Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa N-2330/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar nula la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 383/390; reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: N-2330/19-TSJ Interlocutorio N°: 672 Actor: NIEVA LUIS EMANUEL Y OTRO Demandado: VICTOR M. CONTRERAS Y CIA. S.A.
Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 03-11-2020 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 672 FOLIO Nº 3899/3902 PROT. ELECT. TSS1014S.201
Río Gallegos, 3 de noviembre de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “NIEVA LUIS EMANUEL Y OTRO c/ VICTOR M. CONTRERAS Y CIA. S.A. s/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº N-14.599/13 (N-2330/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Luis María Della Rosa (cfr. fs. 394/405), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 383/390, que confirmó el pronunciamiento de Primera Instancia que había hecho lugar a la demanda, condenando a la accionada a abonar la indemnización prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. fs. 337/342).-
II. En la especie, los Sres. Luis Emanuel Nieva y José Luis Neculqueo promovieron demanda contra Víctor M. Contreras y Cía. S.A., reclamando el pago de la indemnización contemplada en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como también la entrega de los certificados de trabajo previstos en esa norma (cfr. fs. 15/21 vta.).-
La jueza de origen hizo lugar a la demanda y en consecuencia, condenó a la empleadora a abonar la suma de pesos cincuenta y siete mil ochocientos veintitrés con catorce centavos ($57.823,14) a favor del Sr. Nieva y la suma de pesos cincuenta y siete mil setecientos doce con catorce centavos ($57.712,14) a favor del Sr. Neculqueo, en concepto de indemnización prevista en el artículo 80 del régimen laboral, con más intereses calculados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (cfr. fs. 337/342).- Apelada esta decisión por parte de la demandada, la Excma. Cámara de Apelaciones la confirmó.-
Para así decidir, recordó que la extinción de los contratos de trabajo acaeció el 31 de diciembre de 2012 y que los actores intimaron a la entrega de los certificados de trabajo mediante misivas remitidas el día 21 de febrero de 2013, las que fueron replicadas por la empleadora mediante despacho postal enviado el 28 de febrero de ese año. En este marco, consideró que la entrega no resultó tempestiva, puesto que los certificados de trabajo fueron recibidos por los actores el 7 de marzo de 2013 en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, oportunidad en la que los trabajadores manifestaron su disconformidad (cfr. fs. 385 y vta.).- Destacó asimismo que los certificados de trabajo entregados fueron confeccionados el 28 de febrero de 2013, es decir, casi dos meses después de la fecha de despido, por lo que entendió que la demandada no cumplió con la obligación a su cargo dentro del plazo legal establecido (cfr. foja 385 vta.).-
Puntualizó que la circunstancia de que la empleadora haya comunicado que los certificados se hallaban a disposición, no la eximía de su obligación de entregarlos efectivamente, y que no hay razones para considerar que su cumplimiento dependa de que los trabajadores concurran a la sede de la empresa o establecimiento a retirarlos. En este contexto, sostuvo que la empleadora siempre tiene el recurso legal de la consignación (cfr. 385 vta./386).- En cuanto a la tasa de interés, la mayoría consideró que correspondía aplicar la tasa activa, por lo que confirmó la decisión de la magistrada de origen, mientras que la minoría entendió que debía utilizarse la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. fs. 386/389 vta.).-
III. Contra este pronunciamiento, la demandada dedujo recurso de casación, aduciendo violación de la ley y de la doctrina legal, en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recur- so de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 399).-
1. En su agravio inaugural, cuestiona la decisión del Tribunal de Alzada en cuanto declaró procedente la indemnización contemplada en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
Dice que los actores fueron notificados del distracto el día 31 de diciembre de 2012 y que en la misiva de despido se les avisó que los certificados de trabajo estarían a su disposición en el plazo legal. Señala que estos fueron confeccionados el 24 de enero de 2013 y que los actores no fueron a retirarlos. Agrega que el 21 de febrero de ese año los accionantes intimaron su entrega, a lo que su parte -mediante misiva remitida el 28 de ese mes y año- contestó que serían entregados en la Delegación de la UOCRA de Pico Truncado el 7 de marzo de 2013. Precisa que, finalmente, los certificados fueron entregados esa fecha en la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social. A partir de ello, concluye que a pesar de encontrarse a disposición de los trabajadores, estos nunca se apersonaron en la empresa a retirarlos (cfr. fs. 400 vta./401).- Sostiene que la sentencia en crisis incurrió en violación de la ley, en tanto omitió considerar que el lugar de cumplimiento de la obligación era el domicilio del deudor, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 747 del Código Civil vigente al momento de los hechos (cfr. fs. 401 y vta.).-
Destaca que la consignación judicial de los certificados resulta una facultad y no una obligación (cfr. foja 401 vta.).-
Argumenta que las sentencias emitidas en las instancias de grado desconocen la doctrina legal forjada por este Tribunal Superior de Justicia, que considera procedente la multa cuando la puesta a disposición de los certificados fue hecha en un lugar distinto al de la prestación de servicios del trabajador o cuando su confección fue con posterioridad al plazo establecido por la normativa, supuestos que -en su opinión- no se presentan en el sub lite (cfr. foja 402).-
