Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución 70/08 en relación con las operaciones de exportación con la firma Daerim Chile y Cía. Ltda., respaldadas con doble emisión de facturas, con más sus intereses resarcitorios, revocándola en lo demás.
2Confirmar la resolución 161/08 en relación con el ajuste por deducción de diferencias de cambio, con más sus intereses resarcitorios y revocarla respecto del restante ajuste.
3Confirmar la sanción aplicada en la resolución 52/09 por el ajuste confirmado, según lo referido en el punto 2°), revocándola respecto de las restantes cuestiones.
4Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
5Intimar al organismo recaudador para que en el término de 30 (treinta) días practique la reliquidación, bajo apercibimiento de practicarla la recurrente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-67718822-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Junio de 2024 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma Nominación), Claudio Luis (Vocal titular de la 8va Nominación) y Daniel Martin (Vocal subrogante de la 9na Nominación), a fin de sentenciar en el expediente N°32.053-I y sus acumulados 33.075-I y 33.409-I, caratulados “NOVAMAR S.A. s/recurso de apelación” La Dra Marmillon dijo:
I. Que a fs 195/224vta, 714/824 y 924/963vta. Novamar S.A. interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones Nros 70/2008, 161/2008 y 52/2009. Por la primera de ellas de fecha 24/6/2008 se determina de oficio con carácter parcial, por conocimiento cierto y presunto de la materia imponible, el impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2001. Por la segunda resolución del 15/12/2008, se impugnan las declaraciones juradas presentadas correspondientes al impuesto a las ganancias del período fiscal 2002 y se determina de oficio, por conocimiento cierto y presunto de la materia imponible el mencionado impuesto, con más sus intereses resarcitorios.
Finalmente, por acto administrativo del 8/10/2009 se aplica una multa equivalente a tres veces el impuesto a las ganancias presuntamente evadido relativo al periodo fiscal 2002, con fundamento en los artículos 46 y 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). Todas las resoluciones apeladas fueron suscriptas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro de la AFIP-DGI. Relata la recurrente que se dedica a la pesca de altura, especialmente del calamar, en sus distintas modalidades y que el 23/5/2004 el organismo recaudador dispuso, en virtud de la orden de intervención N° 3542, la verificación fiscal de la empresa con el objeto de controlar el cumplimiento de sus deberes y obligaciones tributarias respecto del impuesto a las ganancias del período fiscal 2002, la que el 20/6/2007 se amplió al mismo gravamen pero del año fiscal 2001.
Expone que la inspección se habría iniciado luego de realizar estudios orientados a conocer el comportamiento del mercado en el lugar de destino del producto de pesca exportado, imputándose la facturación de sus ventas al exterior a precios inferiores a los del mercado internacional.
Señala que el organismo recaudador solicitó a la firma Daerim Chile y Cia Ltda, empresa residente en Chile, documentación relacionada con Novamar S.A., aportando la primera, seis facturas en las que aparentemente diferían en más en el rubro “precio de venta” con las emitidas por la inspeccionada. Afirma que la diferencia era de $217.131,89.-, es decir un promedio del 17,22% más sobre los importes facturados por la contribuyente, monto que fue utilizado para determinar la materia imponible sobre base cierta.
Manifiesta que tomando el citado porcentaje, el Fisco Nacional procedió, en forma presuntiva, a incrementar en la misma diferencia las restantes doce operaciones que tuvo durante el año 2001 con su cliente chileno; sobre esta base presunta el organismo fiscal llegó a una diferencia proyectada de $721.853,26.- Puntualiza que el ente recaudador determinó sobre base cierta (considerando las seis facturas aportadas por su cliente chileno) y sobre base presunta (considerando el porcentual de 17,22% sobre el resto de las operaciones) un incremento de la ganancia sujeta a impuesto de $938.985,15.- y un resultado neto final de $2.359.161,61.-
Relata que el 31 de octubre de 2007 se dicta la resolución que le confiere vista de las actuaciones, la que fue contestada el 14 de diciembre de 2007 respecto del período fiscal 2001, ofreciendo diversas pruebas tendientes a demostrar la improcedencia de los cargos formulados.
Destaca que el 24/6/2008 la misma División que emite los actos aquí apelados dicta la resolución 70/2008, por la que se hace lugar parcialmente a la contestación de vista y en consecuencia, se modifica en menos el monto del ajuste por ingresos omitidos y en virtud de ello, procede a determinar de oficio en el impuesto a las ganancias, período fiscal 2001, un resultado neto final de $2.240.872,27.- el que resulta absorbido por el cómputo de quebrantos de ejercicios anteriores.
Detalla que la disminución en el ajuste obedece a que el Fisco desecha el coeficiente de 17,22% tomado originariamente de la presunta diferencia entre las seis facturas y en cambio toma cinco de ellas en las que se exportaba un mismo producto (vaina de calamar) y obtiene un coeficiente (20,01%) que lo aplica a las facturas emitidas al cliente chileno, con el que se operaba con dicho producto.
Agrega que de la factura restante (en la que se vendía tubo de calamar) se toma un promedio (4,745%) que se aplica a las facturas en las que se operaba con el mencionado producto.
Se agravia de que el Fisco Nacional considere la existencia de una doble emisión de comprobantes, provocando los ajustes y la multa apelados en los presentes autos, proyectando el porcentaje en que las facturas de la empresa y las aportadas por el cliente chileno difieren sobre aquellas facturas que este último no aportara. Considera que la inspección se limita a cotejar los precios de venta, llegando a la conclusión que la documentación emitida era apócrifa.
Señala que surge evidente que las facturas que aportara y aquellas acompañadas por Daerim Chile Ltda difieren en forma considerable respecto de la tipografía, aspecto y diseño y que no puede pagar las consecuencias por la conducta fiscal de Daerim Chile Ltda., ya que la duplicación de las facturas originales emitidas por su parte es un hecho que sólo le incumbe al cliente chileno con el Fisco de su país. Niega que el señor Sang Kyu Lim desempeñe cargos de alta jerarquía en ambas empresas, ya que Novamar S.A. posee una nueva composición accionaria y el sujeto antes mencionado vendió su participación a los nuevos accionistas dejando de formar parte de la misma hace ya varios años.
Respecto de la diferencia de los mercados tomados como base, sostiene que el Fisco Nacional recabó información del mercado español, con el que esta empresa no tuvo intervención en los períodos analizados. En ese sentido, agrega que el ente recaudador considera que las ventas al exterior fueron efectuadas a precios inferiores a los del mercado internacional, es decir que para llegar a esa presunción se basa a su vez en otra presunción y en los precios mayoristas del calamar publicados en una página web de un mercado mayorista español que revende los moluscos importados, cuando en realidad Novamar SA solo exporta sus productos a un precio obviamente inferior y lo hace a un cliente situado en Chile.
Resalta que los estudios encarados por la fiscalización actuante se limitan a tomar el precio de una página de internet www.mercamadrid.es y que el sitio mencionado pertenece a una sociedad mixta compuesta por capitales privados y estatales de la ciudad de Madrid, que reúne a los mercados centrales de pescados y frutas y hortalizas, como al mercado de carnes, a empresas polivalentes especializadas en el sector alimentario y a un amplio rango de empresas de servicios: frío industrial, conservación, logística, transporte, manipulación, etc.
Pone de manifiesto que, conforme surge del informe final de inspección, el Fisco Nacional hace saber que llegó a esa página a través de otra llamada www.mercasa.es, que contiene las direcciones de los distintos mercados de España; por lo tanto la inspección consideró que de todos los mercados que contenía esa página, “mercamadrid” era el más fidedigno y contaba con la información más representativa.
Entiende que resulta extraño que el Fisco recurriera a dicha página que tenía información sobre mercados manifiestamente ajenos a los analizados en los presentes autos, sin precisar en ningún momento si el calamar tomado como parámetro es idéntico al calamar exportado por Novamar SA, a fin de lograr un paralelismo que permita presumir la subfacturación.
Describe las formas de venta de calamar existentes y aclara que los subproductos del calamar poseen un precio distinto, hecho que no fue tenido en cuenta por la fiscalización que tomó un precio genérico en kilos y en euros.
Analiza que el precio del mercado español sólo es válido para ese país y ello se debe a que su precio es fruto del tipo de mercadería consumido por esa zona, a la oferta y la demanda del calamar, estipulado por un mayorista no importador e incluye distintos conceptos que lo hacen incomparable con las operaciones aquí apeladas.
Manifiesta que de la información obtenida mediante la circularización a las empresas Dongah Argentina S.A. y Esamar S.A., los precios en dólares informados por las citadas firmas no sólo son inferiores a los presumidos por el Fisco sino que también son inferiores a los facturados por Novamar a Daerim Chile Ltda. Afirma que los índices en los que se basa el ajuste efectuado por el Fisco son consecuencia de seis facturas que se proyectó a otras doce, lo que a su criterio resulta improcedente, no sólo porque existen distintos derivados del calamar, sino también porque su valor es estacional y por lo tanto, varía dentro del año calendario; la inspección toma facturas fechadas entre mayo y julio y las aplica sobre otras facturas de distintas fechas.
Continúa explicando que la vaina de calamar puede ser comercializada en diferentes tamaños, debido a la edad del molusco, variando su precio; lo mismo sucede con la fecha en que fueron efectuadas las operaciones, lo que influye sustancialmente en el precio del producto, pues demuestra cuánto tiempo lleva el calamar congelado, o sea, si es fresco o no, circunstancias éstas que tampoco fueron tenidas en cuenta por el ente fiscal.
Cita los precios promedio del Calamar Illex Argentinus según las posiciones arancelarias del Sistema Integrado María (SIM) de las que se desprende, a su criterio, que los valores a los que exportó Novamar S.A. la vaina de calamar son superiores a los valores promedio.
Señala que la razón por la cual no se discriminaba el producto en las facturas se debe a que las posiciones del nomenclador del SIM no permiten diferenciar el largo, frescura, tiempo de congelado, etc. Acompaña los partes de pesca emitidos semanal y mensualmente, los que dan cuenta de una pesca distinta en cuanto al largo de las vainas de calamar, lo que demuestra que la pesca era variada y por lo tanto el precio al que se vendía también, impidiendo que se tome un precio promedio de las facturas. Reitera que en el presente caso se ha proyectado el producto de cinco facturas de vaina de calamar sobre ocho del mismo producto que el cliente chileno no ha enviado y considera que el ajuste más improcedente aún es el que se produce respecto de las facturas de tubo de calamar, pues en ese caso el Fisco Nacional obtiene un promedio en base a una sola factura, sin dejar de lado que el ente fiscal ha construido una presunción (precios promedio) sobre la presunción de que las facturas aportadas por el cliente chileno reflejan el verdadero precio.
Respecto del ajuste efectuado por el período fiscal 2002 indica que acompañó una publicación de la revista “Redes” de la Industria Pesquera Nacional y un informe elaborado por el Departamento de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) en el que se observa el resultado de toneladas de calamar (67.370,3) pescadas durante el citado año y la cantidad de miles de dólares que ingresaron en ese concepto (U$S 63.808.000); de la división entre dólares y toneladas resulta que el precio promedio para toneladas de vaina o tubos de calamar era de U$S 947, precio que se corresponde con el facturado por Novamar S.A. Finalmente ofrece prueba instrumental, informativa y pericial contable y solicita se revoquen los actos apelados, con costas. Formula reserva del caso federal.
A fs. 234/251, 844/869 y 993/1019 contesta los traslados de recurso la representación fiscal, solicitando su rechazo, con costas.
Respecto de la cuestión de fondo sostiene que las operaciones involucradas no solo resultan desvirtuadas por la utilización de facturas cuya autenticidad se encuentra descalificada, sino que además la contribuyente no ha acompañado otras formas de comprobación categóricas que respalden sus dichos. Señala que ha basado su ajuste, no en el mercado español, sino en facturas correspondientes al ejercicio 2001 en poder de Daerim Chile y Cía Ltda., único cliente de Novamar SA y con estrecha vinculación económica con esta última. Agrega además, que tales facturas fueron obtenidas a través del organismo fiscal de la República de Chile, previa solicitud de colaboración por parte del Departamento de Operaciones Internacionales de esta Administración, en el marco del convenio celebrado oportunamente con ese país, a efectos de evitar la doble imposición internacional.
Destaca que a dicho organismo extranjero no le mereció observación alguna la documentación reunida y enviada a nuestro país, habiendo asignado personal idóneo que informó acabadamente las tareas desarrolladas en el vecino país, las que se cumplieron en dos oportunidades, la segunda de ellas ratificando y ampliando la primera.
Considera que yerra la recurrente cuando afirma que el ajuste aplicado por subfacturación de exportaciones se habría basado en los precios mayoristas del calamar publicados en una página web de un mercado mayorista español que revende los moluscos importados, toda vez que tales precios no han sido utilizados para el cálculo, sino que han surgido de facturas aportadas por Novamar S.A., cotejadas con las facturas en poder de la firma chilena.
Expone que el procedimiento seguido ha partido de información cierta, basada en seis facturas indicadas desde la República de Chile, para luego de agotados los medios que permitieran reconstruir la materia imponible en el resto de las operaciones del año 2001 y 2002, sí recurrir a la determinación presuntiva ante la inexplicada ausencia del resto de las facturas de Daerim Chile y Cía. Ltda.
Deja sentado que respecto del tipo o variedad de calamar tomado para el ajuste, precios según tamaño y tiempo de congelación, así como la época del año calendario de la campaña de pesca y lugar al que se exporta, considerando que se ha partido de la propia facturación de la recurrente, quien es de suponer que al emitir las facturas ha contemplado debidamente esas circunstancias, no puede argumentar que las mismas no se hayan visto respetadas, toda vez que a los precios por tonelada declarados se les adicionó simplemente un porcentual determinado previamente en forma cierta por cada variedad de comercialización declarada. Enfatiza que además de la colaboración solicitada a la República de Chile, que determinó que se detectara una doble facturación, se tuvo en cuenta la estrecha vinculación económica de la administrada con la firma chilena, su único cliente, y subsidiaria a su vez, de Daerim Corporation, con sede en Corea del Sur. Revela que el señor Sang Kyu Lim, representante legal de la firma Daerim Chile y Cía. Ltda. y simultáneamente presidente de Novamar S.A. fue quien informa con carácter de declaración jurada que no existe otras facturas en Chile que las aportadas, en evidente contradicción con la contabilidad de la contribuyente y la facturación de respaldo visualizada y aportada en fotocopias por la quejosa.
En ese sentido agrega que a pesar de los cargos de alta jerarquía que desempeñaba el señor Sang Kyu Lim, que implicaban tener acceso ágil a documentación, registraciones, e información interna de cada una de las citadas empresas, la contribuyente no atinó a explicar la doble facturación detectada y la falta de localización del resto de las facturas de exportación en la firma chilena.
Apunta que si bien la responsable indica las diferencias que exhiben las facturas enviadas desde Chile, en cuanto a la tipografía, aspecto y diseño, su presidente ha manifestado que las localizadas en el vecino país eran todas las que correspondían a Novamar S.A.
Resalta que de la documentación recibida no surge que se hayan rectificado o reconocido al fisco del vecino país error o irregularidad alguna, en cuyo caso se habría estado en presencia de una doble imposición internacional, y tampoco la recurrente ha mencionado o intentado probar el monto, fecha y forma de cobro de las facturas en cuestión.
Por último se opone a la prueba ofrecida por la recurrente y solicita que se confirmen los actos apelados, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que si bien la recurrente conjuntamente con los argumentos de fondo manifiesta que se ha visto conculcado el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso, vicio que, a su criterio, origina la nulidad absoluta de los actos determinativos, no corresponde su tratamiento como excepción, toda vez que sus dichos se limitan a discrepar con los fundamentos esgrimidos por el organismo recaudador para fundar los actos aquí controvertidos.
III. Que cabe señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a tratar la totalidad de los argumentos invocados por las partes, sino solo aquellos que resultan necesarios para la dilucidación de la causa (Fallos 258:304; 262:222, entre muchos otros).
IV. Que en relación con el primero de los ajustes efectuados por el ente fiscal, el que resulta común para los períodos fiscales 2001 y 2002, es dable destacar que el mismo tiene su origen en estudios efectuados en la Dirección de Asesoría Técnica de este Organismo con el fin de estudiar el comportamiento del mercado en el lugar de destino del producto de pesca exportado por la contribuyente bajo análisis, a saber: calamar entero y/o sus partes, en especial después de la devaluación del signo monetario nacional a comienzos del año 2002 (fojas 1306, Cpo. N° 7 impuesto a las ganancias).
Por otra parte, la inspección observa que la facturación de las exportaciones era emitida a un único cliente del exterior - DAERIM CHILE y Cía. Ltda., con sede en la ciudad de Valparaíso, República de Chile-, razón por la que, en el marco de lo establecido en el Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional (artículo 22) celebrado oportunamente con dicho país y ratificado por la Ley N° 23.228, solicitó por intermedio del Departamento antes citado información relativa a la empresa cliente y a las operaciones de exportación que la responsable llevara a cabo con ella durante los ejercicios comerciales 2001, 2002 y 2003 Como resultado, se advirtió de la posible existencia de una doble emisión de facturas de exportación con relación a seis operaciones del período fiscal 2001, las que si bien exhibían exactamente la misma numeración y cantidad de producto exportado, consignaban precios apreciablemente mayores en la facturación obrante en poder de la firma cliente del exterior (fojas 11 a 16, Cpo. anexo "Documentación Empresa Chilena II") que en la obtenida de la responsable (fojas 883, 889,891, 892, 893 y 894, Cpo. N° 5, GANANCIAS). A raíz de tal situación, el ente fiscal arriba a una diferencia de ingresos -en más- por U$S 217.131,89, monto que representaba un 17,22 % del total facturado según documentación respaldatoria de NOVAMAR S.A. (U$S 1.260.648,28).
En función de lo señalado, el Fisco Nacional presume que el "modus operandi" utilizado por la responsable, había sido aplicado también en las demás operaciones del resto del período fiscal 2001, máxime teniendo presente la vinculación económica con DAERIM CHILE y Cía. Ltda., su único cliente, y subsidiaria, a su vez, de "DAERIM CORPORATION", de Corea del Sur, firma, esta última, controlante de la verificada. Ante la observación formulada por la contribuyente respecto de las seis facturas tomadas como base, es de destacar que se procedió -a efectos del cálculo del porcentaje en cuestión- a separar las operaciones de vaina de calamar de aquellas correspondientes a tubos de calamar, arribándose a un ajuste por subfacturación del 20,01 % para la primera de las variedades y del 4,745 % para la segunda, reduciéndose el monto total ajustado del período fiscal 2001 Asimismo, el organismo fiscal presumió que el contribuyente utilizó la misma maniobra en operaciones del período fiscal 2002, puntualizando que se observa una considerable baja promedio en los precios por tonelada facturados en este año en relación a las del 2001, superior al treinta por ciento (30 %), guarismo que superaría el cuarenta por ciento (40 %) si se toma en cuenta la facturación en poder de la firma; ello, en total contraste con la evolución de precios observada en el mercado mayorista español para el calamar congelado, el que acusó una baja promedio de solo el 1,84 % anual.
Por lo expuesto, se procede a ajustar la materia imponible respecto del ejercicio 2002, aplicándose a los precios unitarios por tonelada declarados por la verificada en cada operación de exportación, los coeficientes de diferencias obtenidos por el primero para la vaina y para el tubo de calamar en relación al período fiscal 2001, del 20,01 % y del 4,745 %, respectivamente.
V. Que en relación con el segundo de los cargos efectuados en el período fiscal 2002, el Fisco Nacional explica que la contribuyente pretendió justificar la diferencia de cambio deducida del resultado impositivo del ejercicio cerrado el 31/12/2002, argumentando que surgía de un pasivo originado en la compra en mayo de 1991 de dos (2) buques pesqueros a la firma DAERIM CORPORATION, de Corea del Sur.
La compra de tales buques ascendió a la suma de U$S 1.650.000, habiéndose cancelado mediante pagos bancarios -de fechas 01/11/1993 y 18/05/1994- y un acuerdo entre partes -de fecha 27/12/2000- un monto total de U$S 1.121.040,97, quedando, por lo tanto, un remanente de U$S 528.959,03 (fojas 1273 y 1274, Cpo. Gan. N° 7), que al 31/12/2002 fue registrado en el rubro "Acreedores por Buques" por un importe de $ 1.782.591,93 (fojas 1194, 1198 y 1200, Cpo. Gan. N° 6), lo que implicó una deducción de resultados de una diferencia de cambio por $ 1.253.632,90.
Al respecto, la contribuyente informó que la principal accionista y vendedora de las embarcaciones mencionadas "...condonó a NOVAMAR S.A. (... ) todos los intereses devengados e impagos desde el 31/12/1995", no habiendo efectuado reclamo alguno por vía epistolar a la empresa en razón de que las solicitudes de prórroga eran tratadas y pactadas entre las partes (fojas 1275, Cpo. Gan. N° 7). La fiscalización enfatiza que tampoco han existido acuerdos que demuestren la intención de refinanciar la deuda en cuestión, ni reclamos judiciales conducentes a su cobro compulsivo, a pesar de que el último pago por parte de la responsable fue realizado con fecha 1/05/1994, como ya se señalara (fojas 1274 y 1312, Cpo. Gan. N° 7).
Agrega que, además, no se otorgaron avales y/o garantías por la deuda contraída, no obstante, la apreciable magnitud de su monto (fojas 1312, Cpo. ídem).
Por todo ello, la inspección concluye que la firma vendedora y la contribuyente (compradora)
mantenían una identidad patrimonial en comunidad de intereses entre sí y que la primera ejercía el manejo de las decisiones de la segunda por imperio del predominio que poseía en el capital social de esta última, constituyendo el pasivo en la realidad de los hechos, un verdadero aporte de capital y, por lo tanto, correspondía impugnar por improcedente la deducción en concepto de diferencias de cambio.
VI. Que una vez descriptos los ajustes efectuados, corresponde ahora examinar el primero de ellos, relacionado con las exportaciones efectuadas con la contribuyente con el único cliente del exterior - DAERIM CHILE y Cía. Ltda., con sede en la ciudad de Valparaíso, República de Chile, en los períodos fiscales 2001 y 2002.
Previo a ello, cabe realizar algunas consideraciones respecto del principio de realidad económica aplicado por el Fisco Nacional para fundar la mayoría de los ajustes practicados, así como también respecto a la determinación de oficio sobre base presunta.
Así, en lo que respecta al primero de los tópicos mencionados, esto es el principio de realidad económica, corresponde puntualizar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Consorcio de Empresas Mendocinas Potrerillos SA (TF 24.929-I) c/DGI” de fecha 31/10/17 ha señalado “Que, en efecto, si bien el mencionado principio de la realidad económica -expresado en el art. 2° de la ley 11.683 (t.o. en 1998)- faculta al organismo recaudador a desconocer las formas y estructuras asignadas por los contribuyentes a sus actos o negocios, y le permite recalificarlos a fin de considerar "la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o que les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos" (art. 2° cit., in fine), dicha facultad solo puede ser válidamente ejercida por la administración tributaria cuando resulta manifiesta la discordancia entre la sustancia económica del acto o negocio y la forma o estructura que los contribuyentes le han asignado pues, como principio, salvo que se presente esa ostensible discordancia, "debe darse prioridad a las estructuras jurídicas utilizadas por los particulares… (confr., en similar sentido, Fallos: 328:130 y 329:1812).”.
En referencia a la determinación sobre base presunta “...la atribución del ente recaudador para proceder a la estimación de oficio ha sido reconocida en forma reiterada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio -como corresponde- los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (Fallos: 268:515; y sus citas en consid. 12; Fallos: 197:210; 205:31; 210:107). Y si bien ello no significa edificar un criterio general que importe prescindir del procedimiento de determinación sobre base cierta previsto en la ley, tampoco permite descartar abinitio la aplicación de métodos indiciarios cuando su utilización viene justificada tanto por la naturaleza y características de la explotación investigada como por la necesidad de cumplir con el propósito tenido en cuenta por el legislador para establecerlos. De aquí que, en todo caso, su validez dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción colectados en la causa” (conf. Pro Mar Co S.A. (TF 28.050-I) Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, 19/03/2015).
Por lo tanto, la determinación de oficio por conocimiento directo de la materia imponible constituye el principio general y sólo cuando la misma no resulte posible por carecer de los elementos que permitan establecer la existencia y alcance del hecho imponible, el Fisco Nacional puede recurrir al método indiciario de estimación.
En el caso de atacar los ajustes efectuados por el organismo recaudador, como aquí lo hace la recurrente, corresponde que ésta pruebe y rebata los hechos que precisamente resultan ser su soporte. Así lo ha sostenido nuestro Máximo Tribunal al reconocer reiteradamente la facultad de la AFIP para proceder a la estimación de oficio, sin perjuicio del derecho que le asiste al contribuyente de probar fehacientemente en juicio los errores que atribuye a la liquidación practicada por la administración fiscal (Fallos 197:210; 205:31, 210:107).
Que ello no significa que la mencionada Dirección tenga en la materia facultades omnímodas y fuera del control judicial, puesto que para ello la ley acuerda intervención directa a los tribunales. Pero, al mismo tiempo, debe recordarse que también el contribuyente se halla obligado a suministrar los necesarios comprobantes, para evitar que, en el sistema basado en declaraciones juradas, pueda aquél formularlas en la forma que mejor cuadre a sus intereses, aún mediante la inclusión de elementos ajenos a la realidad.
VII.- 1- Que sentado lo que antecede, en lo que corresponde al primero de los ejercicios fiscales determinados y puntualmente en relación con la presunta facturación duplicada en las operaciones con la firma chilena, la recurrente señala que si la imprenta no reconoce haber realizado las facturas aportadas por el cliente chileno, que difieren de las emitidas por ella, quiere decir que las mismas no son verdaderas. A efectos de fundamentar su postura ofrece prueba informativa a la imprenta que habría emitido las facturas que fueran aportadas por la empresa de origen chileno.
Sobre el particular corresponde poner de manifiesto que la referida documentación difiere no sólo en cuanto a sus aspectos formales (diseño, logo), sino en cuanto a su fecha, valor del precio unitario y precio total de la operación (factura 0001-00000094; 0001-00000093; 0001-00000092; 001-00000096; 001-00000083, cuerpo Documentación Empresa Chilena I ). Por otra parte, respecto de las facturas 001-00000120 y 001- 00000121, no resulta posible el confronte pues sólo se encuentra agregada la documentación en poder de la empresa chilena.
Asimismo, a fs. 329 obra respuesta del oficio ordenado por este Tribunal a la imprenta Alberdi Perdix, quien expresamente señala “que no ha impreso facturas a pedido de la empresa Novamar S.A”, razón por la que cabe concluir que tratándose de la misma imprenta no resulta procedente el agravio de la recurrente en el sentido de otorgar validez a la documentación que pretende hacer valer.
Sin embargo, dicha circunstancia también tiene sus efectos sobre el ajuste fiscal, toda vez que teniendo en consideración las irregularidades señaladas y la prueba informativa producida, debe concluirse que el precio tomado por el Fisco y proyectado sobre la totalidad de las operaciones llevadas a cabo por la contribuyente, no se encuentra debidamente sustentado.
2. Por otra parte, se agravia la recurrente en el sentido que la determinación presunta llevada a cabo teniendo en consideración el precio de referencia del calamar tomado por el ente fiscal, en razón de no ser representativo y menos aún el vigente en el mercado en el período fiscal 2002. Agrega que no se aclara si el producto tomado como parámetro es idéntico al exportado por Novamar SA, puntualizando que cada uno de los subproductos del mismo posee un precio distinto, hecho que no ha sido tenido en cuenta por la fiscalización al tomar un precio genérico en kilos y en euros.
A los fines de probar sus dichos, ofrece como prueba informativa oficios a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y Cámara de Armadores de Poteros Argentinos, cuyas respuestas obran a fs. 334/335 y fs. 337, respectivamente.
La primera entidad detalla los diez cortes de calamar existentes, informando que su vida útil una vez extraído del mar y congelado en condiciones adecuadas, es de dieciocho meses.
Por otra parte, ambas entidades son contestes en afirmar que el precio del calamar varía según el método de captura, señalando que la realizada mediante artes especializadas (potas) posee un valor adicional en referencia a otros métodos de extracción (red de arrastre), que normalmente los precios varían por temporadas sujeto a los aumentos o disminuciones de las capturas locales, oferta y demanda internacional, etc. Agrega que el precio de la vaina se corresponde con el tamaño de la misma, y que a mayor tamaño mayor precio (vaina S, M y L).
La Cámara oficiada acompaña los precios promedios de Calamar Illex de los años controvertidos, distinguiendo también de qué producto se trate: tubos, anillas, tentáculos o aletas y demás, como asimismo su envasado.
En relación con la pericia contable, la misma no arroja luz sobre esta cuestión, más allá de reproducir el perito de la actora copia del informe de la Cámara referida precedentemente.
3. Que sentado lo que antecede y a la luz de del principio de realidad económica, cabe concluir que el ajuste efectuado por el Fisco Nacional no se encuentra debidamente fundado, por lo que corresponde revocar en este aspecto los mismos en relación con los períodos fiscales 2001 y 2002.
VIII. Que en lo que respecta al segundo de dichos ajustes efectuado en la resolución 161/08, relacionado con la impugnación de las diferencias de cambio deducidas por la actora en el ejercicio 2002, la contribuyente sostiene su improcedencia por entender que como surge del libro de registro de acciones y libro de actas de asamblea que se acompañó al contestar la vista, Novamar SA posee una composición accionaria de la que Daerim Corporation no forma parte, por lo que es improcedente hablar de un aporte de capital. Enfatiza que se trataría de un verdadero pasivo, toda vez que su parte ha presentado todas las declaraciones trimestrales previstas por la Comunicación "A" 3602 del Banco Central de la República Argentina para las entidades privadas no financieras que posean pasivos con residentes del exterior.
Argumenta que, si bien los reclamos y todos los aspectos de la deuda se realizaban en forma telefónica, se acompañó al contestar vista copia de fax enviado el 25/07/2005 por Daerim Corporation en el que se reclama la deuda.
Ahora bien, cabe recordar que “…más allá de las formalidades que pueda exigirse en la suscripción de un contrato de mutuo la prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo deber ser particularmente indudable acerca del nacimiento, de sus modalidades y, de corresponder, de la extinción de la deuda. En suma, es necesario, que se demuestre la secuencia completa de la operatoria llevada a cabo (causas “Badial SA (TF 32999-I) c/ DGI”, “Haras La Madrugada SA (TF 28695-I) c/ DGI” y “El Quilquihue Compañía Agropecuaria S.R.L. c/ DGI”, pronunciamientos del 3 de febrero, 20 de mayo de 2015, y 30 de agosto de 2022, respectivamente)...” (fallo Jantzon Gastaminza SH 31/8/23).
Teniendo en consideración los elementos colectados por el ente recaudador enumerados en el Considerando II y toda vez que la recurrente no aportó prueba idónea que desvirtúe el criterio fiscal acerca de la impugnación de las diferencias de cambio deducidas por la contribuyente, procede confirmar el criterio fiscal. No obsta a la solución arribada, la respuesta brindada por el Banco Central de la República Argentina (fs.1096) al oficio librado oportunamente, toda vez que dicha entidad se limita únicamente a señalar que la contribuyente ha presentado las declaraciones juradas en el marco de la Comunicación "A" 3602 hasta el primer trimestre del año 2008, situación que no resulta hábil para controvertir el criterio fiscal en relación con la existencia del pasivo en cuestión.
Finalmente, en relación con la prueba pericial contable obrante a fs. 1140/1151, es dable destacar que la misma nada aporta a los efectos de comprobar la veracidad del mutuo que genera las diferencias de cambio, toda vez que los peritos se limitan a poner de manifiesto que el mismo se encuentra registrado contablemente y la presentación de las declaraciones juradas informativas ante el BCRA, situación que fuera analizada en el párrafo anterior.
IX. Que por todo lo expuesto corresponde confirmar en este aspecto la resolución N° 161/2008.
X. En relación con los intereses resarcitorios aplicados respecto del gravamen que se confirma, el artículo 37 de la ley 11683 (t.o. en 1998 y modif) autoriza su aplicación a partir del vencimiento de las obligaciones tributarias sin necesidad de interpelación alguna, como consecuencia de que ellos configuran una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora incurrida por el deudor.
Ante la ausencia de disposición expresa en la ley de procedimiento tributario sobre su carácter, es posible recurrir a la legislación común para llenar este vacío, resultando aplicable a la ley tributaria el artículo 509 del Código Civil, que exime al deudor cuando prueba que aquella no le es imputable (conf Fallos 304:203). En el mismo sentido se expide hoy el artículo 888 del Código Civil y Comercial.
En consecuencia, su configuración requiere la existencia de dos requisitos, a saber: el retardo en el incumplimiento de la obligación y que el mismo no le sea imputable al deudor por haberse configurado circunstancias excepcionales, ajenas a él, que hubieren impedido el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria, debidamente acreditadas.
En tal sentido, en el caso de autos, el contribuyente no acreditó causales exculpatorias, limitándose a alegar su carácter usurarios, sin ofrecer justificación y/o probanza alguna en defensa de dicha manifestación, por lo que han de confirmarse los intereses aplicados.
XI. Que finalmente, en relación con la multa aplicada vinculada con el ajuste que se confirma el artículo 46, texto ordenado vigente al momento de la conducta considerada punible, establece “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa perjudicare al Fisco con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
Según las razones desarrolladas en los considerandos precedentes que llevaron a considerar la procedencia de la determinación de oficio controvertida, ha quedado debidamente acreditada la configuración del elemento objetivo de la infracción imputada a la contribuyente, que tiene precisamente como presupuesto una omisión de pago que no ha logrado justificarse.
En relación con el elemento subjetivo, la recurrente no desvirtuó la aludida falta de intencionalidad dolosa, teniendo en consideración que ante las inexactitudes puestas de manifiesto como consecuencia de la inspección iniciada, le incumbía la carga de probar que aquellas “...habían sido la consecuencia de una omisión imputable a su parte a título de mera negligencia”...”porque...si bien es cierto que no cabe admitir la existencia de responsabilidad de índole penal sin culpa, no es menos exacto tampoco que una vez que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta sancionada por la ley, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el derecho penal vigente” (Wekser, Marcelo A -CNACAF Sala V 23-6-15).
En virtud de lo expuesto, la sanción aplicada en los términos del artículo 46 en función del 47 de la ley procedimental, ha sido adecuadamente encuadrada y ponderada, razón por la cual sólo cabe su confirmación.
XII. Que en consecuencia, corresponde revocar la resolución 70/08 en su totalidad y revocar parcialmente la que lleva el número 161/08, de la forma de que dan cuenta los considerandos precedentes, debiendo el Fisco Nacional proceder a reliquidar el ajuste del año fiscal 2002 Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
El Dr. Luis dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos efectuado por la Vocal preopinante.
II. Que en apretada síntesis puede decirse que el fisco nacional basó los ajustes materia de determinación de oficio en 3 cuestiones: a) consideró que la actora, mediante una doble facturación, había subfacturado exportaciones, toda vez que las registradas por sus venta/exportación a su único cliente chileno –y empresa vinculada- Daerim Chile y Cía Ltda., son por un importe menor al que surge de las aportadas por la citada empresa chilena; b) el precio facturado en tales exportaciones no se condice con los del mercado internacional para esos productos, y c) impugnó las diferencias de cambio deducidas consecuencia de un mutuo que consideró como un aporte de capital.
III. Que en lo que respecta al primer ajuste, el fisco solicitó colaboración a su par chileno y como resultado de ello, obran 6 facturas de la actora a Daerim Chile y Cía. Ltda. (ver fs. 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Cpo. “Documentación de Empresa Chilena II”, de los a.a.), en la que si bien coinciden su numeración, cantidad y producto exportado, con las facturas en poder de la actora y registradas en su contabilidad, difieren en su fecha e importe (unitario y total), siendo sustancialmente mayor aquellas en poder de la empresa chilena (ver en ese orden fs. 883, 889, 893, 892, 891 y 894 del Cpo. “Ganancias V” de los a.a.). Ante ello, el fisco determinó el porcentual de diferencia entre tales facturas y lo proyectó sobre el total de las emitidas a dicho cliente chileno durante los períodos analizados.
En este sentido encuentro relevante señalar algunas cuestiones: a) Daerim Chile y Cía Ltda. es una empresa vinculada económicamente con la actora y su único cliente en Chile; b) el Sr. Sang Kyu Lim era en los períodos bajo análisis simultáneamente representante legal de la empresa chilena y presidente de Novamar S.A.; c) el citado Sang Kyu Lim manifestó con carácter de declaración jurada que las 6 facturas aportadas por la empresa chilena eran las únicas pertenecientes a Novamar S.A. (fs. 10 del Cpo. “Documentación Empresa Chilena II”), y a su vez, Novamar S.A. de la cual era presidente, aportó 18 facturas emitidas a la compañía chilena (ver fs. 879 a 896 del Cpo. “Ganancias V” de los a.a.); y d) el imprentero Alberdi Perdix, que figura tanto en las facturas aportadas por la actora como su vinculada chilena, declaró que “…no ha impreso facturas a pedido de la empresa Novamar S.A.” (ver fs. 329 de autos), respuesta que no impugnó u observó la actora.
IV. Que las circunstancias antes señaladas, resultado de las constancias comprobadas de la causa, en especial la respuesta brindada por el imprentero, me llevan a concluir que ninguna de las facturas aportadas –tanto por la actora como su vinculada chilena- merecen fe alguna. Sin embargo, ello no obsta a considerar que las cantidades vendidas por la actora hayan sido las reales, ya que es la propia actora la que registró tales cantidades en sus facturas y resultan, además, coincidentes con la expresada en las facturas aportadas por la empresa chilena. Advierto entonces, que lo imputado por el fisco y sobre lo cual se centró la discusión de autos, es una “subfacturación” de los productos vendidos/exportados por la actora. En otros términos, se discute el “precio” y no la “cantidad” vendida/exportada. Sobre la base de considerar que no se encuentran controvertidas las cantidades y tipo de productos vendidos/exportados; encuentro acertado el método y el procedimiento utilizado por el fisco y detallado en el relato de los hechos efectuado en el voto precedente, por lo que considero que corresponde confirmar el ajuste practicado vinculado a la “subfacturación” achacada por el fisco (puntos “a” y “b” del Considerando II de este voto).
V. Que en lo que respecta al ajuste basado en la impugnación de la deducción de las diferencias de cambio (punto “c” del Considerando II de este voto), adhiero al voto de la Vocal preopinante (Considerando VIII de su voto).
VI. Que respecto de los intereses resarcitorios intimados y la multa aplicada, corresponde confirmar las resoluciones apeladas, atento el sentido en el que voto.
VII. Que por todo lo expuesto, voto por confirmar íntegramente las resoluciones apeladas, con costas.
El Dr. Martín dijo:
1. Adhiero al relato que la Dra Marmillon efectúa en los considerandos I a III de su voto.
2. Con relación al primer ajuste (6 facturas duplicadas) que integra la determinación de oficio del período fiscal 2001 del Impuesto a las Ganancias de NOVAMAR S.A., adhiero a la conclusión a la que arriba el Dr. Claudio Luis en su voto, ya que considero que la nueva base imponible que surge de contemplar los precios de los comprobantes en poder de la empresa chilena (vinculada a la empresa argentina) que se remitieron con la intervención del Servicio Interno de la República de Chile a su par argentino, a mi entender emana de una documentación que goza prima facie de una fe razonable que está incidiendo en el costo también prudencial para el Fisco chileno. Admitir que, en una contabilidad global de empresas vinculadas o eventualmente dentro de un grupo económico, salga de un país a un precio e ingrese a otro con un precio más alto, equivaldría a convalidar la maniobra internacional ya sea por subfacturación de exportación o sobrefacturación de importación. Ello recordando además que en el presente caso el intercambio de información fue canalizado por las autoridades y en el marco del Convenio para evitar la doble imposición internacional celebrado por ambos países. Al respecto no se ha producido prueba hábil que permita demostrar la existencia de documentación apócrifa en manos de la firma chilena, con especial énfasis en la vinculación entre ambas empresas. Al respecto los cargos y las pruebas producidas apuntan a demostrar la razonabilidad económica a través de la existencia de un precio justo de mercado, sin que se encuentren enderezadas a desvirtuar la documentación existente en manos del principal comprador de la empresa vinculada e incorporada en el sistema contable y tributario chileno. Aquí coincido con el Dr. Luis en cuanto refiere en el Considerando III de su voto, al afirmar que el ajuste sobre las facturas duplicadas fue determinado sobre el “porcentaje de diferencia entre tales facturas…”. También coincido con la apreciación de mi colega cuando encuentra “acertado el método y el procedimiento utilizado por el fisco”, al cual agrego mi convicción de que los comparables utilizados por la fiscalización solo resultaron una referencia satelital ya que empleó finalmente los montos de las facturas duplicadas para impulsar el cargo propuesto.
Por la razones expuestas, considero que debe confirmarse el ajuste analizado y que fuera calificado a los fines de su determinación por el organismo recaudador “sobre base cierta”, con costas.
3. Distinto es el caso de las facturas no remitidas por la firma chilena (2001-2002), situación en la cual adhiero a la conclusión de la Dra. Marmillon en su voto. En este supuesto la fiscalización y luego el juez administrativo extrapolaron a las doce (12) facturas restantes el margen real de subfacturación de las seis facturas que sí pudieron compararse, con base en la duplicación señalada en el considerando anterior. En primer lugar, corresponde recordar que al tratarse de diferentes productos, fue necesario fijar para los desvíos detectados dos ratios diferenciados. De allí que para el producto vainas de calamar, cinco (5) de ellas actuaron como muestra de las otras facturas que no proveyó la empresa chilena. A su vez la factura restante –muestra- fue utilizada para la determinación del desvío nominal en las facturas disponibles en la contabilidad de NOVAMAR S.A. pero no aportadas por la firma chilena.
Resulta admitido en la legislación Argentina el uso de estimaciones o presunciones para arribar por métodos indiciarios a una renta semejante a la real. Sin embargo, ello debe ser sustentado en un mecanismo que no provoque una distancia absurda o no acorde con la realidad que se pretende emular.
Al respecto no se logra apreciar que se hubiere utilizado durante la fiscalización y en la determinación de oficio un mecanismo completo, concatenado que asegure una base imponible adecuada. En efecto, el producto (tubos de calamar) en que se utilizó una única factura como muestra se aplicó el margen de desvío (4,745%) al resto de las facturas que relaciona a las dos empresas vinculadas. La muestra –cantidad de elementos utilizados como parámetro- no es representativa de un comportamiento recurrente que pueda hacer pensar en la reiteración en otros supuestos y que hagan presumir la facturación, sin más. Entiendo que en este supuesto, la utilización de un único valor como parámetro, por sí solo derriba la extrapolación intentada por el Fisco Nacional, considerando que la pauta utilizada no representa suficientemente la conclusión sobre el universo de las facturas no aportadas. Al respecto, también deben sumarse otros argumentos que son aplicables al otro conjunto de bienes exportados (vainas de calamar). Aquí la muestra ha mejorado en su composición ya que son 5 las facturas que mostraron un desvío entre las facturas en manos de NOVAMAR S.A. y las de la empresa chilena vinculada que adquirió los productos. Sin embargo las mismas revelan una dispersión tal que no atiende y no elabora una secuencia sincronizada que una y enlace los diversos aspectos que son objeto de la comparación y su aplicación extendida. El primero de ellos está referido al período de tiempo utilizado, el cual parece no responder a un criterio razonable pues se extendió por dos períodos fiscales anuales, sin darse explicación de porqué podrían aplicarse representativamente a ellos, quedando abierta la puerta para que se utilicen a discreción sine-die en varios ejercicios posteriores. Ahora bien en cuanto a la muestra propiamente dicha solo recala en un número de facturas que aleatoriamente remitiera la empresa chilena sin un criterio de selección que permitiera suponer un origen y una aplicación en la cual se mantiene cierta coherencia. Tampoco se advierte en la obtención de la muestra, la utilización de épocas de pesca, precios de referencia según la temporada, ratificación de universos similares, etc. Todo lo expuesto me lleva a concluir, más allá de las irregularidades que presenta la actora en la producción de información, que el mecanismo presuntivo adolece de razonabilidad por lo que el ajuste debe ser revocado, con costas.
4. Adhiero al voto de la Dra. Marmillon en cuanto confirma el ajuste vinculado con la deducción de diferencias de cambio en el Impuesto a las Ganancias, con costas.
5. En igual sentido, acompaño el criterio utilizado por mi colega a fin de ratificar el encuadre de la multa y su graduación, como así también el tratamiento otorgado a los intereses resarcitorios correspondientes y a la imposición de las costas. Todo ello de acuerdo a los respectivos vencimientos en orden a los considerandos que preceden.
6. Finalmente, los autos deben pasar a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que en el término de 30 días proceda a las reliquidaciones que correspondan, quedando la regulación de honorarios diferida hasta dicha oportunidad.
Atento al resultado de la votación que antecede, por mayoría
1. Confirmar la resolución 70/08 en relación con las operaciones de exportación con la firma Daerim Chile y Cía. Ltda., respaldadas con doble emisión de facturas, con más sus intereses resarcitorios, revocándola en lo demás.
2. Confirmar la resolución 161/08 en relación con el ajuste por deducción de diferencias de cambio, con más sus intereses resarcitorios y revocarla respecto del restante ajuste.
3. Confirmar la sanción aplicada en la resolución 52/09 por el ajuste confirmado, según lo referido en el punto 2°), revocándola respecto de las restantes cuestiones.
4. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
5. Intimar al organismo recaudador para que en el término de 30 (treinta) días practique la reliquidación, bajo apercibimiento de practicarla la recurrente.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese Date: 2024.06.26 11:10:37 -03:00 Date: 2024.06.26 11:58:51 -03:00 Claudio Esteban Luis Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Subrogante Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.28 11:21:35 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.28 11:21:36 -03:00
Fin de la sentencia