Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 31547-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Desestimar el recurso interpuesto por la AFIP - DGA, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar la resolución del 29/2/2024 dictada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación; y 2º) Tratar la apelación deducida contra la regulación de honorarios practicada el 24/4/2024 a favor del profesional interviniente en autos en defensa de la parte actora, y regular los emolumentos correspondientes a esta instancia judicial (Considerando XIV).
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2025.-
VISTOS estos autos 19884/2024 caratulados “NIDERA SA (TF 31547-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” y
I. A fin de clarificar la cuestión suscitada, cuadra referir que las actuaciones administrativas que se tienen a la vista en soporte papel, se iniciaron a raíz del acta 2231/2005, del 21/2/2005, por medio de la cual la Coordinadora de la Comisión Causa 21.149 formuló denuncia contra Nidera SA por presunta infracción al régimen de importación temporario al que habría acogido la mercadería involucrada en el DIT “00 001 IT14 006175 B”, resultando ello pasible de configurar la infracción prevista y penada por los artículos 970 y 972 del Código Aduanero (fs. 1). Cabe destacar que, a continuación de tal acta, se agregó en el expediente administrativo bajo reseña, captura de pantalla del sistema interno de la AFIP - DGA, con la información resultante de la operatoria fiscalizada (fs. 3/6).
Luego, luce agregado el sobre contenedor del DIT fiscalizado (fs. 7).
A continuación, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, con fecha 18/12/2006, dispuso la apertura de sumario contra Nidera SA, por presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado la situación de la totalidad de la mercadería amparada por el DIT “00 001 IT14 006175 B”, cuyo vencimiento habría operado el 8/11/2001. Asimismo, dispuso remitir las actuaciones a la División de Verificación, Ramo C, para que informe el valor en Aduana de la mercadería en trato, posición arancelaria y demás tributos que gravaren su importación a la fecha de la infracción, debiendo indicar si la misma era prohibida al 8/11/2001 (fs.12).
A su vez, en fecha 14/11/2006, la Secretaría de Actuación remitió las actuaciones a la División Comprobación de Destino, a los efectos de que procediera a interdictar sin derecho a uso la mercadería documentada en el DIT referido (fs. 13). Y que, realizada la manda por la referida División, consta que la firma habría informado que la mercadería había sido reexportada en su totalidad (fs. 14). Con fecha 18/12/2007 se adjuntaron las destinaciones de exportación 01001EC03001978X, 01001EC03002885G, 01001EC03002890C, 01001EC03004554B, 01001EC03002668F, 01001EC03002670V, 01001EC03005187E y 01001EC03005197F, y se informó que no existía constancia del ingreso de la destinación 01001EC03002193V (fs. 38).
Con fecha 6/9/2011 la División Secretaría de Actuación N° 4 dispuso que se remitan las presentes actuaciones a la División de Verificación (Ramo C) efectos de que se informe el valor en aduana, posición arancelaria y demás tributos de la mercadería en infracción, y que se informe si la misma era prohibida a la fecha de vencimiento de la DIT (fs. 42).
Con fecha 13/9/2011 la División de Verificación cumplió con lo solicitado (fs. 43/44).
Con fecha 14/9/2011, la Secretaría de Actuación 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros dispuso correr vista de lo actuado a Nidera SA, al fin que ejerciera su derecho de defensa y ofrecieran toda la prueba de la que intentara valerse; y haciéndole saber que el monto de pago voluntario de la multa mínima a abonar era de $7.928,90, así como también que los tributos adeudados por lo acontecido ascendían $18.974,84 (fs. 56).
En esa oportunidad, también se dispuso la citación de la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA, en su carácter de aseguradora de la operatoria fiscalizada, a efectos que se presentara a tomar parte en el sumario en trámite.
Tanto la importadora como la aseguradora presentaron su descargo (fs. 72/104 y 61/65).
A continuación, la División de Registro de Importación informó que la mercadería importada en la DIT se encontraría en infracción en su totalidad, en atención a que el CTC involucrado no tipifica el producto exportado (fs. 106).
En este contexto fue dictada la resolución DE PRLA 9207/2011, del 15/12/2011 (fs. 116/120), por medio de la cual el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en cuanto aquí interesa:
-condenó a la importadora Nidera SA al pago de una multa igual a dos veces los tributos que gravan la importación a consumo de la mercadería introducida temporalmente por la Destinación N° 00 001 IT14 006175B, la que ascendía a la suma de $15.857,80, con relación a la infracción tipificada en el artículo 970 del CA y en los términos del art. 112 del mismo texto legal;
-formuló cargo por el importe de la multa impuesta en el artículo precedente e intimó a su cancelación en los términos del artículo 924 del CA (conf. Su art. 2°); y -formuló cargo a la imputada y a Aseguradora de Créditos y Garantías SA por los tributos adeudados, cuyo monto ascendía a la suma de $18.974,80, e intimó a su cancelación (conf. Su art. 3°). Para así decidir, la autoridad aduanera, concluyó que no se encontraba desvirtuado que la mercadería importada temporalmente fuera reexportada dentro del plazo concedido para hacerlo, configurándose la infracción prevista en el art. 970 del CA; y que el CTC aplicable resultaba indispensable para conocer la relación insumoproducto, por lo que no contando con la documentación aduanera necesaria y aplicable por la normativa vigente, en materia del régimen de Importación Temporaria, no se podía tener por reexportada la mercadería.
II. Cuestionado el acto por parte de la firma Nidera, por resolución del 29/2/2024, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del auto de instrucción de sumario y de la resolución N° 9207/2011, recaída en el expediente SIGEA N° 608514-398-2005; la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A., en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 00 001 IT 14 006175 B, por la firma Nidera; e impuso las costas a la DGA (ver fs. 115/121 del pdf de las actuaciones administrativas).
Para así decidir, en primer término, consideró que, conforme se desprendería de las constancias de la causa, el auto de instrucción del sumario resultaba nulo -sin perjuicio de no haber sido planteado por las partes y en función del principio iura novit curia y de la naturaleza de la infracción-, lo que en definitiva conllevaría a que la acción intentada por el fisco para perseguir el cobro de multa y de los tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería ingresada temporalmente mediante la operación N° 00 001 IT 14 006175 B se encuentre prescripta. Así las cosas, reseñó los artículos 934, 937, 803, 805 Y 1094 del CA, así como el auto de apertura de sumario, y concluyó que de la compulsa del mismo resultaba claro que si bien aquel refirió a la presunta infracción imputada a la actora, el mismo no cumplía con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto.
En cuanto aquí más interesa, puso de resalto que “En el segundo párrafo del auto de instrucción de sumario (ver a fs. 12) se solicita a la División Verificación, RAMO C: `...que tenga a bien, informar el valor de aduana de la mercadería, posición arancelaria y demás tributos que gravaren su importación. Asimismo, se solicita informe si la mercadería era de importación prohibida por el régimen general a la fecha de la infracción...´, esto en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094, de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan, siendo que en el caso de autos, la valoración, clasificación y la liquidación tributaria recién se realizó con fecha 13/09/11 (ver fs. 43/44 de las act. Adm)”.
A continuación, señaló que dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará” y “dispondrá”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura. A ello añadió que siendo que el vencimiento de la destinación temporal en trato operó el 08/11/2001 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción es de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A), como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2002, en los términos del art. 804 y 935 del C.A.; por lo que al no mediar causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 01/01/2007, careciendo de aptitud interruptiva y suspensiva de la prescripción, el acto de apertura de sumario de fecha 18/12/2006, por las razones ya expresadas en el párrafo precedente (sumado a que la vista conferida no pudo subsanar las irregularidades del auto de fs. 12 de las act. adm., atento a que ella se dispuso con fecha 14/09/11, una vez operada la prescripción).
Cabe añadir que a fs. 93/93vta. se regularon los honorarios de los letrados intervinientes.
III. Disconforme con lo resuelto, con fecha 16/4/2024 el Fisco Nacional apeló, fundando su pretensión recursiva con fecha 7/5/2024. La parte actora presentó la respectiva contestación con fecha 27/5/2024 (ver fs. 136/137, 156/165 y 169/184 de las actuaciones administrativas digitalizadas).
La parte demandada sostuvo que las presentes actuaciones tuvieron su origen en la denuncia en la que se formuló a la firma importadora. Y que “posterior a ello, ya se menciona el perjuicio fiscal ocasionado y posible multa mínima. Seguidamente se indica el Valor en Aduana para la mercadería documentada para la aplicación de multas, alícuotas que gravan la Importación a consumo. Luego se identifica la destinación en trato, el posible perjuicio fiscal y los tributos debidos”.
Por lo que sostuvo que “son totalmente contradictorias las constancias de autos con lo sostenido por la firma quien aduce que la liquidación no fue hecha con anterioridad al auto de apertura de sumario”. Añadió que con toda la información y documentación recabada es que posteriormente se dispuso la apertura del sumario, con anterioridad al vencimiento del plazo de prescripción. A lo que agregó que en ese mismo acto se ordenó correr vista de todo lo actuado para que la firma ejerza plenamente su derecho de defensa.
Manifestó que sostener la obligatoriedad de llevar adelante sin distingo según cada uno de los incisos del art. 1094 no encuentra refugio lógico-jurídico alguno. Lo que traduce, según su entender, en un excesivo rigor formal.
Refirió que en las presentes actuaciones la liquidación de tributos se encontraba realizada incluso con anterioridad a dictarse el auto de apertura de sumario.
Reiteró que “para que el acto de apertura de sumario sea válido no requiere cumplir inexorablemente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el art. 1094 del C.A., si existe en las actuaciones administrativas una descripción clara de los hechos que se le imputan a la contraria -cosa que en autos ha ocurrido- el acto es válido y producirá sus efectos suspensivos e interruptivos. Máxime cuando se encuentran perfectamente liquidados los tributos incluso con anterioridad a su dictado”.
En definitiva, concluyó que se estaría frente a un excesivo rigor formal.
IV. A pedido de parte, por resolución del 24/4/2024, en cuanto aquí interesa, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios de los profesionales intervinientes en autos por la parte actora, siendo apelados por el Dr. Giambastiani, por entender que la regulación era baja (fs. 138/139 y 144, respectivamente).
V. Como primera medida, recuérdese que el artículo 265 del CPCCN, aplicable supletoriamente a procesos como el bajo examen, establece -en lo que aquí interesa- ciertos recaudos que deben observarse por medio de este tipo de presentaciones. En este sentido, prevé que debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de sus razonamientos, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. Debe contener el análisis serio, razonado y crítico de la resolución recurrida y que sea idóneo para demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de las pruebas producidas (conf. esta Sala en autos 5900/2007 “Musso, Carlos Alberto c/EN - Mº Defensa s/personal militar y civil de las FFAA y Seg.”, sent. del 11/7/2013 y sus citas).
Es que “criticar” es muy distinto a “disentir”. La crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. En cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia (conf. en igual sentido, C. Nac. de Apel. en lo Civil, Sala A, in re: “Z., M. R. c/D. P., J. L. y otros”, del 16/12/2005, publicado en La Ley, el 1/6/2006).
Señalados los recaudos que han de ser observados en toda presentación recursiva como la examinada, adviértase que las consideraciones centrales del razonamiento seguido por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación para considerar que el auto de apertura del sumario instruido contra la firma actora por infracción al artículo 970 del Código Aduanero resultaba nulo (en síntesis, por no haber dado cumplimiento a los recaudos establecidos en el artículo 1094 del Código Aduanero) y, consecuentemente, que había operado la prescripción de la acción del Fisco Nacional para perseguir tributos e imponer penas con relación a la destinación en cuestión, no fueron motivo de cuestionamiento válido por parte del recurrente.
Es que, según resulta de la reseña efectuada en el Considerando III, por la presentación recursiva bajo trato, la apelante afirma, contrariamente a las constancias de la causa, que la liquidación de los tributos y multa fue realizada con anterioridad al auto de apertura del sumario -así como las restantes estipulaciones normativamente previstas, sin perjuicio de afirmar, también, que tomar la literalidad de la norma implicaría un excesivo rigor formal-, lo que en modo alguno puede ser considerado un agravio en los términos del artículo 265 del CPCCN, en tanto y en cuanto no se condice con las constancias de la causa. Al ser ello así, a falta de agravio certero, tendiente a desvirtuar los tópicos que fueron motivo del razonamiento seguido y la decisión adoptada, que cumpla con las directivas a las que se acaba de hacer referencia que han de seguirse por este tipo de presentaciones recursivas, se impone declarar desierta la apelación intentada por el Fisco Nacional.
VI. A todo evento, respecto de la cuestión de fondo decidida por el Tribunal Fiscal de la Nación, recuérdese que la acción del Fisco Nacional tanto para reclamar el pago de tributos como para imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años (conf. artículos 803 y 934, ambos del Código Aduanero).
Dicho término comienza a correr, en lo que respecta al cobro de tributos, a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (conf. artículo 804 del Código Aduanero) y, en cuanto a la imposición de penas, a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en que se hubiera constatado su comisión (conf. artículo 935 del Código Aduanero). Se suspende su cómputo, en lo que hace a la percepción de tributos, entre otros motivos, con la apertura del sumario en la causa que se investigara la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayera decisión que habilitara el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviera subordinado a aquella decisión (conf. artículo 805, inciso a), del Código Aduanero);
Y, en lo que hace a la potestad sancionatoria, se interrumpe su cómputo, entre otras razones, por el dictado del auto por el cual se ordenara la apertura del sumario (conf. artículo 937, inciso a), del Código Aduanero).
VII. En todos los supuestos, para que el auto de apertura del sumario tenga aptitud para suspender y/o interrumpir el cómputo de la prescripción, debe tratarse de un acto válido, es decir ha de reunir los requisitos formales y materiales que determina al efecto la normativa vigente.
En este sentido, el artículo 1094 del Código Aduanero identifica los enunciados obligatorios con que debe contar dicha resolución, disponiendo que la Administración determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y, asimismo, dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieran en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario;
b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado, así como su clasificación arancelaria y su valoración;
c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieran tener conocimiento de lo acontecido, cuando lo considerare necesario;
d) la liquidación de los tributos que pudieran corresponder; y e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
De ello se sigue que para considerar al auto de apertura de sumario como un acto válido resulta necesario que se haya dado cumplimiento a los recaudos que se acaban de referir; incluyendo una clara identificación de los hechos constitutivos de la infracción para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado al pago ejercer correctamente su derecho de defensa. La falta de alguno de los elementos referidos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (conf. esta Sala, en autos 62.947/2019 “Henkel Argentina SA c/Administración Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 13/2/2020 y su cita; entre otros).
VIII. En este contexto, cuadra señalar que, examinados los antecedentes del caso a la luz de los agravios propuestos por el Fisco Nacional, el Tribunal considera que, conforme a continuación se explicará, el fundamento de la decisión de la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación de declarar nulo el auto de apertura del sumario seguido contra Nidera SA se ajusta a derecho y, por tanto, debe ser confirmada. Es que, tal como fuera resaltado por el pronunciamiento recurrido, los antecedentes del caso, debidamente referenciados en el Considerando I de la presente, revelan que el auto de apertura de sumario, por el que se imputó a la importadora la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, no cumplió con los recaudos consagrados en el artículo 1094 del Código Aduanero, en particular, por no incluir entre sus antecedentes la determinación, clasificación y valoración de la mercadería involucrada en el DIT fiscalizado, ni la liquidación de los tributos y multa que a consideración de la autoridad de aplicación en la materia correspondería que la firma imputada abonara; recaudos que, fueron incorporados con posterioridad a haber sido dictado dicho acto.
Respecto de este último aspecto, esto es, en cuanto a la oportunidad en la que fue incorporada la determinación, clasificación y valoración de la mercadería involucrada en el DIT fiscalizado, así como la liquidación de los tributos y multa, cuadra estar a lo que se indicará a continuación.
Así las cosas, se concluye que el auto de apertura del sumario obrante a fs. 12 de las actuaciones administrativas, no cumplió con los extremos legales exigidos por el artículo 1094 del Código Aduanero para que se constituyera válidamente y surtiera los efectos que la legislación aduanera atribuye al acto de inicio de la facultad investigativa (y que, en cuanto aquí interesa, resultaren susceptibles de incidir en el curso de la prescripción).
