Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y de todo lo actuado en consecuencia (Resolución DE PRLA N° 8440/2012 recaída en la Actuación N° 608514-444-2005) en los términos de lo dispuesto en el Considerando VII.- del presente.
2Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT Nº 01 001 IT14 001251 P, en la Actuación Nº 608514-444-2005, conf. arts. 803, 934 y conc. del C.A.
3Costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-97415249-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 14 de Septiembre de 2022 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21° Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos caratulados “NIZA S.A. c/D.G.A. s/Recurso de apelación”, Expediente N° 33.058-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 15/22 se presenta la firma NIZA S.A., por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PLA N° 8440/2012 dictada en la Actuación N° 608514-444-2005 mediante la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. al pago de una multa de $ 211.011,87 y se le formuló cargo por la suma de $ 108.260,32 en concepto de tributos. Relata que a través del DIT N° 01 001 IT14 001251 P, importó bolsones de polipropileno de distintas medidas para la exportación de maní, y que la mercadería fue reexportada en su totalidad antes del vencimiento del plazo otorgado. Esgrime que el servicio aduanero resolvió en base a distintas observaciones que emanan del informe realizado por la Sección Procedimientos Técnicos a fs. 47 del expediente administrativo.
Responde las objeciones formuladas y advierte que no surge en forma clara el motivo por el cual se determinó que la firma no cumplió con el régimen, ya que la documentación aportada refleja la reexportación total de la mercadería. Da cuenta de que la empresa ingresó los insumos en el año 2021 y los reexportó –bajo su nueva forma resultante– en el mismo año. La Aduana nada dijo y recién en el año 2012, es decir once años después, notificó la existencia del sumario y concedió la supuesta oportunidad de presentar la defensa. Subraya que en la instrucción del sumario no se respetaron las disposiciones del C.A. en cuanto a su tramitación, respecto de la investigación de los hechos denunciados conforme a lo normado por los arts. 1090, 1091 y 1094 inc. e) del C.A.
Así las cosas, el 06/12/2007, cinco años después de la fecha de vencimiento del DIT, el servicio aduanero aperturó el sumario contencioso y con posterioridad a esa fecha no realizó acto alguno a los fines de impulsar el procedimiento. Recién el 19/09/2012 la Aduana ordenó correr vista, que fue contestada el 25/10/2012 y al no tener más plazo, dictó injustamente la resolución condenatoria el 23/11/2012. Introduce que la demora en la instrucción del sumario y luego la proximidad de la fecha en que se produciría la prescripción –que llevó al dictado de una resolución aduanera infundada– resulta violatoria del debido proceso y la defensa en juicio. Remite a los precedentes de la CSJN “Losicer, Jorge Alberto y otros” y “Bossi y García S.A.”.
En otro orden, para el hipotético caso de que este Tribunal considere de que se cometió la infracción imputada, se agravia de la graduación de la multa impuesta. Por último, sin perjuicio de las defensas opuestas, plantea la prescripción de la acción del fisco para imponer penas. En tal sentido, invoca que el auto de apertura de sumario carece del efecto interruptivo de la prescripción dado que no reúne los requisitos exigidos por el art. 1094 del C.A. Señala que tal acto constituyó un mero trámite administrativo indicativo en el cual ni siquiera se liquidaron los tributos que podían corresponder y que no fue notificado a la empresa. Ofrece prueba y solicita que oportunamente se declare la prescripción de la acción del fisco o se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 30/35 la demandada contesta el traslado del recurso conferido. En primer lugar, niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Expone que la recurrente reconoce expresamente que los actos respecto los cuales cuestiona su validez y virtualidad interruptiva y suspensiva, fueron dictados en plazo hábil y que simplemente plantea su prescripción en base a la existencia de defectos formales del acto que tacha de nulo. Resalta que la nulidad y prescripción que ahora la actora articula, no ha sido opuesta en tiempo y oportunidad hábil, y que al notificarse la corrida la vista pudo ejercer su derecho de defensa. Enuncia que el interesado debe demostrar el perjuicio concreto que le ha inferido el vicio que opone, ya que la nulidad por vicios procesales no tiene existencia autónoma. Por otro lado, sostiene que la recurrente ha podido en esta instancia argumentar acerca de todas las cuestiones fácticas y jurídicas que considera oportunas, igual que ha podido ofrecer prueba respecto de los hechos que considera controvertidos. En cuanto al fondo, expresa que la mercadería ingresada mediante el DIT en trato no fue reexportada en el plazo legal estipulado. Precisa que el hecho imponible de los tributos a la importación consiste en la “importación a consumo”, que opera automáticamente al vencimiento del plazo de permanencia de las importaciones temporarias, por lo que corresponde el pago del derecho de importación establecido por la norma vigente a la fecha de dicho vencimiento (cfme. art. 274 del C.A.). Se refiere al informe de la Sección Procedimientos Técnicos obrante a fs. 47 de las act. adm., y argumenta que la Resolución ANA N° 479 – Anexo III “B”, establece las pautas para la cancelación de las importaciones temporarias. Describe las características de la figura infraccional en trato, en virtud de la cual, la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Es ella quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Por último, respecto de la graduación de la pena, postula que se ha merituado lo dispuesto en los arts. 915 y 926 del C.A. Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 36 se abre la causa a prueba que se produce a fs. 44/55, 59/64 y 68/75. A fs. 79 se declara el cierre del periodo probatorio, a fs. 96 se elevan los autos a la Sala G y a fs. 97 se ponen para alegar, agregándose a fs. 102/103 el alegato presentado por la actora; el fisco no hizo uso del derecho conferido. A fs. 105 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 608514-444-2005 / 608-1765-2005 se inicia con la nota presentada por el despachante aduana de la firma NIZA S.A. ante el servicio aduanero en fecha 25/10/2001, en la que solicita la liberación de la garantía del DIT N° 01 001 IT14 001251 P. Acompaña copia del citado despacho, de la declaración jurada de estado del DIT y del expediente CTC 061-006960/00 (fs. 1/8). A fs. 9 y 11 obran las Notas N° 2179/03 (SEPRTE) y N° 3185/2005, respectivamente. A fs. 13 se agrega el acta denuncia contra la firma Niza S.A. por la presunta comisión de la infracción tipificada en los arts. 970/972 del C.A., atento que no habría regularizado la situación de la mercadería ingresada temporalmente mediante el DIT N° 01 001 UT14 001251 P, cuyo vencimiento operó el 04/03/2002.
A fs. 15/16 lucen prints de pantalla de consulta de declaración detallada y de una garantía global o unitaria. A fs. 17 se glosa la carpeta del DIT involucrado con su documentación complementaria. A fs. 19 en fecha 06/12/2007 se dispone la instrucción del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 20, la Nota DVSAPLA 4892/08 peticiona a la Aduana de San Luis la remisión de los originales o copias certificadas de los permisos de embarque indicados en listado adjunto, así como su sobre contenedor y documentación complementaria. A continuación se agrega el Alcance N° 608514-444-2005/1 por el que la Aduana de San Luis solicita que se indique a qué permisos de embarque pertenecen las carpetas mencionadas.
A fs. 23, el 11/04/2012 se remiten las actuaciones a la División Verificación a efectos de que informe el valor en aduana de la mercadería, su posición arancelaria y demás tributos que gravaren su importación a la fecha de la infracción. A fs. 24, dicha dependencia informa posición arancelaria, tributos y hace saber que la mercadería era de importación permitida por el régimen general. A fs. 25 se practica liquidación de tributos y se determina el monto de la multa. A fs. 26/27 se agregan prints de pantalla de consulta de presupuesto general y de garantía global o unitaria. A fs. 28 el 19/09/2012 se corre vista a la imputada en los términos del art. 1101 del C.A., que se notifica el 10/10/2012.
A fs. 36/37 la firma contesta la vista y acompaña documentación que se glosa a fs. 38/44. A fs. 46 se tiene por presentada a dicha parte y se pasan las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos a efectos de que informe si la DIT involucrada en la causa se encontraría cancelada en tiempo y forma. A fs. 47 la Sección Procedimientos Técnicos emite la Nota N° 6091/12 (SE PRTE) a través de la cual concluye que la mercadería en infracción asciende a 2840 unidades. A fs. 48 se practica nueva liquidación de tributos y multa. A fs. 49/52 se agrega consulta de antecedentes al registro general de infractores. A fs. 53/55, el 23/11/2012 se dicta la Resolución DE PRLA N° 8440/2012 que se notifica a la importadora el 26/02/2013 (fs. 58).
A fs. 60/61 la recurrente acredita la interposición de recurso ante esta instancia.
V. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., respecto de 2840 unidades de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 01 001 IT14 001251 P, registrado por la firma importadora NIZA S.A. ante la Aduana de Bs. As., el 06/03/2001, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 04/03/2022.
VI. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido. Que tanto el referido Decreto 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria.
Que, al respecto, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)” (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Decreto 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis. Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A. Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que, existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96). A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”.
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9º de la Resolución M.E y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaría cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio”.
VII. Que, previo a todo, cabe señalar, que de la compulsa de las actuaciones administrativas, surge que no procede la acción intentada por el fisco para perseguir el cobro de multa y de los tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería ingresada temporalmente mediante la destinación N° 01 001 IT14 001251 P, por encontrarse esta prescripta, atento a la nulidad del auto de instrucción de sumario (de fs. 19 de las act. adm.)
Que cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa "La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años" comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y específicamente en su inc. a) determina como tal al "...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario;..."
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que "Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera", comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A. se suspende: "...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;..."
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso de autos, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que el art. 1094 del C.A. establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
Que, dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura. Que a fs. 19 del expediente administrativo obra el auto de instrucción de sumario de fecha 06/12/2007. De su compulsa resulta claramente que, si bien se refirió a la presunta infracción imputada a la importadora, el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del CA para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto.
Que, en efecto, el auto de apertura de sumario de fecha 06/12/2007 expresa: “VISTO la denuncia efectuada por la COMISION CAUSA N° 21.149, por la que se da cuenta que la firma NIZA S.A. (C.U.I.T. N° 30-62241762-2) no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante el Despacho de Importación Temporal N° 01 001 IT14 001251 P (vto.: 04/03/2002) lo cual configuraría la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, DISPONESE LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO, en los términos del artículo 1090 inciso c) del citado texto legal. Previo a todo trámite, Líbrese Nota a la Aduana de San Luis, a fin de que acompañe las carpetas originales y/o copias certificadas de los permisos de embarque que se mencionan en la Declaración Jurada de Insumos de fs. 2”. Que corresponde resaltar que lo actuado en autos ha sido en contradicción a lo establecido en el referido art. 1094 del C.A., de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan, circunstancias que tuvieron lugar con posterioridad a la instrucción.
Así las cosas, según las constancias cronológicas del expediente administrativo, la clasificación y valoración de la mercadería fue realizada entre el 13/04/2012 y el 17/04/2012 (ver fs. 23 vta. y fs. 24 y vta., de las act. adm.), y a su turno, la liquidación de los tributos se practicó entre el 17/04/2012 y 19/09/2012 (ver fs. 24 vta., 25 y 26), todo ello con posterioridad a la instrucción del sumario.
Que la importancia del cumplimiento por parte del servicio aduanero de los requisitos establecidos en el artículo 1094 del C.A. radica en el hecho de que el administrado pueda conocer, con carácter previo a la presentación de su defensa, los hechos investigados, el resultado de la verificación, clasificación, valoración de la mercadería involucrada, así como también la liquidación de los tributos y las posibles medidas cautelares.
Que, conforme el criterio sostenido por el Dr. Segura en su voto en minoría, en la causa “CEARCA S.A., c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de esta Sala (con una composición diferente a la actual), estimo que, por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 06/12/2007 -obrante a fs. 19 de las act. adm.- el mismo es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, por estar en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094 del C.A.
Que, en virtud de lo manifestado, al ser nulo el acto de apertura de sumario de fecha 06/12/2007, carece de aptitud para suspender y/o interrumpir la prescripción de la acción para imponer penas y perseguir el cobro de tributos en los términos de los arts. 937 inc. A) del C.A. y 805 inc. a) del C.A.
Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 04/03/2002 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción es de 5 años tanto para imponer penas (conf. Art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2003, en los términos de los arts. 935 y 804 del C.A. y no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2007, careciendo de aptitud interruptiva y suspensiva de la prescripción, el acto de apertura de sumario de fecha 06/12/2007, por las razones ya expresadas en el párrafo precedente.
Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que en este caso la vista conferida no pudo subsanar las irregularidades del auto de fs. 19 de las act. adm., atento a que ella se dispuso en fecha 19/09/2012 (ver fs. 28 de las act. adm.), una vez operada ampliamente la prescripción.
Destaco que este mismo sentido se expidió la Sala “E” de este Tribunal, en la causa “Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A.”, expte. Nº 27.525-A, cuando, en una causa análoga a la de autos, expresó: “el auto de fecha 29.12.04 (v. fs. 18 ant. adm.) constituye un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario. Nótese que ni siquiera se han determinado los hechos constitutivos de la infracción, como exige el art. 1094 del C.A. En consecuencia, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.)...”. “Que, conforme lo expuesto, cabe declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas en lo que hace a la firma recurrente (conf. art. 946 del C.A.) puesto que, al no haber habido interrupción de la prescripción de la acción fiscal, la resolución DE PRLA Nº 8955/09 es extemporánea”.
Que, por otro lado, no podría afirmarse que la fulminación del acto declarado nulo constituya una declaración de nulidad por la nulidad misma “puesto que corresponde considerar el agravio que señala la recurrente, cual es el de la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas. Habiendo agravios concretos, la nulidad no se decreta ritualmente” (esto último, conforme la ya referida sentencia).
Siguiendo este mismo criterio en la causa caratulada “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA Y ACUM.
c/ DGA s/ recurso de apelación.” Expte.:29.422-A. (17/04/2012). (Sala “E”) se dispuso: “...que el auto de apertura del sumario del 22/11/2005 (fs. 38 de los ant. adm.) no pudo suspender la prescripción en los términos del art. 805, inc. a) del CA, toda vez que no reúne los requisitos del art. 1094, inc. d), del CA en cuanto a la liquidación de los tributos que pudieren corresponder, ni esos tributos habían sido liquidados con anterioridad. Que tampoco se corrió vista antes del 1°/01/2008, en la cual obrara la liquidación tributaria. De haberse corrido ese tipo de vista, con anterioridad a esa fecha, se hubiera subsanado la falencia del auto de apertura del sumario”.
Que cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en los autos: “Agencia Marítima TAGSA S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”. Expte.:40.306/13 (18/03/2014), señaló que para que el acto de apertura de sumario sea válido es necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente, art. 1094 del C.A. En este sentido resolvió de acuerdo al criterio adoptado por la Sala IV, en los autos: “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27435-A) c/ D.G.A.” del 11 de junio de 2.013 (sentencia que quedó firme, por haber sido declarado inadmisible por la C.S.J.N. el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con fecha 4/02/2014)”. “...Señaló que para que el auto de apertura del sumario tuviera tal virtualidad, debía tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reuniera los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente. Así, subrayó que el art. 1094 del C. A. identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario, e indica -en tal sentido- que “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
Concluyó que resulta imperativo cumplir con aquellos requisitos para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado de pago ejercer correctamente su defensa; por el contrario, la falta de alguno de ellos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (confr. también Sala IV in re: Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA” y en similar sentido, Sala I in re “Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.”, sentencia del 23/02/10)...”. Manteniendo, idéntico criterio en las causas: “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 27/4/17; 39183/17 “Gibaut Hnos. Manufacturas de Cuero SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 19/12/17; y 88231/2017 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 15/3/18, entre otras).
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, Sala III, en la causa “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28874-A C/ DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. 55478/2019, se explayó acerca de la interpretación que la sala, le ha asignado al art. 1094 inc. d) del C.A.: “En efecto, ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular (…) y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas (conf. in re, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF28836-A) c/ DGA”, Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013). (…) Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero (esta Sala, causa “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.” citada).
Que, con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 01 001 IT14 001251 P, con costas a la DGA.
VIII. Que atento la forma en que se resuelve el presente, torna inoficioso el examen de las demás cuestiones planteadas.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y de todo lo actuado en consecuencia (Resolución DE PRLA N° 8440/2012 recaída en la Actuación N° 608514-444-2005) en los términos de lo dispuesto en el Considerando VII.- del presente.
2. Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT Nº 01 001 IT14 001251 P, en la Actuación Nº 608514-444-2005, conf. arts. 803, 934 y conc. del C.A.
3. Costas a la D.G.A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad SE
1. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y de todo lo actuado en consecuencia (Resolución DE PRLA N° 8440/2012 recaída en la Actuación N° 608514-444-2005) en los términos de lo dispuesto en el Considerando VII.- del presente.
2. Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT Nº 01 001 IT14 001251 P, en la Actuación Nº 608514-444-2005, conf. arts. 803, 934 y conc. del C.A.
3. Costas a la D.G.A.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2022.09.14 11:56:45 ART Date: 2022.09.14 14:11:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.14 17:11:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.14 17:14:06 -03:00
Fin de la sentencia