Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 22.820-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de falta de legitimación y nulidad opuestas por la actora, con costas.
2Revocar la resolución apelada en lo que respecta a la determinación de oficio por el período fiscal 1997, con costas.
3Confirmar la resolución apelada respecto al período fiscal 2000, con más los intereses resarcitorios correspondientes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-36638153-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 27 de Abril de 2021 - 22.820-I)
En el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación), Juan Carlos Vicchi (Vocal Titular de la 9° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver en el Expediente Nro. 22.820-I, caratulado “NOBLE MITRE DE SAGUIER, MATILDE ANA MARÍA s/ recurso de apelación”.
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 329/361 se interpuso recurso de apelación contra la resolución del 23/12/2003, dictada por la Jefa de la División Determinaciones de Oficio de la Sub Dirección General de Operaciones Impositivas III de la AFIP-DGI, que determinó de oficio Impuesto a las Ganancias (IG) de los períodos fiscales 1997 y 2000, intimó su pago con más intereses resarcitorios de ambos períodos, calculados a la fecha de la resolución e hizo expresa reserva de la eventual aplicación de sanciones (cfme. art. 20, ley 24.769).
I. a) La actora opuso primeramente como de previo y especial pronunciamiento excepción de nulidad por violación del procedimiento y de los actos dictados en consecuencia con relación al período fiscal 1997, con fundamento en las limitaciones impuestas por el llamado “bloqueo fiscal” y, sobre esa base, planteó la falta de legitimación del fisco para determinar impuesto, considerando inválido el acto apelado respecto de dicho período, ya que no se modificaron los resultados impositivos del período fiscal 2000 al presentar la declaración jurada rectificativa, y ésta no fue impugnada dentro de los 60 días corridos de su presentación, por lo que –según el criterio de la actora- no se daría el supuesto fijado por el art. 119 de la ley 11.683, como así tampoco lo indicado en el dictamen 39/2001. Además, indicó que el período fiscal 1997 no estuvo incluido en la “Orden de Intervención” oportunamente librada por el fisco.
Expuso que en el informe final de inspección se habría reconocido que se encontraba alcanzada por las limitaciones establecidas por el régimen de “bloqueo fiscal” y el período base era el período 2000, pero que la presentación de la declaración jurada rectificativa de este período habría hecho caer el beneficio del bloqueo. Indicó que presentó recurso de revocatoria solicitando que se deje sin efecto la apertura a prueba hasta tanto el fisco se pronuncie sobre la procedencia de la defensa de falta de acción originada en el “bloqueo fiscal” pero que fue rechazado. Se agravió, porque debió producir pruebas respecto de un período fiscal que se encontraba bloqueado.
Asimismo, planteó que el dictamen jurídico -dispuesto por el art. 10 del dto. 618/97- carece de fundamentación y objetó el cierre abrupto del período probatorio, so pretexto de prescripción inminente, la ausencia de ponderación de la prueba rendida y los cambios argumentales -relacionados con la documentación aportada en la instancia anterior-, que pasaron de la simulación de los actos jurídicos a la realidad económica y de ésta a la ganancia presunta, sobre la base de un incremento patrimonial no justificado, cuando de la prueba allegada se encontraba acreditado que los actos y contratos concertados con el Clariden Bank y Barton Corp. son auténticos.
Planteó, además, la nulidad por coacción sobre la voluntad del funcionario (violencia moral) al sostener que la decisión de la jueza administrativa no habría sido libremente adoptada, en tanto desechó razones valederas por el hipotético peligro de que prescribiera el período 1997 lo que le restó ecuanimidad a dicha resolución, por lo cual, entendió que el acto apelado adolece de ilegalidad e invalidez intrínseca. También resaltó lo que a su juicio es una grave inconsistencia en la línea argumental del fisco consistente en que no cuestionó determinados préstamos (otorgados por Clariden Bank a partir de 1995) pese a que con ellos se adquirió el paquete accionario de S.A. La Nación y que se acreditó en el descargo que dicha institución financiera les pagó el precio a los accionistas directamente, siendo que tales préstamos son el antecedente necesario de la integración como socio en MNMS Holding S.A. de Barton Corp. al subrogarse éste en el crédito del Banco mediante el pago de la deuda de aquélla y capitalizar su monto en la mentada sociedad holding.
I. b) Sobre el fondo de asunto, la actora expuso los agravios referidos a la determinación de ambos períodos fiscales cuestionados, 1997 y 2000.
En el caso del período fiscal 1997 lo hizo en subsidio de la nulidad articulada. Así, en su recurso de apelación explicó que frente a la gran atomización del capital accionario de S.A. La Nación -editora del diario La Nación-, que afectaba la toma de decisiones, se contrató una consultora -Price Waterhouse & Co- quien aconsejó que previo a cualquier reorganización era preciso que un grupo homogéneo lograra la tenencia de un porcentaje de participación que le permita el control societario con el fin de lograr la permanencia de la actividad de la sociedad. Frente a ello, la recurrente –Sra. Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier- que recibió por herencia la mayor participación, estaba en mejores condiciones para adquirir a otros accionistas minoritarios sus participaciones para tomar el control societario con el objetivo de lograr un proceso de reorganización de acuerdo con lo proyectado por la consultora referida para obtener una rentabilidad razonable.
A dicho fin, el 5 y 12/1/1995 la recurrente formuló sendas ofertas de compra a un grupo de accionistas de S.A. La Nación, pero para llevar a cabo tal operatoria -y ante la falta de recursos financierosrecurrió a entidades financieras que le concedieran créditos, y con la posibilidad de reunir a inversores que sólo pretendiesen obtener una rentabilidad razonable de su inversión, sin aspirar a tomar intervención en las decisiones societarias. Así logró un acuerdo con el Clariden Bank AG de Zurich, Suiza, que facilitaría los créditos puente necesarios para la compra de acciones, habiendo integrado dicho Banco a un grupo de inversores, Barton Corp. - sociedad constituida en las Islas Cayman-, firmando el 7/3/1995 una Carta Acuerdo (letteer Agreement) entre Clariden Bank AG y la Sra. Matilde Noble Mitre de Saguier. Señaló la recurrente, que los fondos para la compra de las acciones de S.A. La Nación provinieron de dos préstamos otorgados por el Clariden Bank AG de fecha 07/03/1995 y 1/9/1995 (credit agreement) por un monto total de U$S 31.966.772, ambos instrumentados mediante contratos de mutuo, constituyéndose en garantía a favor del Clariden Bank AG, un derecho real de prenda sobre sus tenencias de capital social de S.A. La Nación (pledge agreement). Asimismo, la recurrente se comprometió a constituir una sociedad holding en la Argentina que pasaría a ser la controlante de S.A. La Nación, aportarle la totalidad de su tenencia accionaria y ceder el 50% de las acciones a la sociedad designada por Clariden Bank AG constituida por un grupo inversor reunido por el mismo banco, que al momento del acuerdo ya había unificado su representación en una sociedad denominada Barton Corporation, constituida en las Islas Cayman.
Adujo que la firma del convenio con Barton Corporation se celebró simultáneamente con la Carta Acuerdo, al igual que el contrato de préstamo del Clariden Bank a la Sra. de Saguier y el contrato de prenda de las acciones en garantía del préstamo, todos suscriptos con fecha 7/3/1995, en la ciudad de Zürich, Suiza. Agregó, que también se comprometió a aumentar el capital de la sociedad holding, controlante de S.A. La Nación, que debía suscribir e integrar el grupo inversor Barton Corporation, en la medida necesaria para cubrir las cuotas adeudadas en concepto de pago diferido del saldo de precio por la compra de las acciones, de acuerdo al compromiso asumido por la Sra. de Saguier con los vendedores.
En cuanto a las obligaciones asumidas por las partes, señaló que el 11/10/1995 se constituyó la sociedad holding, con la denominación de MNMS Holding S.A. y con fecha 15/12/1995 la Sra. de Saguier le cedió todos los derechos y obligaciones de los contratos de préstamos de fecha 7/3/1995 y 1/9/1995, otorgados por el Clariden Bank AG y con su expreso consentimiento, incluido el contrato de prenda y el pago de saldo de precio por las acciones adicionales adquiridas. Relató que con fecha 4/1/1996 MNMS Holging S.A. adquirió acciones representativas de aproximadamente el 11% de S.A. La Nación por un punto porcentual significativamente inferior al precio pagado por las acciones que permitieron tomar el control de S.A.
La Nación, a pagar en tres cuotas mediante transferencia efectuada por el citado banco a la cuenta indicada por el vendedor en el Banco Supervielle Societe Generale. Continuó relatando que en 2/1996, de acuerdo a lo convenido en la Carta Acuerdo (Letter Agreement) del 7/3/1995, se aumentó el capital de MNMS Holding S.A. y Barton Corporation suscribió e integró el total del capital (U$S 36.800.000), igualando con una parte del monto total, las tenencias de la Sra. de Saguier y correspondiendo -el monto restante- a prima de emisión. Tal aporte más la prima de emisión fueron realizados mediante depósito en la cuenta de la que era titular MNMS Holding S.A. en el Clariden Bank AG de Zürich, Suiza.
Destacó, que los fondos provenientes del aporte efectuado de conformidad con la “Letter Agreement” fueron destinados por MNMS Holding S.A., en parte, a la cancelación de sus deudas con el Clariden Bank mediante débito en la cuenta de dicha sociedad en ese banco, y el excedente, a la cancelación parcial de las deudas por saldo de precio originadas en la compra de acciones de S.A. La Nación. El 13/6/1997, se resolvió aumentar el capital social mediante la capitalización de anticipos irrevocables para futuros aumentos de capital efectuados por partes iguales por la Sra. de Saguier y Barton Corporation. Afirmó, que dichos anticipos fueron aportados oportunamente por los dos accionistas mencionados para posibilitar a MNMS Holding la compra de acciones de S.A.
La Nación a la familia Solanas.
Por su parte, con fecha 8/7/1997 se decidió un nuevo aumento de capital, el que fue suscripto e integrado por Barton Corporation ($ 51.978.086), cuya suma fue depositada por Barton Corporation en la cuenta de MNMS Holding S.A. en el Clariden Bank AG, Zürich, Suiza. A consecuencia de ello, se modificaron las participaciones societarias en la sociedad holding pasando Barton Corporation a poseer aproximadamente el 73% y el grupo de la Sra. de Saguier y sus hijos un porcentaje cercano al 27%. Ello así, en virtud del convenio entre la Sra. de Saguier y Barton Corporation por el cual cada parte mantendría el 50% de participación en el Holding, con fecha 15/07/1997 Barton Corporation otorgó al grupo Saguier una opción de compra de acciones de MNMS Holding S.A. equivalente aproximadamente al 23%, que fue ejercida el 16/7/1997 y para el pago del precio la vendedora le otorgó financiación a la compradora mediante el pago diferido del precio convenido, mediante un contrato de crédito celebrado en la ciudad de New York, EEUU, el 16/7/1997, suscripto por el Sr. Alejandro Julio Saguier, apoderado de la actora y por el Sr. Rodrigo A. Moreno, apoderado de Barton Corporation. En la misma fecha y entre las mismas partes se suscribió también en New York un contrato de prenda (pledge agreement) mediante el cual se garantizó, con derecho real de prenda sobre las acciones vendidas, el pago del crédito concedido. Ambos acuerdos fueron posteriormente ratificados por la Sra. de Saguier el 25/8/1997. La actora, puntualizó que el 4/11/1998, en cumplimiento de una obligación asumida con el Clariden Bank AG con la conformidad de Barton Corp., la Sra. de Saguier y sus dos hijos, constituyeron una sociedad denominada “Matilde Saguier Corp.” constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con el objeto de recibir el aporte de las tenencias accionarias de la Sra. de Saguier y sus dos hijos en MNMS Holding para eliminar el riesgo que significaba que dichas acciones estuviesen en poder de una persona física, haciendo notar que dicha sociedad fue inscripta en la Inspección General de Justicia, que posee acciones nominativas y han sido declaradas por sus titulares (la actora, Alejandro Julio Saguier y Julio César Saguier), no obstante, en los hechos, el objeto no se cumplió, por no haber servido al propósito perseguido, dejándose finalmente inoperante al constituirse un trust en Nueva York que pasó a ser el titular del 50% de las tenencias accionarias de MNMS Holding S.A.
Relató que con fecha 6/11/1998, Barton Corp. y la Sra. de Saguier suscribieron una modificación del Contrato de Préstamo (Amendment to Credit Agreement) en Nueva York, firmada por el Sr. Alejandro Julio Saguier y por el Sr. Luis López Alfaro, representante de Barton Corp., mediante el cual Matilde Saguier Corp. asume la deuda que mantenía con Barton Corp., constituyéndose la Sra. de Saguier en garante y codeudora de dicha sociedad. Es decir, en los hechos la Sra. de Saguier continuaba siendo la deudora de Barton Corp., pero además, el 6/11/1998 fueron depositadas en una “Escrow account” del Bank of New York las acciones en garantía gravadas con derecho real de prenda a favor de Barton Corp.
Describió la apelante, que de acuerdo con el contrato la cancelación del crédito quedaba sujeta a los dividendos que percibiera la Sra. de Saguier en su carácter de titular de las acciones vendidas, dividendos prácticamente inexistentes, atento los resultados arrojados por S.A. La Nación en los últimos años, consecuencia de la recesión económica que afectaba al país.
Destacó que las modificaciones al contrato sólo se referían a la fecha de vencimiento de determinadas cuotas, pero se mantuvieron los restantes términos y condiciones, al igual que las garantías otorgadas. Se explicó que la actora se encontraba renegociando el pago del saldo adeudado, ya que la modificación de la paridad cambiaria y la profunda crisis económico-financiera que afectó a la Argentina, imposibilitaron el cumplimiento de las obligaciones de pago en la forma comprometida. En este sentido, afirmó que sólo se pudo hacer efectivo el pago de la primer cuota de un total de diez.
La recurrente, señaló que luego de considerar que la tenencia de acciones de MNMS Holding S.A. en cabeza de Matilde Saguier Corp. era la única razón de la existencia de esta sociedad y toda vez que en los hechos no se había cumplido su objeto, decidió constituir en Nueva York -y con el acuerdo de Barton Corp- un fideicomiso hereditario sobre dichas acciones y sobre los dividendos que correspondan sobre ellas, denominado “Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier Living Trust”. Relató que sobre las acciones aportadas al fideicomiso se constituyó el derecho real de usufructo en los términos del art. 218 de la ley 19.550, el cual incluyó exclusivamente el derecho a las utilidades y dividendos en efectivo futuros correspondientes a dichas acciones, devengados a partir del 1/1/2000 y el mismo se constituyó a favor de distintos beneficiarios, de la siguiente manera: 1) de los dividendos en efectivo que anualmente distribuyera MNMS Holding S.A. a favor de la Sra. de Saguier: los primeros u$s 2.987.000.- de cada distribución corresponderían en forma total y exclusiva a la Sra. de Saguier y serían destinados a la cancelación del saldo de la deuda que la misma contrajo con Barton Corp. por el pago diferido de las acciones adquiridas de MNMS Holding S.A. y 2) el saldo restante de los dividendos en efectivo que se perciban se distribuirá en un 94% también para la actora y el 6% para los restantes usufructuarios, a razón de 1% para cada uno de sus seis hijos.
A continuación, expresó sus agravios respecto de los ajustes practicados, considerando que por el período fiscal 1997 el fisco estructuró toda su pretensión en base a conjeturas y sospechas, todo lo cual surgiría de los antecedentes administrativos, es decir, del informe de inspección, de la resolución de “vista” y los fundamentos del acto apelado. Negó que se trate de un acto simulado, ni que deba aplicarse el método de la realidad económica, en tanto afirma que se probó acabadamente que el inversor -con cuyos fondos adquirió las acciones de S.A. La Nación- fue Barton Corp, quedando sin sustento el indicio de que se vale el legislador para arribar a la presunción que describe el art. 18, inc. f) de la LIG. De esta manera, consideró que la realidad económica no puede servir de fundamento del ajuste apelado porque el fisco no demostró la existencia del negocio oculto, es decir, el incremento patrimonial no justificado que le atribuyó, y que, a su juicio, no es tal, como tampoco que los contratos cerrados con Clariden Bank y Barton Corp. persiguieran otra finalidad que no fuera la adquisición de las acciones de S.A. La Nación.
Controvirtió que haya habido ingreso de fondos, a excepción del préstamo puente realizado por el Clariden Bank con el cual se pagaron las acciones adquiridas a los accionistas de S.A. La Nación, que sin embargo no es tal operación a la que se refiere la resolución apelada, ya que el Clariden Bank no era un banco situado en un paraíso fiscal, sino un banco de primera línea hoy absorbido por el Credit Suisse. Destacó, que la resolución se refirió a Barton Corp, persona jurídica fundada en Islas Cayman, respecto de la cual asegura que no existió movimiento de fondos entre MNMS Holding S.A. y Barton Corp porque ésta pagó la deuda de MNMS Holding S.A. con el Clariden Bank al propio banco mencionado y, por efecto de la subrogación de deuda, capitalizó el importe arriba señalado en el citado holding, lo que, asegura, surge de la pericia contable rendida en sede administrativa.
Argumentó que la mención de que Barton Corp fue constituida en un paraíso fiscal insinúa el intento de aplicar de manera retroactiva la norma incorporada a continuación del art. 18 de la ley 11.683 por el punto V, del art. 1° de la ley 25.795, que agregó la presunción de que los fondos originados en países de baja o nula tributación constituyen incrementos patrimoniales, lo que entiende absolutamente improcedente por razones de vigencia de la ley que supone una inversión de carga probatoria inexistente a la fecha de los hechos. Destacó que tampoco sería aplicable dicha norma, ya que los fondos se originaron en el Clariden Bank que no responde a los indicios que considera la nueva ley para desencadenar su consecuencia, calificando al acto apelado de arbitrario por no haber respetado el principio de legalidad que rige en materia impositiva y que no puede ser reemplazado por la “sana crítica” como pretende el ente fiscal, que sirve para probar un hecho imponible. Con relación al período fiscal 2000, la recurrente se agravió puntualmente de que el fisco le atribuyó haber dado a su negocio formas jurídicas que luego dejó de lado, y en cuanto a la aplicación del principio de la realidad económica por parte del ente fiscal, el apoderado de la recurrente señaló que aunque se acredite que los fondos exteriorizados por la Sra. de Saguier provinieron de dividendos no gravados en la LIG, la jueza administrativa consideró que igualmente debió pagar el impuesto y ser condenada por evasión, haciendo alusión a la denuncia penal efectuada por el fisco, por lo que consideró que dicha jueza resolvió el caso con mucha facilidad.
Alegó en su defensa que en sede administrativa probó, mediante pericial contable, que la suma indicada como renta exenta en su declaración jurada del período fiscal 2000 y luego declarada como “pasivo” en el mismo período fiscal, era parte del dividendo distribuido por S.A. La Nación, percibido por su accionista mayoritario MNMS Holding S.A., sociedad en la cual la actora poseía el 50% del capital. Agregó que del dividendo puesto a disposición de sus accionistas en el año 2000 por S.A. La Nación, aproximadamente un 65% de las tenencias accionarias con derecho al cobro de dividendos correspondía a MNMS Holding S.A., cuya percepción en fechas y montos detalló, y expresó que tales importes fueron depositados en la cuenta corriente del Banco Galicia, cuyo titular era MNMS Holding S.A. y que del mencionado importe, correspondió a la recurrente el 50% por su participación accionaria en la holding, y fue repartido entre sus dos accionistas, la Sra. de Saguier y Barton Corp. Describió, que los dividendos fueron abonados en forma directa a la actora en distintas partidas, en su mayor parte en cheque contra Banco Galicia y la suma de $ 844.181, 49.- aplicados al pago de Impuesto sobre los Bienes Personales (IBP), actuando MNMS Holding S.A. como responsable sustituto, todo lo cual luce debidamente detallado en el Anexo II de la pericia contable, que no mereció ningún tipo de objeción. Asimismo, puntualizó que todos los pagos de dividendos distribuidos por MNMS Holding S.A. fueron efectuados directamente a su conferente y en ningún caso hubo transferencias al exterior a favor de Matilde de Saguier Corp., es decir, que esta sociedad no fue ni beneficiaria ni receptora de suma alguna abonada por MNMS Holding S.A. como dividendos, ni por ningún otro concepto. Por ende, tampoco dicha sociedad puso nunca a disposición ni efectuó pago alguno de dividendos a sus accionistas. Finalmente, reiteró lo ya expresado en cuanto a que la firma Matilde de Saguier Corp. fue virtual y no llegó a cumplir su objetivo, que esta realidad probada es la que no quiso reconocer el ente fiscal bajo el pretexto de que la realidad económica sólo opera a favor del fisco. Acompañó prueba documental, propuso informativa, y por los argumentos que desarrolló, pidió que se trate como de previo y especial pronunciamiento la nulidad articulada y en subsidio se revoque la resolución apelada, con costas, e hizo reserva del caso federal.
II. Que a fs. 362/394 contestó el traslado del recurso el fisco nacional, luego de efectuar varias observaciones preliminares, contestó las excepciones de previo y especial pronunciamiento, sosteniendo la improcedencia de la nulidad por violación del procedimiento, argumentando que del juego armónico de los artículos 113, 117 y 118 de la ley 11.683 la determinación de oficio del ejercicio 2000 no se encontraba amparada por el régimen de “bloqueo fiscal”, haciendo alusión a la presentación de la declaración jurada rectificativa durante la fiscalización y la existencia de la denuncia penal que fue reconocida por la actora, entendiendo por ello que se encontraba legitimado para determinar de oficio el ejercicio 1997. Asimismo, planteó que no procede considerar al dictamen jurídico como falto de fundamentación, ni tampoco resulta ser un acto susceptible de impugnación, agregando que la clausura del período de prueba fue merituada en el acto recurrido, al igual que la valoración de la prueba producida, considerando que la resolución aquí discutida guarda congruencia. Sobre la falta de acción que opuso la actora, la apoderada fiscal negó que se haya encontrado viciada la voluntad de la funcionaria firmante y citó doctrina en apoyo de sus dichos.
En cuanto al fondo de la causa, sostuvo que el caso se vincula a un ajuste practicado en el IG por los períodos 1997 y 2000, que trata por separado.
Respecto del período fiscal 1997, la representante fiscal manifestó que el ajuste se vincula a la impugnación de la operación de capitalización de Barton Corp. en MNMS Holding S.A. para cancelar pasivos que habrían sido contraídos por la actora ante el Clariden Bank AG de Suiza, considerando que dicha operatoria carecería de probanzas idóneas para su deducción, como así también un contrato de préstamo ulterior para igualar tenencias accionarias entre la actora y Barton Corp., al 50% del stock accionario de MNMS Holding S.A., con motivo del precitado aporte. Continúa refiriendo el raconto ya efectuado por la actora en cuanto a su necesidad de financiamiento y a los documentos firmados. Al respecto, destacó que ninguno de los instrumentos invocados tienen el valor probatorio que pretende la actora y que el pasivo cuestionado resulta de un supuesto contrato que en definitiva consiste en un acto jurídico y en relación a la oponibilidad frente a terceros, considera que debe entenderse que el art. 208 del (ex) Cód. Com. se integra con lo establecido en los arts. 1034 y 1035 del (ex) Cód. Civ.; sosteniendo que debe aplicarse el art. 2246 de este último y que de lo allí establecido se desprende que si no existe instrumento privado o público con fecha cierta, el contrato será inoponible a terceros por no reunir ninguno de los supuestos previstos en el citado art. 1035. En tal sentido, expuso el fisco, que previo a analizar las probanzas de autos, vinculadas a los movimientos de fondos en el exterior y la identidad de los aportantes, era necesario acreditar el valor probatorio de los elementos que sustentan las operaciones controvertidas. Destacó que para el período en cuestión no se evidencia la existencia de certificaciones a través del Consulado Argentino en el exterior ni el apostillado correspondiente, que resultan ser los medios idóneos en la práctica comercial internacional para dotar a los instrumentos de fecha cierta. Indicó que de la compulsa de la documentación aportada por la actora, casi la totalidad de la misma carece de apostillados y legalizaciones de los períodos en que la misma pretende hacerse valer, resultando legalizadas y apostilladas tiempo después. Es por ello que sostuvo que la pretensión de la actora no puede prosperar, puesto que el giro comercial en su conjunto carece de pruebas fehacientes.
Destacó que el socio de la recurrente, MNMS Holding S.A., es una empresa constituida en un paraíso fiscal, y que, de acuerdo al informe que citó, las prácticas mercantiles vinculadas a estos territorios producen consecuencias negativas provocadas por la denominada “competencia fiscal nociva”. Al respecto, invocó jurisprudencia que sostiene que cuando se invoca un préstamo acordado por una empresa del exterior, más precisamente un paraíso fiscal, se deben acreditar fehacientemente dos extremos: a) la introducción de tales capitales al país y b) el origen de los fondos, además de que un negocio jurídico con una sociedad vinculada domiciliada en un “paraíso fiscal” requiere que se acredite que no se trata de una sociedad ficticia, montada y constituida con motivos de fraude, extremos que, según el fisco, no fueron acreditados en autos. Adujo que no se probó el ingreso de fondos, en atención a la falta de valor probatorio de los documentos que sirven de base a toda la operación.
Con relación al origen de los fondos, el fisco sostuvo que a través de la sola invocación de las transferencias bancarias, únicamente pueden inferirse circunstancias tales como la cuantía, existencia y traslado de los importes pero no su procedencia, y faltarían otras probanzas graves, precisas y concordantes que acrediten el efectivo origen de los fondos involucrados en toda la operación. Por otra parte, el fisco afirmó que mediante un proceso de recopilación e interpretación de la información obtenida -que dejó plasmado a través de los antecedentes administrativos que acompañó- se controvirtió la validez de las operaciones celebradas por la actora para adquirir parte del paquete accionario de S.A. La Nación porque no logró formar la convicción del juez administrativo interviniente en punto a considerar válidas dichas operaciones por los motivos que enumeró. Aseguró que no existió arbitrariedad al no haberse efectuado una valoración efectiva de la prueba rendida en el expediente, puesto que se consideraron en cada etapa del procedimiento determinativo los distintos elementos aportados por la actora. Destacó que la apertura a prueba en sede administrativa se efectuó con toda la amplitud necesaria y se hizo mérito de los elementos producidos.
En cuanto al período fiscal 2000, expresó que ante el requerimiento de la inspección actuante a efectos de verificar los ingresos exentos o no gravados consignados en la declaración jurada del período en trato, la actora aportó un detalle de la composición de las rentas exentas declaradas, en la que se incluyó la suma cuestionada en autos, cuyo origen radicaba en dividendos pagados de la firma Matilde Saguier Corp.-Islas Vírgenes Británicas. Respecto al criterio utilizado para conceptuar dichas rentas como exentas, el fisco sostuvo que se trató de un error de interpretación en el tratamiento dispensado por la actora al dinero recibido de parte de Matilde Saguier Corp., puesto que no se trató de un dividendo, sino de la recepción de un monto que fue entregado a la Sra. Matilde Noble Mitre por dicha sociedad, para que lo destine al pago de una deuda que Matilde Saguier Corp. mantiene con Barton Corp. Adujo que al ser ello así y por no haberse acreditado la existencia de un pasivo, la suma en cuestión corresponde a dividendos percibidos de una sociedad del exterior, y por ende, se efectuó el ajuste.
Respecto del agravio de la recurrente relativo a la conceptualización del principio interpretativo de la realidad económica, sostuvo que -siguiendo la lógica argumental descripta por la actora-, la existencia de Matilde Saguier Corp., sociedad de un paraíso fiscal, que según sus dichos “fue sólo un estatuto”, no puede tener recepción favorable, ya que la operatividad de las supuestas empresas no se sustenta en probanzas fehacientes y porque fundamentalmente lo sostenido carece de toda seriedad. Por otro lado, no se ofreció probanza alguna que acredite la falta de operatividad de la empresa del exterior, como tampoco que no haya percibido dividendos. Aseguró que tampoco acreditó -como sostiene la apelante- que la suma consignada como exenta en su declaración jurada del período 2000 y luego declarada como pasivo en el mismo período, no era un dividendo distribuido por S.A.
La Nación, percibido por su accionista mayoritario MNMS Holding S.A. Remarcó que no se aportó en el recurso de apelación elemento probatorio alguno que acredite la veracidad de los dichos de la actora. Señaló que la recurrente pretende acreditar la operación a partir de notas simples remitidas supuestamente por Matilde Saguier Corp. firmadas aparentemente por Alejandro J. Saguier, quien no acreditó representación. Reiteró los fundamentos vertidos para los instrumentos que dieron sustento a las supuestas operaciones de préstamo. Con relación a la pericia ofrecida en sede administrativa, argumentó que el perito se limitó a formular una indicación laxa y genérica a las registraciones en los libros rubricados de la sociedad referida, sin precisar el libro, tomo y folio de donde obtuvo la información, ni los comprobantes respaldatorios, todo ello, además de señalar que dicho informe arrojó un resultado distinto al declarado.
Destacó que quien posee el 50% de MNMS Holding S.A. no es la actora, Sra. Matilde Noble Mitre de Saguier, sino Matilde Saguier Corp., de la que la actora posee el 99,6% del stock accionario. Adujo que el balance debidamente apostillado, incluye en su activo la cuenta Dividendos a Cobrar, que no se exteriorizó en el activo del ejercicio cerrado el 31/12/2000. Puso de relieve que la inspección observó entre los balances de Matilde Saguier Corp. una disminución patrimonial que se justificó con la referida distribución de dividendos. De ello concluyó que a los efectos del cobro de los dividendos, la sociedad es virtual e inexistente pero en un momento inmediato posterior reaparece y aquel monto que supuestamente cobró Matilde Noble Mitre, se transforma en un pasivo a favor de la sociedad situada en las Islas Cayman, situación que -según el fisco- no responde al principio de realidad económica.
Indicó que conforme surge de los actuados y en consonancia con la conducta seguida originalmente por la actora, los dividendos fueron pagados por Matilde Saguier Corp. a Matilde Noble Mitre de Saguier. Se opuso a la prueba ofrecida y propuso prueba pericial contable, solicitando por las razones de hecho y de derecho que expuso que se confirmen los intereses resarcitorios intimados por no haber sido materia de agravios y que oportunamente se dicte sentencia rechazando las excepciones opuestas como de previo y especial pronunciamiento, como así también el recurso incoado, con costas.
III – Que según surge de la copia del proveído agregado a fs. 328/vta. punto 1) del cuaderno de prueba agregado por cuerda al cuerpo 2 del expediente principal que fue reconstruido (vide fs. 413), se difirió el tratamiento de las excepciones de nulidad y falta de legitimación opuestas por la actora hasta el momento en que sea resuelta la cuestión de fondo y se dispuso abrir la causa a prueba requiriéndole a la actora que acompañe la traducción de aquella documental que fuera aportada en esta instancia en idioma extranjero, se admitió la prueba de informes y la pericial contable.
Mediante la presentación de fs. 1131/1268 la actora incorporó como hecho nuevo los pronunciamientos recaídos en los exptes. 2041/03 y 164/06 del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1, Secretaría N° 1, indicando que por ellos se dispuso sobreseer a la recurrente tanto por los ajustes efectuados con relación al IG del período 1997 (causa 2041/03) -incremento patrimonial no justificado-, como por los relativos al período fiscal 2000 -omisión de declarar ingresos gravados (dividendos de fuente extranjera)- respectivamente en los autos antes citados; y las testimoniales vertidas por la juez administrativa y los inspectores ante el juzgado penal.
A fs. 1281 se elevaron los autos a conocimiento de la Sala “C” y a fs. 1292 se pusieron los mismos para alegar, haciendo uso de su derecho la actora a fs. 1299/1308vta. y el fisco a fs. 1309/1319. A fs. 1323 se dispuso como medida para mejor proveer requerir al Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1 la remisión “ad effectum videndi et probandi” de los exptes. 2041/03 y 164/06 caratulados “Noble Mitre de Saguier, Matilde s/evasión Tributaria Simple” y “Noble Mitre de Saguier, Matilde Ana María s/Evasión Tributaria Simple”, respectivamente, lo que fue cumplido a fs. 1327.
Finalmente, a fs. 1337 se pusieron los autos para dictar sentencia.
IV– Que previo a todo corresponde resolver las excepciones de nulidad y falta de legitimación opuestas por la actora como de previo y especial pronunciamiento, cuyo tratamiento fuera diferido para esta oportunidad procesal.
La actora fundó tales defensas en que el procedimiento seguido por el fisco no se ajustó a derecho. Argumentó que se le determinó de oficio el período 1997 vulnerando lo establecido por la ley 11.683 -texto vigente al momento de los hechos- respecto del denominado “bloqueo fiscal”, por lo que consideró que no estaba legitimado para dictar el acto recurrido sobre tal ejercicio. Se amparó en que la declaración jurada rectificativa del período 2000 no modificó el resultado impositivo y además no fue impugnada dentro de los 60 días corridos de su presentación; y que el período 1997 no estaba incluido en la Orden de Intervención oportunamente librada. Asimismo, planteó que el dictamen jurídico carece de fundamentación, que la jueza administrativa cerró abruptamente el período de prueba so pretexto de prescripción inminente, sin ponderar la prueba rendida y, además, que existieron “cambios argumentales” por parte de dicha funcionaria, entendiendo que existió coacción sobre su voluntad, sosteniendo por todo ello que el acto dictado fue arbitrario.
A fin de seguir un orden en la exposición considero conveniente referirme a los agravios vertidos por la actora tal como se expusieran en el párrafo precedente.
IV.1. Que sobre la queja que se formula respecto a que el fisco determinó la obligación fiscal del período 1997 sin tener en consideración que se encontraba amparado por el denominado “bloqueo fiscal”, cabe recordar que el art. 117 de la ley 11.683 disponía -en el texto vigente al momento de los hechos- que para aquellos contribuyentes cuyos ingresos o patrimonios no superasen los montos fijados en el art. 127 de dicho cuerpo normativo, la fiscalización sólo podría extenderse hasta el último período anual por el que se hubiese presentado declaración jurada o en caso de tributos que no se liquiden anualmente, los períodos vencidos durante el transcurso de los últimos doce (12) meses calendario anteriores a la misma.
Por su parte, el art. 118 de la citada ley fijaba que hasta que la AFIP proceda a impugnar las declaraciones juradas mencionadas en el art. 117 y practique la determinación de oficio sobre dicho período (llamado “período base”), se presumirá, sin admitir prueba en contrario, la exactitud de las declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos anteriores no prescriptos, precisando en su segundo párrafo que “La presunción que establece este artículo no se aplicará respecto de las declaraciones juradas, originales o rectificativas, presentadas luego de iniciada la inspección, ni aun de las que lo hubieran sido antes de ella, si concurrieran las circunstancias indicadas en el primer párrafo, última parte, del artículo 113” (la cursiva me pertenece).
De las actuaciones administrativas surge que el fisco le cursó sendos requerimientos referidos al IG del período 2000 con fechas 31/8/2001 y 11/12/2001 (v. fs. 10 y 46, Cpo. Antecedentes, aa), habiéndose notificado la actora el 8/3/2002 de la fiscalización dispuesta el 27/2/2002 (v. F.8400 y F.8000, fs. 2 y 3, Cpo. Ppal. I, aa) y que el 22/5/2002 la recurrente presentó declaración jurada “rectificativa” del IG del período 2000 -período base- (v. copia de fs. 191, Cpo. Ppal. I, aa), lo que provocó la pérdida del beneficio del cerrojo o “bloqueo fiscal”, al ocurrir uno de los supuestos establecidos en el art. 118 citado, por cuanto la rectificativa fue presentada con posterioridad al “inicio” de la inspección y con anterioridad al corrimiento de la vista del art. 17 de la ley 11.683.
Sin embargo, la actora sostuvo que no resultan aplicables las normas del Capítulo XIII de la ley 11.683 porque los montos consignados en la declaración jurada rectificativa no habrían modificado la materia imponible y que ésta no fue impugnada dentro de los 60 días corridos de su presentación, por lo que entiende que no se da - en el caso- el supuesto fijado en el art. 119, como así tampoco lo indicado en el Dictamen 39/2001. No comparto el criterio de la actora sobre ese punto. A los efectos del tercer párrafo del art. 119 de la ley 11.683, las consecuencias de la presunción de satisfacción de la pretensión tributaria si la declaración rectificativa no es impugnada dentro de los 60 días, sólo pueden producirse dentro del procedimiento de determinación de oficio y con posterioridad al otorgamiento de la vista del art. 17, mas no cuando el contribuyente -como sucedió en el caso- presenta las declaraciones rectificativas durante la etapa de fiscalización previa, esto es, con anterioridad al inicio del trámite determinativo, pues recién iniciado dicho procedimiento es que podría considerarse la existencia de una pretensión fiscal susceptible de satisfacción por vía de declaración rectificativa, ocupando el mismo lugar que el acto final determinativo de oficio que el fisco no necesita emitir (cfme.
