Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 39.086-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N°10693/2017 (DE PRLA), dictada en las Actuaciones SIGEA 14827-251-2011 y por ende los cargos Nros. 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648 y 649/2011 2) Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-65952508-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 18 de Junio de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht y Horacio Joaquín Segura (la Dra. Claudia Beatriz Sarquis se encuentra en uso de licencia), a fin de resolver en los autos caratulados "NORTH BAY ARGENTINA S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación“, expediente N° 39.086-A El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 10/15 vta, el presunto responsable apela los cargos realizados en la instancia administrativa al considerarse que los precios declarados no guardaban relación con aquellos obtenidos por estimación comparativa o, en su defecto, similar competitiva, que hubiese dicto objeto de despacho.
II. En su expresión de agravios, el recurrente sostiene que debe revocarse el acto administrativo apelado, toda vez que manifiesta desconocer los antecedentes utilizados por el servicio aduanero para aplicar el método previsto en el art. 748 inc. a) del C.A. Añadiendo que se ha configurado una violación del debido proceso adjetivo a causa del incumplimiento de la Resolución AFIP 620/99. A modo de cierre hace notar que ninguna norma habilita a la demandada a reconstituir la base de imposición mediante la utilización de estadísticas. En vista de ello adujo la falta de razonabilidad del acto administrativo y exhortó a que se tengan en cuenta las modalidades de la exportación de acuerdo con el art. 748 del C.A.
III. A fs. 24/29 el Fisco contestó el traslado del recurso interpuesto por el actor defendiendo el accionar del servicio aduanero y solicitando el rechazo del recurso interpuesto por la actora con costas. En primer lugar, tras efectuar la negativa genérica de los hechos y el derecho invocados por el recurrente, indicó que el C.A. adoptó la noción teórica de valor, en base a un precio al que cualquier vendedor entregaría la mercadería en cuestión y no en razón al precio fijado en una operación concreta, como ocurre en el caso de la noción positiva de valor. Seguidamente, argumentó que el precio de la transacción se encontraba sustancialmente disminuido respecto de antecedentes comparables, indicando que el desconocimiento de éstos por parte del actor no los transforma en inexistentes o falsos. Agregó, que en el trámite de la impugnación, se le dio al accionante amplio derecho de defensa a fin de que aportara la prueba necesaria para justificar su postura sin que efectuara lo propio. Indicó que el ajuste de valor fue realizado de conformidad con el art. 748 inc. a) del C.A., y adujo que el recurrente pretendió desvirtuarlo sobre la base de afirmaciones genéricas. También desestimó la nulidad del procedimiento por entender que logró la finalidad a la que estaba destinado. Ofreció prueba e hizo reserva de Caso Federal solicitando que se dicte sentencia confirmando el decisorio apelado, con costas.
IV. A fs. 34 se abrió la causa a prueba, la que fue producida a fs. 36/45. A fs. 57 se declaró cerrado el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “G”. A fs. 59 se ponen las actuaciones a disposición de las partes para alegar, obrando el alegato de actor a fs. 64/66vta.. A fs. 68 se pasan los autos a sentencia con lo cual, quedaron estas actuaciones para resolver si la resolución apelada, en cuanto rechaza la impugnación de los Cargos con relación a la mercadería documentada en los Permisos de Embarque, se ajusta a derecho.
V. Sentado lo que antecede, corresponde señalar como punto de partida que la controversia relativa al cumplimiento de las formalidades previas al dictado del acto determinativo de la obligación tributaria carece, por sí misma, de entidad suficiente para definir la suerte del litigio. Ello es así porque cualquier irregularidad que pudiera haber tenido lugar en el procedimiento administrativo es susceptible de ser subsanada en esta sede judicial, en atención a que estamos frente a un acto administrativo emitido en ejercicio de facultades estrictamente regladas. Esta posición coincide con la reiterada doctrina de nuestro Máximo Tribunal (Fallos 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), conforme la cual "...cuando la restricción del derecho de defensa ocurre en procedimientos sustanciados en sede administrativa, la efectiva violación al artículo 18 de la Constitución Nacional no se configura mientras exista la posibilidad de reparar dicha restricción en una etapa jurisdiccional posterior. Ello así, en tanto queda satisfecho dicho derecho fundamental con la oportunidad efectiva de acudir ante un órgano judicial en búsqueda de tutela efectiva, tal como ha acontecido —con amplitud— en el caso concreto, al haberse garantizado al recurrente la posibilidad de ofrecer todas aquellas pruebas conducentes para la protección integral de su derecho..." [in re "Mirror Holding S.A.”, sentencia del 15/9/06, expte. N° 20.440-I]. En ese sentido, cabe destacar que, en la presente instancia judicial, el administrado ejerció plenamente su derecho de defensa, pudiendo ofrecer y producir todas las pruebas que consideró pertinentes. Por consiguiente, corresponde rechazar el planteo efectuado por el recurrente, en virtud de que la deficiencia procesal invocada no generó situación alguna de indefensión ni le produjo perjuicio que no haya podido ser subsanado oportunamente en esta etapa jurisdiccional. En consecuencia, entiendo que debe desestimarse el planteo de nulidad interpuesto por la actora fundado en supuestas vulneraciones al debido proceso adjetivo.
En relación con las costas, cabe precisar que, aunque la cuestión planteada por la recurrente fue analizada previamente, lo cierto es que dicha argumentación no se introdujo en calidad de excepción procesal autónoma, sino únicamente como parte de la estrategia defensiva dirigida a obtener la revocación del acto administrativo impugnado. Por tal razón, al no haberse generado una actividad procesal independiente en relación con este punto, considero que no corresponde imponer costas respecto de este agravio En lo relativo a los agravios de falta de causa y motivación del acto administrativo impugnado, tomando en consideración los fundamentos expuestos por el recurrente para sostenerlos, corresponde que sean resueltos junto con el fondo de la cuestión por lo que debe rechazarse la cuestión de nulidad en cuanto a tratársela autónomamente.
VI. En ese estado de cosas, cabe puntualizar que de los antecedentes obrantes en la causa surge que el servicio aduanero efectuó la valoración de la mercadería mediante una estimación comparativa con otras exportaciones de bienes similares, correspondientes a momentos imponibles equivalentes, sin que haya mediado cuestionamiento alguno respecto del precio pactado entre las partes involucradas. No obstante, la Aduana consideró procedente la determinación de oficio del valor imponible, con el fin de asegurar que la base imponible adoptada resulte consistente con aquella que correspondería aplicar a cualquier operación similar de exportación celebrada en condiciones comparables.
Fue en este contexto que, precisamente, el servicio aduanero efectuó un ajuste del valor declarado en diversas operaciones de exportación de arándanos, por lo que resulta necesario analizar si dicha actuación administrativa cumplió acabadamente con las exigencias inherentes al debido proceso legal, consagradas específicamente en el artículo 748, inciso a), del Código Aduanero.
Así planteada la cuestión que suscita la intervención y análisis de este Tribunal, corresponde, para su resolución, remitirme a los fundamentos ya expresados en oportunidad del precedente "AUSTRADE S.A c/D.G.A. s/recurso de apelación" (INLEG-2023-151749403-APN-VOCXIX#TFN), sentencia del 21 de diciembre de 2023.
Sintetizando brevemente lo señalado en aquella oportunidad, cabe recordar que para determinar con exactitud cuánto corresponde abonar al fisco resulta imprescindible establecer adecuadamente la base imponible sobre la cual se aplicará el tributo pertinente. A tal efecto, el régimen aduanero aplicable distingue dos metodologías contrapuestas: por un lado, la noción teórica de valor y, por otro, la denominada noción positiva de valor.
En primer lugar, la noción teórica de valor se construye sobre una base hipotética o presunta del valor de las mercaderías, que no necesariamente coincide con el precio efectivamente pagado o por pagar por las mismas. Su objetivo esencial radica en captar una capacidad contributiva estimada a través de parámetros abstractos. En contraste con ello, la noción positiva de valor se sustenta en el precio real, efectivamente abonado o exigible, por la mercancía vendida con destino a su exportación al país importador.
En consecuencia, resulta indudable que la noción positiva del valor constituye la regla general para determinar el valor en aduana de las mercaderías. Esta afirmación deviene incuestionable al considerar que forma parte esencial del debido proceso tributario el esfuerzo estatal orientado a captar la verdadera capacidad contributiva de los sujetos obligados. Resulta elocuente que la utilización de un método valorativo que prescinda o se aparte de la verdad objetiva de los hechos se presenta siempre como excepcional. En este marco interpretativo, es preciso reiterar que, para adoptar válidamente una metodología alternativa o indirecta —es decir, para apartarse de la noción positiva de valor— debe existir, necesariamente, una justificación relevante y suficiente que permita legítimamente desplazar el principio fundamental de capacidad contributiva, acudiendo así a métodos subsidiarios o indirectos para la reconstrucción del hecho imponible. Todo ello demuestra claramente que no existe margen alguno de discrecionalidad procedimental absoluta para determinar las bases imponibles tributarias.
Finalmente, en este viaje por los sinuosos caminos del derecho aduanero, resulta claro que el Estado, al ejercer su potestad tributaria, debe acercarse con respeto casi reverencial a la verdad que late en las transacciones humanas. Sucede que la autonomía de la voluntad, semejante al corazón de los pactos que unen a quienes comercian, refleja la genuina capacidad contributiva de cada operación y merece ser protegida frente a métodos que desdibujan su esencia original. Acudir a métodos indirectos, despegados de la realidad tangible y objetiva, debe reservarse sólo para aquellos casos en los que exista un motivo poderoso, una justificación cuya gravedad pueda vencer aquella verdad primaria.
Precisamente, esta afirmación encuentra sólido fundamento al realizar una interpretación prudente y sistemática del artículo 747 del Código Aduanero, que dispone, en lo que aquí interesa: “No obstante, si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable”.
En este orden de ideas, más allá del uso formal del término "podrá", es oportuno recordar que, conforme reiterada doctrina del Máximo Tribunal, las disposiciones normativas no deben interpretarse aisladamente, sino en forma integrada con otras que regulan la misma materia, conformando un conjunto coherente y armónico, parte de una estructura jurídica sistemática orientada hacia el fin perseguido por el legislador (Fallos: 241:227; 244:129; 262:283 - voto del juez Zavala Rodríguez-; 315:2157; 330:3426; 331:2550; 338:962; 338:1156, entre muchos otros). Es así como, al interpretar una disposición normativa, debe desentrañarse su verdadero alcance mediante un análisis racional y contextualizado, tomando en consideración la totalidad de su articulado, asegurando coherencia interna y atendiendo a la finalidad perseguida con su dictado (Fallos: 339:323).
Es preciso destacar que el derecho no se limita a la literalidad gramatical de sus normas; por el contrario, requiere una interpretación que compatibilice su aplicación con principios fundamentales tales como la justicia, la equidad y la seguridad jurídica. Esta tarea hermenéutica busca evitar resultados que desnaturalicen el propósito de las normas o favorezcan conductas contrarias a la transparencia y legitimidad en el comercio internacional.
En efecto, la interpretación jurídica no puede ni debe realizarse en abstracto o en un vacío conceptual, prescindiendo del contexto histórico, social y económico en el cual las normas fueron sancionadas, ni de las necesidades y objetivos concretos que pretenden regular. De modo semejante a como ocurre en la teoría literaria, donde se reconoce que ningún texto puede entenderse plenamente desvinculado de su entorno histórico-social, también en el ámbito jurídico es imprescindible atender a las circunstancias concretas y a las consecuencias prácticas derivadas de la aplicación normativa.
Por ello, es cierto que la Aduana puede legítimamente apartarse del valor imponible declarado por el exportador cuando dicho valor no refleje objetivamente el precio de venta que habría resultado de una transacción entre comprador y vendedor independientes. Pero también es igualmente cierto y determinante que dicha posibilidad de apartarse del valor declarado cesa en el preciso instante en que el exportador justifica adecuadamente el precio pactado en la operación. Insisto en señalar, pues, que la capacidad contributiva representa el principio rector en esta materia, y cualquier excepción o desviación de dicho principio general requiere necesariamente una justificación fundada, suficiente y razonable VII.- En ese estado de cosas, se observa en la especie que las exportaciones bajo análisis estuvieron destinadas a Países Bajos, Estados Unidos y Canadá y la mercadería exportada consistió en arándanos clasificados bajo la posición arancelaria N° 0810.40.00.910G y declarados mediante los Permisos de Embarque.
El procedimiento del servicio aduanero para realizar el ajuste se adecuó a lo establecido por la Resolución General AFIP N°620/99 conforme el propio actor indicó en el capítulo III del escrito de impugnación que obra a fs. 32/37 de las actuaciones administrativas.
Ahora bien, al momento de instar la jurisdicción de este Tribunal, el actor ofreció prueba informativa para que la Aduana acompañe los antecedentes utilizados para ajustar los Permisos de Embarque, los cuales, como he mencionado, datan del año 2006 en relación con cargos que fueron confeccionados en el año 2011. Dicha medida probatoria, como comenté en los considerandos anteriores, fue satisfecha con los listados obrantes a fs. 42 del expediente principal, que fueron extraídos del sistema Discoverer.
Al respecto, si bien la Aduana explicó el día 12/12/2018 que no pudo acompañar los antecedentes documentales originales utilizados para ajustar los Permisos de Embarque —por encontrarse aquellos en el archivo físico del Ramo 2, radicado en el subsuelo del edificio de la calle Defensa, y haber sido presumiblemente afectados por una inundación—, tal explicación no resulta suficiente para justificar su omisión, máxime cuando se trata de documentos que debieron haber sido incorporados al expediente administrativo al momento de confeccionar los Cargos o, cuanto menos, en oportunidad inmediatamente anterior.
En efecto, la motivación y sustento probatorio de los Cargos debió constar en el expediente administrativo desde su origen, en cumplimiento de los principios de legalidad, debido proceso y derecho de defensa. No resulta razonable que la ausencia de elementos esenciales sea justificada ex post facto mediante una explicación genérica y sin soporte objetivo alguno, ofrecida recién el 12/12/2018 —esto es, varios años después de confeccionados los Cargos en 2011 y efectuadas las operaciones en 2006— y sin brindar ninguna referencia precisa acerca de la fecha, el alcance o las circunstancias del supuesto siniestro que habría causado la pérdida o destrucción de los antecedentes.
Asimismo, debe señalarse que la prueba informativa ofrecida por la parte actora ante este Tribunal tuvo por finalidad justamente suplir esa omisión, en tanto solicitó que la Aduana acompañara los antecedentes utilizados para sustentar el ajuste de valor practicado. Sin embargo, el servicio aduanero solo respondió con un listado extraído del sistema Discoverer, el cual no permite reconstruir ni verificar adecuadamente los fundamentos técnicos y jurídicos que dieron origen a la pretensión fiscal.
En consecuencia, la ausencia de documentación original en poder de la Aduana, unida a la vaguedad y falta de respaldo de la explicación brindada por el organismo, impide tener por acreditado el sustento fáctico necesario para convalidar los ajustes, máxime cuando las planillas omiten información trascendente (ej.: cantidad de unidades, cantidad de bultos, características de la mercadería, forma de presentación, nivel comercial de los exportadores, existencia o no de vinculación con los proveedores del exterior, etc.), que imposibilita efectuar una comparativa válida. Por lo tanto, corresponde restar eficacia probatoria a la información incompleta incorporada al expediente por el servicio aduanero y sin perjuicio de que este último es responsable por la conservación y custodia de los antecedentes que, por su propia actuación, debieron integrar el legajo administrativo desde el inicio del procedimiento.
VIII. Como consecuencia de lo expuesto, debe señalarse que, teniendo en cuenta las particularidades de la cuestión, no se presentan en la causa elementos que constituyan fundamento suficiente para desestimar el precio de la mercadería declarado por el actor y tampoco como para justificar los ajustes llevados adelante por la Aduana en los términos del art. 747 del C.A.
Así las cosas, el servicio aduanero no ha podido brindar información acabada de los antecedentes comparables a las operaciones en trato, de los que resulte que los precios declarados no constituyeron una base idónea de valoración. Todo lo expresado permite concluir que los elementos de juicio invocados por la Aduana para desconocer el precio declarado como valor imponible resultan insuficientes. Por lo tanto, los ajustes efectuados carecen de una justificación adecuada que permita convalidarlos en esta instancia.
IX. En virtud de todo lo expuesto, corresponde revocar la Resolución apelada, debiendo dejarse sin efecto los Cargos apelados.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N°10693/2017 (DE PRLA), dictada en las Actuaciones SIGEA 14827-251-2011 y por ende los cargos Nros. 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648 y 649/2011 2) Costas a la vencida.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N°10693/2017 (DE PRLA), dictada en las Actuaciones SIGEA 14827-251-2011 y por ende los cargos Nros. 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648 y 649/2011 2) Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Miguel N. Licht y Horacio J. Segura por encontrarse en uso de licencia la Dra. Claudia B. Sarquis (conf. art. 1162 del C.A.)
Date: 2025.06.18 13:22:03 ART Date: 2025.06.18 18:07:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.18 18:08:21 -03:00
Fin de la sentencia