Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución (AD CORD) nro. 1073/17, dictada en las actuaciones SIGEA 13289-15024-2009 (y agregadas), y por ende, los cargos Nros. 260/09 al 263/09, en relación a las destinaciones de exportación 06 017 EC01 nros. 001453G, 1972M, 2463X y 4430E, documentadas por la aquí actora.
2Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-123487049-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 18 de Octubre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales de la Sala “F”, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para dictar sentencia en los autos caratulados: “NIZA S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, expte. N° 38.445-A;
La Dra. Sarquis dijo:
I. Que, a fs. 7/12, se presenta la firma “NIZA S.A.”, e interpone recurso de apelación contra la resolución AD CORD nro. 1073/17, dictada en las actuaciones SIGEA 13289-15024-2009 (y agregadas) por la que se confirmaron los cargos Nros. 260/09 al 263/09, por ajuste de valor, en los términos del art. 748 inc. c) del C.A. Sostiene que exporta habitualmente a diversos países maní blancheado, siendo los precios pactados con los compradores conforme a los corrientes de mercado. Afirma que declaró un precio unitario de u$s 586,62 mientras que el servicio aduanero entendió adecuado utilizar un precio unitario de u$s 625, propiciando un ajuste que representa el 6,56% del valor declarado en cada caso. Manifiesta que el ajuste propiciado no se encuentra fundado ya que existen operaciones comparables con precios dispersos, siendo incluso muchos de ellos inferiores a los pactados por ella. Afirma que la pequeña diferencia ajustada, podría obedecer a cualquier descuento por cantidad, calidad, fidelidad comercial o cualquier otro motivo resultando absolutamente razonable, de lo que se deduce que el precio de la mercadería de que se trata, no ha resultado ser sustancialmente diferente de los supuestos antecedentes tomados en cuenta por la Aduana. Cita jurisprudencia. Agrega que el procedimiento y método empleado por la Aduana es inapropiado, ya que la aplicación de promedios de precios en mercaderías como la analizada, con amplias variaciones, desvirtúan la realidad y simplifican de manera inadecuada las características del mercado. Sostiene que, además, dado a que la Aduana no ha agregado a las actuaciones los supuestos antecedentes compulsados, pudo tomar en cuenta operaciones de exportación a diversos destinos y de cantidades no comparables. Cita jurisprudencia en apoyo de sus dichos. Concluye que cuando el servicio aduanero pretende ajustar los valores declarados en operaciones de exportación en base a antecedentes de valores diferentes, debe aplicar aquellos antecedentes más bajos y no promediar precios que difieren significativamente en cuanto refieren a cantidades y destinos diferentes. Ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada con costas.
II. Que, a fs. 22/25 y vta., se presenta la representación fiscal contestando el traslado oportunamente conferido. Efectúa un breve resumen de los antecedentes administrativos. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones y documentación acompañada de la contraria. Cita jurisprudencia. Sostiene que la Aduana observó todos los pasos establecidos por la normativa vigente en relación al análisis y determinación de valor en aduana para la exportación. Refiere a las normas de valoración en exportación. Manifiesta que la actora no aportó ni en sede administrativa ni en esta instancia elementos de juicio idóneos que permitan revertir el ajuste efectuado. Resalta la función de la Aduana de resguardo de la renta fiscal y el principio de indisponibilidad del crédito público. Ofrece prueba y solicita se rechace el recurso incoado, con costas.
III. Que, a fs. 26 se tienen por acompañados los antecedentes administrativos vinculados a la causa y se abre a prueba, la que se produjo a fs. 31/34. A fs. 38 se cierra el período probatorio. A continuación se declara la clausura del período probatorio, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen para alegar. A fs. 45/47 obra el alegato del Fisco y a fs. 48/50 el de la actora. Posteriormente, quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que las actuaciones afectadas a la causa SIGEA nro. 13289-15024-09 y agregados, se inician con la impugnación de los cargos 260 a 263/09. A fs. 7/52 obra documentación acompañada por la firma NIZA S.A. A continuación, se agrega la actuación SIGEA 12732-30-09. A fs. 54 obra el informe Nro. 037/09 de la División Valoración. A fs. 55/61 lucen las reliquidaciones de los cargos formulados. A fs. 63/66 se agregan las carpetas contenedoras de las destinaciones aquí ajustadas, a saber: P.E. 06 017 EC01 nros. 001453G, 1972M, 2463X y 4430E. A continuación obra la notificación a la firma NIZA SA de los cargos formulados en fecha 26/05/09. A fs. 82/121 luce lista de operaciones de exportación. A fs. 131/132 obra la Nota Nro. 115/11 (SC FVEC). A fs. 133/134 figura el dictamen jurídico correspondiente. A fs. 135/136 se dicta la resolución Nro. 1073/17 (AD CORD), aquí apelada.
V. Que corresponde decidir a este Tribunal, si se ajusta o no a derecho la resolución aduanera apelada, en cuanto exige a la actora el pago de una diferencia tributaria, como consecuencia del ajuste de valor practicado, en relación a las operaciones de exportación para consumo documentadas mediante los permisos de embarque 06 017 EC01 nros. 001453G, 1972M, 2463X y 4430E, del registro de la Aduana de Córdoba.
Que por las destinaciones mencionadas, la firma NIZA S.A. documentó en fechas 7/2/06, 7/03/06, 15/3/06 y 26/04/06, respectivamente, la exportación para consumo con destino a Rusia, de mercadería consistente en “maní blancheado”, clasificada en la posición S.I.M. 2008.11.00.100X, con un valor unitario en divisa de u$s 586,52, por tonelada.
Que del informe obrante a fs. 54 de las act. adm., surge que, luego de la publicación en el B.O. Nro. 31.627 del día 03/04/09 del preajuste de valor sin que la firma exportadora justifique los precios declarados, se considera que corresponde confirmar los preajustes de valor en los términos del art. 748, inc c) del C.A. Como consecuencia de dicho informe, se formularon los cargos que fueran intimados a cancelar a la aquí actora.
Que, de lo mencionado por la Aduana en las actuaciones administrativas, surge que el servicio aduanero ajustó su proceder a las pautas previstas en el Anexo II de la resolución general A.F.I.P. 620/99 (B.O. 28/06/99), vigente al momento en que se practicó el ajuste aunque derogada en la actualidad, referido a los ajustes de valor para las destinaciones de exportación. En lo que aquí interesa, en el art. 2.1.2.1. se prevé que, en caso de no aceptarse el valor documentado, el servicio aduanero deberá confeccionar y publicar en el Boletín Oficial un listado de los ajustes efectuados, a fin de que los interesados -dentro de los quince días de su publicación- suministren elementos y/o explicaciones que permitan al servicio aduanero determinar la base de valoración aplicable, ya sea ratificando o modificando su posición original. Se agrega que, si vencido dicho plazo no se hubiere presentado documentación probatoria del valor documentado, la determinación de valor se realizará de forma inmediata. Que si bien no se agregaron las constancias de publicación en el B.O. del preajuste efectuado, dicho proceder pudo ser corroborado en esta instancia con la publicación efectuada en el referido Boletín de fecha 03/04/09 respecto de la aquí actora, la que, por su parte, no controvierte dicha publicación.
Sin bien no resulta de las actuaciones que la firma NIZA SA hubiese aportado documentación alguna tendiente a rebatir la recomposición formulada, cabe aclarar que la aquí recurrente sí acompañó, aunque recién al momento de cuestionar los cargos formulados, documentación tendiente a justificar el valor declarado en las destinaciones aquí involucradas.
VI. Que, a los efectos de la valoración de mercaderías en aduana en materia de exportación, el art. 735 del C.A. establece que para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor F.O.B., F.O.T. o F.O.R dependiendo del medio de transporte que se utilice, entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro, en el momento en que determinan los arts. 726, 727 ó 729 en cada supuesto, como consecuencia de una venta al contado.
Que se determina el valor imponible en base a un precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare – art. 745 –, como consecuencia de una venta efectuada entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro –arts. 735 y 742 –. En los artículos subsiguientes – hasta el art. 750 – se precisan los elementos o condiciones que integran el concepto de valor imponible, como son el precio, la cantidad, el tiempo, el lugar y el nivel comercial.
Que la facultad de la Aduana para observar y ajustar el valor documentado surge del art. 747 del C.A., que dispone que se aceptará el precio pagado o por pagar, si el exportador demostrare que dicho precio no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes y resultante de tomar en consideración el art. 748, incs. a), b) o c). No obstante, “si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable”.
Que, ello así, se desprende que las facultades de desestimación del valor imponible documentado en una destinación de exportación, se dan principalmente en los supuestos de vinculación – art. 746 –, y, en un campo más amplio cuando el precio documentado presentara ostensibles diferencias con el precio comparable, resultante de los métodos previstos en el art. 748 del C.A.
Que el precio comparable será el resultante de los precios corrientes o en su caso de determinados precios de venta de la mercadería que se exporte, o del costo de producción. Dichos precios corrientes son básicamente los valores que resultan de los parámetros de los incisos a), b) y c) del aludido art. 748, los señalados precios de venta son los previstos en los incisos d) y f) del mismo artículo y el valor a partir del costo de producción está previsto en el inc. e).
Que según resulta de las actuaciones administrativas, la Aduana ha fundado la formulación de los cargos impugnados, en virtud de lo normado por el art. 748 inc. c) del C.A., basándose en una lista de operaciones de exportación que obra a fs. 82/122 de las actuaciones administrativas. De dicho listado surgen los siguientes datos: números de permisos de embarque, exportadores, valor FOB unitarios, destino, fecha de oficialización y promedios mensuales.
Que el art. 748 del C.A. dispone que “cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo en cuyo caso corresponderá utilizar como base de valoración la que mejor se adecuare de las previstas a continuación: (...) c) el valor obtenido mediante la aplicación de precios preestablecidos para períodos ciertos y determinados, resultantes de procesar y promediar precios usuales de mercadería idéntica o, en su defecto, de similar competitiva, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación”.
Que cabe reiterar que los ajustes previstos en el art. 748, incs. a), b) y c) del CA corresponden cuando, conforme al art. 747 de ese código, el servicio aduanero dispusiere de antecedentes “que difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar”, pudiendo exigir del exportador que justifique su precio de transacción “bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable”.
Que la valoración en exportación es teórica y no implica impugnar los importes facturados, sino establecer una base imponible razonable cuando se demostrare que los antecedentes con que cuenta la D.G.A. “difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar”.
Que si bien el mencionado listado de antecedentes, pudo ser empleado como parámetro a fin de recabar información y determinar la inicial inverosimilitud de los precios declarados y servir de fundamento para dudar de los precios declarados por encontrarlos razonablemente disminuidos, dicha duda inicial debió justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite que los utilizados resultan no aceptables.
Que, en efecto, a fin de justificar el ajuste efectuado, el servicio aduanero debió adjuntar los permisos de embarque, es decir la documentación aduanera pertinente, por cuanto si bien del cotejo de las citadas operaciones de exportación se puede conocer el precio unitario en cada caso, el destino y la fecha de oficialización, en cambio no surge el nivel comercial en que se pactaron las operaciones, ni la cantidad de mercadería, ni otros datos necesarios para efectuar una comparación válida, teniendo en cuenta que el valor de la mercadería en trato puede variar en grandes proporciones de acuerdo con los factores de oferta y demanda, así como por las propias características intrínsecas de la misma.
Que, asimismo y sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que del análisis de la planilla agregada por el servicio aduanero, en comparación con la mercadería aquí importada, resulta que los precios unitarios que figuran en los respectivos antecedentes, no difieren de una manera sustancial con los precios declarados por la aquí actora, tal como lo requiere el art. 747 del C.A.
En efecto, se advierte que en una importante cantidad de las operaciones que se consignan en el listado mencionado, se observa que se documentaron valores idénticos a los declarados por la firma exportadora en las destinaciones objeto del presente.
Que tratándose de documentación -en el caso una lista de operaciones de exportación- que se encuentra en poder de la Aduana, dicho organismo debió extremar los recaudos de la investigación.
Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que los valores tenidos en cuenta por el servicio aduanero no cumplen con la condición legal de haber sido preestablecidos, lo que resulta exigido por el art. 748, inc. c), del C.A. Al respecto se ha dicho que “...estos promedios deben haber sido objeto de una publicación en los términos del art. 7 del decreto 618/1997, dado que la norma en comentario se refiere a precios preestablecidos. Es necesario que la resolución determine el tiempo de duración de la disposición…” (ver Código Aduanero Comentado, obra de los Dres. Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan Patricio, y Vidal Albarracín, Héctor G.; completada y actualizada por los Dres. Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L., y Vidal Albarracín, Guillermo (h), tomo II, pág. 782, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011).
Que, en este sentido, el servicio aduanero no ha invocado norma alguna que fijase el valor preestablecido de la mercadería objeto de marras, limitándose a indicar que el valor imponible ha sido definido a partir del art. 748 inc. c). Por su parte, del listado de operaciones acompañado en las actuaciones, resulta un “promedio de precios” interno cuyo fundamento se desconoce, el que, además, no coincide con la exigencia prevista en el art. 748, inc. c), del C.A.
Que las circunstancias expuestas permiten concluir que no existen en el caso antecedentes que puedan tenerse como referentes para descartar el valor de la mercadería declarada, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como incierto.
Que de conformidad con lo hasta aquí resuelto, y no resultando ajustada a derecho la recomposición de valor realizada, tampoco procede el reclamo efectuado por el servicio aduanero en concepto de diferencia de derechos de exportación.
Que, siendo así, la suscripta considera que no corresponde sino desestimar el ajuste de valor propuesto. Que, por lo expuesto, VOTO por:
1. Revocar la resolución (AD CORD) nro. 1073/17, dictada en las actuaciones SIGEA 13289-15024-2009 (y agregadas), y por ende, los cargos Nros. 260/09 al 263/09, en relación a las destinaciones de exportación 06 017 EC01 nros. 001453G, 1972M, 2463X y 4430E, documentadas por la aquí actora.
2. Costas a la demandada.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la resolución (AD CORD) nro. 1073/17, dictada en las actuaciones SIGEA 13289-15024-2009 (y agregadas), y por ende, los cargos Nros. 260/09 al 263/09, en relación a las destinaciones de exportación 06 017 EC01 nros. 001453G, 1972M, 2463X y 4430E, documentadas por la aquí actora.
2. Costas a la demandada.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.10.17 17:00:22 -03:00 Date: 2023.10.18 12:58:06 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.18 13:35:13 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.18 13:35:14 -03:00
Fin de la sentencia