De este modo, dicha resolución debe reputarse nula, de nulidad absoluta en tanto violatoria de la ley aplicable y carece, por ende de aptitud ya sea para suspender y/o interrumpir la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para percibir los tributos e imponer multa, respectivamente (conf. esta Sala, en autos 44.337/2023 “Manufactura de Fibras Sintéticas SA (TF 35.734-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 22/3/2024 y sus citas; entre tantos otros).
IX. Confirmada la declaración de nulidad de la resolución de apertura del sumario, no habiéndose verificado alguna de las causales suspensivas y/o interruptivas del término liberatorio quinquenal (rector en la especie tanto en lo relativo a la acción para perseguir el cobro de tributos como para imponer penas por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero; conf. artículos 803 y 934 del Código Aduanero), que con relación a la mercadería ingresada temporariamente al territorio nacional mediante DIT N° 00 001 IT 14 006175 B”, comenzó a correr desde el 1/1/2002 (conf. artículos 804 y 935, ambos del Código Aduanero), se concluye que la prescripción de ambas acciones efectivamente operó el 1/1/2007; lo que da cuenta del acierto en la decisión adoptada en este sentido por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación.
X. A mayor abundamiento, añádase que la valoración y clasificación de la mercadería involucrada en autos, así como la liquidación de los tributos presuntamente adeudados y multa -dando así cumplimiento con lo normado por el artículo 1094 del Código Aduanero-, fueron realizadas con fecha 13/9/2011 por la División de Verificación (fs. 43/44), es decir, una vez dictado el auto de apertura de sumario, del 18/12/2006, y una vez operada la prescripción de la acción del Fisco Nacional, el 1/1/2007; todo lo cual impide considerar la posibilidad de tener por subsanadas las deficiencias apuntadas, con lo actuado con posterioridad al suceso examinado.
XI. Lo dicho basta para la solución del caso, resultando inoficioso expedirse en punto a las restantes cuestiones propuestas por el recurrente.
En este sentido, recuérdese que quienes suscriben no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, en Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970; entre otros).
XII. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar lo decidido el 29/2/2024 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto fue materia de agravios.
XIII. En atención al modo en que se resuelve y al no advertirse motivos valederos para apartarse del principio general de la derrota, las costas de esta instancia judicial han de ser soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
XIV. Decidido ello, a fin de tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, cabe recordar que mediante dicha tarea se busca compensar de modo adecuado la actividad desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa; a cuyos efectos ha de ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV- 98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
En tales condiciones, cabe señalar que en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos:341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons.
3. y 4° del voto mayoritario).
Dicho criterio ha sido mantenido en fecha reciente por el Máximo Tribunal en los autos “New Model International School SA c/ Centro Comercial Miguel Cané SA s/escrituración”, expte. CIV 010263/2015/3/RH002, sentencia del 10/06/2025 (Fallos, 348:491). Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados -conf. Resolución Nro. 9207/2011, lo resuelto con fecha 29/02/2024 y precedentemente-; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante la primera etapa del pleito y posteriores (C.S. Fallos: 306:1265 y 308:848), toda vez que la causa fue declarada como de puro derecho; corresponde confirmar los honorarios regulados en el punto 3°) de la regulación de fecha 24/04/2024, en favor del DR. JUAN PABLO GIAMBASTIANI, letrado apoderado de la actora (arts. 6, 7, 8, 9, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido y lo resuelto por la CSJN doctr. Fallo “Las Marías”, corresponde regular en la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($110.390) -equivalente a 1,4 UMA-; los honorarios del DR. JUAN PABLO GIAMBASTIANI, letrado apoderado, actuante en la defensa de la actora (arts.14, 16, 20, 21, 29 inc. g), 30 y ccdtes. y citados de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º)
Desestimar el recurso interpuesto por la AFIP - DGA, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar la resolución del 29/2/2024 dictada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación; y 2º) Tratar la apelación deducida contra la regulación de honorarios practicada el 24/4/2024 a favor del profesional interviniente en autos en defensa de la parte actora, y regular los emolumentos correspondientes a esta instancia judicial (Considerando XIV). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia