Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33084-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 151/155, con costas;
2Confirmar la regulación de honorarios de fs. 164/165 y establecer los emolumentos profesionales del letrado de la actora en esta instancia, en los términos del considerando 6º.
- SALA IV -
Expte. CAF 7009/2022/CA1: “NIDERA SA (TF 33084-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, julio de 2022.
1. Que, por resolución de fs. 151/155, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró: i) la nulidad del auto de apertura de sumario y de la resolución PRLA nº 8335/12, dictada en el marco de la actuación SIGEA nº 608514-527-2005; ii) la prescripción de la acción del Fisco Nacional para imponer penas y cobrar tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 CA con relación a la mercadería ingresada temporalmente por Nidera SA mediante la operación nº 01 001 IT14 002099D. Impuso las costas a la Dirección General de Aduanas.
Para así resolver, aclaró que, si bien la cuestión no había sido planteada ni introducida por las partes, el principio iura novit curia no sólo consagraba la facultad sino también el deber del juzgador de resolver las USO OFICIAL cuestiones con independencia del planteo de las partes (arg. art. 1143 CA). También sostuvo que, en materia de infracciones, no le resultaba vedado expedirse de oficio sobre la prescripción de la acción.
Recordó que la causa se había iniciado por no haberse regularizado, dentro del plazo concedido, la mercadería ingresada temporariamente por el aludido DIT, con vencimiento el 19/4/02, por lo que la acción para imponer multas y exigir tributos comenzó a correr el 1º/1/03 y el plazo quinquenal vencía el 1º/1/08 (arg. arts. 804 y 935, CA), de no mediar las causales suspensivas y/o interruptivas de aquel término.
Consideró que, en el caso, el auto de apertura del sumario del 21/12/07 (fs. 9, act. adm.) no cumplió con la totalidad de requisitos exigidos en el artículo 1094 CA y, por ende, no pudo tener los efectos previstos en los artículos 805, inc. a, y 937, inc. a, del mismo ordenamiento legal.
Precisó que, si bien el acto se refirió a la presunta infracción cometida por la actora, la efectiva clasificación y valoración de la mercadería, así como la liquidación de los tributos, tuvieron lugar con posterioridad a su dictado; circunstancia que determinaba la nulidad absoluta de la apertura del sumario por violación de la ley aplicable.
Agregó que la corrida de vista no pudo subsanar las irregularidades en trato, porque se dispuso el 19/9/12, una vez operada la prescripción.
Finalmente, con citas de jurisprudencia, sostuvo que la nulidad no se declaraba ritualmente, porque las formalidades omitidas eran fundamentales para el normal desarrollo del procedimiento aduanero y su ausencia ocasionaba agravios concretos a la recurrente.
2. Que, disconforme con la decisión, la demandada interpuso recurso de apelación a fs. 187; que fue concedido a fs. 188, fundado a fs. 191/206 y contestado por su contraria a fs. 210/214vta.
3. Que, a fs. 164/165, se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora, que fueron apelados por altos (fs. 175/176) y por bajos (únicamente los correspondientes a la tercera etapa; cfr. fs. 171). Ambos recursos se concedieron a fs. 179/vta.
4. Que, en sustancia, el Fisco sostiene que el Tribunal Fiscal de la Nación violentó el principio de congruencia, en tanto dictó una sentencia extra petita y resolvió sobre algo ajeno al objeto del recurso. Puntualmente, afirma que el a quo confundió el verdadero significado del iura novit curia, y que malinterpretó lo dispuesto en el art. 1143 CA.
Por otra parte, alega que el incumplimiento de alguno de los requisitos que enumera el artículo 1094 CA no deriva indefectiblemente en la nulidad del acto de apertura del sumario. Afirma que su validez se encuentra supeditada a la descripción clara de los hechos imputados, circunstancia que no fue controvertida en autos.
En esa línea, aduce que la sentencia contiene un excesivo rigor formal y que no existió vulneración al derecho de defensa, toda vez que el contacto con la interesada se produjo en la corrida de vista. Especifica que, en esa oportunidad, ya se encontraban confeccionadas las liquidaciones de la mercadería no exportada en tiempo y forma, con el detalle de la posición arancelaria, su valor de aduana y los tributos aplicables.
Asimismo, denuncia la falta de prueba fehacientemente sobre el perjuicio de la actora y advierte que las nulidades procesales son relativas, es decir, subsanables. Hace particular énfasis en el consentimiento del procedimiento por parte de la accionante.
Por último, pone de relieve que el auto de apertura del sumario es un acto administrativo y, por ende, se encuentra alcanzado por la ley 19.549. En esa línea, invoca las previsiones de los arts. 12 y 19 del referido plexo normativo.
5. Que, en el caso, no se discute que la prescripción de las acciones del Fisco hubiese operado el 1º/1/08 de no mediar causales interruptivas y/o suspensivas de su curso. Por otra parte, de las constancias de la actuación se - SALA IV - Expte. CAF 7009/2022/CA1: “NIDERA SA (TF 33084-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
desprende que, a dicha fecha, la Aduana no había reunido los elementos necesarios para instruir válidamente el sumario, toda vez que los hechos objeto de la denuncia, el valor en aduana de la mercadería presuntamente en infracción y el monto de los tributos adeudados se determinaron en alguna fecha posterior al 16/4/12 (v. fs. 13vta./16, act. adm.) y, lógicamente, también se comunicaron al interesado cuando había vencido el término de la prescripción (v. fs. 20/vta. y 57/ vta., act. adm.).
En atención a las señaladas particularidades del trámite del sumario administrativo que concluyó con el dictado de la resolución DE PRLA n° 8335/12, y las consecuencias que ello tuvo en el ejercicio del derecho de defensa de la parte actora (v. esp. fs. 55 y 93 de estos autos), , la cuestión planteada resulta análoga a la que resolvió este Tribunal, entre muchas otras, en la causa 38427/19 “Mercedes-Benz Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 12/9/19 y sus citas; a cuyos fundamentos se remite por razones de USO OFICIAL brevedad. Se hace saber a los letrados que el texto completo de las sentencias puede consultarse en la Mesa de Entradas del Tribunal, o bien, a través de la consulta pública de causas en el sitio www.pjn.gov.ar.
Por las consideraciones que allí se realizan, corresponde rechazar la apelación de fs. 187 y confirmar la resolución de fs. 151/155. Las costas de Alzada se imponen a la vencida, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1182, CA y 68, primer párr., CPCCN).
6. Que, en atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –por mayoría– en las causa “Establecimiento Las Marías” y “All, Jorge Emilio” (Fallos: 341:1063 y 345:220, respectivamente; criterio que fue adoptado por esta Sala in re “Empresa Nacional de Telecomunicaciones (en Liquidación) c/ Telefónica de Argentina SA s/Contrato Administrativo”, sentencia del 22/03/22); y ponderando la naturaleza del proceso, su monto — tomando como tal las sumas cuestionadas en la resolución impugnada—, la importancia de la cuestión debatida —fondo— y la calidad y eficacia de las labores desarrolladas en las tres etapas cumplidas ante el Tribunal Fiscal: a) CONFÍRMANSE —dado que solo fueron apelados por altos— los honorarios regulados a favor del doctor Omar César Burgos, quien ejerció la dirección letrada y representación de la parte actora, por la 1º y 2º etapa del proceso (cfr. artículos 6º, 7º, 9º, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839) y; b) CONFÍRMANSE los emolumentos correspondientes al doctor Juan Pablo Giambastiani, quien se desempeñó como letrado apoderado de la empresa, por la 3º etapa del proceso, (arts. 16, 19, 21, 29, inc. a y b, 51 y cdtes., de la ley 27.423; ac. CSJN 12/22).
c) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley del arancel, la importancia del asunto discutido — fondo— y la tarea desempeñada ante esta Alzada (cfr. expresión de agravios de fs. 210/214), REGÚLANSE en la suma de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($14.941,66) —equivalentes a la cantidad de 1,66 UMA—, lo estipendios del doctor Juan Pablo Giambastiani.
Se deja constancia que las retribuciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado monto que —en su caso— deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales frente al citado tributo.
Por ello, SE RESUELVE: 1º) Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 151/155, con costas; 2º) Confirmar la regulación de honorarios de fs. 164/165 y establecer los emolumentos profesionales del letrado de la actora en esta instancia, en los términos del considerando 6º.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia