Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 33469-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada, con costas.
2Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VII.
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17397/2021 NIDERA SA - TF 33469-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Juzg. Buenos Aires, 11 de febrero de 2022.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La parte actora, por medio de su apoderado, interpuso recurso de apelación contra las resoluciones nº 49/2009 y 75/2010 (DV DEOA), en virtud de las cuales se determinó de oficio “el saldo del primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, a favor de la contribuyente”, por los períodos fiscales (a) 05/2004 a 11/2004 y (b) 07/2004 a 11/2004, respectivamente (fs. 136/152 y 456/467).
II. El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó “las determinaciones de oficio apeladas, con costas” (fs. 852/855).
Para decidir de ese modo, sostuvo que:
i. Las actuaciones se originaron en la fiscalización que el Fisco Nacional practicó sobre las operaciones de la firma actora con los proveedores “Virgen del Rosario S.A.” y “José Lorenzo Aburruza”, mediante la cual recabó una serie de indicios graves, serios y concordantes sobre la validez de las transacciones y de las facturas emitidas, a saber: (a) Virgen del Rosario S.A.: el 9 de junio de 2004 esa sociedad comercial fue excluida del Registro Fiscal de Operadores de Granos por inconducta fiscal; no posee campos propios, ni inmuebles urbanos y el único rodado que poseía fue vendido en el año /2004. En la base “e-fisco” surge que el presidente posee una propiedad que coincide con el domicilio declarado por la sociedad.
Se solicitó información a los locadores de los inmuebles rurales que supuestamente arrendaba pero “no se obtuvo respuesta a los requerimientos”. Uno de ellos “estaba radicado en Puerto Rico, además de que en la zona nadie lo conoce ni puede dar cuenta de la existencia del campo”, mientras que el otro “no posee bienes inmuebles registrados, empleados o rodados, tratándose de una persona insolvente”.
El asesor externo de la firma manifestó que no tenía documentación respaldatoria de las operaciones y las acreditaciones bancarias no exhibían movimientos significativos.
La documentación que aportó la firma eran comprobantes relacionados con la compra de golosinas, aunque también se detectaron comprobantes de compras por montos significativos “correspondientes a dos firmas que tienen el mismo domicilio según las facturas”. Los funcionarios actuantes fueron a ese domicilio y constataron que en el lugar había una “vivienda en condiciones precarias” y su dueño manifestó que allí no operaba ninguna empresa.
(b) José Lorenzo Aburruza: no es titular de inmuebles ni de automotores, no registra pagos relevantes desde el año 2004, “presenta declaraciones juradas en cero o con montos irrelevantes”.
No practica retenciones por el pago de dinero del arrendamiento de campos, ni por la contratación de servicios de laboreo. El locador del inmuble rural que supuestamente arrendaba desconoció el contrato e, inclusive, manifestó que jamás estuvo en la ciudad en donde esa operación se habría celebrado.
El análisis de los pagos que aquél había realizado no evidenciaba “la compra de cereal ni de insumos o máquinas para la obtención del producto comercializado”. Los pagos que recibía en sus cuentas lucían irregulares pues “se observan retiros importantes de efectivo o los destinatarios no pueden justificar el mismo o no poseen actividad comercial”.
ii. La circunstancia de que “la recurrente haya procedido a efectuar la retención de los débitos fiscales consignados en las facturas objetadas por el Fisco, no lo releva de la prueba de la veracidad de las operaciones generadoras del crédito correspondiente (doctrina que se desprende del fallo ‘ADM Argentina S.A.’, C.S.J.N., 10/03/2015, CSJ 119/2013 (49-A))”.
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17397/2021 NIDERA SA - TF 33469-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Juzg. En efecto, en la causa “Feretti” (Fallos: 338:169) la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el artículo 12 de la ley de IVA subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal “a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto –en el caso– de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó”.
iii. El peritaje contable carecía de aptitud para acreditar la capacidad operativa de los proveedores. Los peritos se pronunciaron sobre una serie de cuestiones formales que eran insustanciales a efectos de demostrar que aquellos fueron quienes efectivamente realizaron las operaciones impugnadas.
En relación a los medios de pago y su registro, “la pericia prueba la salida de dinero pero no su destino […] puesto que se han erogado fondos, por ejemplo a Bull Cereales SA y a Virgen del Rosario SA […] cuando este último esta cuestionado en su capacidad operativa y económica para realizar ventas. Es decir, habría una salida de dinero, sin contrapartida real, hacía una interposita persona. En el caso de Aburruza […], además, se constató que los pagos se retiraban en efectivo o los destinatarios finales no pueden justificar los mismos”.
Los puntos de pericia relativos a la intervención de la Bolsa de Cereales eran inconducentes, pues “el organismo recaudador no cuestiona que el recurrente haya adquirido el cereal –de allí que no se ajusta en el impuesto a las ganancias– sino que, por los indicios constatados, se torna irreal que los proveedores que aparecen en las facturas sean los verdaderos vendedores”.
iv. La documentación acompañada ––cartas de porte, facturas, certificaciones, oficios, y testimonios de los transportistas y entregadores–– no demuestra la real existencia y capacidad operativa de los proveedores, “ni aclaran la dudosa situación en la que […] estos últimos se encuentran”.
III. La firma actora interpuso recurso de apelación (fs. 860) y expresó agravios (fs. 873/885; réplica a fs. 898/908).
Sostuvo las siguientes críticas:
i. La sentencia se apartó de la correcta “interpretación de los arts. 12, 43 y concordantes de la ley de IVA y no puede ser considerada una derivación razonada del derecho vigente […]”.
ii. La realidad de las operaciones no se encuentra discutida y, de conformidad con el precedente “Bildown S.A.” (Fallos: 334: 1854), “correspondía convalidar el crédito fiscal en razón de que las presuntas irregularidades de los proveedores no son susceptibles de impedirlo”.
iii. Respecto de las operaciones comerciales realizadas, se constató que los proveedores se encontraran inscriptos como responsables en el impuesto, no figuraran en la Base APOC, y que la entrega y la recepción de la mercadería se realizara utilizando toda la documentación respaldatoria.
iv. No existe ninguna norma “que constriña a un contribuyente que adquiere granos a través de un intermediario registrado, a fiscalizar, como requisito de procedencia del cómputo de créditos fiscales, que el proveedor posea ‘capacidad productiva, económica y financiera’”.
v. La sentencia “formula una valoración arbitraria de los medios probatorios producidos en autos”, pues: (a) resta “importancia a la documentación respaldatoria de las operaciones cuestionadas”, (b) “omite ponderar las declaraciones testimoniales prestadas en autos, en donde se reconoce la efectiva participación de los proveedores Virgen del Rosario y José Lorenzo Aburruza en las operaciones cuestionadas”, y (c) descalifica el peritaje contable dogmaticamente, “sin asignar relevancia alguna a que todos los elementos probatorios reunidos en autos concuerdan en la efectiva realización de las operaciones entre mi poderdante y los proveedores cuestionados”.
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17397/2021 NIDERA SA - TF 33469-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Juzg. v. “La certificación expedida por la Bolsa de Cereales la eximía de tener que probar la realidad de las operaciones con Virgen del Rosario S.A. […], y la efectiva intervención de las partes”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 33 de la resolución genetal AFIP n° 1394.
vi. Subsidiariamente, solicita que se “reconozca las retenciones efectuadas y, por ende, se ordene su efectiva devolución a mi poderdante”, pues si la sentencia en crisis niega la autenticidad del IVA pagado a ese proveedor, entonces la causa fuente de la obligación de retener también desaparece.
IV. La demandada interpuso recurso de apelación ‘por bajos’ contra los honorarios regulados en el pronunciamiento de fs. 862 (ver el escrito y la providencia del 11 de febrero y del 3 de marzo del 2020).
V. Los agravios ofrecidos por la parte actora no pueden prosperar. En efecto, en sentido contrario al que sostiene en su memorial de agravios, el Tribunal Fiscal realizó un acabado examen de los elementos probatorios acompañados a la causa. De ese modo, sus críticas, en última instancia, sólo trasuntan su discrepancia respecto del criterio de selección y de valoración sobre los medios probatorios.
De conformidad con el artículo 86 de la ley 11.683, su revisión, por tratarse de una cuestión de hecho y prueba, excede la jurisdicción de esta alzada, habida cuenta de la limitación con que se previó en la ley de procedimiento fiscal el recurso que se intenta y de que no surge que haya mediado un error en la apreciación de los hechos efectuada en la sentencia recurrida (esta sala, causas “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011, y 4 de agosto de 2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “Ambulancias Privadas Argentinas SA”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011, Sala IV, causa “Banco de Italia y Río de La Plata SA”, pronunciamiento del 24 de septiembre de 1996, y Sala V, causas “Devez, Manuel Rodolfo” y “Del Buono, Jorge”, pronunciamientos del 13 de febrero de 2002 y del 15 de marzo de 2007, respectivamente).
Resulta claro que no fue exclusivamente el incumplimiento de los deberes fiscales de los proveedores lo que el Fisco Nacional ponderó para efectuar el ajuste fiscal. Por el contrario, sobre la base de las tareas de fiscalización, reunió indicios serios que le permitieron aseverar que los proveedores carecían de la estructura necesaria para vender la mercadería que contrató la firma recurrente.
En efecto, la lectura de los informes finales de inspección practicados a los proveedores Virgen del Rosario S.A. y José Lorenzo Aburruza, evidenciaron que (a) no poseían capacidad operativa (comercial, industrial, o financiera) para producir los cereales vendidos y (b) no se pudo conocer el circuito económico y físico mediante el cual adquirían el cereal (ver fs. 115/117 del “CPO. INSPECCION-INST.640-GAN” y fs. 129/131 del “Cuerpo antecedentes proveedor observado”).
Asimismo, el informe de investigación exhibe que tampoco se pudo determinar que los pagos que recibió el proveedor José Lorenzo Aburruza hayan ingresado a su circuito operativo, puesto que presentaban “características irregulares ya que se observan retiros importantes de efectivo o los destinatarios de los mismos no los pueden justificar, o no poseen actividad comercial” (ver fs. 133/135 del “Cuerpo antecedentes proveedor observado”, citado).
En este punto, resulta pertinente recordar ––en un sentido contrario al que propone por la parte actora en sus agravios–– que no basta la mera formalidad de la tenencia de comprobantes sino que éstos deben reflejar la realidad económica de los actos que respaldan, dado que sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllos (artículo 33 de la ley 11.683; esta sala, causa “INGENIEROS & CIA SA”, pronunciamiento del 23 de diciembre de 2019).
El informe de los expertos contadores (fs. 716/725) no resulta satisfactorio para rebatir el argumento central del pronunciamiento apelado, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 17397/2021 NIDERA SA - TF 33469-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Juzg. esto es, la falta de vinculación entre los proveedores que figuran en los documentos que respaldan las operaciones y la mercadería que dio lugar al cómputo del crédito fiscal.
Tampoco son aptos para conmover el criterio fiscal las manifestaciones expuestas por los transportistas que reconocieron la autenticidad de la documentación que respaldó el traslado de la mercadería (ver fs. 542 y 592), pues aquellos no se pronunciaron acerca de la titularidad de los bienes transportados. A ello debe agregarse que los transportistas que prestaron las declaraciones testimoniales que lucen agregadas a fs. 563, 600, 605, 610, 614 y 621, desconocieron: (a) la autenticidad de la documentación que respaldó el traslado de la mercadería; (b) haber completado los formularios de su puño y letra; o (c) la firma inserta en ellos. Debe señalarse, también, que la lectura de los arículos 31, 32 y 33 de la RG 1394 no exhibe ––como propone la parte actora–– que la certificación que otorga las Bolsas de Cereales implique una exención “de probar la realidad de las operaciones […]y la efectiva intervención de las partes”. Ciertamente, como sostuvo el Tribunal Fiscal, no se encuentra discutida la adquisición de los granos sino que lo que se objetó fue que los proveedores fueran los efectivos vendedores, dada su falta de capacidad economica y comercial.
Por tanto, corresponde confirmar la sentencia en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
VI. La petición expuesta por la firma actora en su expresión de agravios en el sentido de que se “reconozca las retenciones efectuadas y, por ende, se ordene su efectiva devolución” comporta un planteo que no fue llevado al conocimiento del Tribunal Fiscal y, al ser fruto de una reflexión tardía, su tratamiento se encuentra vedado en esta instancia de conformidad con los artículos 271 y 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de aplicación supletoria al caso, en función de lo dispuesto por el artículo 197 de la ley 11.683 (esta sala, causa nº 30.005/2018 “Agrocentro Santa Fe SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 19 de febrero de 2019; ver, asimismo, Fallos: 315:1169; 319:1818; 322:1546; 326:1436; 327:3721; 328:2833; 329:2498 y 4349).
VII. Resta expedirse acerca del recurso de apelación interpuesto a fs. 863 (por “bajos”) contra la regulación de honorarios contenida en la sentencia fs. 862.
En función de la naturaleza del proceso, su monto —para el que cabe tomar las sumas objeto de cuestionamiento ante el Tribunal Fiscal–– las etapas procesales cumplidas, ponderando el mérito, la calidad y la extensión de la labor desarrollada a luz del resultado obtenido, corresponde:
i. ELEVAR en la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TRES ($ 10.603), individualmente, los emolumentos a favor de las Dras. Verónica I. Carra y María Alejandra Incolla Garay, por la tarea cumplida por el ejercicio conjuto del patrocinio y representación legal de la parte demandada, en la primera y segunda etapa de la instancia anterior (artículos 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás c.c. de la ley 21.839).
ii. FIJAR los honorarios de la Dra. Mónica C. Pérez en la suma de 2,57 UMA equivalentes a la suma de $ 16.622,76 ––de conformidad con los valores establecidos en la acordada nº 28/2021 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación–– por su actuación en ejercicio de la dirección y representación legal de la parte demandada en la tercera etapa del proceso (artículos 16, 20, 21, 29 y demás c.c. de la ley 27.423).
iii. Teniendo en cuenta la calidad y la extensión del informe pericial, corresponde ELEVAR los emolumentos del perito contador Miguel Ángel Tregob a la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON VEINTIDOS ($ 8.156,22) (artículo 3 del decreto ley 16.638/57).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
17397/2021 NIDERA SA - TF 33469-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Juzg. iv. FIJAR en 1,75 UMA —equivalentes a la suma de $ 11.319 según los valores de la aludida acordada— los honorarios a favor de la Dra. Mónica C. Pérez, por su actuación ejerciendo la dirección legal y la representación legal de la parte demandada ante esta alzada (artículo 30 y demás c.c. de la ley citada).
En mérito de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada, con costas. 2. Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VII.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Se hace constar que la jueza Liliana María Heiland no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
Fin de la sentencia