CACAF, Sala III, “Hijos de Egidio Benedeti SRL”, sent. Del 18/12/2009). Del análisis del art. 119 in fine de la ley 11.683 (t.o vigente al momento de los hechos) no tengo dudas que las declaraciones juradas rectificativas a las que alude son aquellas que se presentan una vez iniciado el procedimiento de determinación de oficio, nótese que allí se indica que “No será necesaria la determinación de oficio a que se refiere el primer párrafo si los responsables presentaren declaraciones juradas rectificativas que satisfagan la pretensión fiscal”. De aplicarse el criterio de la actora, el segundo párrafo del art. 118 no tendría mayor sentido puesto que en él no se fija plazo alguno para impugnar las rectificativas cuando éstas sean presentadas durante la inspección, es decir, con anterioridad al inicio del procedimiento de determinación de oficio.
Ello así, debe entenderse que el art. 119 completa el alcance del desbloqueo una vez que se inició aquél procedimiento. Además, sólo con anterioridad al inicio del trámite determinativo, (conf TFN, Sala A, “Hijos de E. Benedetti SRL”, sentencia del 25/8/2004). No surge de la letra del art. 118 que lo establecido en su segundo párrafo se halle condicionado de modo alguno al resultado contenido en las declaraciones originales o rectificativas presentadas luego de iniciada la inspección, ya sea que favorezcan al fisco, al contribuyente o que su resultado se haya mantenido invariable. Claramente el art. 119 refiere al “desbloqueo” de los períodos.
Conforme lo expuesto, en consonancia con las facultades otorgadas por el art. 35 de la ley 11.683, resulta razonable que el organismo fiscal audite períodos anteriores que no se encuentren amparados por la presunción de exactitud (períodos desbloqueados), a fin de comprobar hechos o situaciones con posible proyección o incidencia sobre los resultados del período fiscalizado, o para tener una mayor y acabada comprensión de determinadas operatorias o negocios cuyo desarrollo se extendió a lo largo de varios años, situación que es la que se evidencia en el presente caso.
Es importante recordar que la inspección tributaria opera como una colección de datos, es decir, se trata de una actividad administrativa cuyo presupuesto es la atribución de una potestad de comprobación encaminada a la búsqueda de hechos y datos que ignora el organismo recaudador, que le permitan establecer la corrección o inexactitud de lo declarado por el contribuyente, ello se corresponde con el sistema de autodeterminación que rige en nuestro país, donde la ley de procedimiento tributario le otorga al fisco amplias facultades para verificar los datos contenidos en las declaraciones juradas, inclusive respecto de períodos fiscales en curso, recayendo sobre los contribuyentes y terceros, el deber de colaboración con el organismo fiscal, puesto que, como sostiene Jarach, todos los administrados tienen un deber general de colaborar con la Administración, de modo tal que ésta pueda cumplir con las funciones de interés público que le han sido encomendadas (Dino Jarach, "Curso de Derecho Tributario", Ed. Cima, 1980, pág. 310).
Del análisis de las actuaciones se observa que la recurrente tuvo un adecuado conocimiento del accionar fiscalizador al aportar documentación que data de los años 1995 a 1998 referidas a la operación de capitalización de Barton Corp. en MNMS Holding SA para cancelar pasivos que habrían sido contraídos por la recurrente ante el Clariden Bank AG de Suiza, con el fin de adquirir acciones de SA La Nación, sin que durante la fiscalización formulara planteo alguno al respecto (cfme. CACAF, Sala I, “Poccard, Carlos Benito R.”, sent. del 3/2/2011). Por lo expuesto, no se advierte que el fisco hubiese incumplido con las normas relativas al "bloqueo fiscal", ni que la extensión de la fiscalización -cuestionada por la recurrentesea arbitraria, por lo que corresponde desestimar la defensa de nulidad y falta de legitimación activa opuesta por la recurrente.
IV. 2.- Que sobre la alegada falta de fundamentación del dictamen jurídico cabe adelantar su rechazo. El art. 7º del Dto. 1397/1979, reglamentario de la Ley de Procedimiento Tributario, establece que “El dictamen jurídico previo al pronunciamiento del juez administrativo, será emitido en función de asesoramiento de acuerdo a las circunstancias del caso, estableciendo la interpretación, alcance y significado de las normas aplicables”; es decir que este acto -entre otros- constituye un acto interno preparatorio o preliminar, y un requisito previo requerido en el caso de que el juez administrativo no sea abogado (cfme. Art. 10, Dto. 618/1997), que de conformidad con el art. 80 del Dto. 1759/1972, no es recurrible, quedando reservada la posibilidad de atacar de nulidad por la vía pertinente a aquellos actos dictados en consecuencia.
IV.3. Que tampoco puede prosperar la pretendida nulidad fundada en que no se hizo mérito de la totalidad de los elementos recabados durante la fiscalización, pues si bien la actora se agravió de que el juez administrativo habría “cerrado abruptamente” el período de prueba, lo cierto es que del cotejo de las actuaciones se observa que la prueba propuesta por la actora pudo realizarse casi en su totalidad, a excepción del oficio dirigido a la IGJ, cuya respuesta fue incorporada una vez vencido el plazo acordado. Además, la prueba no admitida durante el trámite de determinación pudo ser nuevamente ofrecida ante esta instancia y la recurrente tuvo ocasión de aportar prueba documental y proponer las medidas que estimó conducentes con el fin de esclarecer los hechos controvertidos. Conforme lo tiene dicho reiteradamente nuestro más Alto Tribunal “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52 cons. 1; 267:393 cons. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249; cons. 5 y sus citas).
IV.4. Que sobre los “cambios argumentales” por parte del fisco durante el trámite seguido y que concluyó con el dictado del acto apelado, cabe señalar que los argumentos de la actora resultan ser una mera discrepancia con el criterio fiscal y que, en realidad, integran el fondo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de la resolución apelada.
En cuanto a la nulidad que formula por considerar que la decisión de la jueza administrativa no fue libremente adoptada (violencia moral) también corresponde su rechazo. No se advierte en el caso que el acto haya sido dictado en ejercicio de facultades discrecionales, ni se evidencia que la funcionaria firmante se hubiese visto coaccionada para tomar la decisión reflejada en la resolución.
La actora ofreció como informativa la causa penal que tramitó ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 en la que se investigó el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público de la jueza administrativa, y en la sentencia allí recaída con fecha 4/3/2004 (fs. 251/254, expediente que obra agregado como prueba por cuerpo separado), luego de realizar una reseña de los elementos probatorios agregados, se señaló que “...las iniciales dudas sobre la manera en que se habría sustanciado el proceso administrativo en crisis, se han despejado a través de los descargos efectuados por los indagados...” para agregar que “no se ha podido probar en autos un retardo deliberado e ilegal de los actos necesarios para arribar al dictado de la determinación de oficio que suspendiera el cómputo del término de prescripción”, resolviendo el sobreseimiento de la funcionaria firmante del acto apelado en los presentes autos.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar las excepciones articuladas por la recurrente, con costas.
V. Que en lo que hace al fondo, dos son las cuestiones debatidas en la presente causa y que llevaron al fisco a ajustar el IG de los períodos 1997 y 2000, a saber: a) en el primero de los períodos el fisco determinó un incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18 inc. f) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.) como consecuencia de la impugnación -por insuficiencia probatoria- de la operación de capitalización de Barton Corp., en MNMS Holding SA por $ 51.978.086, para cancelar pasivos que habrían sido contraídos por la recurrente ante el Clariden Bank AG de Suiza y de un supuesto contrato de préstamo para igualar tenencias accionarias entre la rubrada y Barton Corp. en el paquete accionario de MNMS Holding SA (50% cada una), con motivo del aporte antes citado; y b) con relación al período fiscal 2000, el fisco sostuvo que la recurrente omitió declarar como renta alcanzada por el IG los dividendos percibidos de la sociedad exterior Matilde Saguier Corp.
Considero conveniente analizar separadamente los ajustes practicados.
V.1. Que sobre la determinación del impuesto del período 1997, de la lectura del informe final de inspección (v. fs. 303/323, Cpo. Ppal. II, aa), luego de efectuar una reseña de los distintos instrumentos que fueron suscriptos por la Sra. Noble Mitre de Saguier con el fin de documentar la operatoria de préstamo concertada con el Clariden Bank AG y el convenio con Barton Corp. (con el objeto de adquirir acciones adicionales de SA La Nación para así obtener la mayoría del capital social), los inspectores desestimaron el aporte en concepto de aumento de capital a MNMS Holding S.A. por U$S 51.978.086 efectuado por Barton Corp. destinado a cancelar los préstamos otorgados al Holding por el Clariden Bank AG, atribuyendo dicho importe, más un 10% en concepto de renta consumida, a la Sra. de Saguier como incremento patrimonial no justificado, con fundamento en que se trataría de operaciones simuladas.
Para llegar a tal conclusión los actuantes señalaron que tanto los contratos firmados entre la recurrente y Clariden Bank AG, como con Barton Corp. adolecerían de las siguientes “fallas” (sic, v. fs. 318, aa): se verifican incumplimientos tanto de capital como de intereses a sus respectivos vencimientos, con cambios de titularidad, domicilio del deudor y condiciones del préstamo original; que carecen de fecha cierta; no se deja constancia de la acreditación de personería de los firmantes por la entidad bancaria o Barton Corp. -según el caso-, ni se especifican documentos de identidad de los firmantes por el Banco o la firma aludida; la documentación aportada no está legalizada por el consulado argentino; no se observa en los documentos membretes del banco y que las acciones son el único aval de toda la operación, manifestando que en el caso del contrato firmado por la actora con Barton Corp. y Clariden Bank tienen idéntica fecha “cuando por la envergadura de la operación... el contrato con la primera debería ser anterior” (sic, v. fs. 318, a.a.); a pesar de dejarse constancia en los contratos que Barton Corp. formaría una sociedad con la actora, ésta no se presenta como parte en el préstamo con el banco teniendo en cuenta que se trata de un préstamo de U$S 69.997.640.
Además, se hace mención a que el contrato de préstamo no generó movimientos de fondos no obstante que el celebrado entre la recurrente y Barton Corp. por U$S 27.370.000 -de fecha 16/7/1997 originado en la capitalización efectuada por Barton Corp. en MNMS Holding SA el 8/7/1997- tenía como objeto igualar tenencias en el paquete accionario del Holding con motivo del aporte de Barton para cancelar pasivo con el Clariden Bank AG. En tal sentido, estimaron los inspectores que la suma de U$S 27.370.000 está incluida dentro de la capitalización de $ 51.978.086, infiriendo que este monto es el que debe ser gravado en su totalidad de acuerdo con lo establecido por el art. 18 inc. f) de la ley 11.683.
Como ya se expuso al relatar el recurso de apelación, la actora alegó que la operatoria objetada se originó en el financiamiento por parte de la Sra. Noble Mitre de Saguier para obtener la mayoría accionaria de SA La Nación y lograr un mejoramiento operativo de las actividades de la firma, logrando para ello un acuerdo con Clariden Bank AG de Zurich, Suiza, que facilitaría los créditos puente necesarios para la compra de las participaciones accionarias de distintos accionistas con los cuales ya había convenido el monto y la forma en que se llevaría a cabo tal operatoria. Así, con fechas 7/3/1995 y 1/9/1995 celebró dos préstamos con el Clariden Bank AG por un total de U$S 31.966.772, instrumentados ambos a través de acuerdos celebrados en la Ciudad de Zurich, constituyendo en garantía a favor de la entidad bancaria un derecho real de prenda sobre sus tenencias de capital social de SA La Nación, comprometiéndose la recurrente en constituir una sociedad holding en la Argentina -MNMS Holding SA- que pasaría a ser la controlante de la citada sociedad, cediendo el 50% al grupo inversor reunido por el mismo Banco, unificando su representación -Barton Corp.-, suscribiéndose tales acuerdos de manera simultánea.
De acuerdo a lo precisado en la Carta Acuerdo del 7/3/1995 se aumentó el capital de MNMS Holding SA, siendo el mismo suscripto e integrado por Barton Corp. con un aporte de $ 51.978.086 conformado por el valor nominal de las acciones que ascendió a $ 36.187.918 más prima de emisión de $ 15.790.168, suma que fue depositada por Barton Corporation en la cuenta de MNMS Holding SA que tenía en el Clariden Bank AG, Zurich, Suiza. En cumplimiento del convenio suscripto entre la actora y Barton Corp. el 7/3/1995 -en virtud del cual cada parte mantendría el 50% de participación en el holding-, el 15/7/1997 Barton Corp. otorgó al grupo Saguier una opción de compra de 18.093.959 acciones de MNMS Holding SA equivalente al 23,276541% por un precio de U$S 27.679.000 opción que fue ejercida el 16/7/1997; y para el pago del precio la vendedora (Barton Corp.) le otorgó financiación mediante el pago diferido del precio convenido en la suma de U$S 27.370.000, celebrándose el contrato de crédito por el pago diferido en New York el 16/7/1997 y suscripto por el Sr. Alejandro Julio Saguier en su carácter de apoderado de la Sra. de Saguier y por el Sr. Rodrigo A. Moreno como apoderado de Barton Corp., instrumento que fue ratificado por la recurrente el 25/8/1997 a requerimiento de Barton Corp. No puede pasarse por alto que en la resolución apelada la jueza administrativa -al referirse a los acuerdos antes mencionados- reconoció expresamente que “lo expresado por la rubrada a este respecto, no ha sido materia de controversia en los presentes actuados, que lo que se ha impugnado, es el supuesto aporte de capital y posterior préstamo proveniente de las Islas Cayman, de una empresa -que según lo manifestado por la rubrada- estaría integrada por un grupo de inversores, no individualizados en los presentes actuados” (vide, fs. 10 de autos), es decir, que el fundamento primordial para efectuar el ajuste bajo examen fue que la documentación que respalda los préstamos aludidos no cumpliría la totalidad de las formalidades para que el fisco pueda admitirlos como prueba fehaciente y así aplicar la presunción que establece el art. 18 inciso f) de la ley 11.683.
En primer lugar, como ya se dijo, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino sólo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).-
A fin de dirimir la cuestión suscitada corresponde analizar las pruebas rendidas tanto en sede fiscal como en los presentes autos.
En cumplimiento de los requerimientos cursados durante la fiscalización, la actora aportó copia de los contratos y/o convenios suscriptos con los distintos accionistas de SA La Nación celebrados para la compra de las participaciones necesarias para obtener la mayoría accionaria, como así también los suscriptos con Clariden Bank AG, Barton Corp y el holding constituido por la Sra. de Saguier y sus hijos. Luego, el fisco no cuestionó los términos de los instrumentos referidos sino que -como dije- formuló una serie de objeciones referidas a las “formalidades” que debieron cumplir tales instrumentos para considerarlos como prueba fehaciente de las operaciones que instrumentaron. Cabe señalar que en oportunidad de oponer su descargo en sede fiscal, la recurrente ofreció prueba y mediante acto de fecha 5/11/2003 (v. fs. 605/607, Cpo. Ppal. IV, a.a.) se dispuso la apertura a prueba de las actuaciones, admitiéndose la prueba propuesta con excepción de la que debía realizarse mediante exhorto.
Pruebas ofrecidas y producidas en sede administrativa:
-Documental: los convenios y/o contratos antes mencionados con su traducción correspondiente -por medio de Traductor Público- (v. Cpo. Ppal. III y Cpo. I prueba documental, aa). Estimo pertinente resaltar que la resolución apelada señaló que “... la prueba documental ofrecida por la rubrada, corresponde tenerla por agregada, la que fue tenida en cuenta para dilucidar el tema controvertido en autos...” para luego indicar que la documentación reseñada “... no reúnen los requisitos de legalización, son instrumentos privados sin fecha cierta y la mayoría se refieren al crédito otorgado por Clariden Bank AG, cuestión ésta, que no es tema de debate en los presentes actuados”.
- Informativa: a) a la IGJ para que informe si la firma Barton Corp. se encontraba inscripta en tal registro, sin que se haya recibido la respuesta -según se observa del cuerpo de actuaciones “prueba informativa”- pero sobre la cual la jueza administrativa señaló: “...en relación a esta prueba informativa, corresponde advertir que se hizo lugar a ella, como se dijo en el auto de apertura, dejando constancia de que si bien este Organismo no cuestiona ciertos hechos y circunstancias acreditadas en las actuaciones administrativas, tenía un criterio amplio que garantice los derechos constitucionales del debido proceso y de defensa que asisten a todo administrado. Que es por ello que respecto del Oficio a la Inspección General de Justicia se entiende que la información que de allí pudiera surgir no aportaría elementos que lleven a eliminar la incertidumbre o acrediten la real existencia de inversores extranjeros que -según los dichos de la encartada- son los que han hecho el aporte de capital en cuestión a través de la sociedad Barton Corp. (constituida en las Islas Cayman)”. No obstante ello, se encuentra incorporado en las actuaciones administrativas remitidas por el ente fiscal, un cuerpo que lleva el título de “Inspección General de Justicia” donde se encuentra agregada la contestación al oficio, adjuntando copia de la traducción del acta de la constitución de Barton Corp. fechada en 1995, estando certificada la firma del Director de la empresa y consta la apostilla correspondiente, copia de sendos certificados donde figura el domicilio en las Islas Caiman, quiénes son las autoridades de la misma, su representante legal y el domicilio constituido en nuestro país en la CABA, poderes especiales otorgados y la constancia de inscripción en la IGJ, informe que fue remitido en 1/2014.
b) a Price Waterhouse & Co para que informe si el documento “Reingeniería de los Negocios SA La Nación” fue confeccionado por dicha consultora, cuya contestación se encuentra en un anexo separado. c) Exhorto al Credit Suisse -Suiza- para que indique si es continuador o absorbente de Clariden Bank AG y en tal carácter remita copia de la documentación que al efecto se individualizó - relacionada obviamente con la operación ya expuesta en el presente decisorio-, medida ésta que fue denegada por la jueza administrativa -Testimonial: del profesional que realizó el informe de Price Waterhouse & Co, lo que fue corroborado en su testimonio, indicando que dicho informe contiene el diagnóstico y recomendaciones en el plano de la estrategia empresaria y estructura orgánica, así como un plan integral y la necesidad de implementar esas recomendaciones, a las que calificó como “de supervivencia” en tanto su competidor (Clarín) venía creciendo y La Nación se encontraba inmóvil por un conflicto entre los accionistas, por no tener ninguno más del 10% del paquete accionario, lo que tornaba muy difícil el gobierno de la empresa. Así, se propuso que alguna de las ramas de la familia comprara a los otros miembros las acciones para constituir una clara mayoría, indicando que luego de implementar tales recomendaciones, La Nación pasó a ganar en 1997 -medido en términos de utilidad operativa- el 27% sobre las ventas, manifestando que el grupo de accionistas que logró la mayoría fue la familia Saguier y que entre el año 1995 y 1996 se presentó MNMS Holding SA como la organización o sociedad que agrupaba las acciones de dicha familia (v. Cpo. Prueba Testimonial, aa). En cuanto a esta probanza la jueza administrativa la desestimó con fundamento en que “...ella apunta a la demostración de la existencia de compra de las acciones de SA La Nación por parte de la contribuyente, hechos estos que no son los controvertidos en autos”.
-Pericial contable: en el informe producido (v. Cpo. separado en 10 fojas, a.a.), el experto manifestó que habiendo tenido a la vista los libros de comercio de MNMS Holding SA, los mismos se encuentran rubricados, que las actas de Directorio del 17/6/1997 y de Asamblea del 8/7/1997 agregadas como documental, son copia fiel de las transcriptas en los libros de la sociedad, que de acuerdo con las registraciones contables y las copias de los resúmenes de cuenta emitidos por Clariden Bank, los créditos otorgados a MNMS Holding SA por esa entidad, que componen el saldo de U$S 51.978.086,25 responden al siguiente detalle:
Fecha de otorgamiento Capital (U$S) intereses devengados al 11/7/97 (U$S) total (U$S)
7/3/1996 15.363.361,08 2.183.799,42 17.547.160,50 6/9/1996 16.808.585,00 1.498.333,62 18.306.918,62 10/3/1997 15.574.153,00 549.854,13 16.124.007,13 Total 51.978.086,25 Del análisis de las registraciones contables y de las actas de directorio y asamblea surge que el accionista Barton Corp. efectuó a MNMS Holding SA -y ésta aceptó- la propuesta de asumir las deudas que el holding mantenía con Clariden Bank por U$S 51.978.086,25 cuyo vencimiento operaba el 11/7/1997 depositando directamente los fondos en la entidad bancaria; Barton Corp. capitalizó el importe referido mediante la suscripción de 36.187.918 acciones ordinarias nominativas no endosables a MNMS Holding SA, alcanzando ésta -en concepto de capital y prima de emisión (según el detalle que hizo el perito)- a la suma de $ 51.978.081,77; lo que equivale prácticamente al monto de la deuda asumida, aseverando el experto que de la documentación examinada surge que dichos fondos fueron íntegramente destinados a cancelar la deuda del Holding con el banco aludido (ver Cpo. separado en 10 fojas, a.a.). Sin embargo, en la resolución determinativa la jueza administrativa desechó tales conclusiones porque el perito no precisó el libro, tomo y folio donde obtuvo la información, ni los comprobantes que respaldan esas registraciones, reiterando que no surge de ella quiénes son los inversores, ni el origen de los fondos, no obstante señalar que “únicamente se identifica a Barton Corp. de las Islas Cayman”, cuando en todo momento se advierte que es “el inversor”, para luego inferir dicha funcionaria que la sociedad es un “ropaje jurídico que se ha utilizado para justificar el ingreso de fondos al país”, cuestión ésta que ha sido debidamente aclarada por el perito y por la actora, al señalar que no ingresaron los fondos al país, pues fueron depositados en la cuenta que MNMS Holding SA tenía en Clariden Bank AG, lo que debilita la argumentación del ente fiscal.
Prueba ofrecida y producida en esta instancia:
-Documental: La recurrente ofreció -nuevamente- los contratos y/o convenios antes mencionados a saber: contrato celebrado en Zurich el 7/3/1995 entre la Sra. de Saguier y Barton Corp (fs. 45/60); contrato del 7/3/1995 entre Barton Corp y la Sra. de Saguier (fs. 61/65); Credit Agreement del 7/3/1995 celebrado entre la actora y el Clariden Bank, firmado por los Sres. Werner Bumbacher y Denis Meyer como apoderados del Banco y por la actora (fs. 66/80vta.); Letter Agreement del 7/3/1995 dirigida a la apelante y firmada por los antes mencionados (fs. 81/89vta); Pledge Agreement del 7/3/1995 firmados entre la actora y Clariden Bank (fs. 90/100vta); Credit Agreement del 1/9/1995 entre la actora Clariden Bank (fs. 101/117); carta dirigida a la Sra. de Saguier del 27/12/1995 por Clariden Bank (fs. 118/119); contrato de suscripción de acciones de MNMS Holding SA de fecha 7/3/1996 donde Barton Corp. -representada por el apoderado Sr.
Luis López Alfaro-, integra el importe correspondiente mediante depósito efectuado en la cuenta de MNMS Holding SA que posee en Clariden Bank AG de Zurich, Suiza, siendo representado el Holding en dicho acto por el Sr. Alejandro Julio Saguier, quien prestó conformidad a la suscripción y forma de pago (fs. 120/121vta.); convenio de participación de acciones, emisión, suscripción e integración de acciones entre MNMS Holding y Barton Corp. -representada la primera por el Sr. Alejandro Julio Saguier y Barton Corp. por el Sr. Luis López Alfaro- del 7/3/1996 (fs. 122/124vta.); Credit Agreement del 6/9/1996 entre MNMS Holding SA y Clariden Bank firmado por la recurrente y los Sres. Bumbacher y Meyer por el Banco (fs. 128/144vta); contrato de suscripción de acciones de MNMS Holdign SA entre Barton Corp.
(firmado por su apoderado el Sr. Rodrigo A. Moreno) el 11/7/97, emitiéndose acciones por aumento de capital por 36.187.918 acciones por el importe total a integrar por Barton Corp. de U$S 51.978.086 a través de un depósito realizado en el Clariden Bank el 11/7/1997 y cancelando frente a MNMS Holding SA el crédito asumido por el mismo importe por compensación con el monto indicado, surgiendo que MNMS holding es representada por Alejandro Julio Saguier quien prestó conformidad a la suscripción de acciones y forma de pago (fs. 145/148); convenio de opción de compra del 15/7/1997 celebrado en New York entre la Sra. de Saguier y los Sres. Julio Cesar Saguier y Alejandro Julio Saguier (propietarios del 100% de las acciones de MNMS Holding SA) y Barton Corp. por medio de su apoderado el Sr.
Rodrigo Moreno (vendedor) (fs. 149/162); nota suscripta entre la actora -representada por el Sr. Alejandro Julio Saguier- y Barton Corp. representado por Rodrigo Moreno, quienes manifiestan conjuntamente que se suscribió en la fecha en New York (16/7/1997) el acuerdo de préstamo por la suma de U$S 27.370.000 para financiar parcialmente la compra de 19.093.959 acciones de MNMS Holding SA, se pacta el interés del 11% anual en 10 cuotas iguales, con facultad de diferir los pagos o en su caso precancelar la deuda sin costos adicionales por tales causas. Tiene al pie la ratificación por parte de la Sra. de Saguier de lo actuado por Alejandro Saguier (fs. 163/ 168); Pledge Agreement (sin traducir) del 16/7/1997 entre la actora y Barton Corp (fs. 169/182); carta del 12/5/1997 enviada por Clariden Bank (firmada por el Sr.
Bumbacher) a MNMS Holding acordando prórroga para la cancelación del saldo de préstamos adeudados (fs. 180/185); carta de la MNMS Holding del 11/7/1997, firmada por Alejandro Saguier como presidente interino de MNMS holding dando conformidad a la cancelación de los préstamos (fs. 186/187); Credit Agreement del 16/7/1997 entre la recurrente y Barton Corp. (firmado por sus apoderados Sres. Alejandro Saguier y Alfaro Ferrer, respectivamente) (fs. 188/ 214); nota de crédito del Clariden Bank del 11/7/1997 donde figura el saldo bancario de MNMS Holding SA. (fs. 215/216); nota de crédito de Clariden Bank del 11/7/1997 dirigido a Barton Corp. (fs 217/219); nota de crédito del Clariden Bank del 11/7/97 dirigido a MNMS Holding con el saldo bancario de Barton Corp.
(fs. 220/221); nota de crédito de Clariden Bank del 11/7/1997 dirigido a MNMS Holding donde surge la cancelación del préstamo legalizado y apostillado (fs. 222/223); nota de crédito de Clariden Bank del 11/7/1997 dirigido a MNMS Holding con el saldo bancario donde surge la cancelación del préstamo (fs. 224/225); nota de crédito de Clariden Bank del 31/7/1997 dirigido a MNMS Holding con el detalle de los depósitos que totalizan U$S 51.978.086,25 (fs. 226/228); manifestación del Sr. Werner A. Bumbacher donde dice que es funcionario de Clariden Bank, vicepresidente en el Departamento de Créditos dedicándose al análisis y otorgamientos de créditos financieros a clientes y potenciales clientes de la institución bancaria, quien explicó que durante 1995 la actora -accionista de SA La Nación- arribó a un acuerdo con el Banco por el que se brindaría apoyo financiero a efectos de financiar ciertos acuerdos de compraventa que mantenía con otros accionistas de la compañía, así el Banco y la actora suscribieron una carta de acuerdo (Letter Agreement) por la que el Banco le otorgó un crédito inicial y créditos adicionales en función a las obligaciones que la actora debía cancelar, con el acuerdo que la recurrente se comprometiera a aportar el conjunto de sus acciones de la compañía MNMS Holding SA de la que vendería el 50% de las acciones de esa sociedad holding a un inversor designado por el Banco y mediante el producido de dicha venta, la actora cancelaría los préstamos otorgados por el Banco.
A fines de 1995 mediante carta del Banco del 27/12/1995 se confirmó que el inversor designado por el banco era Barton Corp., en 2/1996 el inversor comunicó por escrito al holding su aceptación como tal y de la operatoria referida, suscribiendo luego el 50% del capital accionario de la sociedad holding y mediante el precio de la suscripción, la actora canceló la totalidad de los préstamos otorgados por el Banco. Así, durante el año 1997 se canceló la relación crediticia entre el Banco y la actora continuando la relación de cliente, situación que siguió manteniendo hasta su retiro del Banco y copia de su pasaporte que lo identifica (fs. 229/233); copia del informe anual 1993 del Clariden Bank donde figura que el Sr.
Bumbacher era Subdirector de Finanzas/Tesorería, Denis Meyer era Director Adjunto (fs. 234/235); copia del expediente de registro ante la IGJ de Barton Corp. con su correspondiente traducción (fs. 236/328).
Sobre dicha voluminosa documental debe ponerse de resalto que en todas las copias aportadas las firmas insertas en los contratos, convenios y cartas, se encuentran certificadas por la autoridad correspondiente y constan de la apostilla pertinente, además, se incorporaron a estas actuaciones las traducciones de la documental ofrecida en idioma extranjero, legalizaciones y apostillado (v. fs. 590/955).
-Prueba pericial contable: Fue ofrecida por la representación fiscal al responder el traslado del recurso (v. fs. 1004/1007 de autos). En ella los peritos designados a propuesta de la actora y del fisco son contestes en que los libros contables de MNMS Holding SA tenidos a la vista se encuentran rubricados y que cumplen en sus aspectos formales con las normas vigentes en la materia, que se encuentra acreditado en el Libro Diario Mayor N° 1 rubricado, los fondos originados en sujetos del exterior con destino a esa sociedad a saber:
fecha origen $ 21/2/1996 aporte Barton Corp. 36.800.000 7/3/1996 préstamo Clariden Bank 15.363.361 6/9/1996 préstamo Clariden Bank 16.808.585 10/3/1997 préstamo Clariden Bank 15.574.153 exponiendo el perito de la actora que si bien se utilizó la cuenta Caja como contrapartida de tales aportes o préstamos recibidos, de la documental aportada surge que tales fondos no fueron ingresados al país por haber sido acreditados en la cuenta MNMS Holding SA en el Clariden Bank AG de Zurich, indicando que las normas del BCRA vigentes en ese momento permitían este tipo de operatoria no existiendo normas sobre control de cambios o liquidación de divisas en plaza.
Al responder los expertos contables si la prueba documental agregada en autos se encontraba acreditada y respaldada por los registros contables referidos, si bien manifestaron que no se encuentra dentro de su ámbito de incumbencias profesionales expedirse sobre la veracidad de la prueba documental, informaron que de los registros contables del Holding -según asiento 49 del 8/7/1997, Libro Diario Mayor N° 1, folio 12- consta la cancelación de los préstamos recibidos por Clariden Bank y el aporte de capital recibido de Barton Corp. De esta forma se confirma que las registraciones contables de MNMS Holding SA reflejan los movimientos bancarios del aporte de capital del 8/7/1997 por $ 51.978.086,25 y las cancelaciones del préstamo realizadas en fecha 8/7/1997 por las sumas de $17.547.160, $18.306.918,62 y $16.124.007,13 concentrándose estas transacciones en una sola registración.
Respecto de si la documental ofrecida se corresponde con los registros contables o estados contables vinculados y los ajustes contenidos en las declaraciones juradas de los tributos nacionales, los peritos expusieron que la Sra. de Saguier no lleva registraciones contables de sus operaciones, exponiendo los datos que surgen de la declaración del IBP de los años 1996, 1997 y 1998; que la existencia y oportunidad de los convenios celebrados surge de la documental aportada en la causa, indicando el perito de la actora que toda la documentación se encuentra certificada y apostillada, mientras que el perito del fisco indicó que no puede fijar la temporalidad de los convenios por ser las “certificaciones y apostillas de fechas posteriores o no existen”. Al respecto debo señalar que, más allá que no es incumbencia de los peritos expedirse sobre la veracidad de la documental aportada que fue detallada ut supra, las manifestaciones del perito del fisco no se ajustan a la realidad, porque del cotejo de la documental se observa que las certificaciones de firma han sido realizadas en la fecha en que fueron suscriptos los instrumentos y que algunos pocos, no todos como señaló el experto del fisco, llevan una apostilla posterior, debiendo anticiparse que tal circunstancia no invalida el contenido de los mismos.
También los peritos indicaron que según consta del informe anual 1993 del Clariden Bank, el Sr. Werner Bumbacher ocupó el cargo de Subdirector del área de Finanzas/Tesorería.
Finalmente, corresponde destacar que la pericia analizada no fue objeto de impugnación.
Sobre los reparos que opuso el fisco respecto de Barton Corp., esto es, que se encuentra constituida en las Islas Caiman, debe destacarse que no refuta tres cuestiones sustanciales acreditadas en la causa consistentes en que: a) fue inscripta en la IGJ como sociedad extranjera, b) constituyó domicilio en la CABA y c) se encuentra debidamente acreditada la representación acordada a su apoderado; lo que evidencia que dicha sociedad era consistente respecto de lo temporal, patrimonial y objeto para el que fue constituida, es decir, que no se trató de una sociedad ficticia, o un mero montaje jurídico artificial -como lo sostuvo el ente fiscal- (cfme. criterio de este TFN, Sala B, en “La Emiliana de Exportación SA”, del 11/8/1995), por lo que no puede sostenerse válidamente que resulte aplicable el principio de la “realidad económica” invocado por el fisco.
Sobre la inoponibilidad de la documental acompañada con sustento en que los instrumentos carecen de fecha cierta, corresponde mencionar que: "La inoponibilidad frente a terceros de la que habla el ordenamiento civil, en modo alguno implica y determina en el ámbito tributario la pérdida del valor probatorio de los contratos privados suscriptos entre las partes, cuando los mismos vengan apoyados o corroborados por una serie de indicios precisos y concordantes que, apreciados en una articulación coherente y conjunta, puedan formar razonable convicción no sólo de la celebración del acto, sino de la fecha en que el mismo ha tenido lugar, de modo de descartar, de esta forma, la existencia de una maniobra armada por el fiscalizado ex post del comienzo de la auditoría".
"En el ámbito que nos ocupa, corresponde precisar que el Fisco Nacional no es un "tercero" al cual cabe oponerle el contrato en el marco del Derecho Civil. En este ámbito, por el contrario, si interesa analizar la fuerza convictiva y probatoria de ese contrato como elemento de prueba para respaldar una declaración jurada presentada y, en esta tarea, el juzgador ha de formarse dicha convicción en función del resto de los elementos que se aporten en respaldo de la operatoria y su fecha de concertación más o menos probable. El tema de la fecha cierta se reduce a una cuestión de fecha de celebración del contrato con las implicancias que puede tener dicho aspecto temporal en el plano de las relaciones del Derecho Privado.
En su faz tributaria, este aspecto sólo tiene relación con la evaluación que puede efectuarse de dicho instrumento, en tanto si responde o no al armado posterior de una documentación respaldatoria de un pasivo que, si bien declarado resultaba originalmente inexistente, pero como se aprecia, la ausencia de fecha cierta en modo alguno implica descalificar per se la validez probatoria del documento privado, criterio de evaluación que en modo alguno escapa a las reglas genéricas de la valoración conjunta del plexo reunido conforme a la sana crítica (conf. art. 386 CPCCN.). Por el contrario, análogo razonamiento cabría realizar si el contrato poseyera la aludida fecha cierta, ya que esto por sí solo tampoco bastaría para respaldar la declaración jurada si se verificaran pruebas concretas que autorizaran a descalificar la sinceridad del documento y, paralelamente, no existieran otros elementos indiciarios que contribuyan a respaldar la existencia y alcances del aludido contrato de préstamo" (cfme.
TFN, Sala B, "González, Sergio Ángel", del 24/02/2007). Las consideraciones expuestas fueron también receptadas por la Sala IV de la CACAF, en ocasión de resolver en la causa “Nazer Silvia Elia (TF 20204-I) c/ DGI", sentencia del 04/03/2010.
Por otra parte, corresponde resaltar que -tal como se puso en evidencia en el escrito recursivo- recién con el dictado de la ley 25.795 (B.O. 17/11/2003) se incorporó a la ley 11.683 nuevas presunciones referidas a la determinación de oficio en lo que hace al ingreso de fondos provenientes de países de baja o nula tributación. En tal sentido, cabe recordar que la CSJN en la sentencia de fecha 14/9/1993 recaída en la causa "Trebas S.A.", impuso una línea conceptual a observar en la resolución de casos como el presente, precisándose que en este tipo de operatoria, el contribuyente debe acreditar que los fondos se originan en el patrimonio del prestamista o estaban disponibles para éste, cómo se concretó su transferencia, esto es, el movimiento de los fondos desde el patrimonio del prestamista extranjero hasta su ingreso al del deudor local, con suficiente sustento documental (instrumentos fehacientes que acrediten la secuencia completa e ininterrumpida de los movimientos entre las partes y los bancos); prueba escrita del mutuo, documentación que avale la cancelación del mismo y los intereses generados; todo lo cual la actora cumplió en estas actuaciones, y no sólo por la documental aportada, sino también con las pericias contables producidas en sede fiscal y en esta instancia, en tanto las respuestas brindadas por los expertos no sólo se complementan sino que resultan coincidentes y demuestran el movimiento de fondos entre las sociedades, como así también la capacidad financiera y operativa de la entidad bancaria (Clariden Bank AG) que efectuó el préstamo -lo que no mereció reparos por parte del ente fiscal-, la aplicación de los fondos y los aportes realizados por Barton Corp.
Recuérdese, que “...sólo es admisible privar de relevancia a la existencia de una determinada instrumentación, si se demuestra que ésta no refleja la realidad económica (Fallos: 326:2989), debe repararse entonces que el principio de la realidad económica (contenido en el citado artículo 2 de la L. 11.683) no puede conducir -per se y sin la acreditación suficiente de los extremos de hecho relevantes- a la prescindencia de las formas adoptadas por las partes ni a desvirtuar lo establecido en las normas que regulan una determinada relación tributaria, pues tal proceder sería susceptible de afectar el principio de reserva o legalidad, con serio menoscabo de la seguridad jurídica (Fallos: 243:465; 251:78; 253:332; 254:62; 315:820; 316:3231; 317:218, entre muchos otros)” (cfme.
CACAF, Sala III, “Ferioli, Jorge Oscar”, sent. del 24/8/2007). A tenor de lo expuesto, los argumentos en los que la jueza administrativa basó su decisión quedaron carentes de sustento, sin que el fisco -más allá de desestimar las pruebas rendidas mediante meras objeciones que realizó sobre la “falta de formalidad” que tendría la documental- haya efectuado diligencia adicional alguna para demostrar la “simulación” alegada como fundamento de la determinación de oficio, por lo que considero que los indicios que utilizó no son precisos, graves, ni concordantes para avalar que las operaciones reflejadas en los registros contables peritados e invocadas por la actora, son inexistentes.
Por todo ello, corresponde revocar el ajuste correspondiente al período fiscal 1997.
V.2. Que resta pronunciarse sobre la determinación del IG del período fiscal 2000 con fundamento en que la recurrente habría omitido declarar como renta alcanzada los dividendos percibidos de la sociedad del exterior Matilde Saguier Corp.
V.2.1. Que del informe final de inspección surge que se le requirió a la actora la composición de las “rentas exentas” consignadas en su declaración jurada del IG por $ 2.482.953,12 observando -como concepto relevante y/o de mayor significación- la percepción de dividendos por parte de la firma Matilde Saguier Corp. constituida en las Islas Vírgenes Británicas por la suma de $2.266.927, indicando que en el balance del ejercicio cerrado al 31/12/1999 de dicha firma -debidamente apostillado-, se incluyó en su activo la cuenta Dividendos a Cobrar por U$S2.270.662, cuenta que no está exteriorizada en el balance del ejercicio cerrado al 31/12/2000. Frente a ello, los inspectores efectuaron la proyección del Estado de Evolución del Patrimonio Neto de Matilde Saguier Corp. entre inicio y cierre del ejercicio cerrado al 31/12/2000, observando una disminución patrimonial de U$S2.270.662 que “solamente puede justificarse con una distribución de dividendos en efectivo” (v. fs. 315, Cpo. Ppal. II, aa).
Al respecto, la recurrente expuso que existió un error de interpretación en el tratamiento dado al dinero recibido por parte de la firma Matilde Saguier Corp., negando que se trate de un dividendo, sino de la recepción de un monto para que lo destine al pago de una deuda que la Corporación mantenía con Barton Corp. según lo acordado en el convenio del 4/11/1998 por la suma de $26.899.927 compuesto por U$S24.633.000 (compromiso de aporte) más $ 2.266.927 (con origen en sumas de Matilde Saguier Corp. cobradas y retenidas por la Sra. Noble Mitre de Saguier cuyo vencimiento operó el 15/5/2009). Los inspectores señalaron que la actora presentó declaración jurada rectificativa disminuyendo el patrimonio al cierre (incrementando deudas) como contrapartida del menor importe consignado en el rubro “rentas exentas”, sin modificar la base imponible. La actora también aportó en sede fiscal una planilla con el destino otorgado a los fondos recibidos por Matilde Saguier Corp. (consumos, pago de impuestos, constitución de plazos fijos, depósitos en caja de ahorro, etc.) y el convenio del 13/7/2000 donde se expuso que Matilde Saguier Corp requirió a MNMS Holding SA que los dividendos que le correspondían a la primera como accionista del holding por el ejercicio cerrado el 31/12/2000 de $ 2.266.927 sean pagados directamente a la Sra. Noble Mitre de Saguier para que los destine al pago a cuenta de la cuota vencida el 15/5/2000 de la deuda con Barton Corp., prorrogándose el vencimiento de dicha cuota al 15/5/2009 por acuerdo del 12/7/2000, reconociendo la actora adeudar a Matilde Saguier Corp. dicha suma y comprometiéndose a devolver el importe con más los intereses pactados el 15/5/2009. Nótese que los inspectores señalaron en su informe que “se encuentra acreditado en el expediente que Matilde Noble Mitre percibió el importe de $ 2.266,927 -que fueron recibidos de Matilde Saguier Corp.-... así como también el destino otorgado a los mismos -impuesto y consumo-” (v. fs. 316, Cpo. Ppal. II, a.a.), pero objetaron que no guardarían relación temporal con la fecha de suscripción del convenio de préstamo entre la actora y Matilde Saguier Corp. del 13/7/2000, aplicando la jueza administrativa tal inferencia, en virtud de lo establecido por el art. 2° de la ley 11.683, para arribar a la decisión plasmada en el acto apelado.
La actora señaló que el único activo de Matilde Saguier Corp. durante su breve existencia fueron las acciones de MNMS Holding SA, de las que era titular la Sra. de Saguier, existiendo entre ambas una total identificación de personalidad, en tanto fue creada para cumplir con el compromiso con el Clariden Bank AG, sociedad que cumplía con las disposiciones de la ley argentina efectuando los trámites ante la IGJ. La apelante afirmó que los dividendos percibidos por la Sra. de Saguier en el 2000 sólo pueden atribuirse a la distribución efectuada por MNMS Holding SA -constituida y domiciliada en el país- y no una sociedad del exterior, como erróneamente planteó el fisco, lo que fue señalado en la pericia realizada en sede fiscal.
Expuestos brevemente los fundamentos de las partes, corresponde señalar que este ajuste fue analizado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, la que se pronunció al respecto mediante sentencia de fecha 27/11/2008 que se encuentra firme (v. 1331/1343vta. Cpo. VII y fs. 684, Cpo. IV ambas del expediente remitido ad efectum videndi).
Al respecto, corresponde recordar que la limitación establecida en el art. 20, último párrafo, del régimen penal tributario, en cuanto imposibilita “alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial” sólo refiere a la aplicación de una sanción, manteniéndose incólume la facultad de este Tribunal de valorar tales hechos a los efectos de expedirse sobre el ajuste fiscal llamado a resolver.
Anticipado ello, debe observarse que en instancia penal quedó probado:
-Que SA La Nación es una sociedad comercial que desarrolla su actividad en nuestro país (considerando 10.a.); que por asamblea general ordinaria del 24/5/2000 decidió distribuir dividendos -en efectivopor $ 7.000.000 por utilidades del ejercicio económico concluido el 31/12/99 (considerando 10.b.); que sobre esas utilidades la citada sociedad pagó el impuesto a las ganancias correspondiente (considerando 10.c.); que MNMS Holding SA (también constituida y domiciliada en nuestro país y titular de más del 65% del paquete accionario de SA La Nación) distribuyó la suma mencionada como dividendos en efectivo correspondiente al ejercicio concluido el 30/4/2000 entre los dos accionistas: Barton Corp. y Matilde Saguier Corp., titulares del 50% cada uno (considerando 10.d. y 10.e.).
-Que los dividendos originariamente distribuidos por SA La Nación y después por el Holding, correspondientes a Matilde Saguier Corp. por la suma de $2.266.927,03 fueron directamente pagados por la sociedad holding a la Sra. Noble Mitre de Saguier con residencia en nuestro país en el carácter de titular del 99,8355176% del patrimonio de Matilde Saguier Corp., perteneciendo el restante porcentaje a sus dos hijos, Sres. Alejandro Julio y Julio César Saguier (considerando 10.f.), que Matilde Saguier Corp. habría sido una estructura que existió y se desenvolvió en un plano solamente formal, cuyo activo se limitó a la tenencia de acciones del mencionado Holding -controlante de SA La Nación- de las que mayoritariamente era titular la Sra. Noble Mitre de Saguier (considerando 10.g.).
-Que en 12/2000 la nombrada retomó -en la medida de su participación- las acciones del holding que sólo figuraban a nombre de Matilde Saguier Corp. -que fue desactivada- y en ese mismo mes aportó las acciones a un fideicomiso hereditario constituido en la Ciudad de New York (EEUU) denominado “Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier Living Trust” (considerando 10.h); que la declaración jurada de ganancias del año 2000 de la Sra. de Saguier incluyó la suma de $2.266.927,03 -dividendos pagados directamente por el holding en su condición de accionista de Matilde Saguier Corp.- en el rubro otros ingresos exentos o no gravados por $2.482.953,12, excluyendo luego los dividendos de tal rubro y los imputó como pasivo (deuda) con Barton Corp. -persona jurídica del exterior-, categorizándolo luego como ingresos exentos o no gravados, manteniendo inalterable la materia imponible mencionada en la declaración jurada original (considerando 10.h). En apretada síntesis, se puede concluir que se encuentra fuera de discusión que la actora -Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier- percibió dividendos en su calidad de accionista de MATILDE SAGUIER CORP, radicada en una jurisdicción de baja o nula tributación -“paraíso fiscal”- (Islas Vírgenes Británicas), originados en utilidades de una sociedad argentina (SA La Nación) que tributó en el país el IG correspondiente.
V.2.2. Que dicho ello, y previo a formular las consideraciones de fondo pertinentes, corresponde recordar que el art. 165 (XIII), primer y tercer párrafo del DR de la LIG, en su redacción vigente a la fecha de los hechos, prescribía que: “Los residentes en el país que sean titulares de acciones emitidas por sociedades radicadas en el exterior que participen —en forma directa o a través de otra sociedad radicada en el exterior—, en una sociedad constituida en la República Argentina, considerarán no computables los dividendos distribuidos por la citada sociedad emisora, en la medida en que los mismos estén integrados por ganancias distribuidas por la sociedad argentina, que tributaron el impuesto conforme con lo establecido en el artículo 69 de la ley y, en su caso, con el artículo incorporado a continuación del mismo... El tratamiento previsto en este artículo sólo será de aplicación cuando la sociedad emisora del exterior no se encuentre radicada en una jurisdicción categorizada como de baja o nula tributación” (redacción cfme. Dto. 1037/2000, sustituída posteriormente por Dto. 2334/2013. Resaltado propio).
La intención del reglamentador resulta clara y en términos llanos significa que los dividendos percibidos de una sociedad extranjera originados en una sociedad argentina no pagarán IG -al no ser computablesen la medida que dicha sociedad argentina haya pagado el tributo, salvo, que dicha sociedad extranjera se encuentre radicada en un -llamado comunmente- “paraíso fiscal”, en cuyo caso estarán alcanzados con el impuesto. Como se observa, el reglamentador efectuó una clara distinción de tratamiento sea que se trate de una sociedad extranjera radicada o no en un “paraíso fiscal”, la que distribuya los dividendos de la sociedad argentina. Y ante ello, corresponde recordar que el acierto o error del -en este caso- reglamentador, o el mérito o conveniencia de la solución adoptada, no son cuestiones sobre los que el Poder Judicial o este Tribunal le quepa pronunciarse (Fallos 342:411 considerando 6°, entre muchos otros).
Dicho esto, y ya sobre los hechos de la causa, corresponde recordar que la sentencia penal de Cámara señaló: “ ...no debería soslayarse que Matilde Ana María NOBLE MITRE de SAGUIER recibió los dividendos en cuestión debido a la condición de accionista de una sociedad radicada en una jurisdicción (las Islas Vírgenes Británicas) categorizada como de “baja o nula tributación” (confr. Considerando 14°). Por lo tanto, de acuerdo a lo que se prescribe por el tercer párrafo del precepto incorporado por el decreto 1037/2000, en principio, se tornaría aplicable el tratamiento que se regula por el primer párrafo de la norma general. Como contrapartida, los dividendos quedarían sujetos al Impuesto a las Ganancias, aun cuando estén integrados por réditos originariamente distribuidos por una sociedad constituida en el país que pagó -por aquellas utilidades- el Impuesto a las Ganancias pertinente (confr. Considerando 21° de la presente)” (fs. 734, considerando 23°, segundo párrafo, de la sentencia referida).
Lo expuesto por la Cámara en lo Penal Económico resulta inobjetable.
Sin embargo, a fin de sustentar su decisión, dicha Cámara concluyó:
“...25°) Que mediante una interpretación aislada y meramente literal del tercer párrafo de la norma incorporada por el decreto 1037/2000 a continuación del ”art…(XIII)” agregado después del art. 165 del decreto 1344/1998 reglamentario de la ley de Impuesto a las Ganancias, se podrían alcanzar conclusiones y soluciones que guardarían una relación contradictoria con el paradigma valorativo que rige en la República Argentina, en materia de dividendos, paradigma que se constituiría a partir de la decisión adoptada por el legislador argentino, claramente plasmada por la Ley de Impuesto a las Ganancias, de evitar la superposición del impuesto a la renta de la sociedad de capital constituida en el país con el impuesto a la renta de los accionistas (confr. Considerandos 17° a 20° de la presente).
“Si aquella disposición se aplicara, sin más, a casos –como el que se está examinando- en los cuales se encontraría plenamente acreditado que los dividendos provenientes de la sociedad constituida en un “paraíso fiscal” están completamente integrados por renta distribuida por una sociedad local que pagó, por aquellos réditos, el respectivo Impuesto a las Ganancias, se produciría, precisamente, el resultado que por la ley aplicable se ha pretendido evitar, pues se generaría una superposición indebida de impuestos, y por esta vía se generaría la situación que el legislador argentino sustancialmente ha procurado evitar: que el accionista residente en el país sufra una carga tributaria desmedida, conculcatoria de los principios constitucionales de igualdad, de equidad y de no confiscatoriedad, que constituirían límites a la potestad de aplicar tributos.
“En consecuencia, en este caso concreto, por vía de la reglamentación se estaría alterando el principio de la Ley de Impuesto a las Ganancias en materia de dividendos que es la expresión clara e inequívoca de la voluntad del legislador en este aspecto.
“26°) Que, la aplicación irrestricta de la disposición mencionada por el considerando anterior, producto de una interpretación judicial basada sólo en la fragmentada y no armoniosa consideración de la letra, implicaría la “creación” de un nuevo hecho imponible, incorporado por vía reglamentaria y esto sería claramente inconstitucional. Esto sería así porque sólo como resultado de una mera reglamentación se estaría creando, mediante esta cláusula, un régimen de imposición de los dividendos opuesto al tratamiento que se dispensa a los dividendos por la Ley de Impuesto a las Ganancias.
“En cuanto a esto, cabe recordar que, como regla general, la reserva constitucional de ley formal para la imposición de tributos es absoluta, y no deja espacio para prescindir de la intervención del Congreso de la Nación, inclusive cuando se trata de modificar los elementos esenciales de una carga tributaria. En efecto, de antaño, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que, con arreglo al principio de legalidad tributaria, sólo el Poder Legislativo, por medio de una norma jurídica con naturaleza de ley formal, puede establecer tributos, definiendo sus elementos esenciales (confr. Fallos: 182:411; 198:258; 294:152; 211:930; 218:231; 253:232; 316:1115 y 2329; 318:1154; 319:3400; 326:4251, entre otros; en igual sentido, confr. Dino JARACH, “Curso Superior de Derecho Tributario”, Bs. As., 1969, pág. 101, entre otros)”.
A pesar de sus dichos, y del enjundioso análisis jurídico/tributario, la Cámara no declaró expresamente la inconstitucionalidad de la norma reglamentaria, efectuando sólo un apartamiento desatendido de los hechos probados que minuciosamente detalló.
En efecto, no obstante admitir la aplicación literal del decreto reglamentario, la Cámara en lo Penal Económico valoró que su aplicación irrestricta, sin armonizarlo con las restantes disposiciones legales relativas a los dividendos, implicaría la creación de un “nuevo hecho imponible por vía reglamentaria” que “sería claramente inconstitucional” por violentar el principio constitucional de reserva de ley, pero no obstante, no declaró la inconstitucionalidad del decreto reglamentario a su respecto, sino que se limitó a considerar dogmáticamente inaplicable al caso el tercer párrafo del art. 165 del DR de la LIG, cuyos términos resultan inequívocos (“...El tratamiento previsto en este artículo sólo será de aplicación cuando la sociedad emisora del exterior no se encuentre radicada en una jurisdicción categorizada como de baja o nula tributación”).
V.2.3. Que en este contexto, no existiendo dudas que la sociedad que distribuyó los dividendos percibidos por la actora se encontraba en una jurisdicción de baja o nula tributación, no encuentro sustento jurídico serio para apartarme de los términos de la norma reglamentaria, por lo que corresponde confirmar el ajuste respecto del período fiscal 2000.
VI. Que con relación a los intereses resarcitorios y si bien la actora no expresó agravio alguno al respecto, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora en que incurrió el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. En tal sentido cabe recordar que la Corte con fecha 1/6/2000 en la causa “Citibank NA c/DGI” expuso que: “si bien en el precedente de Fallos: 304:203 el tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del artículo 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos: 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la Corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas”.
Ello así, procede confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios intimados respecto del período fiscal 2000, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley 11.683, con costas.
VII. Que por todo lo expuesto, voto por desestimar las excepciones de falta de legitimación y nulidad opuesta por la actora, con costas y revocar la resolución apelada en lo que respecta a la determinación de oficio por el período fiscal 1997, con costas y confirmarla en lo que respecta al período fiscal 2000, con más los intereses resarcitorios correspondientes, con costas.
El Dr. Vicchi dijo:
Que adhiere al voto precedente.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que adhiero a la solución alcanzada en el voto del Vocal instructor en cuanto rechaza las excepciones articuladas por la recurrente, con costas y revoca el ajuste relativo al impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 1997, también con costas.
II.-Que resta pronunciarse entonces sobre el acto administrativo en cuestión, en cuanto determina dicho gravamen pero respecto del año fiscal 2000, liquida intereses resarcitorios y, con sustento en el artículo 20 de la ley 24.769, hace reserva de la eventual aplicación de sanciones. Ello porque la contribuyente no habría declarado como renta alcanzada por el impuesto a las ganancias los dividendos percibidos de la sociedad del exterior Matilde Saguier Corp.
En tal sentido, comparto el desarrollo efectuado por el Dr. Luis en los tres primeros párrafos del Considerando V.2.1 de su voto, en relación con los fundamentos esgrimidos por las partes para fundar sus posturas.
III. Que a fs. 1231/1243vta de los autos principales -cuerpo IV- luce la sentencia firme dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico del 27-11-2008, que revocó el pronunciamiento de primera instancia por no advertirse la comisión del delito de evasión tributaria por parte de la aquí recurrente. Dicho Tribunal sostuvo:
“16) Que determinar la realización del hecho imponible y el nacimiento de la obligación tributaria material relativa al supuesto delito de evasión investigado, en este caso, constituiría una cuestión de puro derecho, pues no existen cuestionamientos sustanciales con relación al aspecto fáctico (confr. el considerando 10 de la presente), y los elementos normativos en juego han sido descriptos por el considerando 14° del presente” (el subrayado es propio)
28°)…“ en cuanto a las características de la presunción que surge de lo dispuesto por el tercer párrafo de la norma incorporada por el decreto 1037/2000 a continuación del “ art…(XIII)” agregado después del art. 165 del decreto 1344/1998 reglamentario de la ley de Impuesto a las Ganancias, en atención a las características del caso examinado, que involucra la imputación de la comisión de un delito penal, corresponde extremar la primacía de la verdad jurídica objetiva sobre el ritualismo formal, como resultado de la garantía constitucional del debido proceso ( art. 18 de la Constitución Nacional…).
Para concluir:
29°)… “Por lo tanto, el caso se ajusta a lo que se prescribe por el primer párrafo de la norma agregada por el decreto 1037/2000. En consecuencia, los dividendos que recibió Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier no debían ser computados en la determinación de la garantía sujeta a impuesto de la contribuyente mencionada.”
Que la norma referida precedentemente establece “ARTÍCULO….- Los residentes en el país que sean titulares de acciones emitidas por sociedades radicadas en el exterior que participen –en forma directa o a través de otra sociedad radicada en el exterior-, en una sociedad constituida en la República Argentina, considerarán no computables los dividendos distribuidos por la citada sociedad emisora, en la medida en que los mismos estén integrados por ganancias distribuidas por la sociedad argentina, que tributaron el impuesto conforme con lo establecido en el artículo 69 de la ley y, en su caso, con el artículo incorporado a continuación del mismo. A tales efectos, el accionista residente en el país deberá acreditar, en la forma, plazo y condiciones que al respecto establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ám bito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en qué medida los dividendos percibidos se hallan integrados por las ganancias a que se refiere el párrafo anterior El tratamiento previsto en este artículo sólo será de aplicación cuando la sociedad emisora del exterior no se encuentre radicada en una jurisdicción categorizada como de baja o nula tributación.”
IV. Que sentado lo que antecede, previo a toda consideración, resulta menester referirse a la coexistencia de las vías penal, administrativa y contencioso administrativa que recepta nuestro derecho positivo, que implican la posibilidad latente de afectarse mutuamente, a fin de que este Tribunal pueda analizar la determinación de oficio realizada de acuerdo con lo normado por la ley 11.683.
Que el artículo 20 de la ley 24.769 en su parte pertinente, pretendiendo impedir el posible conflicto, establecía en su tercer párrafo que “Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial”. Que tanto el Tribunal Fiscal de la Nación como su Alzada se han expedido largamente sobre el efecto de la cosa juzgada en sede penal, para concluir mayoritariamente que si bien las normas de la ley 24.769 descartan el sometimiento de la cuestión tributaria a los resultados en sede penal, ello no empece a que se deba impedir la existencia de una posible contradicción sobre aspectos esenciales de los presupuestos fácticos comunes a ambos, pues se caería en un inaceptable escándalo jurídico, riesgo que se superará condicionando la apreciación de los hechos a las conclusiones arribadas en el proceso penal (conf entre muchos otros TFN in re Apartur S.A. 30/3/2000 Sala C, Gus Mig, Sala D, 8/4/2005; CNACAF Procesamiento Industrial de Laminados 15-6-2006 y Coop. de Obras y Servicios Públicos Río Tercero 12/8/2009, ambos de la Sala IV y BC Logistics S.A. 23/2/2021, Sala V).
Que en ese sentido, debe concluirse que lo que no resulta viable es la revisión de los hechos invocados por las partes, objeto de la prueba, que son “…los previstos en las normas jurídicas y que deben aplicarse para que se reconozcan o excluyan sus efectos jurídicos…, es decir, que con ello se persigue demostrarle al juez que el supuesto concreto de hecho que se le ha planteado, corresponde, precisamente, al que en forma abstracta se completa en la norma legal o que está en desacuerdo con éste, para reconocer que se han producido determinados efectos jurídicos que reclama el demandante o, por el contrario, para negarlos…” (Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial, tomo primero, pág 151. Ed Temis 2002). En ese marco, tal condicionamiento no debe hacerse extensivo a la valoración jurídica que sobre tales presupuestos se hubiere efectuado, toda vez que este Tribunal debe reservar para sí la consideración del encuadre normativo que considere aplicable en cada caso, sin sometimiento al criterio fijado por la vía penal, lo que vaciaría de contenido su labor jurisdiccional impuesta por la ley 11.683 en relación con el acaecimiento del hecho imponible.
VI. Que precisado el alcance de cada una de las jurisdicciones, cabe remarcar que de acuerdo con lo detallado en el Considerando III, el fundamento medular de la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico estuvo vinculado con la aplicación al caso particular del precepto incorporado por el decreto 1037/00 a continuación del art… XIII agregado después del artículo 165 del decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias, especialmente de su tercer párrafo, para concluir, interpretación mediante (conf. Considerandos 24° y ss), que …“ por vía de la reglamentación se estaría alterando el principio de la Ley de Impuesto a las Ganancias en materia de dividendos que es la expresión clara e inequívoca de la voluntad del legislador en este aspecto”.
Que independientemente del criterio de la suscripta respecto del sentido y alcance de la modificación introducida por dicho decreto a la ley del gravamen y su decreto reglamentario, lo cierto es que, no habiendo mediado en la especie declaración judicial de inconstitucionalidad en relación con el referido decreto y teniendo en consideración el valladar impuesto por el artículo 185 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif), no cabe más que confirmar el ajuste bajo análisis, con costas.
En relación con los intereses resarcitorios liquidados, adhiero a lo dispuesto por el Dr. Luis en el Considerando VI de su voto.
Por ello, SE
1. Rechazar las excepciones de falta de legitimación y nulidad opuestas por la actora, con costas.
2. Revocar la resolución apelada en lo que respecta a la determinación de oficio por el período fiscal 1997, con costas.
3. Confirmar la resolución apelada respecto al período fiscal 2000, con más los intereses resarcitorios correspondientes, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos.
Date: 2021.04.26 16:10:43 -03:00 Date: 2021.04.27 10:43:02 -03:00 Juan Carlos Vicchi Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.04.27 14:35:12 -03:00 Claudio Esteban Luis Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.04.27 14:35:14 -03:00
Fin de la sentencia