Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 3789838-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) rechazar el recurso del actor y confirmar la resolución apelada por los fundamentos supra expuestos, con costas; y b) líbrese deox al Sr. Representante del Fisco a fin de determine el importe de la tasa de justicia exigible en atención a encontrarse configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
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3258/2025 NIGRO, JORGE DANIEL (TF 3789838-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, mayo de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 4/10/24, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones dictadas por la Dirección Regional Centro II de la AFIP - Dirección General Impositiva, mediante las que se estableció la responsabilidad personal y solidaria del Sr. Jorge Daniel Nigro por la deuda de la firma Punto Art. Comunicación S.A. en el Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales 12/2015 a 01/2018), Impuesto a las Ganancias (período 2016) e Impuesto a las Salidas no Documentadas (períodos 03/2016 a 08/2018). Impuso las costas a la vencida y reguló los honorarios a favor de la representación letrada del fisco nacional (conf. IF-2024-108681065-APN-VOCX#TFN). Respecto a los planteos de nulidad articulados relativos la indebida prórroga de la jurisdicción administrativa y al desconocimiento de la inspección por parte del actor, destacó que de los antecedentes administrativos surgía que: (i) el Sr. Nigro tuvo conocimiento de la apertura de la Orden de Intervención nº 2112864 y efectuó una presentación al respecto; (ii) el recurrente fue notificado a su domicilio electrónico y en los términos del artículo 100 inciso g, de la ley 11.683, de las resoluciones determinativas efectuadas a la firma Punto Art Comunicación S.A., atento su cargo de presidente de la sociedad y a los fines de hacer extensiva la responsabilidad solidaria prevista en la norma de rito; y (iii) la Dirección Regional Centro II comunicó la prórroga de jurisdicción del juez administrativo en los términos del artículo 3º, inciso d, de la disposición 666/2003, lo que también se encuentra reflejado en los actos apelados. Reseñó las constancias de notificación al domicilio electrónico del Sr. Nigro el 2/10/23 y aludió a los comprobantes correspondientes a la notificación de las resoluciones determinativas aquí apeladas. En consecuencia, destacó que el recurrente tenía cabal conocimiento de la existencia de la fiscalización y de la labor llevada adelante por el ente recaudador. En tal sentido, puso de resalto que el domicilio electrónico produce en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidos y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen conforme el artículo 100, inciso g, de la ley de rito (cfr. artículo agregado a continuación del artículo 3° de la ley 11.683 y 4º de la resolución general 4280/18).
Por otro lado, aseveró que “habiéndose efectuado y encontrándose debidamente sustentado en los términos de la Disposición 666/2003 el pedido de prórroga de jurisdicción efectuado por la Dirección Regional que dictó los actos determinativos, la nulidad articulada al respecto deviene improcedente”.
Precisó que los actos cuestionados fueron dictados por la autoridad competente, provienen de un procedimiento sin vicio alguno y se ajustan a los antecedentes de hecho y de derecho, circunstancias que demuestra la ausencia de vulneración de la garantía del debido proceso adjetivo y descartan que el actor haya sido puesto en un estado de indefensión. En consecuencia, desestimó la nulidad interpuesta, sin imposición autónoma de costas por no haber sido planteada ni otorgarse el carácter de previo y especial pronunciamiento.
Indicó que el artículo 44 de la ley 26.476 resultaba aplicable y que de acuerdo a la normativa vigente las facultades del fisco para determinar gravámenes no se encontraban prescriptas.
Advirtió que el fisco había procedido conforme a lo normado por el art. 8°, inciso a, de la ley 11.683 y al criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769), conforme el cual la resolución que hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de intimación de pago cursado al deudor principal”.
Puso de relieve que el Sr. Nigro: (i) detentaba el cargo de Presidente de Punto Art. Comunicación S.A. durante los períodos fiscales 2016 a 2018; (ii) su última designación como Presidente databa del 12 de enero de 2017, con un mandato de tres años; (iii) suscribió como Presidente de Punto Art. Comunicación S. A. la Declaración FATCA para entidades Activas no Estadounidenses no Financieras; (iv) figuraba como firmante de cuentas corrientes abiertas de la sociedad y se notificaba de gastos de comisiones; (v) firmó como garante de un contrato de locación celebrado a favor de Punto Art. Comunicación S. A.; y (vi) contaba con un poder amplio a su favor otorgado en agosto de 2006.
Puntualizó que el actor —al ser Presidente de la firma— se encontraba a cargo de la administración de la sociedad en el marco de lo dispuesto por la ley de Sociedades 19.550 y, a su vez, poseía disponibilidad de fondos y suscribía documentos que hacían al giro del negocio.
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3258/2025 NIGRO, JORGE DANIEL (TF 3789838-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Subrayó que el recurrente no desconoció el cargo ocupado en Punto Art. Comunicación S.A. ni tampoco el manejo de las cuentas bancarias y/o su injerencia en el giro comercial de la empresa.
Precisó que el argumento del actor “es que fue excluido de facto de la administración de la empresa por el Vicepresidente, como así también se le negó el acceso y manejo de la documentación de respaldo de las operaciones realizadas, libros, balances, claves fiscales, declaraciones juradas, etc”. En ese sentido, señaló que la prueba documental aportada en autos (esto es, cartas documento enviadas por el actor al Vicepresidente y al contador de la firma el 10/08/20) evidencia la existencia de un conflicto societario que se habría originado a partir de la licencia temporal tomada por el Sr. Nigro en diciembre de 2019, es decir, con posterioridad a los períodos por los que se extiende la responsabilidad solidaria atribuida en autos. Sin perjuicio de ello, entendió que la documental acompañada “no demuestra que el Sr. Nigro se encontrara en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente los deberes fiscales confiados a su custodia”.
2. Que, contra dicha resolución, la parte actora apeló y expresó agravios, que fueron replicados (conf. IF-2024-120882176-APN-DTD#JGM, IF-2024- 129497489-APN-DTD#JGM e IF-2025-17220161-APN-DTD#JGM).
En primer lugar, señala que el ente jurisdiccional omitió explicar que la disposición nº 666/2005 fue modificada por la nº 194/2015 y exige poner en conocimiento de la Dirección General Impositiva o de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, según corresponda, las prórrogas de jurisdicción; circunstancia que -según indica- el fisco no acreditó haber cumplido.
Alega que su derecho de defensa fue vulnerado porque a la firma deudora principal “se la ha notificado no solo al domicilio electrónico sino en papel al domicilio fiscal en diferentes oportunidades durante la inspección y el procedimiento determinativo de oficio, no haciendo lo mismo respecto del presentante”.
Arguye que las suspensiones de la prescripción han provocado que se vulnere el principio de razonabilidad, “llegando a una prescripción de 7 años que resulta totalmente irrazonable con las herramientas informáticas con las que cuenta el Fisco”.
Advierte que el ajuste practicado se fundamenta en la falta de entrega de documentación de respaldo por parte de la deudora principal de modo que, según su criterio, la procedencia de su responsabilidad solidaria requiere haber sido notificado en la etapa de la inspección a Punto Art. Comunicación S.A.; circunstancia que no acaeció. Reconoce los extremos fácticos señalados por el a quo vinculados con los períodos en que se desempeñó como Presidente pero añade que aquella injerencia no se mantuvo durante la inspección llevada adelante a la deudora principal “DONDE LOS ACTUALES DIRIGENTES DE LA FIRMA TOMARON LA ACTITUD DE NO CONTESTAR NADA SABIENDO DE LA INSOLVENCIA DE LA MISMA Y QUE DICHA CONSENCUENCIA TRAERÍA QUE MI PERSONA SEA LA RESPONSABLE”
(sic).
Insiste en que fue excluido de facto de la administración de la empresa por el Vicepresidente y que se le negó el acceso y manejo de la documentación de respaldo de las operaciones realizadas, libros, balances, claves fiscales, declaraciones juradas, etc.
Destaca que la responsabilidad solidaria es subjetiva de modo que exige examinar su actitud al momento de ejercer los cargos directivos. Sin embargo, afirma que “en autos el motivo del ajuste es el comportamiento de los actuales directivos en una fiscalización de la que no fue parte ni citado y donde los mismos INTENCIONALMENTE OMITEN ACOMPAÑAR DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE OPERACIONES REALMENTE REALIZADAS”. En ese mismo orden de ideas, expresa que “las omisiones responden exclusivamente al actual Vicepresidente y contador que en plena pandemia intentaron quedarse con la empresa, negándome los libros y documentos sociales y contables”.
3. Que, conforme surge de autos y en atención a los agravios deducidos, no resulta controvertido que durante los períodos ajustados el Sr. Nigro revistió la condición de Presidente de Punto Art. Comunicación S.A., tenía el manejo de las cuentas bancarias e injerencia en el giro comercial de la empresa. Así pues, las cuestiones en debate requieren dilucidar si: (i) el procedimiento administrativo llevado adelante por la demandada fue nulo; (ii) las facultades del fisco para determinar los impuestos aquí reclamados se hallaban prescriptas; y (iii) si el actor es responsable solidario de las deudas atribuidas a Punto Art. Comunicación S.A. en atención a su falta de acceso a la documentación reclamada por el organismo recaudador y a su enfrentamiento con quienes estuvieron a cargo de responder la inspección fiscal dirigida contra la deudora principal, en la que no tuvo participación alguna.
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3258/2025 NIGRO, JORGE DANIEL (TF 3789838-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 4º) Que, respecto a los planteos de nulidad cabe destacar que: (i) de acuerdo a la nota IF-2023-02285661-AFIPSDGOPIM#DGIMPO referida a la disposición 666/03, la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas tomó conocimiento de la asunción de competencia jurisdiccional por parte de la Dirección Regional Centro II en el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible al Sr. Jorge Daniel Nigro (conf. página 713 de las actuaciones administrativas digitalizadas en el deox nº 17411118); y (ii) las notificaciones de las resoluciones de vista nº 127, 128 y 129/2023 cursadas al domicilio fiscal electrónico del actor son válidas y eficaces conforme la normativa aplicable [conf. criterio de esta Sala in re “Correo Sur SRL (TF 14039132-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 11/08/22]; máxime cuando el Sr. Nigro ya había tomado intervención en la inspección iniciada en función a su carácter de responsable solidario (nº 2112864) conforme surge del acuse de recibo incorporado en la página 523 de las actuaciones administrativas digitalizadas en el deox nº 17411226.
Por lo demás, es dable mencionar que a los efectos de la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican, concretamente, las defensas de las que se hubiera visto privado de oponer el impugnante, debiendo además, ser fundadas en un interés jurídico. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución de la Nación no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanársela en una etapa jurisdiccional ulterior [Fallos: 320:1611 y esta Sala in re “Chubb de Fianzas y Gtias SACIA Seguros (TF 15.615-A) c/ D.G.A.”, 20/10/05 y “Avital SA - TF 32754-I c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 24/02/22].
El Tribunal tiene dicho que el litigante que pretende la declaración de nulidad de las actuaciones de conformidad con lo prescripto en los artículos 169 y siguientes del código procesal, debe necesariamente mencionar de un modo expreso el perjuicio que el vicio le causa y el interés jurídico que procura subsanar, siendo insuficiente a tal efecto la invocación genérica de principios o garantías constitucionales o el uso de fórmulas imprecisas [ver la exigencia que emana del artículo 172 del código de rito; cfr. también “Impsat S.A. c/Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos”, sentencia del 21/12/95 y “Alonso Mario Oscar (TF 9341.-I) c/D.G.I.”, sentencia del 15/10/98, entre muchos otros]. Asimismo, se ha sostenido que adoptar una solución diferente significaría contradecir el principio que no admite la declaración de nulidad sin perjuicio, ni la nulidad por la nulidad misma.
En el caso, como se adelantó, no se han invocado, concretamente, los perjuicios que habría causado la alegada nulidad, como así tampoco las defensas jurídicas de que la actora se habría visto privada de oponer (esta Sala, in re “Ossandon, Paola Carla c/ Sedronar s/ registro nacional de precursores químicos – Ley 26.045- art. 6”, sent. del 27/02/18). Dicho de otro modo, los argumentos del actor relativos a la autorización para prorrogar la jurisdicción y a la forma de notificación de los actos que dispusieron correr vista de los ajustes practicados, resultan insuficientes para demostrar la efectiva afectación de su derecho de defensa, en tanto no se advierte que haya existido merma alguna a su respecto, comprensiva incluso de la prueba pertinente según lo establecido en el artículo 166, segundo párrafo, de la ley 11.683. Ello por cuanto no hay duda alguna de que el actor fue correctamente notificado de las vistas conferidas, pero omitió presentar su descargo (y las pruebas que hacían a su derecho) en el momento oportuno.
5. Que, en lo atinente a la prescripción de las facultades del fisco y a la alegada irrazonabilidad del plazo aplicado por el a quo, corresponde remitir a los fundamentos desarrollados por este Tribunal para convalidar el alcance general de las leyes 26.860 y 27.562 y desestimar los planteos de inconstitucionalidad formulados [conf. causas “TRV6 SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 12/11/19; “INC SA /TF 44098-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 18/05/21; y “Telefónica de Argentina SA (TF 137454217-i) / Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 16/05/24]. El referido criterio jurisprudencial sumado a lo dispuesto por el art. 65, in fine, de la ley 11.683 y a los términos genéricos con que fue planteada la defensa en trato, sellan la suerte adversa del agravio impetrado por el actor.
6. Que, con relación al fondo de la cuestión debatida, es dable señalar que el responsable solidario es aquel sujeto que, si bien no es el realizador del hecho imponible, debe responder por un mandato expreso de la norma junto con el destinatario legal tributario, en razón de tener algún nexo económico o jurídico con éste.
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3258/2025 NIGRO, JORGE DANIEL (TF 3789838-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Al respecto, esta Sala tiene dicho que la sociedad es el contribuyente, es decir, el sujeto obligado al pago por realizar el hecho imponible, en tanto quienes la representan tienen a su cargo el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto formales como materiales, es decir, presentar sus declaraciones juradas y pagar el tributo allí liquidado con los fondos que administran. De no cumplir con estos deberes, deben responder con sus propios bienes por el tributo no ingresado [conf. “Regis, Augusto Pedro (TF 49425-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 21/10/21].
Los directores, gerentes, etc. no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto, porque la suya no es una obligación propia sino como responsables por la deuda ajena. La solidaridad no quita a esta obligación su carácter subsidiario, por lo que asiste a estos administradores el derecho a que se exija previamente el pago al deudor principal, como lo establece la ley. Ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los directores, administradores o representantes de la sociedad, responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la intimación de pago [conf. esta Sala -en su anterior integración- in re “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Depor. [TF 15.567-I] c/DGI”, sent. del 15/7/99 y “Marrero, Carlos Alberto [TF 16.875-I] c/DGI”, sent. del 9/11/04].
De acuerdo a los arts. 6° y 8° de la ley 11.683 (t.o vigente), para que proceda la responsabilidad solidaria deben darse las siguientes condiciones: a) que el responsable haya omitido el cumplimiento de sus deberes.
b) que dicho incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa.
c) que el deudor no cumpla con la intimación administrativa previa.
En concreto, las disposiciones normativas aplicables (arts. 6º, inciso d, y 8, inciso a, de la ley de rito) establecen en forma expresa que los directores “están obligados a pagar el tributo al Fisco con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados” (…) “en la forma y oportunidad que rijan para aquellos” (el destacado es propio). Asimismo, son responsables en forma personal y solidaria cuando “por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo”, salvo que demuestre que el deudor principal “los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró desierto el recurso ordinario de apelación interpuesto contra un pronunciamiento de la Sala II de esta Cámara y aseveró que no se había desvirtuado en modo alguno la conclusión de ese Tribunal en cuanto había confirmado la responsabilidad solidaria del allí actor que “ejerció de manera real y efectiva la representación de la empresa y tuvo a su cargo las decisiones de aquélla y el manejo de los fondos” [conf. causa CSJ 856/2013 (49-P) R.O. “Paramio, Claudio Pascual (TF 30.426-1) c/ DGI”, sent. del 11/12/14]. Al respecto, esta Sala ha interpretado que no es el acaecimiento del hecho imponible fijado en la ley del gravamen lo que determina la responsabilidad en cuestión, sino su falta de inclusión en la declaración jurada respectiva (esto, en la determinación de la materia imponible) y en el consiguiente pago del impuesto debido puesto que la ley de rito autoriza a atribuir la responsabilidad aquí analizada por la falta de pago del tributo correspondiente [conf. doctrina jurisprudencial del precedente “Colucci, Ariel Alejandro (TF 49707-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 28/03/23].
En el contexto jurisprudencial y normativo hasta aquí descripto, resulta claro que para tener por configurada la responsabilidad solidaria prevista en los arts. 6º, inc. d, y 8º, inciso a, de la ley de rito se debe atender al ejercicio real y efectivo de la administración societaria y a la existencia de un factor subjetivo de atribución; extremos que no fueron desvirtuados por el aquí actor.
En efecto, el Sr. Nigro no rebate su condición de Presidente y administrador de los fondos de la firma durante los ejercicios fiscales ajustados por el fisco. Sin embargo, pretende desligarse de la responsabilidad solidaria en función a: (i) la supuesta negligencia de las autoridades de la firma que participaron de la fiscalización de la Punto Art. Comunicación S.A. que motivó los reclamos del fisco; y (ii) su falta de acceso a la documentación respaldatoria que permitiría refutar la pretensión fiscal dirigida contra la deudora principal.
A fin de probar sus dichos, el actor acompañó las cartas documentos enviadas en 2020 a las autoridades de la firma que, tal como lo señaló el a quo, aluden a un conflicto societario posterior a los períodos por los que se extiende la responsabilidad solidaria y no acreditan que el Sr. Nigro se encontrara imposibilitado de cumplir correcta CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 3258/2025 NIGRO, JORGE DANIEL (TF 3789838-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO y oportunamente los deberes fiscales a su cargo relativos a los ejercicios aquí involucrados.
En adición, no resulta ocioso mencionar que el actor ofreció prueba informativa y pericial contable ante el a quo pero omitió contestar los traslados ordenados por el Tribunal Fiscal respecto de las oposiciones formuladas por el fisco; circunstancia que fue merituada por el organismo jurisdiccional para hacer lugar a los planteos de la demandada y rechazar la producción de las pruebas ofrecidas por el recurrente (conf. PV-2024-54141633-APN-VOCX#TFN y PV-2024-86414257-APN- VOCX#TFN obrante en la página 1043 del deox nº 17411081 y en la página 5 deox nº 17411242, respectivamente).
Por último, es menester recordar que esta Sala ha confirmado la resolución que atribuye responsabilidad solidaria por deuda ajena en aquellos casos en los que se determinó la obligación al responsable por deuda propia, y una vez firme e incumplida, recién se procedió a determinar la deuda del responsable por deuda ajena, dándole la oportunidad en tal procedimiento de ejercer su derecho de defensa. En ese escenario, este Tribunal aseveró que no correspondía revisar la obligación tributaria del deudor principal, puesto que se encontraba firme [conf. “Enriquez Pablo Rubén (TF 15322191-i) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 28/11/24].
A todo evento, cabe mencionar la posibilidad que tiene el recurrente, en su caso, de obtener el reembolso de lo pagado de la verdadera contribuyente que es la sociedad [conf. esta Sala in re “Santa Cruz, Julio Eduardo (TF 64155650-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 3/10/23].
7. Que, en atención a lo dispuesto en la providencia del 27/02/25, punto V, notificada al actor el 28/02/25, no habiendo cumplido dicha parte con la carga de liquidar la tasa de justicia correspondiente, aplíquense astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente sentencia, hasta la fecha de efectivo cumplimiento, las que deberán ser adicionadas al monto por tasa de justicia a abonar. Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente y por considerar, este Tribunal, que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 90/92, ofíciese al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir.
Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE: a) rechazar el recurso del actor y confirmar la resolución apelada por los fundamentos supra expuestos, con costas; y b) líbrese deox al Sr. Representante del Fisco a fin de determine el importe de la tasa de justicia exigible en atención a encontrarse configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
Regístrese, notifíquese y ofíciese al Representante del Fisco mediante deox.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia