Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 138.633
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar la queja deducida por la particular damnificada, con costas.
II. Rechazar el recurso deducido por la defensa de Paulo Oscar González, con costas.
III. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la defensa de Franco Javier Lenci, sin costas; casar la sentencia dictada a nivel de la sanción impuesta, y condenar al nombrado a la pena de seis (6) años y seis (6) meses de prisión, por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, en carácter de autor.
IV. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la defensa de Alejandro Damián Lara, sin costas; casar la sentencia dictada respecto del rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, y reenviar las actuaciones al tribunal de la instancia para el dictado de un nuevo pronunciamiento, manteniendo en todo lo demás la condena a prisión perpetua en orden al delito de homicidio agravado “criminis causa” en carácter de autor, y el resto de las declaraciones de la sentencia.
V. Hacer lugar parcialmente, sin costas, al recurso de casación deducido por la defensa de Ignacio Gabriel Nievas, a nivel de la calificación legal establecida en la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca, y condenar al nombrado por resultar autor del delito de homicidio en ocasión de robo, reenviando las actuaciones al tribunal de la instancia anterior, a fin de que, previa audiencia de cesura, se establezca la sanción a imponer al …
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 138633 caratulada “NIEVAS IGNACIO GABRIEL S/ RECURSO DE CASACION”, en la Causa N° 138858 caratulada "GONZALEZ, PAULO OSCAR; LENCI, FRANCO JAVIER; LARA, DAMIÁN ALEJANDRO S/RECURSO DE CASACIÓN", y en la Causa N° 138919 caratulada "LENCI, FRANCO JAVIER S/RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR PARTICULAR DAMNIFICADO", las dos últimas acumuladas a la primera (todas correspondientes a la IPP 0200-12580-21), conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. El 5 de diciembre de 2024 el Tribunal de Jurados dictó veredicto unánime de culpabilidad respecto de Damián Alejandro Lara, en orden al delito de homicidio agravado “criminis causa”; respecto de Paulo Oscar González, en orden al delito de homicidio en ocasión de robo; y respecto de Franco Javier Lenci, en orden al delito de robo agravado por haber sido cometido en un lugar poblado y en banda. Luego de celebrada la audiencia de cesura, la jueza del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca, María Mercedes Rico, dictó sentencia el 10 de febrero de 2025. Condenó a Damián Alejandro Lara a la pena de prisión perpetua, por resultar autor del delito de homicidio agravado “criminis causa”; a Paulo Oscar González a la pena de veinticuatro (24) años de prisión, por resultar autor del delito de homicidio en ocasión de robo; y a Franco Javier Lenci a la pena de nueve (9) años y seis (6) meses de prisión, por resultar autor del delito de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda (arts. 45, 165, 167 inc. 2 y 80 inc. 7, del Código Penal).
II. Por otro lado, respecto del mismo hecho que fue materia del pronunciamiento aludido en el apartado anterior, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, integrado por las juezas Claudia Cecilia Fortunatti y Daniela Fabiana Castaño, y por el juez Eugenio Casas, mediante la sentencia dictada el 26 de diciembre de 2024, condenó a Ignacio Gabriel Nievas a la pena de prisión perpetua, por resultar coautor del delito de homicidio agravado “criminis causa” (arts. 45 y 80 inc. 7 del Código Penal).
III. La particular damnificada interpuso recurso de casación, postulando la declaración de nulidad del veredicto de culpabilidad dictado por el Tribunal de Jurados interviniente, respecto de Franco Javier Lenci, en orden al delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.
El recurso fue declarado inadmisible por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca, frente a lo cual interpuso recurso de queja con la que se formó el legajo n° 138919.
Respecto de la admisibilidad de la impugnación, señaló que aun cuando rige un criterio restrictivo en las facultades recursivas del Ministerio Público Fiscal y del Particular Damnificado, el art. 448 bis inciso “c” del ordenamiento adjetivo contempla la procedencia del recurso de casación, contra la condena dictada en un juicio por jurados, cuando “(…) se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión”.
Consideró que la norma aludida debe interpretarse a la luz del art. 25 incs. 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y del art. 18 de la Constitución Nacional. Afirmó que debe garantizarse el debido proceso, y agregó que la pretensión recursiva es admisible por encontrarse en juego la motivación del veredicto en virtud de la errónea instrucción recibida por el jurado.
Planteó que en el caso existe una cuestión federal que debe ser analizada en el marco del recurso de casación deducido, citando jurisprudencia en apoyo de su pretensión.
En punto al agravio invocado para sostener el recurso impetrado, comenzó por señalar que oportunamente dejó constancia de su protesta contra la resolución de la jueza profesional interviniente, que denegó la oposición que había hecho esa parte, en contra de la inclusión del delito de robo agravado propuesto por la defensa del acusado (art. 167 inc. 2, Cód. Penal), entre las alternativas de veredicto suministradas al jurado. Entendió que esa figura legal no era compatible con una de las estipulaciones probatorias acordadas por las partes, aquella que señalaba el fallecimiento de la víctima del robo, y tampoco lo era con la declaración del acusado Lenci, quien reconoció la autoría del robo. Expresó que resulta “incongruente y contradictorio que la teoría de la defensa reconozca el robo y el fallecimiento de la víctima, incluso por accionar de un coimputado, y por otro lado solicite una calificación legal, entre otras tantas que ofreció, manifiestamente improcedente como lo es el delito de robo agravado”.
Sostuvo que el reconocimiento de la autoría del robo, y el fallecimiento de la víctima “con nexo causal al delito de robo”, excluía la posibilidad de aplicación de la figura contemplada en el art. 167 inc. 2 del Código Penal, y en el mejor de los casos para el acusado, imponía la figura del art. 165 del citado cuerpo legal, que comprende los supuestos de homicidio que no pueden ser enmarcados en el art. 80 inc. 7 del código sustantivo.
Agregó que la decisión de la magistrada, que consideró errónea, provocó un perjuicio concreto a la acusadora particular, ya que confundió al jurado con un “popurrí” de delitos de posible aplicación respecto del acusado Lenci. Puntualizó que la estrategia de la defensa estuvo dirigida a “sobrecargar de información al jurado con calificaciones – manifiestamente inadmisibles según su propia teoría del caso- para aminorar la responsabilidad entre todas las calificaciones legales que fueron propuestas”.
Señaló que la facultad de decisión del jurado se vio invadida por las instrucciones recibidas, que confundieron su potestad para decidir el derecho aplicable, entendiendo que de allí surge la afectación al debido proceso legal invocado como sostén de su pretensión.
Citó, en apoyo de su postura, el pronunciamiento dictado por esta Sala en la causa “Alvarez Lucas Eduardo y Telechea Ayelen Daiana s/recursos de casación”; el fallo dictado por la Suprema Corte de la Provincia (P. 130.086 “Aref, Vanesa Anahí; Bertolano, Brian Nicolás y Morales Gómez, Nicolás s/recurso extraordinario de inaplicabilidad en causa n° 75.937 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”); el fallo dictado por la Suprema Corte de Mendoza (causa “Petean Pocovi/homicidio criminis causa p/recurso ext. de casación”, voto del juez Omar Palermo), y los pronunciamientos de la Corte Europea de Derechos Humanos, “Taxquet vs. Bélgica” (2010) y “Judge vs. UK” (2011)´.
En función de todo ello, postuló la declaración de nulidad del veredicto de culpabilidad dictado respecto de Franco Javier Lenci, por haberse producido un quebrantamiento de forma esencial en el proceso de instrucción al jurado, solicitando la celebración de un nuevo debate (art. 461, CPP).
Hizo reserva de caso federal.
IV. La defensa de Paulo Oscar González y Damián Alejandro Lara interpuso recurso de casación, contra el veredicto de culpabilidad y la sentencia condenatoria dictada respecto de sus defendidos. Describió en primer término las circunstancias fácticas comprobadas del caso, señalando que las mismas resultaron coincidentes con los descargos efectuados por los tres acusados. Luego de ello, afirmó que existe una contradicción en los veredictos de culpabilidad de González y Lara, que imponen su revocación.
En ese orden de ideas, expresó que, mientras la acusación postuló para todos los acusados, la aplicación del delito de homicidio agravado “criminis causa” (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), por existir una coautoría funcional, la defensa reclamó que debían distinguirse distintos grados de responsabilidad entre cada uno de los imputados.
En este punto, y en lo que aquí interesa descartar, hizo hincapié en una circunstancia ocurrida durante el desarrollo de los acontecimientos, concretamente el momento en el que la víctima “tomó el arma y comenzó a dispararles”. Afirmó que a partir de ese momento “(…) la ejecución del robo fue desistida y comenzó un conjunto de acciones individuales –sin coordinación ni organización- que tendieron a salir con vida del lugar”.
Señaló que no discute el veredicto de culpabilidad de Franco Javier Lenci (por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda), pero sí cuestiona la decisión del jurado respecto de Paulo Oscar González y Damián Alejandro Lara, puesto que fueron considerados coautores de dos figuras legales con exigencias típicas diferentes, ya que una de ellas (homicidio agravado “criminis causa”) requiere una ultra finalidad, que en el supuesto de la acusación se habría configurado por el intento de lograr la impunidad.
Planteó que, de la contradicción advertida en los veredictos dictados respecto de los nombrados González y Lara, se desprende que el jurado realizó “una absurda valoración de la prueba y/o del derecho, ya que si consideran que ambos formaron parte –como coautoresdel hecho, no pueden calificar con el agravante a Lara por el simple hecho de haber reconocido que él disparó”.
Destacó que, si bien el veredicto del jurado no debe ser motivado, sí tiene que ser razonable y no apartarse manifiestamente de la prueba producida y del derecho explicado, razón por la cual, frente a la falta de comprobación de la ultra finalidad exigida por el art. 80 inc. 7 del Código Penal, la conducta de Damián Alejandro Lara no pudo ser considerada constitutiva de ese delito.
Agregó que, si los nombrados González y Lara tuvieron “la misma implicación en los hechos y los mismos elementos probatorios en su contra”, no podía encontrarse al primero culpable de un delito (homicidio en ocasión de robo) y al segundo culpable de un delito diferente y más grave (homicidio “criminis causa”), puesto que tal diferenciación importa una clara vulneración del principio de igualdad ante la ley. En el mismo orden de ideas, señaló que la contradicción advertida también vulnera la congruencia entre los hechos probados y el veredicto dictado, ya que las dos figuras delictivas mencionadas presentan diferencias sustanciales en cuanto a la intención y conducta de los imputados, lo cual genera un error manifiesto en la interpretación de la prueba y consecuentemente en la validez del veredicto. Puntualizó que la única diferencia en la situación de Lara y González es que el primero resultó ser el autor material de los disparos, circunstancia que, considera la defensa, por sí sola no permitía adoptar una decisión distinta a la que se tomó respecto del segundo de los nombrados.
Aclaró que el veredicto de culpabilidad dictado respecto de Paulo Oscar González no puede modificarse por un delito más grave (el previsto en el art. 80 inc. 7), como consecuencia de lo cual, la modificación que se impone es la del veredicto de culpabilidad de Lara, “ya que de lo contrario estaríamos ante un mismo hecho juzgado en un mismo acto procesal y por un mismo jurado con dos resultados distintos”. En ese orden de ideas, describió las distintas alternativas de veredicto planteadas al jurado, una de las cuales consistió, en el caso del acusado Lara, en que sea declarado culpable como autor de homicidio en ocasión de robo (art. 165 del Código Penal), ya que la conducta posterior del nombrado permitía descartar la ultra finalidad invocada por la acusación (procurar impunidad), en tanto “no abandonó la ciudad, no se fue del país, no mintió en declaración, reconoció su participación, reconoció que disparó, continuó viviendo en su hogar y yendo al mismo lugar de trabajo, etc”.
En función de tales consideraciones, postuló la modificación del veredicto de culpabilidad dictado respecto de Damián Alejandro Lara, postulando la aplicación de la figura contemplada en el art. 165 del código sustantivo.
En el último párrafo del desarrollo del agravio, la defensa también solicitó la modificación del veredicto dictado respecto de Paulo Oscar González, proponiendo a su respecto que se lo considere culpable del delito de robo previsto en el art. 166 del Código Penal. En subsidio, postuló que se modifique la pena impuesta, con base en los argumentos desarrollados en el siguiente apartado de su presentación.
Planteó la recurrente que la decisión adoptada por la jueza María Mercedes Rico se apartó de las pautas de mensura contempladas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, en lo que respecta a la entidad de las penas impuestas a Paulo Oscar González y a Franco Javier Lenci.
En esa dirección, realizó distintas consideraciones, con cita de doctrina y jurisprudencia, vinculadas con los principios constitucionales que consideró aplicables, destacando los de humanidad, proporcionalidad y lesividad.
Luego de ello, analizó la situación particular del acusado Franco Javier Lenci, puntualizando las distintas circunstancias atenuantes que rigen a su respecto: excelente concepto, ausencia de antecedentes penales, excelente informe del Servicio Penitenciario, actitud procesal, confesión de su participación como también pedido de disculpas y sincero arrepentimiento, además de la ausencia de ejercicio de violencia de su parte.
Agregó para su consideración, el fin resocializador de la pena, y destacó que la escala penal en abstracto prevista para el delito por el que fue condenado, contempla un mínimo de tres (3) años de prisión y un máximo de diez (10).
Señaló que, en ese contexto, la pena de nueve (9)
años y seis (6) meses de prisión establecida en la sentencia resulta absolutamente arbitraria y desproporcional, puesto que prácticamente llega al máximo de la escala mencionada pese a la existencia de las circunstancias atenuantes anteriormente descriptas.
Consideró que la decisión contradice otras sentencias dictadas por el tribunal interviniente, respecto de casos similares por delitos como el atribuido al acusado Lenci.
Cuestionó que la magistrada haya considerado como agravante el resultado causado, y haya descreído de que Lenci no supiera que sus consortes de causa llevaban armas de fuego al ingresar al domicilio de la víctima. Destacó que la decisión del jurado, de encontrar al nombrado culpable del delito de robo en poblado y en banda, implica que reconocieron que no sabía de la existencia de las armas, razón por la cual esa circunstancia no puede ser considerada por la jueza como agravante en los términos de los arts. 40 y 41 del código sustantivo.
También criticó que haya descartado considerar, por falta de pruebas, el excelente concepto social, personal y penitenciario del acusado, destacando los testimonios recibidos y el informe del Servicio Penitenciario que demostraron esa circunstancia invocada como atenuante de la sanción.
En razón de todo ello, postuló la reducción de la pena hasta el mínimo legal aplicable (tres años de prisión), o el monto que se entienda pertinente.
Respecto del acusado Paulo Oscar González, planteó que la magistrada no valoró correctamente las atenuantes invocadas (confesión, arrepentimiento, excelente concepto penitenciario, desistimiento inmediato del hecho), y que aplicó una pena prácticamente igual al máximo contemplado en la escala en abstracto (veinticuatro años de prisión), incurriendo en una absurda valoración de la prueba e incorrecta aplicación de la ley. Entendió que la entidad de la sanción resulta arbitraria, desproporcionada y violatoria de los principios constitucionales que rigen la materia, como así también alejada de los parámetros contemplados en el art. 41 del código sustantivo.
Solicitó que, en caso de modificarse la calificación legal por el delito previsto en el art. 166 del Código Penal, se lo condene a una pena de ocho (8) años de prisión. En subsidio, de mantenerse la figura prevista en el art. 165 del mismo cuerpo legal, se establezca el monto de la sanción que se propuso en la audiencia de cesura, esto es, doce (12) años de prisión.
Por otro lado, en lo que respecta al acusado Damián Alejandro Lara, solicitó que se le imponga una pena acorde a la calificación legal de su conducta en el delito previsto en el art. 165 del Código Penal, postulando la estimación de distintas circunstancias atenuantes (excelente concepto, confesión, conducta procesal estando en libertad, arrepentimiento), y en consecuencia una sanción de doce (12) años de prisión, cercana al mínimo contemplado para ese delito.
En subsidio, planteó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. En este punto, destacó un fallo de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en la que se declaró la inconstitucionalidad del art. 14 del código sustantivo, y en el mismo sentido destacó los precedentes “Guerra” y “Giménez Ibáñez” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por último, hizo reserva de caso federal.
V. La defensa de Ignacio Gabriel Nievas interpuso recurso de casación, contra el pronunciamiento dictado el 26 de diciembre de 2024 por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca (conformado por las juezas Claudia Cecilia Fortunatti y Daniela Fabiana Castaño, y el juez Eugenio Casas), que lo condenó a la pena de prisión perpetua por resultar autor del delito de homicidio agravado “criminis causa”.
Planteó tres motivos de agravio. Por un lado, reiteró su pretensión de nulidad del peritaje mediante el cual se realizó un estudio comparativo de ADN. Por otro lado, invocó la absurda valoración de la prueba en punto a la calificación legal establecida en la sentencia, postulando su modificación por el delito previsto en el art. 165 del código sustantivo. Por último, planté la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, y del artículo 14 del Código Penal.
En lo que hace al primero de los agravios señalados, sostuvo que la extracción compulsiva de una muestra de sangre del acusado, para la realización del peritaje comparativo de ADN, fue ordenada sin que existieran indicios suficientes que indicaran una sospecha sobre la intervención del nombrado en los hechos investigados. En apoyo de su postura, invocó el fallo “Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/sustracción de menores”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Señaló que fue recién en la etapa del juicio oral, caracterizada por la bilateralidad y control probatorio, cuando pudo demostrar la inexistencia de indicios que sostuvieran la sospecha en contra de Ignacio Gabriel Nievas, tarea que no se le permitió desarrollar durante la etapa de investigación preparatoria.
Afirmó que, contrariamente al criterio sostenido por los magistrados que dictaron la sentencia, la nulidad planteada es de carácter esencial e insalvable, en los términos del art. 247 del ordenamiento adjetivo. En ese orden de ideas, destacó que no fue notificada la defensa en forma previa, de la autorización a la extracción compulsiva de la muestra de sangre, y tampoco se notificó a la asistencia técnica y al imputado del resultado del estudio comparativo.
Analizó los elementos que se habían invocado para justificar la extracción compulsa de una muestra de sangre de Oscar Ignacio Nievas, expresando los razones por los que concluyó que no hubo una “causa razonable” (“no había auto coincidente, no había presencia de Nievas y Lara el día del hecho, no había herida de armas”), y en consecuencia postuló la declaración de nulidad del peritaje.
Sostuvo que aun en el caso de rechazarse la exclusión probatoria solicitada, correspondía dictar la absolución del acusado por aplicación del principio “in dubio pro reo”, puesto que el resultado del peritaje comparativo de ADN “no vincula, sólo excluye”, señalando que no existe ninguna otra prueba que dé sustento a la acusación, y destacando la contundencia del descargo del imputado, en cuanto a que no estuvo en el lugar del hecho en el momento en el que se cometió.
Como segundo motivo de agravio cuestionó la calificación legal que se le asignó a la conducta atribuida, postulando la aplicación de la figura prevista en el art. 165 del código sustantivo. En ese orden de ideas, comenzó por señalar distintas circunstancias fácticas del suceso que entendió debidamente comprobadas. A partir de ellas, consideró que la muerte de la víctima ocurrió “en ocasión del robo, pero nunca fue parte del plan de acción del mismo (ni para asegurarlo, facilitarlo y/o procurar impunidad)”.
A continuación, consideró absurda la valoración probatoria que hizo el tribunal del testimonio de la esposa de la víctima fallecida, elemento a partir del cual los magistrados descartaron la versión de los hechos presentada por los acusados.
Criticó la conclusión a la que arribaron en la sentencia, según la cual se dio en el caso un supuesto de coautoría funcional, en el que los sujetos activos llevaron adelante conductas que entendieron necesarias para asegurar el resultado del hecho y procurar su impunidad.
Afirmó la defensa que “escapar del lugar para tratar de salir con vida no es sinónimo de impunidad. Intentar mantenerse con vida no quiere decir que sea con el objetivo específico que exige la ley en la figura de criminis causa como es la impunidad”.
Agregó que la intención de escapar con vida (y no la finalidad de impunidad) se desprende de las actitudes posteriores de los acusados, poniéndose a disposición de la justicia. Señaló en ese sentido, que “González fue de forma inmediata a un hospital público con herida de bala, y Lenci fue quien lo llevó. Ambos se dejaron filmar, no se cambiaron la ropa y este último esperó en la casa de su madre”.
Respecto de la coautoría funcional señaló que la misma se interrumpió en el preciso momento en el que la víctima tomó su arma y comenzó a disparar, “pues de forma inmediata y automática se desistió de la intención de robar y el único objetivo fue salir con vida del lugar”.
Argumentó que resulta contradictorio que los sujetos activos hayan reducido a los ocupantes de la vivienda con alambres, y hayan utilizado pasamontañas, si contemplaban dar muerte a uno de ellos para garantizar su impunidad. Señaló que no sería lógico pretender la impunidad matando a una sola de las dos víctimas del hecho.
Por otro lado, destacó que se comprobó que en el intercambio de disparos sólo se utilizaron dos armas, la de la víctima fatal y la utilizada por el acusado Lara. En ese sentido, señaló que este último “tomó una decisión independiente, no teniendo los otros dos sujetos ningún control ni dominio del accionar de Lara”, motivo por el cual el encuadre legal que correspondía asignar a los otros intervinientes era el de robo agravado por el uso de arma de fuego (art. 166 del CP), o una participación secundaria en el delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165 del CP). Concluyó expresando que los magistrados responsabilizaron al acusado “por la sola producción del resultado muerte, restándole importancia al aspecto subjetivo de la conducta, lo que produce una atribución de responsabilidad objetiva y por consecuente violatoria al principio ´nullum crimen sine culpa´”.
Sostuvo que la valoración de la prueba fue absurda y arbitraria, y que en el caso debe imperar el principio de la duda en favor del acusado (art. 18, Const. nac.).
En el apartado siguiente, denunció la incongruencia entre las calificaciones legales asignadas a los sujetos activos del hecho en trato.
Señaló que, pese a haberse afirmado que existió una coautoría funcional, se les asignaron a los cuatro acusados tres calificaciones legales diferentes (Franco Javier Lenci: robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda; Paulo Oscar González: homicidio en ocasión de robo; Damián Alejandro Lara e Ignacio Gabriel Nievas: homicidio agravado criminis causa).
En este orden de ideas, esgrimió diferentes argumentos, con citas doctrinarias, para postular la aplicación de la figura contemplada en el art. 165 del Código Penal, respecto del acusado Nievas. Por último, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, con similares fundamentos a los desarrollados en la presentación recursiva realizada en favor del imputado Lara.
VI. Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, los recursos se radicaron en la Sala. La fiscal adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, postuló el rechazo de los recursos deducidos en favor de Ignacio Gabriel Nievas, por los argumentos que desarrolló en su presentación de fecha 14 de abril de 2025 (legajo n° 138633), y en el mismo sentido se expidió respecto de las impugnaciones deducidas en favor de Paulo Oscar González, Franco Javier Lenci y Damián Alejandro Lara (14/4/2025, legajo n° 138858).
Por su parte, la defensa de Paulo Oscar González, Franco Javier Lenci y Damián Alejandro Lara desistió de la celebración de audiencia de informe, y se remitió a los fundamentos desarrollados en la impugnación (8/4/2025, legajo n° 138858).
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente la queja interpuesta por el particular damnificado?
Segunda: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos por la defensa de los acusados Franco Javier Lenci, Paulo Oscar González, Damián Alejandro Lara e Ignacio Gabriel Nievas? Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. La particular damnificada carece de legitimación para recurrir el veredicto de culpabilidad dictado por el Tribunal de Jurados. La determinación sobre los hechos y su encuadre legal es un ámbito que exclusivamente corresponde a los miembros del Jurado, quienes en este caso dictaron un veredicto de culpabilidad del acusado Franco Javier Lenci, en orden a uno de los delitos menores propuestos como alternativas en las instrucciones finales del debate (robo agravado por su comisión en poblado y en banda).
El Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado no se encuentran habilitados para impugnar la decisión del Tribunal de Jurados, a la luz de las reglas del Código Procesal Penal de la provincia (arts. 452 último párrafo y 453, CPP).
Las excepciones previstas en el ordenamiento procesal como supuestos de admisibilidad de la impugnación deducida por los acusadores en un juicio por jurados (imposición por el juez técnico, de una pena privativa de libertad menor a la mitad requerida por los acusadores, o rechazo de la pretensión de imponer una medida de seguridad), no se encuentran presentes en este caso, ya que la pena privativa de la libertad asignada a Franco Javier Lenci fue superior a la mitad de la requerida por los acusadores en la audiencia de cesura (arts. 452 y 453, CPP).
II. En este punto, interesa reseñar el precedente “Bray y Paredes” de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en el que el máximo tribunal provincial se pronunció sobre la constitucionalidad de las reglas que limitan las facultades recursivas del particular damnificado, en ese caso para cuestionar un veredicto de no culpabilidad. En ese sentido señaló que: “(d)e la circunstancia de que la víctima sea un sujeto beneficiario de las garantías del derecho internacional de los derechos humanos, y que, por ende, pueda intervenir en el proceso penal como un sujeto procesal legítimo (art. 77 y concs., CPP…), no parece derivarse un derecho de raigambre constitucional a hacer revisar los veredictos de no culpabilidad que emita el jurado popular”.
El “derecho al recurso que expresamente establecen tanto la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2.h, CADH) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5, PIDCP) solo asiste al imputado. Y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ-Fallos, 329:5994) se encargó de señalar que la fuente convencional de la que emana el derecho a recurrir para la víctima son los arts. 8.1 y 25 (CADH) y no el específico 8.2.h” (“García, Aaron Elías Naon – particular damnificado s/recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 78.302 del Tribunal de Casación Penal, Sala V seguida a Bray, Juan Pablo y Paredes Javier Maximiliano, causa P. 130.555, rta: 10/8/2020).
Por último, no puede soslayarse la consideración de la posición sostenida por la Corte Federal en el fallo “Canales”, en el que, en lo que aquí interesa, reconoció autonomía provincial como materia no delegada a la nación para el diseño de su sistema de enjuiciamiento por jurados populares.
En función de todo ello, entiendo que corresponde declarar inadmisible la queja interpuesta por la particular damnificada (arts. 433, 448, 448 bis, 450, 452 y 453, CPP). VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Carral dijo:
I. Recurso de la defensa en favor de Damián Alejandro Lara.
La asistencia técnica del nombrado se agravió por el veredicto de culpabilidad dictado por el Jurado, en orden al delito de homicidio agravado “criminis causa” (art. 80 inc. 7, Cód. penal). Por un lado, planteó que la prueba presentada en el juicio resultó insuficiente para demostrar la ultra finalidad exigida para la configuración del tipo penal mencionado. En concreto, consideró que no se demostró que el homicidio haya sido cometido para “procurar la impunidad”. Desde otro punto de vista, planteó que la decisión del Jurado contiene una auto contradicción, al haber declarado culpables por delitos diferentes, a dos personas acusadas por un mismo hecho. En concreto, sostuvo que, si Damián Alejandro Lara y Paulo González fueron considerados coautores del hecho, y no existieron diferencias sustanciales entre la actuación que le cupo a cada uno de ellos, no es posible considerar razonable la decisión del Jurado que les atribuyó un delito distinto a cada uno (homicidio “criminis causa” al primero, homicidio en ocasión de robo al segundo).
A efectos de responder al agravio, la tarea de revisión del veredicto impone el análisis del registro audiovisual del juicio, las instrucciones de la jueza profesional, y los aportes de las partes en la etapa recursiva.
En ese orden de ideas, interesa destacar las siguientes circunstancias:
1. En el inicio del debate la fiscalía describió la plataforma fáctica en la que apoyó la acusación dirigida en contra de los imputados.
Señaló las circunstancias témporo- espaciales en las que se produjo el ingreso de los sujetos activos al domicilio de las víctimas, describiéndolas de la siguiente manera: “En fecha 1 de julio de 2021, momentos antes de las 19.30 horas, aproximadamente, Franco Javier Lenci, Paulo Oscar González, Damián Alejandro Lara y otra persona, participaron de un plan común para ingresar de manera violenta en el domicilio de la calle Melipal n° 483 del Barrio Parque Patagonia de la ciudad de Bahía Blanca, y, portando armas de fuego, redujeron a María Fortunata Rodríguez y a Omar Kittler, ocupantes del inmueble, quienes habían arribado momentos antes al lugar. Una vez en el interior de la vivienda, más precisamente en el sector del living mientras amenazaban y amedrentaban a Rodríguez y a Kittler, exhibiendo las armas de fuego, les exigían dinero y les sustraían las cadenitas de oro a las víctimas, entre otros elementos”. Luego de ello, la descripción de la plataforma infraccionaría continuó de la siguiente manera: “(…) y en un momento determinado el Sr. Kittler intentó defenderse del ataque con un arma de fuego, oportunidad en la que los imputados comenzaron a efectuar disparos contra Kittler con el objetivo de asegurar el robo que estaban llevando adelante y lograr su impunidad al huir del lugar…” (el subrayado es de la presente).
Más allá de la frase contenida en esa descripción, “…los imputados comenzaron a efectuar disparos contra Kittler…”, el representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que ratificaba la estipulación probatoria acordada con el resto de las partes, conforme con la cual uno solo de los atacantes fue el que disparó a la víctima. Por último, se indicó en la imputación que, como consecuencia de los disparos efectuados, “Omar Kittler sufrió múltiples heridas por arma de fuego, al ser impactado por 4 o 5 proyectiles (…), siendo los proyectiles que ingresaron por abdomen y tórax las causales de lesiones vitales que produjeron una hemorragia severa, ya que dos proyectiles quedaron alojados en cavidad torácica (pulmón derecho) y el proyectil que ingresa por región precordial atraviesa el corazón desde ventrículo izquierdo hasta aurícula derecha, produciendo un sangrado letal que conduce a shock hipovolémico irreversible con posterior deceso”. El encuadre legal postulado fue el de homicidio agravado “criminis causa”, en calidad de coautores respecto de las tres personas acusadas en el debate (arts. 45 y 80 inc. 7, Cód. penal), pretensión que fue compartida por el particular damnificado.
