Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 31325-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional AFIP-DGA y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 39177/2017 NIDERA SA TF 31325-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO confirmar la resolución de fs. 419/420. Las costas de alzada se distribuyen en el orden causado, en atención a las disímiles interpretaciones que la cuestión debatida ha suscitado y que pudieron generar la convicción en la demandada que le asistía un mejor derecho (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
39177/2017 NIDERA SA TF 31325-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 23 de noviembre de 2021.- SH
El recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada a fs. 433/438, contra la resolución de fs. 419/420, cuyo traslado fue replicado por el Dr. Enrique Carlos Barreira a fs. 444/480; y,
I. Que, mediante la resolución del 4 de junio de 2021, el Tribunal Fiscal de la Nación aprobó la liquidación de los intereses devengados entre el 3 de abril de 2019 y el 16 de septiembre de 2020, por la suma de $52.699.371,01, con más la alícuota correspondiente al IVA, de conformidad con lo previsto por el art. 49 de la ley 21.839.
II. Que el Fisco Nacional solicita que se revoque la sentencia apelada y que se aplique el criterio sentado –por mayoríapor esta Sala –en su anterior composición- en los autos “Kimberly Clark Argentina SA TF 24962-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, causa 75.391/2015, en la resolución del 17 de septiembre de 2019.
Indica que según lo decidido en ese fallo, de manera concordante con lo resuelto por la Sala II del fuero, en febrero de 2020, en el expte. nº 77.066/2016, “Argenova SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, no existe retraso culpable en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Fisco, toda vez que en este caso la DGA se ajustó a un trámite legal no corresponde la imposición de intereses sobre el honorario. Destaca que la parte actora ni siquiera cuestionó la normativa relacionada con el trámite de cobro de honorarios vigente para todo aquel que litiga contra la AFIP-DGA (leyes 25.344 y 25.275 y las resoluciones 387/04 y 42/06 del Ministerio de Economía). Señala que no existe un obrar doloso por parte del Fisco Nacional, lo cual autoriza a excluir la configuración del segundo elemento de la mora.
En seguida, manifiesta que el Tribunal Fiscal de la Nación no es un órgano ejecutor de sus propias sentencias, que no se prevé en materia aduanera la posibilidad de que emita pronunciamiento sobre la ley 21.839, 23.982, ni 24.624 y cita jurisprudencia de la cámara en sustento de sus dichos. En definitiva, sostiene que las cuestiones relacionadas con la ley de aranceles y que deban integrarse a reglamentaciones administrativas dictadas al efecto, son ajenas a la competencia del Excmo. Tribunal Fiscal.
Al respecto, explica que el régimen de honorarios debe integrarse al circuito administrativo correspondiente (regulado por las leyes 25.344 y 25.725, y las resoluciones 387/04 y 42/06 del Ministerio de Economía) ante la Sección Despacho y Contabilidad del Departamento Judicial de la Dirección General de Aduanas, motivo por el cual asevera que “lo dispuesto en el art. 49 de la ley 21.839 no aplica –al menos directamente- al caso en que los honorarios son adeudados por el Estado a los particulares, puesto que nos encontramos frente a un supuesto especial de momento de pago”.
III. Que el letrado beneficiario de la regulación de honorarios del 13 de diciembre de 2018 (cfr. fs. 367/370), notificada al Fisco Nacional el 15 de febrero 2019 (cfr. fs. 391), contesta el traslado conferido a fs. 440 y solicita el rechazo del recurso de apelación (cfr. fs. 444/450).
IV. Que los cuestionamientos en punto a la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para establecer los intereses correspondientes al crédito de los honorarios encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por esta sala en la causa N° 44.129/ 2016 “ARGENOVA SA TF 35887-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, el día 3 de octubre de 2019. De tal modo, resultan de aplicación –en lo pertinente– los fundamentos allí vertidos y la decisión allí adoptada, a los cuales cabe remitirse a fin de evitar innecesarias reiteraciones. Por ello, corresponde rechazar el segundo agravio expresado por el Fisco Nacional (ver fs. 436vta./438).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
39177/2017 NIDERA SA TF 31325-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO V.- Que, ello sentado, resulta conveniente señalar que la doctrina judicial que hasta ahora mantenía esta Sala (por mayoría, con disidencia del Dr. Carlos Grecco), y que ha sido invocada por la apelante (cfr. “Kimberly Clark Argentina SA TF 24962-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, causa 75.391/2015, resolución del 17 de septiembre de 2019, entre muchos otros), debe ser revisada a la luz de los parámetros sentados, el 3 de diciembre de 2020, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Martínez Gabriel c/Estado Nacional, Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina s/daños y perjuicios”, expediente 7483/2007/RH2, cita de Fallos CSJN 343:1894.
El Cimero Tribunal declaró la procedencia del cómputo de los accesorios en los pleitos en los que se condena al Estado Nacional al pago de una suma de dinero, sujeto al procedimiento especial de previsión presupuestaria establecido en los arts. 22 de la ley 23.982 y 170 de la ley 11.672.
En sustento de esta decisión el Alto Tribunal precisó que “los intereses moratorios, por imperativo legal, deben computarse hasta la cancelación del crédito en orden a satisfacer su integridad y producir el efecto liberatorio del pago para el deudor (art. 744 del código civil, actual art. 870 del Código Civil y Comercial de la Nación)”.
Aclaró que “Ciertamente no puede reputarse como pago, con sus efectos extintivos propios, el inicio del procedimiento del art. 170 de la ley 11.672 mediante la previsión presupuestaria del monto de la condena a los valores computados (en concepto de capital e intereses hasta allí devengados) en la liquidación aprobada en la causa.” Por último, concluyó que “En este entendimiento y considerando la doctrina del precedente de Fallos: 339:1812 y lo resuelto en el sub-lite, es necesario precisar que, para la cancelación de los reconocimientos judiciales firmes sujetos al procedimiento del art. 170 de la ley 11.672, el Estado Nacional deberá adoptar las medidas necesarias para que la previsión presupuestaria sea comprensiva del capital de condena y de los intereses devengados hasta su efectivo pago. De otro modo, además de los perjuicios señalados, la sujeción de los accesorios a sucesivas previsiones presupuestarias frustraría los fines propios del régimen establecido por dicha norma pues atentaría contra la racional administración de los fondos públicos y los derechos patrimoniales de los particulares.” (Considerando 8°).
A su vez, corresponde tener presente que los artículos 49 y 61 de la ley 21.839, con la modificación según la ley 24.432, establecen, en cuanto aquí interesa, que “Todo honorario regulado judicialmente deberá pagarse por la parte condenada en costas, dentro de los treinta (30) días de notificado el auto regulatorio firme, si no se fijare un plazo menor.” Y que “Las deudas de honorarios, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiere mora del deudor, serán actualizadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley de convertibilidad 23.928, de acuerdo con el índice de precios al por mayor, nivel general, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las sumas actualizadas devengarán un interés del seis por ciento (6 %) anual. A partir de la fecha antes indicada, esas deudas devengarán intereses equivalentes a la tasa pasiva promedio que publique el Banco Central de la República Argentina.”
VI. Que, en el caso, no se encuentra controvertido que la demandada quedó notificada el día 15/02/2019 de la regulación de honorarios por la suma de $100.000.000, más IVA, y que el pago fue efectuado el 16/09/2020 (cfr. fs. 398/400). Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el art. 49 del arancel que resulta de aplicación al caso, la condenada en costas quedó en mora desde el 3/04/2019 y adeuda los intereses que han sido liquidados en la resolución apelada por la suma de $52.699.371,01, más la alícuota correspondiente al IVA.
Por ello, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional AFIP-DGA y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 39177/2017 NIDERA SA TF 31325-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO confirmar la resolución de fs. 419/420. Las costas de alzada se distribuyen en el orden causado, en atención a las disímiles interpretaciones que la cuestión debatida ha suscitado y que pudieron generar la convicción en la demandada que le asistía un mejor derecho (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
(Por su voto)
El señor juez de Cámara, Dr. Sergio Gustavo Fernández, dijo:
En función de la doctrina del leal acatamiento a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a raíz de lo decidido por el Alto Tribunal en el precedente de Fallos 343:1894, suscribo la presente, dejando a salvo mi opinión en contrario vertida en la resolución del 17 de septiembre de 2019, en la causa n° 75.391/2015, “Kimberly Clark Argentina SA TF 24962-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, y en tantas otras. ASÍ LO VOTO.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ
Fin de la sentencia