lo allí expresado con apoyo en las singularidades de la plataforma fáctica juzgada. Tanto es así que los propios juzgadores se encargaron de dejar en claro -como premisa fundamental, según los propios términos empleados- que “…en el marco del sistema interamericano, es clara la vigencia de las reglas del debido proceso legal en los procedimientos administrativos vinculados a cualquier derecho…” y en sustento de ello rememoraron que “…el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos…establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable…” (cfr. fallo cit. consid. V), lo que coincide en plenitud con la línea argumental del pronunciamiento cuya casación aquí se pretende.- Para decidir en sentido adverso al estipendiario se tuvo en cuenta dos aspectos: el primero, vinculado con la falta de claridad de su pieza recursiva, la que dicho sea de paso introducía una defensa diversa a la formulada en sede administrativa, consistente en la falta de motivación del fallo que le imponía cargos y, el segundo, dirigido a poner de relieve que a lo largo del procedimiento administrativo no se había verificado que la autoridad haya dejado transcurrir el plazo de dos años. Sobre esto último, aclaró que “…en relación a la aprobación ficta…si bien esta Cámara de Apelaciones así lo ha declarado en diversos precedentes, lo cierto es que en el caso bajo examen no se verifica el transcurso del tiempo establecido en el art. 54 de la Ley Orgánica.” (cfr. fallo cit consid. VII) dejando asentado con ello que el juzgamiento se definía estrictamente con base en las particularidades del supuesto de hecho que rodeaba la causa.-
IX. Una recta interpretación de lo dispuesto en materia de aprobación ficta por parte del artículo 54 de la Ley N° 500 permite apreciar que en el caso concreto no se evidencia el supuesto de arbitrariedad que denuncia la recurrente, en tanto no se observa en el pronunciamiento atacado un apartamiento ostensible de la solución jurídica prevista para el caso (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIX, Reg. 645, Folio 3721/3727).-
Sobre el tópico, la Cámara expuso que “…desde que el apelante se notificó formalmente del mentado informe [aludiendo al primer informe de la auditoría actuante] y se presentó…hasta el dictado del Fallo N° 4.850…transcurrieron holgadamente los dos (2) años de caducidad estipulados por la ley, ello toda vez que la última presentación del requerido, rechazando el informe, data del 14/07/2014 y el fallo fue dictado el 14/06/17…” (cfr. foja 75).-
Del repaso de los antecedentes administrativos que realiza el órgano judicial no se desprende que la conclusión a la que arriba sea producto de un razonamiento viciado por el absurdo, esto es, que esté afectado por un error grave y manifiesto que derive en afirmaciones contradictorias o incongruentes con las constancias objetivas de la causa, circunstancia que no se ha logrado dejar al descubierto.-
En efecto, de la lectura del expediente administrativo N° 815.035/08 agregado por cuerda a la causa se desprende que el 14 de julio de 2014 el señor Segura realizó una presentación objetando una resolución anterior del Tribunal de Cuentas y, a su vez, contenía un descargo relativo a las observaciones primigenias formuladas por la Auditoría de Administración Central (cfr. fs. 166/171); de su lado, el Tribunal de Cuentas dictó su Fallo N° 4850 (cfr. fs. 240/251 vta.) formulándole cargo recién el 30 de junio de 2017, por lo que del cotejo entras ambas fechas emerge evidente que en el caso concreto ha transcurrido con exceso el lapso de dos años contemplado en el artículo 54 de la Ley N° 500.-
X. Por último, resta indicar que no merece favorable acogida el agravio esbozado en materia de costas.-
Este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que “…la imposición y distribución de costas constituye en principio una típica cuestión de hecho, cuya resolución es facultad privativa de los jueces de grado y, como tal, irrevisable en casación, salvo absurdo…constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución…” (cfr. Sentencia, Tomo XV, Reg. 518, Folio 2901/2904).-
En el presente caso no se avizora ninguno de los supuestos excepcionales que habilitan el conocimiento en esta instancia extraordinaria.-
En el marco de la presente causa no puede considerarse que se haya alterado burdamente la calidad de vencido. Y mientras no se altere la calidad de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas, el tema no es tratable en casación (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994 y Tomo XIII, Sentencia, Reg. 467, Folio 2539/2542).-
En cuanto al supuesto de inequidad en los criterios de distribución, este cimero Tribunal ha indicado que: “…merece demostración con un directo ataque a los argumentos desplegados en el fallo en crisis, mostrando en forma palmaria y manifiesta que ha habido un grosero apartamiento de la solución normativa dada a la cuestión…” (cfr. Interlocutorio, Tomo VII, Reg. 1075, Folio 1346/1348). Este extremo tampoco se verifica en el caso.-
La imposición de las costas resuelta por la Cámara de Apelaciones exhibe una argumentación suficiente que la aleja de los actos jurisdiccionales infundados o arbitrarios. En efecto, la resolución judicial del Tribunal de Alzada refleja las operaciones racionales que condujeron a los jueces a adoptar la decisión reseñada, con apoyo legal y sustento razonable.-
XI. Que en atención a todo lo expresado, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a fs. 82/93 y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 64/76 vta., con costas a la recurrente por aplicación del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del CPC y C). Asimismo, corresponde diferir la regulación de honorarios de los letrados en esta instancia, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
A la Segunda Cuestión la Dra. Mercau, la Dra. Ludueña Campos y el Dr. Mariani dicen:
Por lo expuesto, proponemos que se dicte sentencia haciendo lugar al recurso de casación articulado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a fojas 82/93 y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fojas 64/76 vta.. Declarar de oficio la nulidad de los Fallos Nros. 4850 y 5081 dictados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz; Reenviar las presentes actuaciones a dicho Tribunal, a fin de dictar un nuevo pronunciamiento conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente sentencia, debiendo imponerse las costas por su orden (art. 68, 2º párr. del CPCyC) atento el modo en que se resuelve la cuestión. Asimismo, corresponde diferir la regulación de honorarios de los letrados en esta instancia, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- A la Segunda Cuestión la Dra. Fernández dice:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Primera Cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando el recurso de casación articulado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a fs. 82/93 y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 64/76 vta., con costas a la recurrente por aplicación del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del CPC y C). Asimismo, corresponde diferir la regulación de honorarios de los letrados en esta instancia, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 14 de junio de 2024.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de la Sres. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani, el voto en disidencia de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1129604-2023.-
2. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Tribunal de Cuentas a fojas 82/93 y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fojas 64/76.-
3. Declarar de oficio la nulidad de los Fallos Nros. 4850 y 5081 dictados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz.-
4. Reenviar las presentes actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a fin dictar un nuevo pronunciamiento conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente.-
6. Diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1013S.241 Tomo: XXVI Sentencia: 755 Folio N°: 4607/4630 Secretaría: 1
Fin de la sentencia