2. También impugna la tasa de interés aplicada por el tribunal de mérito para el cómputo del crédito laboral (cfr. foja 403).-
Explica que este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que los intereses deben ser calculados a la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, por lo que debe casarse el fallo recurrido (cfr. fs. 403 vta./404).-
3. Finalmente, para el hipotético supuesto de que este Alto Cuerpo confirme lo decido por el tribunal a quo solicita que las costas de las instancias ordinarias sean impuestas en el orden causado (cfr. foja 404).-
Hace reserva del caso federal (cfr. fs. 404 y vta.).-
A fs. 407 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A fs. 442 y vta. se declara bien concedido el recurso de casación por este Tribunal Superior de Justicia, poniéndose los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna haya hecho uso de esta facultad (cfr. certificación que luce a foja 445).- A fs. 446/448 vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia, quien luego de efectuar un estudio de las constancias de la causa, concluye que debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada.-
Se llaman autos para dictar sentencia a foja 449.-
IV. Más allá de los agravios que enuncia el recurso de casación en estudio y aún antes de cualquier consideración que pudiera realizarse acerca de su procedencia o no, liminarmente debe advertirse que la sentencia impugnada adolece de un déficit que la descalifica e impide su apreciación como acto jurisdiccional válido.-
Conforme se desprende de los libelos que dieron origen a las presentes actuaciones, la acción entablada por los demandantes se encontraba dirigida a obtener una indemnización en los términos del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo así como la entrega en debida forma de los certificados contemplados en esa norma.-
En efecto, los Sres. Nieva y Neculqueo promovieron demanda contra Víctor M. Contreras y Cía. S.A., reclamando que “…condene a la misma al pago de las sumas de…derivadas de multa art. 80º LCT, y, a la entrega de certificados de trabajo conforme derecho, toda documentación al cual obliga norma de referencia en legal forma y satisfacción…efectuando reserva de aplicación de astrientes (sic) hasta la efectiva entrega de certificado de trabajo conforme derecho…” (cfr. foja 15); propósitos que reproducen en términos similares a foja 21 vta.- Luego de relatar los pormenores de la extinción de los contratos de trabajo y el intercambio epistolar suscitado entre las partes (cfr. fs. 15 y vta.), los actores sostuvieron que la documentación prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo les fue entregada el 7 de marzo de 2013, es decir, una vez vencido el plazo de intimación (cfr. foja 16).- Sobre esta base, aseveraron que “…los certificados de trabajo extendidos por la accionada de autos, son irregulares y no satisfacen, siquiera mínimamente los recaudos legales que se exigen para que el mismo tenga todas y cada una de las virtudes que el mismo debe expresar…” (cfr. foja cit.).-
Siguiendo esta misma línea argumental, expusieron que la demandada “…incumplió en tiempo y forma con la obligación a la cual se lo intimaba en satisfacción, hacer entrega de la documentación correspondiente a aportes y contribuciones que por ley corresponde, con más certificado de trabajo satisfaciendo todos y cada uno de los requisitos que hacen a su validez.” (cfr. 16 vta./17).- Finalmente, concluyeron que “…conforme inactividad sobre el particular de la accionada de autos, lo encontró en franca mora y en plena violación a norma analizada, por no haber satisfecho en tiempo y forma la obligación legal que pesa sobre la misma, a lo que se le suma haber hecho entrega de certificado de trabajo en forma deficiente e incumpliendo requisitos mínimos que hacen a su validez; no quedando a esta parte otra alternativa que recurrir a la presente instancia…” (cfr. foja 20).- Por su parte, Víctor M. Contreras y Cía. S.A., en oportunidad de contestar la demanda, negó que los trabajadores no hayan recibido los certificados del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, en legal tiempo y forma (cfr. foja 55 vta.).-
En su sentencia, la jueza de origen abordó el examen de la prueba producida en torno a los presupuestos temporales que condicionan la procedencia de la indemnización contemplada en el último párrafo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y, en esta senda, arribó a la conclusión de que la sola puesta a disposición y posterior entrega ante la autoridad administrativa vencido el plazo de intimación, no alcanza para entender que la empleadora cumplió con lo normado por ese precepto legal, pues la demandada debió consignarlos judicialmente para quedar liberada (cfr. foja 341).- Como correlato de ello, hizo lugar a la demanda interpuesta por los Sres. Nieva y Neculqueo, condenando a la accionada al pago de las sumas de dinero correspondiente al rubro reclamando en concepto de indemnización del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. foja 342).-
A su turno, la Excma. Cámara de Apelaciones confirmó este pronunciamiento (cfr. fs. 383/390).-
Para decidir en este sentido, consideró que la entrega de los certificados no resultó tempestiva y que la circunstancia de que la demandada comunicara a los actores que dichos instrumentos se encontraban a disposición no la eximía de la obligación de entregarlos efectivamente en el plazo legal (cfr. foja 385 vta.) y que, ante la omisión de retiro, tenía el recurso legal de la consignación a fin de eludir su responsabilidad (cfr. foja 386).- Lo acontecido en el sub lite pone en evidencia el notorio desa- cierto en el que incurrieran los juzgadores en las instancias ordinarias, al soslayar el análisis de la pretensión actoral tendiente a que se les entregue los instrumentos previstos en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, confeccionados con- forme a derecho.
Primero, la sentenciante de origen ignoró de modo injustificado este reclamo, sin aportar ningún argumento que habilitara a desplazar el examen de esta cuestión y, luego, el Tribunal de Alzada confirmó este fallo, sin advertir aquella pre- terición. Esta omisión descalifica el pronunciamiento bajo revisión y habilita su anu- lación oficiosa.- El déficit apuntado amerita recordar que este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido, antes de ahora, que si bien sus sentencias deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional, no podría ser confirmada por las sentencias ulteriores (cfr.
Sentencia, Tomos XVII, Reg. 591, Folio 3394/3398 y XIX, Reg. 649, Folio 3739/3742).- Resulta conveniente igualmente rememorar las enseñanzas de Germán J. Bidart Campos, quien sostiene que “…el derecho a la jurisdicción no se satisface ni agota con el mero acceso a un juez, ni con la secuela del debido proceso, sino que exige culminar con una sentencia (válida) que resuelva ‘todas’ las pretensiones y ‘todas’ las cuestiones (de hecho y de derecho) incluidas en la causa…” (cfr. aut. cit., “La abstención de un tribunal (federal o provincial) que no juzga una cuestión constitucional, es inconstitucional”, ED 128, pág. 222).- En las presentes actuaciones, tal como quedó trabada la litis, devenía indispensable para la correcta solución de la controversia que se verificara si la empleadora había dado adecuado cumplimiento a la obligación de hacer, prescripta en el artículo 80 del ordenamiento laboral o si, por el contrario, los trabajadores tenían razón al pedir la corrección de los instrumentos entregados.
Ello, en razón de lo prescripto por los artículos 34, inciso 4º; 164, inciso 6º y 165 del CPC y C, aplicable a los litigios laborales de acuerdo a lo indicado en el artículo 121 de la Ley Nº 1444.- La magistrada de origen no indagó sobre este punto, abordando únicamente la pretensión enderezada a obtener la indemnización contemplada en el último párrafo de la norma en cuestión; omisión que tampoco fue observada por el Tribunal a quo.-
La falencia apuntada obstaculiza el control de juridicidad de la sentencia recurrida por parte de este Alto Cuerpo, en ejercicio de la función de casación; máxime teniendo en cuenta que las pretensiones vehiculizadas en la demanda entablada por los accionantes se encuentran íntimamente vinculadas.-
En suma, la Excma. Cámara de Apelaciones ha dejado sin resolver una cuestión esencial que torna imperativa la declaración oficiosa de su nulidad.-
Es necesario advertir, que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución de fondo que, en definitiva, merezca el litigio.-
Lo expuesto, en definitiva, torna nula la sentencia de marras (cfr. artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Dicha nulidad es absoluta y no es susceptible de convalidación, por lo que debe ser declarada aún de oficio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 581, Folio Nº 3318/3322).- En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 383/390, debiendo reenviarse las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda. Las costas se imponen por su orden, atento que ninguna de las partes ha sido causante de la nulidad (cfr. art. 68, segundo párrafo del CPC y C, aplicable a los procesos laborales en virtud de la remisión contenida en el art. 121 de la Ley Nº 1444).- Por lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar nula la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 383/390; reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1014S.201 Tomo: XX Interlocutorio: 672 Folio N°: 3899/3902 Secretaría: 1
Fin de la sentencia