2. La defensa de Alejandro Damián Lara, Paulo Oscar González y Oscar Daniel Lenci planteó que cada uno de ellos debía ser responsabilizado en función del rol que les cupo en el ilícito. Sostuvo que la muerte de la víctima no formaba parte del plan previamente acordado, e hizo especial hincapié en el momento en el que el acusado Lara “decide utilizar el arma, ya que hubo una situación sobreviniente”.
3. En el debate declaró Marta Fortunata Rodríguez, víctima del hecho y esposa de quien resultó fallecido, Omar Kittler. La nombrada dio cuenta de las circunstancias en las que arribaron a su domicilio, e instantes después, al dirigirse al cuarto en el que se encontraba la caldera, fue abordada por un individuo que la golpeó en el rostro, para luego trasladarla al living de la casa, donde se encontraba su marido, quien a su vez había sido golpeado y reducido por otro de los atacantes.
En lo que aquí interesa señalar, la testigo expresó que los individuos eran tres, tenían sus rostros tapados a excepción de los ojos, y cada uno de ellos tenía un arma de fuego. Agregó que les requerían la entrega de dinero (dólares estadounidenses), a la vez que constantemente la obligaban a mantener la cabeza baja, mirando al piso. En ese contexto: “(…) se empieza a sentir el tiroteo, eran fogonazos de todos lados, porque el living es un living muy chico”. Identificó el lugar de ese ambiente en el que se encontraba su esposo, y enfrentado a él se ubicaban los atacantes, señalando que se veía cómo salían los disparos de uno y otro lado. Aclaró, no obstante ello, que posteriormente, a raíz de su rol de particular damnificada en el proceso, tomó conocimiento de las evidencias que señalaban que uno solo había disparado.
Dijo que la rapidez del momento, la cantidad de disparos y los constantes movimientos de los asaltantes, le habían hecho pensar que todos ellos habían utilizado sus armas. Puntualizó que, los que no lo hicieron, “… si no llegaron a disparar fue porque tal vez no se les permitió”, porque estaban con las armas en la mano y el dedo en el gatillo, “algo que le indica que van a tirar”.
Agregó que “ellos en ningún momento atinaron a querer salir de mi casa, ellos podían haber salido porque había una puerta muy cerca, acá, y otra allá, no es que ´tiro para defenderme y me voy´, no, era tiro tiro tiro, ´yo tiro para matar´, es lo que se vio…”. Luego, los sujetos se fueron, “se entraron a agarrar entre ellos y se fueron”.
Recordó que instantes después, cuando se acercó a su marido, éste le dijo que tomara el arma porque presumía que los atacantes volvían, pero no ocurrió, se escuchó que saltaban el portón de la casa, presumiendo que se empujaban unos con otros para poder salir. Por otro lado, dio cuenta de las circunstancias en las que fue identificada la cadenita de oro perteneciente a su esposo (Omar Kittler), hallada entre las ropas del acusado Paulo González, luego de su ingreso al Hospital.
Reiteró que “ellos en ningún momento intentaron salir para salvarse, no, ellos se quedaron hasta que lo fusilaron, eso fue lo que yo vi, no paró de dispararle hasta que lo mató… yo sabía que había uno que le disparaba directo, no sabía que era uno solo… la persona que disparaba se trasladaba, por eso yo veía fogonazos de distintos lugares, pero ellos no intentaron defenderse… ellos no salieron en el momento que tenían que salir, salieron una vez que lo mataron…”.
Señaló que, en el momento en el que vio los “fogonazos” de los disparos, su marido se encontraba sentado en un sillón, con los pies atados, con uno de sus brazos extendidos intentando taparse, y el otro con el arma en la mano disparando.
Dijo que ella no sabía dónde se encontraba el arma que utilizó su marido: “yo no sabía que el arma estaba ahí abajo, teníamos una mesita en el living, y había puesto una cosita ahí donde tenía el arma”. Agregó: “yo lo vi disparando (a Kittler), pero ellos ya estaban disparando”.
Al ser preguntada dijo que no pudo ver quién disparó primero, extremo que no alcanzó a visualizar desde la posición en la que se encontraba, y teniendo la cabeza baja mirando hacia el piso. En ese sentido, señaló que no le era posible precisar si su marido sacó el arma y los atacantes lo vieron. En concreto dijo: “no lo vi a mi marido tirando primero, tampoco los vi a ellos tirando primero, vi balas cruzándose…”.
Explicó que fueron desapoderados de unas cadenitas y un reloj, no así del dinero en efectivo, el cual habían guardado en una mochila y “quedó ahí arriba en la mesa del living”.
4. Testificó Oscar Humberto Espin Luna, perito médico de Policía Científica, que realizó un informe respecto de las lesiones constatadas en la autopsia realizada a la víctima, Omar Kittler. También realizó un informe de las heridas que presentó el acusado Paulo González: orificio de entrada en la zona inguinal superior derecha, y orificio de salida en la zona ilíaca posterior superior, en ese trayecto lesionó la vejiga. Por último, constató que el acusado Franco Javier Lenci no presentaba lesiones. sillón, y presentaba heridas que parecían de ser de armas de fuego. Vio un bolso o mochila con dinero en efectivo en su interior.
En un sentido similar testificó Alan Andrés Herrera, oficial de policía que concurrió al lugar del hecho, observando que el señor Kittler se encontraba acostado en un sillón, mientras que había una mujer a su lado en estado de shock.
El oficial Ernesto Fabián Rojas, funcionario policial de la DDI de Bahía Blanca, dio cuenta de las circunstancias en las que se identificó al acusado Paulo González.
Relató que ese día tomó conocimiento que había ocurrido un robo en el Barrio Patagonia, y que probablemente uno de los autores habría resultado herido. Como se encontraba en las cercanías del Hospital Penna se dirigió a la guardia, siendo informado que hacía instantes había ingresado una persona con herida de arma de fuego. Compulsó las cámaras de seguridad del hospital. Se le informó que la persona herida estaba grave y siendo intervenida. Procedió al secuestro de las prendas de vestir (un buzo, remera, pantalón, un barbijo, todas con manchas de sangre), dinero en efectivo y una cadenita dorada con una cruz, enterándose posteriormente que pertenecía a una de las víctimas del robo. Le fue exhibida una fotografía, en la que reconoció ese elemento.
Por otro lado, describió la intervención que le cupo en el allanamiento realizado en el domicilio de Franco Lenci, y en otro domicilio en el que el nombrado fue hallado y aprehendido.
Walter Marcelo Godoy, funcionario de la DDI de Bahía Blanca, relató las circunstancias en las que tomó conocimiento del hecho, y del fallecimiento de una de víctimas. Agregó que uno de los autores del robo habría resultado herido, a raíz de lo cual personal policial concurrió al Hospital Penna, constatando el ingreso de una persona con una herida que podría haber sido provocada por un arma de fuego. Por ese motivo se verificaron las cámaras de seguridad del nosocomio, advirtiendo que esa persona había llegado hasta el lugar acompañada por otra, quien luego de dejarla se retiró. Observaron en las imágenes para conocer desde qué lugar había llegado el vehículo, y así establecer la relación con la vivienda donde ocurrió el robo.
Por otro lado, explicó que, ante la información que indicaba que otro de los autores del delito podría encontrarse en el domicilio de la calle Trelew 665, fue revisada una cámara de seguridad municipal que se encontraba en las cercanías. Describió las imágenes que se captaron con esa cámara, en las que observó y obtuvo fotografías de dos personas que venían caminando desde aquel domicilio: “lo que yo veo es que esas personas que se ven en el video, se ven que salen del departamento de Trelew” (entre las 16.25 y las 16.27 horas). Dijo no saber quiénes eran esas dos personas.
Por otro lado, detectó en la filmación la llegada de un vehículo Chevrolet Corsa (17.26 horas), cuya marca y modelo coincidía con el utilizado en el robo. Puntualizó que ese rodado “estacionó y no lo veo salir, porque la cámara poseía cortes”. Esa secuencia ocurrió en las horas previas a la comisión del delito en trato.
Luego, en la misma cámara de seguridad se detectó la llegada de un vehículo con las luces encendidas, que estacionó frente al domicilio mencionado, tratándose de una camioneta Suran de color gris (20.34 horas).
El funcionario policial José Antonio Correa explicó la intervención que le cupo en el allanamiento de la vivienda correspondiente a la madre de Franco Lenci, y en el hallazgo del automóvil Chevrolet Corsa, días después del suceso, en el barrio Rucci, en un playón, encontrándose el rodado con las puertas abiertas.
Por otro lado, recordó que asistió al lugar del hecho, y suscribió el acta labrada en el lugar, reconociendo su firma. Fue preguntado sobre una circunstancia volcada en ese documento, concretamente aquel pasaje en el que se consignó que la señora María Fortunata Rodríguez había dicho que “su marido empezó a disparar”, expresando el testigo Correa que no recordaba esa manifestación de la nombrada.
El funcionario policial Gastón Saúl Enriquez, de la DDI de Bahía Blanca, explicó la intervención que le cupo en el hallazgo del automóvil Chevrolet Corsa, en un estacionamiento público. Indicó que ubicaron ese rodado, luego de haber hallado el título de propiedad del mismo en el interior de la camioneta Suran. Agregó que, por averiguaciones, habían tomado conocimiento que el rodado Chevrolet Corsa había sido visto en cercanías del domicilio de la calle Thompson, donde vivía el acusado Lara.
Declaró el funcionario policial Sebastián Dorrego, quien recordó que al tomar conocimiento del hecho fue enviado personal policial al lugar. El oficial Correa dio cuenta de lo sucedido, y de los primeros datos que se pudieron obtener, entre ellos que uno de los autores podría estar herido, motivo por el cual se dirigieron al Hospital Penna, y allí se pudo identificar a Paulo González, a quien se le incautó una cadenita que pertenecía a la víctima fallecida.
En las imágenes obtenidas de la cámara de seguridad del Hospital identificó al nombrado González y Franco Lenci, al momento en el que ambos ingresaron a la guardia del nosocomio.
Detalló la búsqueda que se hizo de Franco Lenci en distintos domicilios, hasta que fue ubicado en el de su madre, donde se le incautó un pantalón y unas zapatillas que coincidían con las que se veían en las imágenes de la cámara de seguridad del Hospital.
Por otro lado, dio cuenta de las investigaciones que se realizaron en un domicilio relacionado con los acusados González y Nievas (este último juzgado en otro juicio). Señaló que se obtuvieron imágenes de una cámara de seguridad, en las que se detectaron vehículos de similares características a los utilizados en el hecho, alguno fue visto antes del hecho y otro después, no recordando más precisiones en este punto. Además, expresó que se vieron imágenes de dos personas, una era Ignacio Nievas (hermano de Paulo González), y el otro tenía su rostro cubierto, pero por sus características físicas entendió que coincidían con las de Damián Alejandro Lara.
Declaró en la audiencia el comisario Fabián Avelino Jesús Pacheco, perito balístico que concurrió al lugar del hecho. Recordó que la víctima presentaba varias heridas que a simple vista eran de arma de fuego. Había una vaina servida calibre 9 mm en un sillón. Un orificio de entrada de proyectil, con pasaje de ese elemento por el marco de una puerta, detrás de la víctima. La trayectoria indicaba que el disparo se habría producido en línea recta frente al mobiliario y frente a la víctima, posiblemente el que entró y salió del antebrazo del damnificado. Ese proyectil tenía manchas con contenido hemático, y el cuerpo que estaba en ese recorrido era el de la víctima. Era un proyectil calibre .32. En el mismo mueble donde se halló el proyectil, se encontró un roce en la madera, y se encontró otro proyectil cerca de una ventana, también calibre .32.
Entre ese mueble y el sillón se encontró una bala servida calibre 9 mm.
En sentido opuesto a donde estaba el mobiliario había varios impactos en una pared, y varios proyectiles en el piso y el resto de vainas servidas, que pudieron haber sido algunas disparadas por una pistola calibre 9 mm, que se halló en el lugar, la cual era de propiedad de la víctima Omar Kittler, y estaba registraba a su nombre.
Describió los lugares de la pared donde se encontraron impactos de proyectiles. Eran seis. Encontraron seis impactos y seis balas servidas.
Otros restos de proyectiles con restos de tejido hemático, eran calibre 9 mm.
Había rastros hemáticos estáticos y dinámicos, con un recorrido hacia el garaje, ese goteo tenía dirección hacia la parte lateral de la propiedad, que tenía salida hacia un portón de chapa de color negro, se tomaron muestras. Rastros similares se detectaron en una de las hojas del portón, presumiblemente cuando se dieron a la fuga.
Explicó que realizó el peritaje balístico, concluyendo que los proyectiles calibre .32, todos los hallados en la vivienda, y los que se encontraron en el cuerpo de la víctima, fueron disparados por una sola arma de fuego.
Respecto de los proyectiles 9 mm., fueron disparados por el arma hallada en el lugar, correspondiente a la víctima Omar Kittler.
Por otro lado, llevó a cabo un peritaje sobre prendas de vestir, concluyendo a partir del análisis de los orificios de pasaje de proyectil que había en un cinturón, pantalón de jean y un boxer, que la dirección del mismo fue de afuera hacia adentro de las prendas, de frente al cuerpo hacia la parte posterior. No recordó con precisión si la vestimenta era del acusado González.
Testificó Mariana Galle, bioquímica que se desempeña en la asesoría pericial de la Provincia de Buenos Aires, y realizó un peritaje de cotejo de ADN.
Explicó que en diez (10) de las muestras que le fueron enviadas para su estudio (obtenidas del lugar del hecho), se obtuvo un perfil genético correspondiente a Paulo González.
En otra de las muestras (identificada como A1), se halló un perfil genético que se correspondía con el de Ignacio Nievas, y en otras dos (identificadas como A2 y B3) se halló un perfil genético que se correspondía con Damián Lara.
Aclaró el alcance de las conclusiones de su informe, en cuanto al grado de probabilidad que se establece para sostener que una persona no puede ser descartada como portador del perfil genético hallado.
Testificó Magalí Pasqualone, licenciada en química. Llevó a cabo un peritaje tendiente a establecer la existencia de residuos de disparos en las muestras obtenidas de las manos de la víctima (Kittler) y de uno de los acusados (Paulo González). En el primer caso el resultado fue positivo, mientras que en el segundo caso fue negativo.
5. El primero de los acusados que declaró en el debate fue Damián Alejandro Lara. Contó que dos días antes del hecho fue contactado por Paul González, quien le dijo que “había un trabajo para hacer, que había una plata, y si quería ir, y yo como no tenía plata, hacía poco se había cortado la pandemia, y no tenía trabajo, decidí ir. Era un robo, era entrar, había dos personas mayores, había que reducirlas, y llevarnos la plata”.
Explicó que el día del suceso fueron en un vehículo hasta la casa de las víctimas, pasaron por la puerta para individualizar el lugar, y luego retrocedieron para estacionar el automóvil. Bajó junto a Paulo González y el otro individuo al que no quiso identificar. Mientras tanto, Franco Lenci se quedó en el automóvil.
Dijo que le dieron una capucha “pasamontaña” y un arma de fuego. Paulo González redujo a la señora, y el otro sujeto redujo al señor Kittler.
Manifestó que “lo sentaron al señor Kittler en un escalón. Esta persona solicitó que lo lleven al sillón porque se sentía mal. Estaba como agitado. Paulo González lo llevó y lo sentó en un sillón”. Mientras tanto él estaba con la señora, manteniéndole la cabeza agachada. Le sacó una cadenita a la señora, y para ello guardó su pistola entre sus ropas. En el momento en el que estaba poniendo la cadenita en su bolsillo escuchó una explosión, “al segundo escucho otra explosión y un golpe en la panza, primero pensé que se me había escapado un tiro (…), cuando levanto la mirada veo al hombre disparándome, ahí saco el arma, y salgo disparando (hace el gesto tapándose su rostro con el antebrazo izquierdo, y un arma en la mano derecha)”.
Señaló que escuchó otra explosión y un golpe en la pierna. Siguió el trayecto hasta el portón para salir de la casa. Ayudó a Paulo González a trepar el portón y salieron. Se subieron al auto. Cambiaron a otro auto blanco. Aclaró que no perdió mucha sangre, porque tenía dos pantalones puestos, era sangre “por goteo”.
Al ser preguntado dijo que disparó porque “temí por mi vida”, lo hizo para que el hombre (Kittler) no siguiera disparando. Dijo que no quiso matar a nadie. Que el plan era solamente para robar, no para matar, y las armas las tenían para “amedrentar”. Expresó que no sabía que el hombre tenía un arma.
Ratificó que no tuvo intención de matar, y pidió perdón a la familia.
Manifestó que el botín se iba a repartir en partes iguales, veinte por ciento para cada uno de los cuatro, y el restante para la persona a la que identificó como el “entregador”, desconociendo su identidad.
Fue preguntado si el cuarto de los integrantes fue Ignacio Nievas, a lo que respondió: “no voy a contestar esa pregunta”. Ratificó que disparó “para poder salir y que se terminen los disparos, no es que disparé para matar ni nada de eso”. A continuación, declaró el acusado Franco Javier Lenci. Dijo que conocía a Paulo González del barrio, desde la infancia. Él lo contactó por el celular. Le dijo que “era un robo, que era algo sencillo, él me pidió si yo podía manejar, porque yo conocía el barrio, si podía hacer de chofer, era un robo donde había plata que se dividía entre cinco, eran dólares”. Contestó en forma afirmativa porque estaba pasando una mala situación económica, y además en ese momento tenía una adicción al consumo de estupefacientes.
Dijo que su parte en el plan era manejar, esperar afuera de la casa, que ellos entraran y salieran. Afirmó que no sabía que iban a entrar con armas de fuego.
Relató que “dos días antes del robo fuimos con Paulo al Barrio Patagonia a ver el lugar, él indica dónde es la casa y dónde tenía que estacionarme”.
Explicó que el día del hecho llegaron al lugar, y Paulo González dijo que había que esperar porque tenía que recibir un llamado. Estacionó, se bajaron del auto los otros tres, llevando una mochila negra. “Me quedo en el auto del lado del conductor, estaba oscuro, no se veía mucho, no se veía adentro de la casa, no se escuchaba nada…”. Pasados unos minutos vio que “pasaba un hombre caminando, y vuelve corriendo, mirando hacia la casa, yo miro hacia el lado del portón y veo que alguien cae, como desplomándose para afuera, lo traen a Paulo que lo estaban ayudando, lo ayudan a subir del lado del conductor, cuando suben me dicen que arranque, que a Paulo lo habían herido… llegué hasta un auto blanco, que se había quedado de apoyo”. Allí los otros dos individuos le dijeron que lleve a Paulo González al Hospital, señalando Lenci que como lo vio tan mal al nombrado, lo llevó al nosocomio más cercano: “Yo recuerdo que en ese momento Paulo estaba muy mal, se estaba desvaneciendo, para mí se estaba muriendo, y él decía ´me estoy muriendo, si me muero decile a mis hijas que las amo´, yo constantemente trataba de despertarlo, porque vi que se moría. Llegué al Hospital, entré por la parte de la guardia, me bajo del auto, Paulo estaba como desvanecido, lo ayudé a bajarse, lo alzo, lo acerqué hasta la parte de la guardia, vi que había cámaras, pero a lo único que atiné era a que no se muriera, salvarle la vida, entonces le hice señas a la señora que estaba en la guardia, me hizo señas que entrara por el lado de la derecha, me abrieron las puertas, entré, lo senté en una silla de ruedas, y me fui. Me subí al auto Corsa, como no sabía qué hacer decidí llevarlo al barrio Rucci, donde hay un estacionamiento, el auto quedó abierto…”. Reiteró que el plan era “un robo, en ningún momento se habló de matar a nadie, nunca vi armas, nunca usé un arma, no sé usar un arma”.
Dijo que desde el lugar donde se encontraba, esperando en el automóvil, no escuchó el ruido de los disparos, señalando que tenía colocados unos audífonos conectados a una radio, por medio de la cual escuchaba la frecuencia policial.
Por último, declaró el acusado Paulo González.
Comenzó su exposición pidiendo perdón a todos, diciendo que nunca hubo intención de matar, sino que fue un robo que salió mal: “recurrí al delito para mantener mi propio hogar, ¿Cómo me enteró del dinero, porqué fuimos a ese domicilio?, yo no conocía a la víctima: me entero por información de un oficial, él me dio la información, la zona, las armas y el vehículo”. Dijo que tales circunstancias las hizo saber en una declaración que prestó ante una fiscalía. Señaló que el rodado que le entregó tenía la numeración adulterada. Explicó que la información indicaba que había entre cien mil y ciento cincuenta mil dólares, que el dinero era “negro”, y por ese motivo, su robo no iba a ser denunciado, razón por el cual se trataba de una buena oportunidad. Manifestó que como el barrio en el que se encontraba la vivienda (Barrio Patagonia) no era fácil para entrar y salir, ya que tenía muchas calles cortadas, recurrió a Franco Lenci, quien conocía esa zona. Le explicó que su tarea iba a ser manejar el automóvil, y quedarse allí, mientras él (González) y otros dos individuos entrarían a la casa, buscarían el dinero y saldrían rápidamente.
Aclaró que no le dijo a Franco Lenci que iban a utilizar armas (“omití decirle a él que íbamos con armas”), puesto que el nombrado permanecería en el exterior, razón por la cual no era necesario que conociera esa circunstancia.
Por otro lado, dijo que convocó a Damián Lara, a quien había conocido en la cárcel, le ofreció si quería formar parte, le contó que era un “robo sencillo, son personas grandes, vamos, agarramos la plata, y salimos”.
Explicó que dejaron un auto de apoyo estacionado en las cercanías, para el caso de que sucediera algún imprevisto.
Entraron a la casa los tres (González, Lara y un tercero a quien no quiso identificar), se taparon sus rostros y tomaron un arma cada una. En cuanto a la que él tenía, dijo que no estaba en condiciones de uso inmediato (no estaba “montada”), porque estimó que no había necesidad de usarla.
Redujo a la señora y la trasladó al living donde ya se encontraba el señor Kittler. Observó que estaba en el piso, y le pedía que lo llevara al sillón. Le dijo González “calmate, dame los dólares”, insistía el señor Kittler en que lo lleven al sillón, daba la imagen de que estaba teniendo un problema de salud (“un infarto”), y ante su insistencia González sospechó del constante pedido de Kittler, razón por la cual revisó el sillón para ver si tenía algo escondido, pero no encontró nada, sólo vio dos cuchillos en una mesita cercana, que los alejó. Luego, ante la indicación de que había una suma de dinero en pesos en una campera se dirigió a ese lugar, mientras los otros dos individuos tenían a cargo la colocación de los alambres que iban a utilizar para inmovilizar a las víctimas y poder escapar. En ese momento escuchó un disparo y un impacto en su cuerpo, en la parte posterior, saliendo por el frente de su cuerpo, en la zona de la ingle.
Inmediatamente salió corriendo hacia el garaje, se golpeó contra un automóvil que se encontraba allí. Comenzó a descompensarse, le faltó el aire. Llegó hasta el portón, sintió que alguien lo empujó por arriba del portón y lo tiró para afuera, a la vereda. Agradeció a Franco Lenci porque su ayuda le permitió conservar la vida, ya que lo llevó hasta el hospital.
Reiteró que en su plan no estaba previsto matar a ninguna persona.
6. Una vez finalizada la producción de la prueba las partes realizaron sus alegatos de cierre.
En lo que aquí interesa destacar, tanto la fiscalía como la particular damnificada solicitaron que se dicte veredicto de culpabilidad respecto de los tres acusados, por el delito de homicidio “criminis causa”, por haber “actuado en el marco de una coautoría funcional en la que cada uno de ellos tuvo dominio del hecho”.
Por su parte, la defensa reiteró la necesidad de establecer la responsabilidad de cada uno de sus asistidos en función del rol que les cupo en el hecho atribuido. En ese orden de ideas, afirmó que no podía responsabilizarse a Paulo González y a Franco Lenci como coautores del homicidio de Omar Kittler, porque ninguno de ellos intervino en la ejecución de esa conducta, la que tampoco estaba comprendida en el plan previamente acordado, y no tuvieron posibilidad de dominar la decisión que tomó Damián Alejandro Lara al momento de disparar.
Respecto del último de los acusados mencionados, solicitó que se lo condene por el delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165 del Código Penal).
7. Luego de la deliberación, el Jurado emitió veredicto de culpabilidad de los tres imputados, en los siguientes términos: “Nosotros, el Jurado encontramos al acusado Damián Alejandro Lara CULPABLE, por unanimidad, del delito de HOMICIDIO CRIMINIS CAUSA, conforme el requerimiento de la acusación". "Nosotros, el Jurado encontramos al acusado Paulo Oscar González CULPABLE del delito menor incluido de HOMICIDIO EN OCASION DE ROBO, por mayoría de 12 votos".
"Nosotros, el Jurado encontramos al acusado Franco Javier Lenci CULPABLE del delito menor incluido de ROBO AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO EN UN LUGAR POBLADO Y EN BANDA, por mayoría de 12 votos".
II. Planteada la cuestión en los términos señalados, entiendo que no puede prosperar el cuestionamiento de la defensa de Damián Alejandro Lara, contra el veredicto de culpabilidad dictado por el Jurado, en orden al delito de homicidio “criminis causa”. En ese orden de ideas, aun tomando en consideración la hipótesis de la defensa que se apoya fundamentalmente en los dichos del nombrado Lara y de Paulo González, según la cual los primeros disparos fueron realizados por Omar Kittler, lo cierto es que, aun así, no existen dudas en cuanto a que la conducta emprendida por el acusado Lara abasteció los presupuestos objetivos y subjetivos del delito de homicidio. El testimonio de Oscar Humberto Espin Luna, perito médico de Policía Científica, que realizó un informe respecto de las lesiones constatadas en la autopsia realizada a la víctima, y el testimonio del comisario Fabián Avelino Jesús Pacheco, perito balístico que concurrió al lugar del hecho, permitieron comprobar las circunstancias fácticas reveladoras de la cantidad de disparos efectuados por el acusado Lara, las zonas vitales a las que fueron dirigidos, y la corta distancia a la que se encontraba de la víctima.
En punto a los elementos objetivos y subjetivos requeridos por el tipo penal agravado, entre las instrucciones finales suministradas al Jurado, se indicó que la figura prevista en el artículo 80 inciso 7 del Código Penal, en el presupuesto planteado por los acusadores, requería demostrar que el homicidio fue cometido con el propósito de procurar la impunidad de otro delito, que en el caso era el robo. En esos términos, el análisis desarrollado permite descartar el apartamiento manifiesto de la prueba que plantea el recurrente. En ese sentido, el relato que realizó María Fortunata Rodríguez, complementado por la información que suministraron el perito médico Espin Luna y el perito en balística Pacheco, permiten inferir la existencia de la conexión final que exige la figura del homicidio agravado. Ello es así puesto que las pruebas reseñadas indican que el acusado Lara ejecutó la conducta, al advertir los disparos que realizaba Omar Kittler, y con el objetivo de lograr escapar del lugar, procurando la impunidad por el robo que llevó a cabo junto a sus consortes de causa.
En apoyo de lo anterior, cabe agregar que las evidencias mencionadas resultan suficientes para descartar la hipótesis de la defensa, según la cual Damián Alejandro Lara disparó “para salvar su vida”, actuando sin la finalidad que requiere el elemento del tipo contemplado en el artículo 80 inciso 7 del código sustantivo.
Tal postura no puede compartirse, si se tiene en consideración la cantidad de disparos efectuados y las áreas del cuerpo de Omar Kittler en las que impactaron, aspectos que resultan incompatibles con la recreación que hizo el acusado de la forma en la que utilizó el arma de fuego que portaba.
El análisis desarrollado no puede ser modificado en función de la conducta posterior de Damián Alejandro Lara que destacó su asistencia técnica (“no abandonó la ciudad, no se fue del país, no mintió en su declaración, reconoció su participación, continuó viviendo en su hogar y yendo al mismo lugar de trabajo, etc.”), ya que ninguna de ellas posee la entidad necesaria como para modificar sustancialmente la consideración de la finalidad con la que actuó el nombrado al momento de efectuar los disparos que provocaron la muerte de la víctima.
Los elementos reseñados impiden considerar que se encuentren presentes en el caso los presupuestos especiales de procedencia exigidos por el artículo 448 bis inciso “d” del ordenamiento adjetivo, para lo cual resulta necesario que la parte recurrente indique exactamente la porción de la evidencia practicada en el debate que demuestra que la decisión es irrazonable (valiéndose del registro del juicio o de las instrucciones), y exponer claramente el proceso lógico que lleva a esa conclusión, pues solo de ese modo -desde lo metodológico- será posible, en el marco de la revisión, confirmar la veracidad de las afirmaciones que hace el recurrente, al cotejarlas con lo que dijo un testigo, un perito o con la prueba material exhibida y/o reproducida en la audiencia (cfr. Harfuch, Andrés; El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, Prov. Buenos Aires, 2013, pág. 345).
Cabe insistir en que la tarea revisora de este tribunal no pasa por la realización de un nuevo juicio, sino controlar la corrección del razonamiento inferencial que avala la decisión del jurado y para ello es necesario que la defensa explicite cuál es la evidencia de la que se apartaron sus miembros en forma manifiesta y la conclusión que era razonable inferir de ella, en la medida que demuestre que la decisión fue arbitraria o irrazonable.
III. Tampoco puede prosperar la segunda línea argumental presentada por el recurrente, según la cual la decisión del Jurado sería contradictoria, por haber encontrado culpables a Paulo González y a Damián Alejandro Lara de delitos distintos.
Si bien no ha sido invocado expresamente en estos términos, el motivo de agravio se conoce en la doctrina como “veredicto inconsistente”, que ha sido explicado de la siguiente manera: “Desde que el veredicto puede contemplar si hay varios imputados y más de un delito, existe la posibilidad de que algunas de esas decisiones entren en conflicto unas con otras, a esto se le llama veredicto inconsistente” (Harfuch, El veredicto del jurado, 2019, ps. 195 y 196).
He tenido oportunidad de analizar la problemática (Juicio por jurados y veredictos inconsistentes. A propósito del caso “Aref y otros” de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Revista Escuela Judicial. Año 01/N° 1 – noviembre 2021), ocasión en la que señalé, en lo que aquí interesa, la necesidad de tener en cuenta que, desde un enfoque propio de los jurados, la decisión colectiva es una operación en la que siempre han de estar presentes dos acciones: I) la determinación de los hechos solo a través de la prueba rendida en el juicio; II) la aplicación de la ley explicada por el juez en las instrucciones a los hechos determinados. No obstante, ya excediendo el enfoque estrictamente procesal, calificada doctrina considera que el veredicto es el producto combinado de las dos acciones mencionadas, a las que se agregan: III) la consideración de la culpabilidad moral del acusado, con sus atenuantes, excusas o justificaciones, que, en ocasiones, pueden tornar en injusta una condena más allá de la estricta aplicación de la ley a los hechos;
IV. una última opción, que suele ser muy excepcional, es que el jurado pueda concluir que, aun siendo el acusado fáctica, legal y moralmente culpable, consideraciones superiores de justicia imponen una declaración de no culpabilidad (ob. cit., con cita de Gobert, Justice, democracy and the jury, 1997, en que se destaca la siguiente frase: “Un jurado también está vinculado a llevar justicia al caso y, eventualmente, proteger a un acusado de una conducta injusta. Un jurado, en definitiva, jamás juzga porque sí”). Con ese panorama, al momento de establecer si es esencial y, en su caso, con qué alcance, la denominada “coherencia del veredicto”, es factible concluir que las decisiones del jurado, por las razones señaladas, no necesitan ser consistentes unas con otras para que el veredicto sea válido, dado que frente a una pluralidad de infracciones a juzgar y a múltiples acusados, los jurados podrán hacer distingos que no implicarían en la mayoría de los casos una invalidez de la decisión. En este punto, la doctrina, de la mano de Chiesa Aponte, respecto de los veredictos inconsistentes ha predicado: “Se trata de un mal necesario, pues la alternativa de respetar el imperio de la lógica llevaría, de ordinario, a la anulación del veredicto de inocencia, lo que no es posible (constitucionalmente) ni deseable. El acusado que reclama lógica en los veredictos probablemente se encuentre en peor situación si prevalece la lógica jurídica. Hay que vivir con los veredictos inconsistentes, como un precio para mantener el derecho a juicio por jurado junto con el respeto a un veredicto absolutorio”.
Por su parte, la trayectoria jurisprudencial de los Estados Unidos de América lleva casi un siglo sosteniendo pacíficamente la validez general de los veredictos inconsistentes. Desde el caso “U.S. v. Dunn”, la Corte federal norteamericana superó las controversias que se dieron en diferentes circuitos de Cortes de apelaciones y estableció una regla federal por la cual los veredictos inconsistentes no serían dejados de lado. Para justificar esa regla, sostuvo que “[l]os veredictos inconsistentes del jurado representan un intento de mitigar el castigo o un compromiso del jurado para llegar a una decisión unánime”.
Como excepciones a su aplicación, se han detectado los casos en que: I) el juez ha impartido instrucciones erróneas que han dado lugar a veredictos inconsistentes; II) el juez ha fallado al instruir sobre la consistencia de los veredictos; III) el jurado emitió veredictos de culpabilidad por dos cargos inconsistentes.
Ninguna de las condiciones de excepción señaladas se advierte en las particulares circunstancias del caso aquí analizado.
La diferencia entre las conductas realizadas por los dos acusados en el tramo final del hecho en trato, avala la decisión del Jurado de considerar a uno culpable del delito de homicidio agravado (Lara), y a otro culpable del delito de homicidio en ocasión de robo (González). Si bien el accionar planificado de los dos nombrados permite inferir el conocimiento que tenían de la utilización de las armas de fuego que llevaban, de lo que se infiere el conocimiento de que su utilización podría derivar en un homicidio, y de su capacidad letal, lo cierto es que la aplicación del tipo penal agravado del artículo 80 inciso 7 del Código Penal, requiere desentrañar el vínculo entre el fenómeno natural y el psíquico.
En ese orden de ideas, la decisión de Damián Alejandro Lara en el tramo final del hecho surgió de forma súbita a partir de la contingencia que apareció en la concreción del robo, sin que se haya detectado ninguna influencia en esa resolución por parte de Paulo González. Por esa razón, no es contradictorio considerar probada una planificación para el apoderamiento, y asumir un eventual homicidio en razón del arma de fuego a utilizarse, puesto que tales circunstancias resultan insuficientes para tener por abastecido el dolo directo y la ultra finalidad que da razón a la agravante en los términos del artículo 80 inciso 7 del código sustantivo.
Ese razonamiento no implica que Paulo González no deba responder por el homicidio, sino que el reproche fue correctamente reconducido a la figura del complejo normativo del art. 165 del Código Penal, por ausencia de las notas subjetivas que se exigen para el homicidio agravado.
En apoyo de lo anterior, interesa destacar la doctrina de nuestro Superior Tribunal de provincia, que ha señalado, en la causa P. 114,723, resuelta el 3 de octubre de 2012, a través del voto del doctor Soria, “es doctrina del tribunal que la estructura compleja del art. 165 del Código Penal, en lo que hace al resultado de muerte comprenda a más de las conductas generadoras de un riesgo concreto de muerte reconocido por el o los agentes (dolo) –como consecuencia del obrar individual o del quehacer común y siempre que por la carencia de la representación especial que reclama la figura del homicidio criminis causa no proceda privilegiar la aplicación del art. 80 inc. 7º del Código Penal, como en el caso se concluyó respecto del coprocesado V.-, también los riesgos más indeterminados en su configuración concreta pero que previsiblemente puedan llevar a ese resultado como consecuencia del robo violento emprendido con armas que se saben aptas y, además, en el caso en condiciones de ser disparadas y de alto poder ofensivo (conf. mi voto en P. 86.527, sent. de 14-XI-2007)”. En el precedente de cita, se cuestionaba la ausencia de acreditación del dolo directo y la ultrafinalidad de uno de los sujetos que había coactuado con el ejecutor del homicidio. A este respecto, luego de señalar la carencia de acreditación de tales extremos en relación a ese sujeto, se sostuvo: “Aun siendo el resultado mortal acaecido, en el contexto de la acción desplegada, uno previsible o “palpablemente esperable” como señala el sentenciante (fs. 2301 vta.), ello justifica su encuadre en la figura del robo con homicidio resultante –en tanto reclama al menos la producción imprudente del resultado mortal-, mas no en la del homicidio criminis causae –con mayor exigencia subjetiva: dolo y especial elemento subjetivo o ultrafinalidad”. Esta interpretación sigue la línea establecida en los precedentes P. 76.557, sent. del 30-III-2005; P. 68.561, sent. del 21-IX-2005; P. 102.106, sent. del 5-V-2010, entre otras. Por último, en este punto, cabe señalar que, si bien la defensa del nombrado solicitó que el encuadre legal de la conducta endilgada a Paulo González sea modificado por la figura prevista en el art. 166 del Código Penal, no esgrimió argumento alguno en sostén de su pretensión, la cual en consecuencia debe ser rechazada.
En función de las razones expuestas, entiendo que corresponde el rechazo de los agravios planteados por la defensa en la presentación recursiva en trato, respecto del veredicto de culpabilidad de Damián Alejandro Lara en orden al delito de homicidio agravado “criminis causa”, y de igual veredicto respecto de Paulo González en orden al delito de homicidio en ocasión de robo.
IV. Agravios sobre las penas y pautas de mensura valoradas respecto de los acusados Franco Javier Lenci y Paulo Oscar González.
Se abordarán, a continuación, los agravios vinculados con la sentencia dictada por la señora jueza integrante del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca.
1. En primer término, la defensa de Franco Javier Lenci cuestionó la pena de nueve (9) años y seis (6) meses de prisión que se le impuso, por resultar autor del delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.
Destacó, en ese orden de ideas, que el máximo de la pena previsto en el artículo 167 inc. 2 del Código Penal es de diez (10) años de prisión.
Sostuvo que la pena adjudicada a su defendido, seis meses menor al máximo aplicable, resulta desproporcionada en función de la entidad del injusto y las pautas atenuantes cuya estimación solicitó. También cuestionó la valoración como pautas agravantes de la sanción de Franco Lenci, del resultado causado (la muerte de la víctima) y el uso de armas de fuego por parte de las personas que actuaron junto al nombrado.
En el punto señalado en el párrafo anterior, la magistrada de la instancia consideró que aun cuando el Tribunal de Jurados encontró culpable a Franco Javier Lenci del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda (art. 167 inc. 2, Cód. Penal), esta circunstancia no resultaba un obstáculo para la estimación como pautas agravantes, en los términos de los artículos 40 y 41 del Código Penal, del uso de armas de fuego por parte de sus consortes de causa, y del resultado muerte producido.
En ese orden de ideas, consideró que “(…) nada obsta a que en esta instancia, al momento de abordar las atenuantes y agravantes en cumplimiento de la exclusiva labor que la ley procesal me encomienda, efectúe las consideraciones que entienda aplicables al caso y adopte las decisiones que entienda corresponden de acuerdo a las pruebas producidas, y a la valoración que de ellas he realizado, al solo efecto de dosificar la pena, en la medida en que tal actividad no invada las facultades del soberano ni sea contraria a su veredicto”.
Agregó que todas las pautas severizantes de la pena que propuso la acusación debían ser valoradas respecto del acusado Lenci, “(…) independientemente de que no se probó su ingreso a la vivienda sino más bien su permanencia en el automóvil como ´campana´ o chofer – y por eso no pudo saberse si también él llevaba o no consigo algún arma-; toda vez que su actuar esencial en el marco de la coautoría funcional planificada para cometer un robo utilizando armas de fuego, y el consecuente dominio del hecho en cabeza de éste – lo esencial de su aporte al delito contra la propiedad y la existencia de esta coautoría en el rob no fueron extremos discutidos por la defensa-, lo hacen pasible de reproche por el todo de este delito, aun cuando pudiera haber tenido una menor participación”.
Debe destacarse en este punto que, en otros pasajes de la sentencia, anteriores a los mencionados, vinculados con el análisis de las pautas atenuantes de mensura propuestas por la defensa de Franco Oscar Lenci, la magistrada hizo alusión a las mismas circunstancias examinadas en este apartado, señalando en lo que aquí interesa destacar, que el acusado Lenci mintió en su declaración al afirmar que desconocía la existencia de armas de fuego en poder de sus acompañantes, considerando que esa versión no resultaba creíble.
2. Entiendo que no resulta correcto el razonamiento expuesto en la sentencia.
En anteriores pronunciamientos se indicó que, en el sistema regulado por el Código Procesal Penal de la Provincia, la decisión del jurado declara definitivamente si la persona acusada es culpable o no culpable, nada más que eso (es decir, no responde preguntas especiales), y en el caso que sea culpable también indica con relación a qué delito (ver causa 123.800 del registro de esta Sala I, “De la Cruz, Fabián Antonio y otro s/rec. de casación”, Rta: 22/2/2024).
Los jurados tienen como función determinar los hechos del caso una vez practicada la prueba y, con base en esa determinación, aplicar a los hechos la ley que el juez (como juez del derecho) les explicó a través de las instrucciones.
En ese sentido, el artículo 371 ter, inc. 1 del ordenamiento adjetivo, establece que en las instrucciones finales el juez “les explicará [a los jurados] el derecho aplicable al caso”, que incluye tanto los aspectos del derecho sustantivo (por ejemplo, los elementos típicos de la figura penal atribuida al imputado por la acusación), como las reglas que rigen el razonamiento probatorio.
También he afirmado con anterioridad que “el modelo de jurado clásico que inspira nuestra legislación tiene apoyo en una orientación constitucional desde donde se sostiene que el único cuerpo autorizado para determinar los hechos con arreglo a derecho, que explica el juez a partir de las instrucciones, es el jurado popular en su veredicto” (TCP, Sala I, “Alvarez, Lucas y Telechea, Ayelen”, rta. 20.10.20) y que “el reparto constitucional de competencias impone limitaciones al juez director del proceso e incluso, en ocasiones, exige de él iniciativas para preservar la potestad del jurado”, como en el precedente comentado, donde se resolvió - por mayoría- que el juez debió informar al Jurado que la acusada podía ser hallada culpable no solo del delito principal que le imputaba la fiscalía, sino (en forma alternativa) por un delito menor comprendido en la infracción más grave.
En definitiva, se trata de que el Jurado cuente con suficiente información para la adjudicación de los hechos a determinada infracción penal y, bajo esas condiciones, “es sustancial que las instrucciones tengan la suficiencia para contemplar todas las hipótesis posibles, de modo tal que se preserve la decisión del jurado de un recorte inadecuado que termine condicionando en clave dirimente el veredicto. En este punto no debe pasarse por alto que los hechos son terreno sagrado del jurado” (TCP, Sala I, “Alvarez y Telechea”).
Luego, no es difícil concluir -superada la confusión inicial que podía generar una lectura desprevenida y asistemática del art. 371 bis del CPP, al momento en que entró en vigencia-, que pertenece a la esfera del Jurado establecer si la acusación pudo probar -más allá de toda duda razonable- las circunstancias fácticas que abastecen cada uno de los elementos de su teoría jurídica, a partir de la ley aplicable que le fue explicada por el juez en las instrucciones.
Esa tarea se constata con facilidad en el caso concreto, donde las instrucciones finales sobre el derecho aplicable (elaboradas a partir de la litigación de las partes en la audiencia del art. 371 bis del CPP) explicaron a los jurados los alcances de los elementos típicos correspondientes a las distintas opciones de veredicto, como también las reglas probatorias que debían observar al examinar aquellos elementos. En lo que aquí interesa destacar, la fiscalía y el particular damnificado sostuvieron que Franco Javier Lenci intervino en el hecho teniendo conocimiento del uso que se iba a hacer de armas de fuego para desapoderar a las víctimas de sus pertenencias, dentro de un reparto de tareas entre los distintos sujetos activos que actuaron en el suceso, y, en consecuencia, postularon un veredicto de culpabilidad para los tres acusados, en orden al delito de homicidio agravado “criminis causa”. Se plantearon como alternativas los delitos de homicidio en ocasión de robo (art. 165 del Código Penal), y robo agravado por su comisión con armas de fuego (art. 166, inciso segundo, párrafo segundo, del Código Penal), indicándose que ambas opciones requerían el conocimiento por parte del acusado del uso de un arma de fuego. Por último, se presentó como opción el veredicto de culpabilidad por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda (art. 167 inc. 2 del Código Penal), en función de la hipótesis presentada por la defensa, conforme con la cual Franco Javier Lenci no tuvo conocimiento del uso de armas de fuego para cometer el robo emprendido, permaneciendo en todo momento en el exterior de la vivienda de las víctimas.
Los formularios que completaron los jurados al momento de votar, identificaron la calificación jurídica por la cual encontraron culpable al acusado Franco Javier Lenci: robo agravado por su comisión en poblado y en banda.
Es decir, se incluyeron en las instrucciones los aspectos de derecho sustantivo necesario para que el Jurado estuviera en condiciones de desarrollar su tarea correctamente.
De la reseña efectuada se desprende que la magistrada de la instancia, al valorar las dos circunstancias agravantes que cuestiona la defensa de Franco Javier Lenci (la muerte de la víctima y el uso de armas de fuego), se extralimitó en sus funciones, por cuanto adoptó una decisión contraria a los hechos que el Jurado tuvo por probados, siendo que esa tarea corresponde con exclusividad a sus miembros.
Las distintas alternativas de veredicto que se le propusieron, y la decisión del Jurado que se inclinó por la figura que no contempla la muerte de la víctima, y tampoco el uso de armas (art. 167 inc. 2 del Código Penal), permite despejar cualquier tipo de duda en cuanto a que no le atribuyeron responsabilidad alguna por la muerte de la víctima, ni tampoco consideraron demostrado el conocimiento del uso de armas de fuego.
De allí entonces que la sentencia impugnada no pueda ser convalidada en el extremo aquí analizado, al haberse apartado de las circunstancias fácticas y el derecho aplicable a esos hechos que el jurado popular atribuyó a la persona declarada culpable (Franco Javier Lenci).
3. En punto a las atenuantes postuladas por la defensa en favor de Franco Javier Lenci, la magistrada descartó el buen concepto personal y laboral invocado respecto del nombrado.
Fundamentó su decisión, por un lado, en que las declaraciones de los testigos Vallerga, Álvarez y Delgado no podían ser consideradas “de concepto”, ya que se llevaron a cabo durante el juicio y no en la audiencia de cesura, remitiéndose a la decisión que adoptó sobre ese punto en el pronunciamiento dictado el 2 de marzo de 2023.
Por otro lado, agregó a su consideración que más allá de alguna referencia que hicieron los testigos aludidos sobre la ausencia de conflictos de Lenci en el ámbito laboral, sus dichos sólo permitieron demostrar la actividad que cumplió el nombrado (chofer de colectivos), los recorridos y horarios en los que la desarrollaba.
En la misma línea de ideas, advirtió que, si bien la defensa había ofrecido una importante cantidad de testigos de concepto respecto del acusado Lenci, todos ellos fueron desistidos, y en consecuencia no fue posible considerar procedente la atenuante postulada.
Por último, consideró que el legajo laboral del nombrado no contenía información que avalara la pretensión de la defensa. La reseña de los fundamentos reseñados permite descartar la absurda valoración que le adjudica el recurrente. Los argumentos que esgrime en la impugnación sólo revelan su disenso con el criterio de la magistrada, resultando insuficiente para demostrar el vicio de absurdo que le adjudicó.
En igual sentido, entiendo que ha sido correcta la decisión de la magistrada de rechazar la pretensión de la defensa de valorar el buen concepto de los acusados Lenci y González que surgiría de los legajos del servicio penitenciario. Se indicó en la sentencia que tales circunstancias tienen relevancia en la etapa de ejecución de la pena, fundamentos que no fueron controvertidos por el recurrente.
La misma insuficiencia se aprecia en la presentación recursiva, en lo que hace a las razones por las cuales la magistrada rechazó considerar como atenuantes en favor de Paulo González, la confesión, el arrepentimiento y el desistimiento del hecho. En lo que hace a la primera de las circunstancias invocadas, en la sentencia se tuvo en consideración que la vinculación del nombrado en los primeros momentos de la investigación resultó de su ingreso al Hospital, al que fue llevado por la herida de arma de fuego que presentaba. Luego, la versión de los hechos que brindó en su declaración consistió en hacer hincapié en el rol que le cupo en el suceso, y en la realización de un plan llevado adelante para robar pero que no comprendía el delito de homicidio.
En ese contexto, no se advierten motivos plausibles para considerar su reconocimiento en la intervención del hecho como una pauta atenuante de la sanción.
Respecto del “arrepentimiento y pedido de disculpas a la familia de la víctima”, fue una pauta atenuante receptada favorablemente en la sentencia, por entenderse que resultó “demostrativo de una reflexión sobre el comportamiento realizado”.
Por último, la propuesta de considerar como circunstancia disminuyente el desistimiento del hecho fue correctamente rechazada, puesto que la frustración del plan delictivo emprendido no obedeció a una decisión del nombrado, sino al inicio de un intercambio de disparos con una de las víctimas que culminó con el desenlace ya mencionado.
4. Agravios sobre la entidad de las penas impuestas a Franco Javier Lenci y Paulo Oscar González.
Del análisis desarrollado en los apartados precedentes se desprende que, en el caso del primero de los imputados mencionados, corresponde obliterar dos circunstancias agravantes valoradas en la sentencia, que por su relevancia en la estimación de la entidad del injusto debe tener un impacto apreciable en la pena asignada al nombrado.
En ese sentido, al descartarse la estimación de la muerte de la víctima y el uso de armas de fuego como factores aumentativos de la sanción, se impone la reducción de la pena de nueve (9) años y seis (6) meses establecida en la sentencia.
Las restantes pautas de mensura valoradas respecto del acusado Franco Javier Lenci, que no han recibido cuestionamientos, fueron las siguientes: como atenuante, la ausencia de antecedentes condenatorios.
Como agravantes, la multiplicidad de autores (cuatro en el lugar del hecho, y un quinto que suministró la información), superior al número exigido por el tipo penal en el que se enmarcó su conducta.
También fue valorada la planificación previa que incluyó la utilización de un automóvil mellizo, el uso de handies, y la logística aportada por personal policial.
En igual sentido fueron consideradas la nocturnidad, y la vulnerabilidad de las víctimas en razón de su avanzada edad, extremo este último que conocían por la comprobada planificación del hecho.
Sentado lo anterior, advierto que, por razones de economía procesal, corresponde asumir a este tribunal competencia positiva y readecuar la sanción impuesta a Franco Javier Lenci de acuerdo a los lineamientos expresados precedentemente.
Como lo manifesté en otras oportunidades, el proceso de mensuración de la pena evidencia la prevalencia de parámetros aplicables desde la prevención general, sin dejar de mencionar en esto, que la finalidad última de la misma en un sistema de ejecución, tiene anclaje particularmente en razones de resocialización e integración social (prevención especial), tal como así lo ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el recordado caso “Fermín Ramírez vs.
Guatemala”.
Bien señala Roxin que en casos como el que nos ocupa “es necesario sopesar los fines de prevención especial y general y ponerlos en un orden de prelación”, indicando asimismo que “…la preferencia de la prevención especial no excluye los efectos preventivosgenerales de la pena, sino que, a lo sumo, los debilita de forma difícilmente mensurable; pues también una pena atenuada actúa de forma preventivo – general” (Roxin, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Ed. Civitas, traducción de la 2da. Edición; pág. 97 y sgtes).
En consecuencia, estimo que la reducción de pena que he de proponer no afecta la confianza en el sistema, al punto que no pueda ser tenida por “poco seria” y, en consecuencia, no encuentro en ello quebrantamiento posible en la confianza que el ordenamiento jurídico debe ostentar en nuestra sociedad, teniendo en cuenta, por sobre todo, que allí donde sea posible su cumplimiento, las necesidades preventivo especiales de resocialización deben imponerse por resultar, en definitiva, a la par que una mejor factura social u claro imperativo constitucional. En función de lo que llevo dicho, de conformidad con la entidad del injusto, la calificación legal establecida en el veredicto (robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda), y las pautas de mensura valorables en función de los arts. 40 y 41 del Código Penal, estimo justo imponer una pena de seis (6) años y seis (6) meses de prisión.
En este punto, entiendo que el apartamiento de la pena mínima en abstracto prevista para el delito se encuentra justificada por la concurrencia de diversas pautas agravantes que revelan una mayor entidad del injusto, resultando la pena que se propone racionalmente proporcional al grado de culpabilidad comprobado del acusado.
5. Distinta es la situación en el caso de Paulo Oscar González.
En su caso, no se han constatado valoraciones erróneas vinculadas con las pautas de mensura de la pena.
Así, en la sentencia fue considerada como atenuante, el pedido de disculpas a la familia de la víctima.
Como agravantes fueron valorados los antecedentes condenatorios informados por el Registro Nacional de Reincidencia; la intervención de tres de los intervinientes armados; la planificación previa que incluyó la utilización de un automóvil mellizo, el uso de handy, la logística aportada por personal policial; la balacera que se desencadenó en el lugar (el living de su casa), que expuso a María Fortunata Rodríguez a un serio peligro de vida; la multiplicidad de autores; la nocturnidad; la vulnerabilidad de las víctimas en razón de su avanzada edad; la violencia aplicada al señor Omar Kittler, previa a los disparos que provocaron su muerte; la extensión del daño causado a la señora Rodríguez, en atención a que la muerte de su esposo ocurrió en su propia casa y en su presencia.
La condena impuesta debe ser proporcionalmente racional al hecho delictivo endilgado. Así, siendo graduable el injusto y consecuentemente el reproche, la pena debe ajustarse a dichos parámetros, respetando –claro está- los marcos punitivos previstos para el caso, todo lo cual subyace cumplimentado en el pronunciamiento cuestionado.
En esa dirección, cabe señalar que nuestro ordenamiento jurídico vigente carece de reglas fijas que determinen la administración de las escalas penales. Ello es así, tanto en lo que se refiere al punto de ingreso a las mismas; el sentido, alcance y peso que se le debe otorgar a cada componente con incidencia en la construcción de la respuesta punitiva; la manera de resolver la concurrencia de atenuantes y agravantes, etc.
En ese marco normativo, la centralidad de la cuestión que gira en torno al complejo proceso de traducir dimensiones normativas y fácticas en una unidad de medida temporal se desplaza a la evaluación acerca de si se respetó, o bien se violentó, la proporcionalidad entre el injusto penal y el principio de culpabilidad por el acto. Los argumentos de la parte impugnante resultan insuficientes puesto que se mantienen en un nivel de generalidad y abstracción desvinculado del caso concreto. Es decir, se anuncia que se afectó la racionalidad y la proporcionalidad antes señaladas, pero no se avanza en el desarrollo que acredite las razones por las cuales en este caso particular se verificó dicha falencia y las consecuencias que de ello se deriva.
Dado que la índole de la crítica involucra un criterio relacional, no se expresa de manera precisa y detallada los parámetros con lo que se evalúa ese presunto exceso de castigo legal que recayó sobre el procesado.
En consecuencia, luego de revisar el fallo, considero que, dada las peculiaridades del hecho que se desprenden del análisis precedente, la calificación legal atribuida (homicidio en ocasión de robo), la diversidad de agravantes contempladas, y la consideración de una sola atenuante, la imposición de una pena de veinticuatro (24) años de prisión se encuentra ajustada a derecho, sin haberse detectado motivos plausibles que demuestren la desproporción alegada.
V. Inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, y artículo 14 del Código Penal.
1. El planteo fue realizado por la defensa de Damián Alejandro Lara.
En este extremo de la sentencia, se destacó que la pena establecida por el art. 80 inciso 7 del Código Penal, guarda proporción con la afectación de la vida que allí se releva típicamente y respeta las exigencias constitucionales establecidas por un derecho penal de acto.
Se apoyó en las consideraciones realizadas por el Procurador General ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el dictamen que emitió en la causa “B., Sebastián Alejandro y otra s/P.SS.AA. homicidio calificado por el vínculo – causa n° 57/10- B.327, L.XLVII”, del 22/3/2012.
Consideró que no se demostró en el caso, que la pena de prisión perpetua, tal y como está regulada, resulte irrazonable frente al injusto endilgado al acusado Lara, y las particulares características de su comisión que fueron valorados como severizantes.
2. Tuve que pronunciarme al respecto en diversas ocasiones en orden al planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua prevista para los delitos contra las personas por los que fuera condenado el imputado (entre muchas, causas de Sala I de este Tribunal de Casación Penal N°s. 82435, “Acuña”; 102414, “Boyer”; 110677, “Piñero”; 115137, "Arriondo"; 115079, "Salas"; y, de Sala III, N° 119442, “Mostajo y Santillán”).
En este sendero argumental, debe tenerse en cuenta que el análisis de la validez de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio del orden jurídico, a la que se acudirá en casos de estricta necesidad (por todos, cfr. Fallos: 260:153).
O sea, un remedio extremo que sólo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la Constitución Nacional y los tratados que la integran (Fallos: 328:1491), lo que -afirmo- de ninguna manera ha sido acreditado por la parte recurrente.
El argumento presentado sólo ataca la cuestión bajo un aspecto sesgado del alcance de la perpetuidad que ha de asignárseles a las penas en nuestro ordenamiento, que ha sido el resultado del ejercicio de facultades propias del Congreso de la Nación y del ámbito de discrecionalidad que posee al cumplir con este quehacer (art. 75 inc. 12 de la CN).
La exégesis del término perpetua debe ser conformada con los postulados constitucionales que imprimen una finalidad determinada a las penas en nuestro derecho represivo, puesto que las leyes deben aplicarse buscando la armonización entre éstas y teniéndose en cuenta el contexto general y sus fines que informan; evitándose así darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, adoptándose como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efectos (Fallos: 307:518).
En este sentido, la crítica defensista se contextualiza en el marco de lo impuesto por los arts. 5 de la DUDH; 4.2, 5.2, 5.3, 5.6 de la CADH; 6.2, 10.1, 10.3 del PIDCP, en las condiciones de su vigencia, incorporados a nuestra Carta Magna por el art. 75 inc. 22, en virtud de los cuales se ratifica que las cárceles son para seguridad y no para castigo (art. 18 de la CN); como así también, se ha definido con mayor precisión la finalidad de la pena privativa de la libertad deambulatoria bajo términos de prevención especial positiva.
Así, se excluye cualquier razonamiento que legitime un encierro de por vida, el que por su propia naturaleza no cumpliría con la reintegración social; o que atente contra el fundamento de proporcionalidad que rige respecto de la reacción penal del Estado, por aplicación del principio de culpabilidad.
No sobreabunda señalar que en el ámbito del derecho internacional no existe una norma que impida la aplicación de una [denominada] pena perpetua, ya que la mayoría de los tratados en la materia sólo establecen fórmulas similares, en las que se deja en claro que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” -arts. 5.2 de la CADH, 7. del PIDCyP, 3 de la CEDH y 5 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte IDH, Caso “Mendoza y otros vs. Argentina”, sentencia del 14 de mayo de 2013)-. La pena de privación de libertad aplicada a Alejandro Damián Lara no constituye un acto cruel, inhumano ni degradante -art. 16.1. de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes-, porque que no se consideran tales los dolores o sufrimientos que sean consecuencia de sanciones legítimas -inherentes o incidentales a éstas (cfr. art. 1.1. de aquella)-.
En línea con esa afirmación, se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al admitir la compatibilidad de sentencias de condena a encierro por tiempo indeterminado con los parámetros impuestos en la CEDH, bajo la premisa de que se asegure debidamente el control judicial de las condiciones de la liberación y de que haya existido un examen concreto de la situación de las personas sentenciadas (Casos “Van Droogenbroek”; “Thynne, Wilson y Gunnell”; “Weeks”; “Winterwerp”; “X v. United Kingdom” -entre otros-, citados en el Considerando 44) del voto del doctor Enrique Santiago Petracchi, en el precedente “Gramajo” -Fallos: 329: 3680-).
Bajo esta tesitura, concluyo que las penas a perpetuidad son admisibles en la medida que el Estado autorice una revisión periódica del encierro que vivencia la persona condenada, de modo que cuente con la posibilidad de acceder a una liberación anticipada y que, en caso de su denegación, la misma esté supeditada a un control judicial suficiente -arts. 8.2.h) de la CADH y 14.5. del PIDCP-.
3. Sentado lo anterior, entiendo que es distinta la respuesta que debe darse respecto del cuestionamiento vinculado con el planteo de inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal. En la sentencia impugnada se entendió que el perjuicio que ocasiona la prohibición de la norma cuestionada recién cobrará actualidad en la etapa de ejecución de la pena, y llegado el tiempo en que la persona se encuentre en condiciones de acceder a la libertad condicional, “correspondiendo recién entonces adentrarse en el tratamiento de la constitucionalidad de la norma” (subrayado en la presente).
Se agregó que el abordaje en este momento no solamente sería abstracto y prematuro, sino también eventual, “ante la posibilidad de que la norma en cuestión ni siquiera se encuentre vigente al momento de hacerse el análisis sobre la procedencia del instituto”. Por último, la magistrada entendió que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocado por la defensa (CCC 45877/2012/TO1/3/CS1, “Guerra, Sebastián Alejandro y otros s/incidente de recurso extraordinario”, 21/11/2024), no tenía el alcance pretendido, puesto que en esa decisión el máximo tribunal no declaró la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, ni tampoco de la pena de prisión perpetua.
4. Sentado lo anterior, comienzo por señalar que, si bien mi postura resultaba coincidente con la sostenida por la señora jueza que dictó la sentencia impugnada, el fallo dictado por el Máximo Tribunal de la Nación al que se hiciera mención, y el siguiente dictado sobre la misma materia a los pocos días, dejando sentada su doctrina sobre un punto dirimente para la contestación del agravio, me impide apartarme de la solución adoptada en los precedentes citados.
En efecto, de la reseña efectuada se desprende que el rechazo del planteo de la defensa se apoyó exclusivamente en la falta de actualidad del agravio vinculado con la prohibición contemplada en el art. 14 inc. 1 del Código Penal, y en esas condiciones, la decisión no puede ser avalada, a la luz de la doctrina que surge del mencionado fallo “Guerra”, y del pronunciamiento dictado por la CSJN en la causa “Soto”, pocos días después de aquél (27/12/2024).
Es cierto que el Máximo Tribunal no declaró la inconstitucionalidad de la norma, e incluso en el segundo de los precedentes citados hizo la expresa aclaración de que su decisión no implicaba abrir juicio sobre la solución que en definitiva debería adoptarse sobre el fondo del asunto (consid. 17).
Sin embargo, la doctrina que claramente emerge de las decisiones de la CSJN en las causas “Guerra” y “Soto”, indica que no es admisible rechazar un planteo vinculado con la constitucionalidad de dicha norma, con el argumento de la falta de actualidad del gravamen, sobre la disposición que excluye al acusado de la posibilidad de acceder a la libertad condicional (art. 14, Cód. Penal).
En el fallo “Guerra”, el Máximo Tribunal señaló que la parte impugnante (el Ministerio Público Fiscal) no rebatió la sentencia apelada, “en cuanto expresó que el agravio del condenado a una pena de prisión realmente perpetua resultaba actual y que, por ello, correspondía revisar la validez del artículo 14 del C.P. que luego declaró inconstitucional”. En ese orden de ideas, destacó que la apelante no rebatió “las afirmaciones de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y correccional respecto del derecho de una persona a conocer, desde el momento mismo de la imposición de la condena privativa de la libertad efectivamente perpetua, cuál es el régimen definitivamente aplicable de la pena impuesta. Ello es así pues el Ministerio Público Fiscal no ha explicado cómo armoniza su interpretación respecto de la inexistencia de un gravamen actual con el mandato de certeza contenido en el principio de legalidad que surge de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, de acuerdo con la recta inteligencia de esas normas efectuada por esta Corte Suprema, y que según el a quo otorgaba actualidad al agravio constitucional esgrimido por el condenado”.
Por otro lado, también con relación a la actualidad del gravamen para una persona condenada a una pena de prisión perpetua, la CSJN destacó la relevancia asignada en la sentencia impugnada, a los artículos 5.6 de la CADH y 10.3 del PICDP (de jerarquía constitucional, art. 75 inc. 22), en virtud de los cuales uno de los fines esenciales de la pena privativa de la libertad – y del tratamiento penitenciario- es “la reforma y la readaptación social de los condenados”, análisis que tampoco había sido refutado la parte impugnante.
Fue descartada, además, “la interpretación de la apelante referida a que el condenado podría plantear la inconstitucionalidad de la aplicación al caso del artículo 14 del C.P. dentro de treinta y cinco años”, puesto que, en lo que aquí interesa destacar, “desatiende que, en el marco de las limitaciones que impone el Estado de Derecho, el ius puniendi debe cumplir con el mandato de certeza y permanecer sujeto a los principios constitucionales que establecen fines penológicos legítimos, así como imperativos negativos en vínculo con la persona y su dignidad inherente”. En el segundo de los fallos citados (“Soto”), la CSJN hizo lugar a la queja deducida por la defensa de una persona condenada a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado (art. 80 inc. 2, Cód. Penal), por la falta de tratamiento por parte del a quo de la validez del artículo 14 del C.P., con sustento en que no mediaba un agravio actual.
El Máximo Tribunal consideró que en la sentencia impugnada no se abordaron adecuadamente los argumentos de la defensa, limitándose en cambio a sostener “que no se había cumplido con el plazo temporal para la concesión de ningún beneficio y que, por lo tanto, su agravio resultaba falto de actualidad, conjetural, inconsistente, precoz y abstracto, vinculado con un debate eventual y futuro que debería ser planteado oportunamente en la etapa de ejecución de la pena”.
Se destacó, en el considerando siguiente, el énfasis expuesto en el precedente “Guerra”, en cuanto a que “el ingreso a una prisión no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional, de modo que toda situación de privación de la libertad impone al juez o funcionario que la autorice el deber de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos del detenido no afectados por la medida de que se trate (Fallos 327:5658; 327:388, voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni con cita del voto de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano en Fallos 318:1894)”.
Luego, se indicó que, en la sentencia impugnada, no se explicó “de qué manera su consideración respecto de la falta de actualidad del agravio armoniza con la doctrina de esta Corte Suprema referida a que tales exigencias de certeza y precisión normativa se extienden a la etapa de ejecución (Fallos: 318:1508) y adquieren especial relevancia dentro de las prisiones. De este modo, soslayó, mediante afirmaciones dogmáticas, que la manera en que las autoridades penitenciarias le dan contenido concreto al cumplimiento de la pena dispuesta por la autoridad judicial y sus sucesivas alteraciones puede implicar una modificación sustancial de la pena (Fallos: 327:388, voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni)” –el destacado es de la presente-.
En el considerando siguiente, se agregó que: “(…)
la sentencia en crisis no se detiene a razonar sobre los alcances que la referida declaración de falta de actualidad del agravio irroga sobre el principio de resocialización invocado por la parte. Tampoco explicitó cómo tal mandato de readaptación social resultaría compatible con imposibilidad de considerar ahora el reclamo del condenado…” –destacado en la presente-. La Corte resaltó la importancia de la consideración de los artículos 5.6 de la CADH y 10.3 del PIDCyP -de jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional-, vinculados con la “reforma y readaptación social de los condenados” como uno de los fines esenciales de la pena privativa de la libertad —y del tratamiento penitenciario—. Señaló que las normas aludidas exigen que toda pena privativa de la libertad, sea temporal o perpetua, tiendan a la reinserción social del condenado, lo que supone, necesariamente, la posibilidad de volver a vivir en libertad.
La claridad del alcance del pronunciamiento dictado por la CSJN en el mencionado fallo “Soto”, surge de su considerando 17, que será transcripto a continuación, en virtud de la semejanza que se advierte con la situación que se presenta en este legajo, y que en razón de ello impone seguir los lineamientos establecidos por el Máximo Tribunal de la Nación:
“17) Que, en conclusión, el a quo se negó a tratar, con base en meras afirmaciones dogmáticas referidas a la falta de actualidad del agravio, el planteo de inconstitucionalidad del artículo 14 del C.P. en un supuesto de una pena privativa de la libertad perpetua. En tales condiciones, y sin que ello implique abrir juicio sobre la solución que en definitiva deba adoptarse sobre el fondo del asunto, corresponde descalificar la decisión recurrida con base en la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias en tanto adolece de fundamentación aparente, con afectación directa e inmediata de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso invocadas por el recurrente. En consecuencia, corresponde reenviar las actuaciones a fin de que el tribunal a quo se pronuncie sobre la cuestión federal planteada (Fallos: 339:408, entre muchos otros)”. La doctrina que emerge de los precedentes de la CSJN que han sido relevados, impide avalar el temperamento adoptado en la sentencia dictada respecto de Alejandro Damián Lara.
El único argumento en el que se apoyó la decisión fue la falta de actualidad del agravio vinculado con la constitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, línea de argumentación que debe ser desestimada a la luz del deber de conformar las decisiones a las sentencias de la CSJN en casos similares, en virtud del carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia; más aún cuando la posición del Máximo Tribunal resulta más favorable en el reconocimiento de derechos que el criterio sostenido anteriormente por el suscripto.
En función de todo ello, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de la defensa, casar la sentencia en lo que respecta al rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, y reenviar las actuaciones al tribunal de la instancia anterior, a fin de que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento.
VI. Recurso deducido en favor de Oscar Ignacio Nievas.
1. En primer lugar, el impugnante planteó la nulidad del peritaje comparativo de ADN realizado, reiterando la pretensión que había formulado en el juicio, y que fue rechazada por el tribunal de la instancia, con base en los siguientes argumentos.
El magistrado que lideró el acuerdo señaló que la misma nulidad había sido planteada por la defensa ante el Juzgado de Garantías, que resolvió no hacer lugar a la petición, criterio convalidado por la Cámara de Apelación y Garantías, y por el Tribunal de Casación Penal. Seguidamente, abordó el argumento de la defensa, según el cual los fundamentos de la resolución de la jueza de garantías que había rechazado el primer planteo, habían quedado descartados a partir de la información que surgió del debate que se realizó ante el Tribunal de Jurados, y del que se llevó a cabo ante los jueces del Tribunal que juzgó a Oscar Ignacio Nievas.
El magistrado no compartió la valoración de la prueba que hizo el letrado defensor (filmaciones, declaraciones testificales de los funcionarios policiales que mencionaron al acusado Nievas, sus domicilios y datos con los que contaban), sin perjuicio de lo cual, destacó que la información que se obtuvo en la etapa del debate no podía impactar en el análisis de una decisión adoptada por un órgano de garantías en la etapa de investigación inicial, puesto que, claro está, no la tenía al momento de resolver.
En esa dirección, señaló que aun cuando el resultado del peritaje comparativo de ADN hubiese sido otro (y no el que vinculó a Nievas con los rastros de sangre hallados en el lugar del hecho), esa situación posterior no desacreditaba la existencia de la sospecha o causa probable que llevaron a la jueza de garantías a autorizar la medida de investigación (extracción compulsiva de una muestra de sangre). Por otro lado, el juez que lideró el acuerdo descartó el restante argumento en el que la defensa apoyó su pretensión de nulidad, vinculada con la falta de notificación previa del peritaje, y de su resultado.
En ese orden de ideas, observó la ausencia de perjuicio para los derechos del acusado, ya que, si la intención de la defensa era presenciar el análisis comparativo, o proponer un perito de parte, bien pudo haber solicitado la reedición del peritaje, ya que las características del mismo así lo permiten.
2. En los argumentos del agravio planteado por el impugnante se advierte una reiteración de su pretensión de nulidad, sin hacerse cargo de responder adecuadamente a los fundamentos que brindó el tribunal de la instancia para rechazar su petición.
En ese orden de ideas, insistió con su visión sobre la prueba producida en la etapa del juicio oral, argumentación que sólo demuestra su disenso con el criterio del órgano jurisdiccional, y que resulta insuficiente para la comprobación de la arbitrariedad o vicio de absurdo alegado.
En tal sentido, cabe destacar el contenido de la filmación que se obtuvo de una cámara de seguridad cercana al domicilio de la calle Trelew 665, y concretamente, la presencia de Ignacio Oscar Nievas en ese lugar, en horas cercanas a la ocurrencia del hecho en trato (ver testimonio del funcionario policial Walter Godoy y Sebastián Dorrego), sitio en el que también fueron detectadas imágenes de un automóvil Chevrolet Corsa de similares características al utilizado por los sujetos activos del delito para llegar hasta la vivienda de las víctimas (conforme declaraciones de los acusados Franco Javier Lenci, Paulo González y Damián Alejandro Lara, concordantes con los testimonios de los funcionarios policiales Mariana Malvarez, Sergio Andrés Mancini y José Antonio Correa entre otros elementos), además de una camioneta VW Surán vinculada con la secuencia ocurrida en las horas subsiguientes al suceso (conforme declaraciones de los funcionarios policiales Bernardo Marcos y José Antonio Correa).
Las pruebas reseñadas, vinculadas con los fundamentos que se tuvieron en cuenta para ordenar el peritaje cuestionado, impiden avalar la crítica de la defensa, que sólo ofreció un punto de vista diferente sobre el alcance de la sospecha que se podía construir a partir de esa información.
Por otro lado, el impugnante invocó el fallo “Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin advertir las diferencias entre la situación de hecho analizada en ese pronunciamiento (extracción compulsiva de sangre de una persona para determinar su identidad filiatoria, en el marco de una investigación penal por el delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor durante la última dictadura del período 1976/83), y la que se presenta en este caso, en el que la extracción de sangre fue ordenada respecto de una persona (Nievas) señalada como posible autor o partícipe de un homicidio agravado.
Finalmente, la defensa tampoco se hizo cargo del argumento del Tribunal que destacó la posibilidad de reedición del peritaje, y en consecuencia, la ausencia de perjuicio para la parte, por la falta de notificación de la medida, y de sus resultados.
En esa dirección, interesa destacar que la pretensión de la parte que ataca la validez de un acto procesal por la violación de las formas legales, no logra satisfacerse cuando la vulneración de las normas constitucionales se enuncia de manera genérica, pero no se la acompaña de un desarrollo posterior que posibilite visualizar el perjuicio concreto que ocasionó de manera indebida.
3. El siguiente planteo de la defensa de Oscar Ignacio Nievas se vincula con la valoración de la prueba con base en la cual se tuvo por comprobada su intervención en el hecho atribuido.
En lo esencial, sostuvo que, aun considerando la validez del resultado del peritaje comparativo de ADN, tal elemento de prueba resultaba insuficiente para tener por acreditada la intervención que se le asignó a su asistido.
Sin embargo, el análisis de los fundamentos del fallo vinculados con este extremo, impide compartir la visión de la defensa. El tribunal tuvo en cuenta la contundencia del resultado del peritaje mencionado, apoyándose en el testimonio de Mariel Galle, perito que llevó a cabo el estudio comparativo de ADN, concluyendo que no se podía excluir a Oscar Ignacio Nievas como generador de uno de los rastros hemáticos hallados en el lugar del hecho (perfil NN2: portón). En este punto, la doctora Galle señaló que “es 10 a la 34 veces más probable” que el perfil genético hallado sea de Nievas y no de otra persona.
El tribunal tuvo en cuenta que el rastro fue hallado en el portón de la vivienda de las víctimas, y consideró que aun cuando el acusado Nievas no haya resultado herido por uno de los disparos de arma de fuego realizados por Omar Kittler, tal circunstancia no era un obstáculo para la identificación de aquél como uno de los sujetos activos del delito, ya que el rastro pudo haber sido generado por una herida de otro tipo, provocada por un sinnúmero de factores diferentes.
En ese sentido, valoró el testimonio de la doctora Andrea Domínguez, quien luego de explicar la información que obtuvo del examen que realizó de las lesiones que presentaba el acusado Nievas, puntualizó que “varias heridas pueden generar que se pierda sangre, pueden ser de proyectil o no. Que lesión por bala que no deje cicatriz puede existir, todo es posible, pero insiste en que pueden existir lesiones de cualquier otra índole, lastimarse con cualquier otra cosa, puede haber sangrado no necesariamente por heridas de bala”.
También se tuvo en consideración el testimonio del comisario Pacheco, quien se expresó respecto del rastro de sangre en el que se halló el perfil genético en cuestión, señalando que era un rastro “distinto al resto, no era por goteo, sino escurrimiento, y se produjo al pasar por encima del portón”.
En esa línea de ideas, es importante tener en cuenta las características de la secuencia que rodeó a la huida emprendida por los atacantes, luego de que se produjera el intercambio de disparos entre Omar Kittler y Damián Alejandro Lara. No solamente por su carácter imprevisto, violento y caótico (ver testimonio de María Fortunana Rodríguez), sino también por la incidencia de la herida que presentaba el acusado Paulo González, que obligó a sus acompañantes a ayudarlo a trepar y pasar por encima del portón de la vivienda de los damnificados.
En toda esa secuencia resulta factible considerar que se haya generado una herida en Nievas de una magnitud menor a la de un disparo, pero suficiente como para provocar el sangrado en el que se halló el perfil genético detectado por la perito bioquímica Galle. Respecto de las restantes evidencias de cargo en contra del acusado, el tribunal tuvo en cuenta los testimonios de los funcionarios policiales (Walter Godoy, Sebastián Dorrego, Mariana Malvarez, Sergio Andrés Mancini y José Antonio Correa), que dieron cuenta de las imágenes observadas en la filmación de la cámara de seguridad cercana a la vivienda de la calle Trelew, en las que señalaron al acusado Nievas, y ubicaron a dos de los automóviles que se detectaron como vehículos utilizados por los autores del hecho (Chevrolet Corsa y VW Surán). En punto a la versión de los hechos que suministró el acusado, según la cual el día y horario en el que ocurrió el suceso que se le atribuyó habría estado en otro lugar, el tribunal consideró que resultó insuficiente para contrarrestar la fuerza probatoria de las evidencias presentadas en su contra.
En esa dirección, expresó que el testimonio de la ex pareja de Oscar Nievas, que habría estado con él en la franja horaria en la que ocurrió el suceso, recién fue producido en la etapa del debate, sin haberse aportado otra información que pudiera corroborar su presencia en los locales comerciales en los que dijeron haber estado.
Por último, se destacó en el veredicto que, si bien Paulo González no mencionó a su hermano, Oscar Ignacio Nievas, como uno de los individuos que participó en el hecho, aquel fue modificando su relato a lo largo del proceso, en cuanto a quiénes fueron las personas que la acompañaron en el plan delictivo que describió. En ese sentido, “dijo en un primer momento que actuó con Lenci y gente del conurbano; luego incorporó a Lara (ADN y detención mediante del mismo), y Lara y Lenci, quienes afirmaron conocer a Nievas se negaron a contestar la consulta sobre si el mismo era el cuarto sujeto que intervino en el hecho, por códigos carcelarios y por miedo”.
En función de todo lo expresado, cabe concluir que la armónica consideración de todos los elementos de prueba consignados, conduce razonablemente a la conclusión a la que ha llegado el tribunal sentenciante, en orden a la intervención que se le atribuyó al acusado Oscar Ignacio Nievas.
No huelga recordar en orden a los cuestionamientos efectuados por el imputado Nievas y su asistencia técnica, que el vicio de absurdo no se consuma por el hecho de que el tribunal de grado prefiera o atribuya trascendencia a un medio probatorio respecto de otro, o se incline por la verosimilitud de alguna prueba en particular en desmedro de otra, sino que se debe evidenciar un error grave, manifiesto y fundamental que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa, lo que en el particular de acuerdo a los argumentos vertidos en los párrafos precedentes no ha ocurrido.
4. Calificación Legal.
La defensa de Oscar Ignacio Nievas cuestionó el encuadre legal de la conducta atribuida a su asistido (co autor del delito de homicidio agravado “criminis causa”).
En lo esencial, señaló por un lado que esa decisión se contrapone con el veredicto de culpabilidad dictado por el Tribunal de Jurados respecto del acusado Paulo Oscar González, quien al igual que Nievas no disparó su arma, y fue considerado culpable del delito de homicidio en ocasión de robo.
Por otro lado, consideró que no se verificaba el supuesto de coautoría funcional para atribuir responsabilidad a todos los intervinientes por el delito de homicidio agravado, ya que quien los disparos (Alejandro Damián Lara), tomó “una decisión independiente, no teniendo los otros dos sujetos ningún control ni dominio del accionar de Lara”. En este punto, entiendo que le asiste la razón a la defensa.
En la primera cuestión de la sentencia, el magistrado que votó en primer término consideró demostrado que en el caso se verificó una coautoría funcional, con división de roles y tareas, en la que cada uno de los intervinientes asumió las consecuencias de las distintas alternativas que se podían presentar durante el transcurso de la acción delictiva.
Si bien esto es cierto, es importante la distinción que ya se hiciera al examinar los agravios del acusado Lara: el accionar planificado de los tres sujetos intervinientes (Nievas, González y Lara) permite inferir el conocimiento que tenían de la utilización de las armas de fuego que llevaban, de lo que se infiere el conocimiento de que su utilización podría derivar en un homicidio, y de su capacidad letal; sin embargo, la aplicación del tipo penal agravado del art. 80 inc. 7 del Código Penal, requiere desentrañar el vínculo entre el fenómeno natural y el psíquico. En ese orden de ideas, la decisión de Damián Alejandro Lara en el tramo final del hecho surgió de forma súbita a partir de la contingencia que apareció en la concreción del robo, sin que se haya detectado ninguna influencia en esa resolución, ni de parte de Paulo González, ni de parte de Oscar Ignacio Nievas.
La probada planificación para el apoderamiento, aun considerando la asunción eventual de un homicidio en razón del arma de fuego a utilizarse, no alcanza para tener por abastecido el dolo directo y la ultra finalidad que da razón a la agravante del homicidio en los términos de la norma citada.
Esto no significa que no sea posible una hipótesis de coautoría en la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal para quienes no hayan ejecutado de propia mano el homicidio, en tanto es posible que esta decisión pueda ser prevista como necesaria a los fines de la comisión del delito conexo o en su caso, inclusive, ser asumida en el lugar de los hechos como una resolución conjunta.
Sin embargo, tales circunstancias no se advierten en los hechos en trato, en los que, como se dijera, ante la aparición imprevista y sorpresiva de un arma de fuego en poder de una de las víctimas (Omar Kittler), el acusado Lara disparó la suya en reiteradas oportunidades en dirección al nombrado, mientras que, en forma simultánea, los dos restantes sujetos intervinientes (González y Nievas) emprendieron la huida, sin utilizar las armas que tenían en su poder.
En este punto, no puede dejar de advertirse que en los fundamentos de la sentencia se afirmó una circunstancia fáctica contraria a la que surge de la prueba producida: se sostuvo que los tres sujetos “moviéndose y cambiando de ubicación, parapetándose juntos, seguramente uno de ellos ya lesionado por uno de los disparos efectuado por Kittler, dispararon hacia el mencionado, lo hirieron letalmente y así consiguieron salir del sitio, todos juntos, auxiliándose entre sí para poder caminar y saltar el portón…”.
La prueba producida tanto en este debate, como en el realizado ante el Tribunal de Jurados, resultó concluyente: se dispararon dos armas de fuego, una que pertenecía a la víctima Omar Kittler, y la otra que fue utilizada por el acusado Alejandro Damián Lara. Si bien María Fortunata Rodríguez dijo que al observar el intercambio de disparos entendió, por la rapidez y sorpresa de la situación, que los tres sujetos habían disparado, luego tomó conocimiento que había sido un solo (Damián Alejandro Lara).
Se trata entonces de una proposición fáctica debidamente comprobada, que no puede ser soslayada a la hora de establecer la responsabilidad del imputado Nievas por el homicidio agravado que le atribuyó la acusación.
Si el nombrado, al momento de producirse el intercambio de disparos entre Lara y la víctima, adoptó la misma conducta que el acusado Paulo González, es decir, emprender la huida del lugar, sin desplegar ninguna acción indicativa de haber asumido en el lugar del hecho la resolución que tomó el autor de los disparos, entonces la atribución de responsabilidad debe tener el mismo alcance que la establecida respecto del nombrado González, ya que ambos tuvieron el mismo comportamiento, distinto de la acción emprendida por Alejandro Damián Lara.
En la sentencia se citó, en apoyo de la decisión, un fallo del Máximo Tribunal de nuestra provincia, en el que se confirmó la atribución de responsabilidad por el delito previsto en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, a un sujeto interviniente en un robo que no fue el autor material del disparo que provocó la muerte.
Sin embargo, las circunstancias fácticas comprobadas en ese caso son notoriamente diferentes: allí se determinó que luego del disparo mortal, ambos sujetos intervinientes continuaron con el robo, ingresando al domicilio de las víctimas para apoderarse de sus bienes. Esto no fue lo que ocurrió en el suceso en trato, en el que la huida del lugar fue la única conducta emprendida por el acusado Nievas.
En función de ello, entiendo que el reproche al nombrado, respecto del delito de homicidio, debe ser enmarcado en la figura del complejo normativo del art. 165 del código sustantivo, por ausencia de las notas subjetivas que se exigen para el homicidio agravado.
Como consecuencia de lo anterior, la modificación en el encuadre legal que se propone conlleva la necesidad de reenviar las actuaciones al tribunal de la instancia, a fin de que, previa audiencia de cesura, se establezca la entidad de la pena a imponer a Oscar Ignacio Nievas. De allí entonces que el restante agravio planteado por su defensa (cuestionamientos contra la prisión perpetua y la constitucionalidad del art. 14 del Código Penal), hayan quedado abstractos.
VII. En función de las consideraciones de hecho y de derecho formuladas, entiendo que corresponde rechazar el recurso de casación deducido en favor de Paulo Oscar González, con costas; y hacer lugar parcialmente a los recursos deducidos por la defensa de Franco Javier Lenci, Alejandro Damián Lara e Ignacio Gabriel Nievas, sin costas, con el alcance señalado, y a esta cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. Nac., 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 1, 106, 209, 210, 247, 371, 373, 450, 454, 459, 460, 461, 530 y 531, CPP; 14, 40, 41, 45, 80 inciso 7, 165 y 167 inciso 2, Cód. Penal).
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.
A la tercera cuestión planteada el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado del tratamiento de las cuestiones precedentes, propongo al Acuerdo: I. RECHAZAR la queja deducida por la particular damnificada, con costas. II. RECHAZAR el recurso deducido por la defensa de Paulo Oscar González, con costas. III. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la defensa de Franco Javier Lenci, Casar la sentencia dictada a nivel de la sanción impuesta, y CONDENAR al nombrado a la pena de seis (6) años y seis (6) meses de prisión, por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, en carácter de autor. IV. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la defensa de Alejandro Damián Lara, sin costas, Casar la sentencia dictada respecto del rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, y reenviar las actuaciones al tribunal de la instancia para el dictado de un nuevo pronunciamiento, manteniendo en todo lo demás la condena a prisión perpetua en orden al delito de homicidio agravado “criminis causa” en carácter de autor. V. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la defensa de Ignacio Gabriel Nievas, a nivel de la calificación legal establecida en la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca, y condenar al nombrado por resultar autor del delito de homicidio en ocasión de robo, reenviando las actuaciones al tribunal de la instancia anterior, a fin de que, previa audiencia de cesura, se establezca la sanción a imponer al nombrado. VI. Tener presentes las reservas de caso federal planteados (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. Nac., 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 1, 106, 209, 210, 247, 371, 373, 450, 452, 453, 454, 459, 460, 461, 530 y 531, CPP; 14, 40, 41, 45, 80 inc. 7, 165 y 167 inc. 2, Cód. Penal; 14, ley 48). ASI LO VOTO.
A la tercera cuestión planteada el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral. ASI LO VOTO.
Por lo que, no siendo para más, se da por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente
I. RECHAZAR la queja deducida por la particular damnificada, con costas.
II. RECHAZAR el recurso deducido por la defensa de Paulo Oscar González, con costas.
III. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la defensa de Franco Javier Lenci, sin costas; CASAR la sentencia dictada a nivel de la sanción impuesta, y CONDENAR al nombrado a la pena de seis (6) años y seis (6) meses de prisión, por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, en carácter de autor.
IV. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la defensa de Alejandro Damián Lara, sin costas; CASAR la sentencia dictada respecto del rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, y reenviar las actuaciones al tribunal de la instancia para el dictado de un nuevo pronunciamiento, manteniendo en todo lo demás la condena a prisión perpetua en orden al delito de homicidio agravado “criminis causa” en carácter de autor, y el resto de las declaraciones de la sentencia.
V. HACER LUGAR PARCIALMENTE, sin costas, al recurso de casación deducido por la defensa de Ignacio Gabriel Nievas, a nivel de la calificación legal establecida en la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca, y CONDENAR al nombrado por resultar autor del delito de homicidio en ocasión de robo, reenviando las actuaciones al tribunal de la instancia anterior, a fin de que, previa audiencia de cesura, se establezca la sanción a imponer al nombrado.
VI. Tener presentes las reservas de caso federal planteados.
VII. REGULAR los honorarios profesionales del doctor Martiniano Greco, letrado patrocinante de la particular damnificada, y del doctor Valentín Fernández, letrado defensor de Paulo Oscar González, Franco Javier Lenci, Alejandro Damián Lara e Ignacio Gabriel Nievas, por su labor desarrollada en esta instancia, en un 25% y un 35% respectivamente de las sumas fijadas en origen.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 106, 209, 210, 247, 371, 373, 450, 452, 453, 454, 459, 460, 461, 530 y 531, del Código Procesal Penal; 14, 40, 41, 45, 80 inc. 7, 165 y 167 inc. 2, del Código Penal; 14, de la ley 48; y ley 14967.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia