Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-97789030-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el art. 1° de la Resolución DE PRLA n° 3190/15, en cuanto fuera materia de agravio.
2Reliquidar el importe de la multa respecto de los 292,36 kg., por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. como consecuencia de no haber reexportado y/o importado para consumo en término la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT nro. 04 073 IT14 003089 P, en la suma que surge de la liquidación formulada en el Considerando 7° del voto del Dr. Garbarino.
3Confirmar parcialmente el art. 3° de la resolución apelada, declarando que la actora adeuda en concepto de tributos la suma de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 31.650,76), que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 23/4/15 y hasta la fecha de total y efectivo pago.
4En relación a lo resuelto en el punto 1, las costas se imponen a la D.G.A.
5En relación a lo resuelto en el punto 3, costas por su orden en relación a los rubros de IVA adicional y adelanto de ganancias.
6Con relación a los demás rubros, conforme a sus respectivos vencimientos que se estiman en un 90% a cargo de la actora y un 10% a cargo de la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-11816841-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 7 de Febrero de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “NOVARTIS ARGENTINA S.A. s/ apelación”, expediente n° 36.907-A, El Dr. Licht dijo:
I. A fs. 75/76 se presenta la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA n° 3190/15, que la condenó al pago de multa y tributos por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Sostiene que conforme surge de la documentación acompañada la mercadería ingresada por medio del despacho n° 04 073 IT14 003089 P fue cancelada en tiempo y forma. Subsidiariamente, se agravia de la graduación de la multa que fue fijada en cinco veces el valor de la mercadería. Considera que no existen motivos para imponer semejante castigo. Por ello, solicita que se revoque la resolución apelada y subsidiariamente que se reduzca al mínimo la multa impuesta.
II. A fs. 84/88 se presenta la representante del Fisco nacional y contesta el traslado conferido. Niega los dichos de la contraria, hace un resumen de lo actuado en sede administrativa y analiza la normativa aplicable. Expresa que de las constancias de autos no surge la regularización de la mercadería infracción. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas a la contraria.
III. A fs. 89 se tiene por contestado el traslado. A fs. 111 se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa. A continuación, se elevan los autos a esta Sala “F” y se llaman autos a sentencia.
IV. La Actuación SIGEA n° 12210-3861-2008 se inicia el 10/6/08 con la denuncia n° 321/081 formulada contra la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A. en los términos del art. 970 del C.A. en relación al despacho de importación temporaria n° 04 073 IT14 003089 P. A fs. 11, con fecha 8/7/10 se dispone la instrucción del sumario. Recién el 26/3/15 se ordena correr vista de las actuaciones a la importadora y se cita en garantía a la aseguradora CHUBB (ver 15/vta. de las act.). Conforme surge de las constancias de fs. 25 vta. y 26 vta. NOVARTIS se notifica del auto de fs. 15/vta. el 9/4/15 y CHUBB, el 8/4/15. A fs. 27, con fecha 17/6/15 se tiene por contestada la vista de CHUBB y se declara en rebeldía a NOVARTIS. Una vez agregados los registros infraccionales informáticos de la imputada, se dicta a fs. 34/39 la Resolución DE PRLA N° 3190/15, aquí apelada.
Primera cuestión:
V. Ante todo, en los términos de la doctrina establecida in re: “AIT S.A. c/ DGA s/ apelación, EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN”, en trámite ante la Sala “G”, entre otras, corresponde analizar si las acciones del Fisco para ejercer la potestad sancionadora y determinativa del tributo se encontraban prescriptas al tiempo de dictarse la Resolución DE PRLA n° n° 3190/15, aquí apelada. En esa comprensión del asunto, insisto, respecto de que si bien esa cuestión no ha sido planteada por la parte, no encuentro óbice para realizar la compulsa de oficio, tomando en consideración que, la prescripción en la órbita de las relaciones jurídicas de derecho público no es más que una norma reglamentaria de la competencia administrativa en razón del tiempo. A mayor abundamiento, en relación a la prescripción en materia penal, cabe señalar que, conforme doctrina de la nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional, la misma es de orden público y debe ser declarada de oficio por el Tribunal; se produce de pleno derecho; debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo a fin de evitar la continuación de un juicio innecesario y puede ser declarada en cualquier instancia del juicio y por cualquier tribunal (Fallos 330:1369; 330:3248; 3030:4040).
En los términos de la doctrina reseñada, encuentro que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario. Ello así, como sostuve in re: “EX2019-91486944-APN- SGASAD#TFN, AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ apelación”;
EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/ DGA s/ apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, entre otras y máxime que no se trata de un acto de mero trámite, sino que es un acto administrativo interlocutorio, tanto es así que mis distinguidos colegas de sala han propiciado en otros precedentes la declaración de invalidez cuando su dictado no resultó precedido del cumplimiento de los requisitos esenciales (En tal sentido, "Vicente Luciano e Hijos SRL", expte N° 35.700-A, del 19/9/19; "Henkel Argentina S.A.", expte N° 35.406-A, del 10/10/19; "Algodonera Avellaneda S.A.", expte N° 35.593-A, del 2/10/19, Sala "F", entre otras).
Además, observo, que la publicidad en el ejercicio de la función administrativa es condición esencial para el funcionamiento del Estado de derecho. Remarco, en este sentido, que la publicidad es una condición de legitimidad de toda norma jurídica, como lo es, el acto administrativo en su naturaleza, pues nadie puede ser incidido en su esfera jurídica a partir de actos desconocidos. Arribados a este punto, coincido con lo dicho por la Corte Constitucional de Colombia en cuanto a que: “...Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art.40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art.209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho; sin ella, sus instituciones mutan de naturaleza y dejan de existir como tales.” (Corte Constitucional, Sentencia C- 038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). En efecto, es el principio constitucional de publicidad, que es el que se pretende desarrollar a través de la notificación cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto. Como expresé supra, únicamente el acto administrativo entra en vigencia desde el momento de su expedición, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos de publicación. En consecuencia, el acto administrativo que no haya sido notificado será un acto ineficaz, esto es que no producirá efectos, lo que no quiere decir, desde luego, que sea nulo o inexistente. El acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de notificación.
Cabe señalar que en el presente caso el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 8/7/10 (ver fs. 11 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción de la prescripción de acción del Fisco para imponer penas –art. 937, inc. a), del C.A.- así como la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A.
En consecuencia, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 1/1/06 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 28/10/05-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/10 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la Resolución DE PRLA n° 3190/2015, aquí apelada, dictada 8/7/15 (ver fs.36/39 de las act.) y notificada a la actora el 10/3/16 (ver fs. 43 vta.).
En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar la prescripción de las acciones del Fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 04 073 IT14 003089 P.
El Dr. Garbarino dijo:
1. Que corresponde recordar, como condición preliminar, que esta Sala “F”, en su actual composición (consolidada a partir del 1° de agosto de 2011), ha venido sosteniendo de modo inveterado un criterio diametralmente opuesto al sustentado por el Juez instructor al resolver la primera cuestión -en cuanto señala que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario-, que corresponde mantener en el caso sometido a examen de este Tribunal.
2. Que, asimismo, y de acuerdo a la posición sustentada por esta Vocalía de la 16° Nominación, tampoco corresponde hacer aplicación supletoria de lo dispuesto en la ley de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549, pues conforme a lo normado en el inc. 1 del artículo 1017 de la ley 22.415, al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del Código Aduanero), resultan aplicables en primer término las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal, según lo dispone expresamente el inciso 2, del mismo artículo 1017 supra citado (en el mismo sentido, Fallos 332:1109, voto del juez Zaffaroni -en disidencia-).
3. Que sentado lo que antecede, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores a efectos de la adecuada salvaguardia de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, habiéndose calificado a sí misma como "intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia", como lo son, v.gr., la ley 22.415 (Código Aduanero).
4. Que, en efecto, pese a que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos [. . .]. De esa doctrina, y de la de Fallos: 212:51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Alto Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (C.S.J.N., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307:1094 y sus citas).
5. Que ello es así, por cuanto por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, C.N. [actualmente, art. 116, según la reforma de 1994], y art. 14, ley 48, "Fallos", 212-51); extremo que corresponde extender, sin más, a la actuación de este Tribunal Fiscal, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales sustantiva o materialmente judiciales, como órgano de justicia fiscal y aduanera, imparcial e independiente de la Administración activa.
6. Que a lo expuesto se agrega que la Corte Suprema ha expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas por ella en sus pronunciamientos bastan para descalificar las sentencias emanadas de tribunales inferiores, "pues la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional" ("García, Sixto E.", del 30/6/99; Suplemento de Jurisprudencia Penal de "La Ley", del 27/9/99, p. 30). En efecto, en el diseño constitucional argentino "...la Corte Suprema es' el Tribunal en 'último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción (...) Sus decisiones son finales. Ningún Tribunal las puede revocar. Representa, en la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional, y es tan independiente en su ejercicio, como el Congreso en su potestad de legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones..." (Fallos: 12:134 y 325:2723).
7. Que, en ese contexto, se colige necesariamente que es inherente a la función constitucional propia de ese Tribunal Cimero que, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, imponga a todos los tribunales, nacionales y provinciales, la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones (cfr. arg. Fallos: 332:2425).
8. Que, en ese marco, sus sentencias deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (Fallos: 312:2187 y sus citas, énfasis agregado), principio que se •basa primariamente en la estabilidad propia de toda resolución firme pero, además, en la supremacía del Tribunal (art. 108 citado) que ha sido reconocida por la ley desde los albores de la organización nacional, garantizando la intangibilidad de sus decisiones por medio de la facultad de imponer directamente su cumplimiento a los jueces locales -art. 16, apartado final, ley 48- (Fallos: 325:2723).
Por lo tanto, resulta incuestionable la autoridad definitiva que tiene la interpretación de la Constitución Nacional por parte de la Corte Suprema, cuyo leal acatamiento es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones (Fallos: 212:51, 160 y 251; 321:2114).
9. Que, en consecuencia, si bien es cierto que la Corte Suprema solo decide en los procesos concretos que le son sometidos, los jueces deben -aun frente a la inexistencia de una norma en tal sentido- conformar sus decisiones a las sentencias de ese Tribunal dictadas en casos similares (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 319:699; 321:2294), obligación esta que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal (art. 108, Constitución Nacional), los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (conf. doctrina de Fallos: 25:364; 212:51 y 160; 311:1644 y 2004; 318:2103; 320:1660; 321:3201 y sus citas).
En definitiva, en virtud de los altos fundamentos constitucionales involucrados, si las sentencias de los tribunales se apartan de los precedentes de la Corte -en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia- sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, carecen de fundamento (Fallos: 307:1094 y resultan insusceptibles de seguimiento por esta jurisdicción.
10. Que, bajo tales premisas, la cuestión prescriptiva sometida a examen de este Tribunal ha sido adecuadamente considerada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 12 de mayo de 2009 en autos “Wonderland S.R.L. c/ Aduana Rosario”, por lo que cabe remitirse a los fundamentos esbozados por el Alto Tribunal por razones de brevedad, máxime cuando dicha sentencia ha sido suscripta por dos jueces (Dres. Lorenzetti y Maqueda) que en la actualidad continúan desempeñando dicha función suprema.
En este orden de ideas, el Alto Tribunal ha destacado que surge claramente de la letra del artículo 937, inc. a), del Código Aduanero que la interrupción de la prescripción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo, sin siquiera estar determinado que para que dicho acto posea virtualidad interruptiva deba ser puesto en conocimiento del sumariado.
Asimismo, subrayó que “si la intención del legislador hubiese sido que la interrupción se produjera con la notificación de aquel acto, o de la vista que debe conferirse de lo actuado a los presuntos responsables, una vez cumplidas las medidas ordenadas en aquella resolución, a fin de que éstos presenten sus defensas y ofrezcan las pruebas pertinentes (art. 1101 del C.A.) así lo habría indicado en el texto legal. Una inteligencia de las normas en juego opuesta a la consignada precedentemente importaría tanto como suponer que lo establecido por la ley respecto de la interrupción de la prescripción obedeció a la imprevisión o a la falta de consecuencia del legislador, lo cual, por principio, es inadmisible (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros).
Por último, señaló que la eficacia del acto que dispone la apertura del sumario a los fines de interrumpir la prescripción le está dada por la directa aplicación del ya citado artículo 937 del Código Aduanero, de manera que no corresponde acudir a otros cuerpos normativos para decidir la cuestión planteada.
11. Que, por lo demás, entiendo que tampoco corresponde aplicar en la especie la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de procesos aduaneros, en tanto la recurrente es una empresa (sociedad anónima) y no una persona física. En efecto, si bien esta Sala “F” in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS” (Expte. Nro. 30.630-A) de fecha 6/3/2015 y “ZURICH ARGENTINA CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, siguiendo la doctrina emanada de los votos preopinantes del suscripto, resolvió declarar la inconvencionalidad -y, por ende, la inconstitucionalidad (en los términos del art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)- de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto la prescripción no podía quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicada en el sub-lite, toda vez que con posterioridad -26 de febrero de 2016- a dichos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”
En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; máxime cuando la OC en cuestión ha sido firmada por los actuales integrantes de dicha Corte Internacional, por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina –que si bien no es absoluta, atento como se resuelve la cuestión de fondo no deviene prudente apartarse en el sub lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
12. Que en virtud de lo expuesto, considero que el acto examinado en autos ostenta la entidad suficiente como para producir tanto la interrupción de la prescripción de acción del Fisco para imponer penas –art. 937, inc. a), del C.A.-, como la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A.
En efecto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 1/1/06 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 28/10/05-, la misma hubiera operado, de no haber mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2010 (cfme. arts. 803, 804 y 805; y 934, 935 y 937 del C.A.), siendo que en fecha 8/7/2010 se dispuso la apertura del Sumario (vide fs. 11 de las act. adm.), mientras que el dictado de la Resolución DE PRLA n° 3190/15, aquí apelada, se produjo el 8 de julio de 2015 (ver fs.36/39 de las act.), siendo notificada a la empresa actora el 10/3/16 (ver fs. 43 vta.).
En virtud de ello, corresponde rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos en relación al DIT n° 04 073 IT14 003089 P.
Por ello, voto por:
Rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos en relación al DIT nro. 04 073 IT14 003089 P, sin costas.
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Garbarino.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos en relación al DIT nro. 04 073 IT14 003089 P, sin costas.
Segunda Cuestión El Dr. Licht dijo:
I. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “F”, corresponde analizar si en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
Mediante la destinación n° 04 073 IT14 003089 P, registrada el 18/10/04, por ante la Aduana de Ezeiza, la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., aquí actora, documentó la importación temporaria de 320,01 kg. de “carbamazepina”, mercadería clasificada en la P.A. SIM 2933.99.32.000Y, por un valor FOB total de U$S 89.110,23, al amparo del régimen del Decreto n° 1439/96, para la producción de fármacos, para su posterior exportación.
En tales condiciones, se concedió el libramiento a plaza con fecha 28/8/14 y se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 365 días, cuyo vencimiento operó el 28/10/05.
Por el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la actora, la mercadería así documentada quedó sometida desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de ser exportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. art. 250 del C.A.-, o, eventualmente, a convertirse, en forma regular, su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del C.A.
Las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del D.I.T. que nos ocupa -Res. ANA n° 127/92 y sus modificatorias-, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos P.E.
Precisamente, al no existir constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados.
Conforme quedó expuesto en el apartado IV, no habiéndose presentado la importadora a contestar vista, fue declarada rebelde y luego condenada por la Resolución DE PRLA nº 3190/15, que ahora apela.
Recién en esta instancia, la apelante acompañó en carácter de prueba documental, copias simples de los permisos 05 073 EC03 002678 T y 05 073 EC03 002713 J, así como de los los CTC nros. 0666-00, 0739-00, 0029-00 y 2143-00. Adelanto que las copias de los PE 05 073 EC03 004603 J, 05 073 EC03 00682 M, 05 073 EC03 007287 U y 05 073 EC03 00744 P resultaron incompletas. Por su parte, del PE 05 073 EC03 004452 L sólo acompañaron impresiones del SIM (ver fs. 8/69 de autos).
La compulsa de dicha documentación, arroja las conclusiones que se exponen a en el cuadro que se inserta a continuación, que demuestra que las descargas imputadas por la importadora sólo tienen respaldo parcial en dicha documentación:
Cant. Cant.
PE Cumplido Producto (u) DIT Insumo (kg.)utilizada CTC Observaciones Se ajusta a la relación 05 073 3004.90.69.900D - 04 073 insumo producto 100 EC03 TEGRETAL CR IT14 kg/11.875 U. Debe 002678 400 MG X 20 003089 0666- adicionarse el 5% de T 8/3/05 COMPRIMIDOS 11.606 P 2933.99.32.000Y 23,86 00 pérdidas.
Se ajusta a la relación 05 073 04 073 insumo producto 100 EC03 3004.90.69.900D - IT14 kg/79.166,666. Deben 002713 TEGRETOL CR 003089 0029- adicionarse el 5% de J 9/3/05 400 X 3 COMP 1.966 P 2933.99.32.000Y 2,47 00 perdidas.
No se acompaña copia. De las impresiones de pantalla de fs. 21/25 no surge fecha de cumplido. Faltan hojas de 05 073 descarga. Falta declaración a EC03 nivel subítem. Imposible 004452 verificar la descarga L pretendida.
05 073 Copia incompleta, faltan EC03 23/4/05 declaración de los ítem 2 a 5 004603 y hojas de descarga.
J Imposible verificar la relación insumo/producto.
Las impresiones de pantalla acompañadas a fs. 35/36 no suplen la información requerida para efectuar el control de la descarga.
Copia incompleta. Falta la declaración a nivel subítem necesaria para identificar el producto exportado y verificar la relación insumo 05 073 producto imputada en la EC03 hoja continuación sin 00682 membrete ni sello del M 10/6/05 3004.90.69.900D servicio aduanero.
Copia incompleta. Falta la declaración a nivel subítem necesaria para identificar el producto exportado y verificar la relación insumo 05 073 producto imputada en la EC03 hoja continuación sin 007287 membrete ni sello del U 23/6/05 servicio aduanero.
Copia incompleta. Falta la declaración a nivel subítem necesaria para identificar el producto exportado.
Téngase en cuenta que el CTC 0029-00 tipifica 10 productos de la misma PA.
05 073 Al no poderse identificar el EC03 producto exportado no es 00744 posible verificar la relación P 25/6/05 insumo producto.
En virtud de las consideraciones volcadas en el cuadro que antecede cabe concluir que sólo ha resultado acreditada la reexportación en tiempo y forma de 26,33 kgs. de insumos importados temporariamente mediante el DIT 04 073 IT14 003089 P, debiendo adicionarse 1,32 kgs. en virtud del 5% correspondiente a las pérdidas tipificadas para este proceso productivo. En consecuencia el saldo de mercadería que no fue regularizada asciende a 292,36 kgs.
II. El régimen legal aplicable determina que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, la deviene aplicable, a los efectos tributarios, la disposición contenida en el art. 274, apartado 1, inc. a), del C.A., que prevé que se considerará importada para consumo -en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren (apartado 2 del art. citado). A los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar que la liquidación tributaria practicada en las actuaciones administrativas, no ha sido cuestionada por la recurrente, en lo que hace a los rubros que la integran así como a las alícuotas aplicadas.
Sin perjuicio de ello, debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
En virtud de lo expuesto corresponde modificar la exigencia tributaria en proporción al saldo de mercadería pendiente de exportación (292,36 kgs.), conforme se detalla a continuación:
Base imponible Derechos de impo TE Base IVA IVA Total U$S 14% 0,44% 21% 82.258,41 11.516,18 365,23 94.139,81 19.769,36 31.650,76 Que los intereses adeudados por la importadora son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez días desde la notificación de la corrida de vista del sumario el 9 de abril de 2015, por lo cual los intereses deben computarse a partir del 23 de abril de 2015.
Que, por lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, declarando que los tributos adeudados, ascienden a U$S 31.650,76, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, -importe que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio vendedor correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago-, con más los intereses devengados desde el 23/4/15 y hasta la fecha de total y efectivo pago.
III. Analizado el aspecto tributario, resta referirse a la multa impuesta en la resolución apelada, respecto de cuya graduación (en cinco veces el importe de los tributos que gravan la importación para consumo) se agravia la actora, por resultarle excesiva.
Tratándose de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades discrecionales, no corresponde que este organismo jurisdiccional sustituya al órgano administrativo competente en la determinación de la sanción aplicable. Por ello, habiéndose constatado que el acto administrativo no tenía sustento suficiente para determinar la sanción en los términos en que se hizo, toda vez que los antecedentes invocados no resultaron probados por la documentación agregada a la causa, esto es no contienen los datos suficientes a los efectos de merituarlos o no como antecedentes, es que corresponde nulificarlo y ordenar a la DGA a que, sobre la base de lo aquí expuesto, fije nuevamente el importe de la multa que corresponde aplicar al caso en cuestión.
Así lo he dicho al publicar en doctrina al sostener que, si bien cabe reconocer al juez autoridad para verificar el cumplimiento de los elementos reglados y descalificar a la administración cuando deja de observarlos, ello no implica que el juez se encuentre autorizado para suplir el silogismo practicado por ella, salvo que las premisas que lo componen se encuentren puramente regladas, en cuyo caso, el juez, como lo hemos advertido precedentemente, vería reducido su papel a activar el supuesto de hecho previsto en la norma (Cfr. La potestad sancionadora de la Administración y su control judicial de cara a la realidad normativa,ED-DCCLXIV-708).
En virtud de todo lo expuesto, voto por:
1. Declarar la nulidad del art. 1° de la Resolución DE PRLA n° 3190/15 y ordenar a la DGA a que fije el monto de la multa que corresponde aplicar al caso de autos, teniendo en consideración lo dispuesto en el considerando III de la Segunda cuestión del presente voto.
2. Confirmar parcialmente el art. 3° de la resolución apelada, declarando que la actora adeuda en concepto de tributos la suma de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 31.650,76), que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 23/4/15 y hasta la fecha de total y efectivo pago.
3. En relación a lo resuelto en el punto 1, costas a la D.G.A.
4. En relación a lo resuelto en el punto 2, costas por su orden en relación a los rubros de IVA adicional y adelanto de ganancias.
Con relación a los demás rubros, conforme a sus respectivos vencimientos que se estiman en un 90% a cargo de la actora y un 10% a cargo de la demandada.
El Dr. Garbarino dijo:
1. Que adhiero, en lo sustancial, al voto del vocal preopinante, con excepción de lo señalado en el Considerando III en relación a las facultades de este Tribunal Fiscal para la determinación de la sanción aplicable y lo decidido en el Pto. 1) de la parte resolutiva del presente decisorio.
2. Que, en efecto, en cuanto al trámite de la presunta infracción objeto de autos corresponde recordar que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración al momento de instruir los procedimientos infraccionales, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la hipotética sanción debatida en la litis (multa), de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos, por lo que todo tipo de multa debiera ser impuesta por este Tribunal Fiscal (o, en su caso, por la Justicia Federal).
3. Que, asimismo, a mayor abundamiento cabe destacar que in re “NUTRIBAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro. 36.507-A, del 6 de marzo de 2020, el suscripto declaró, en disidencia, la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal- No obstante, en el caso bajo examen, habida cuenta la posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al resolver cuestiones similares o análogas, y teniendo en consideración estrictas razones de celeridad y economía procesal, corresponde resolver el presente sin adoptar el temperamento supra expuesto, conforme lo sostenido por esta Vocalía antes causas que guardan sustancial analogía.
4. Que, bajo tales premisas, conviene señalar que el artículo 915 del Código Aduanero autoriza a graduar las penas en cada caso, según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor, sin limitar -de ningún modo- la posibilidad que esta tarea pueda estar a cargo, además de la propia DGA en la esfera administrativa, del Tribunal Fiscal de la Nación al momento de revisar esa decisión, como así también de las etapas recursivas subsiguientes (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal y Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Por su parte, si el artículo 16 de la ley 48 (Jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales) faculta expresamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a devolver la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien resolver sobre el fondo, cabe colegir que dicha pauta puede ser jurídicamente extendida tanto en cabeza de la Alzada respecto de este Tribunal, como así también del TFN en relación a la DGA, máxime cuando el presente proceso recursivo lleva sin sentencia firme 5°) Que, asimismo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver la causa “Herrera Ulloa” en fecha 2 de julio de 2004 enfatizó que de acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo.
Al respecto, la propia Corte internacional estableció que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos. En efecto, el denominado recurso ante juez o tribunal superior --que sería superior solamente en grado, dentro del orden competencial de los tribunales, como es el supuesto de este Tribunal Fiscal respecto de la DGA en la etapa de revisión de las resoluciones aduaneras, en tanto no cabe admitir superioridad o jerarquía diferencial alguna de los jueces en relación con el resto de la ciudadanía-- debe ser uno que, conforme el razonado voto concurrente del entonces Presidente de la CIDH Dr. Sergio García Ramírez, “efectivamente permita al superior entrar en el fondo de la controversia, examinar los hechos aducidos, las defensas propuestas, las pruebas recibidas, la valoración de éstas, las normas invocadas y la aplicación de ellas, inclusive en aspectos tales como la individualización de la pena o medida (que abarca la sustitución pertinente), como resulte justo en consideración de la gravedad del hecho, el bien jurídico afectado, la culpabilidad del agente y los otros datos que concurren al ejercicio de la individualización (atenuantes y agravantes o elementos de referencia que guían el razonado arbitrio judicial)”.
6. Que, en esta línea interpretativa, corresponde descartar de plano cualquier solución que no respete los principios de certeza, seguridad jurídica, previsibilidad y celeridad procesal, sometiendo a los litigantes a una suerte de retrogradación del proceso, que obstruya o paralice los procedimientos recursivos aduaneros, con la consiguiente sobrecarga de trabajo del personal de esta Sala “F”, quienes debieran analizar nuevamente los mismos expedientes al ser devueltos por la Aduana, siendo que dicha circunstancia implicaría, de modo causal, retrasar aún más el dictado de sentencias por parte de este Tribunal Fiscal, dificultando el ejercicio de su loable misión de impartir justicia tributaria aduanera en plenitud y dentro de un plazo razonable, siendo que va de suyo que los efectos desvastadores de la Pandemia mundial han impedido cumplimentarla adecuadamente.
7. Que de la litis se desprende que el servicio aduanero sancionó, a la firma importadora, al pago de una multa igual a cinco (5) veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería en infracción teniendo en cuenta los antecedentes infraccionales computables de la firma “NOVARTIS ARGENTINA S.A.”.
Bajo tales circunstancias, en relación al quantum de la multa impuesta en el caso de marras, debe contemplarse lo preceptuado por el art. 915 del C.A., que dispone que deberán considerarse las circunstancias, naturaleza, gravedad de las infracciones y antecedentes del infractor.
Y en cuanto a los antecedentes del infractor, el art. 927 del C.A., contempla el supuesto de aquel que habiendo sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduanero, cometiese una nueva infracción aduanera, calificándolo como “reincidente”. No puede soslayarse que la propia norma indica que debe tratarse de un condenado por medio de una resolución firme.
A su vez, el art. 928, inc. a), del C.A., establece que, en el caso de tratarse de una infracción, la condena anterior no se tiene en cuenta a los efectos de atribuir el carácter de “reincidente”, cuando hubieren transcurrido cinco años desde la fecha en que quedare firme la resolución definitiva que la impuso.
Por ende, toda vez que los antecedentes invocados por la DGA no resultaron probados con la documentación agregada a la causa, y de acuerdo a lo señalado en el voto del Juez instructor, corresponde tener por configurada en autos la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, por lo que resulta ajustado a derecho reliquidar el monto de la multa respecto de los 292,36 kgs. determinados en infracción, de acuerdo a la siguiente liquidación: Base multa Derechos de impo TE Base IVA IVA Total $ 14% 0,44% 21% 248.255,87 34.755,82 1.102,26 284.113,95 59.663,93 95.522,01 8°) Que, por lo demás, y toda vez que el monto final de condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
9. Que por último, corresponde dejar sentado que de acuerdo a las ideas y fundamentos que vengo sustentando desde mi ingreso a esta Magistratura en el año 2011, esgrimidos tanto en mis respectivos votos, como así también en diversas conferencias y artículos de la especialidad, este Tribunal Fiscal de la Nación ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires o a los Juzgados Federales con asiento en las provincias, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales -por ello es correcto hablar de funciones “jurisdiccionales-judiciales”-, en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa, y se trata de la única magistratura del país especializada en la materia tributaria (aduanera e impositiva), por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los referidos tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia; máxime cuando inveterada jurisprudencia en la materia ha resaltado que los requisitos relativos a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, “se exhibe plenamente satisfecha por la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación” (v. CNACAF., Sala I, sent. del 12.5.00 in re: “Colfax S.A. c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar (autónoma), y “Telesud S.A.”, Sala IV, sent. del 18.4.85).
10. Que, en definitiva, admitir lo contrario implicaría conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011).
11. Que, por lo tanto, la plena efectividad de los principios convencionales y constitucionales que corresponde aplicar en la materia tributaria aduanera impone la necesidad de practicar una hermenéutica que resuelva todas las dudas interpretativas que pueda generar el alcance de las facultades revisoras de esta instancia jurisdiccional-judicial en el modo menos limitativo de la jurisdicción del Tribunal Fiscal de la Nación; siendo que, en tal sentido, se debe abandonar drásticamente la errónea idea de conceptualizar a esta magistratura como un organismo administrativo, por resultar un dogma histórico que en la actualidad encuentra un mayor sustento en la Retórica que en el Derecho, en tanto no posee, más allá de su ubicación formal, ninguna de las características propias y típicas de esos cuerpos, como así también reviste la indudable condición de Tribunal de Justicia, que ejerce la eminente misión de dictar sentencias conjuntamente con la regulación de honorarios –que es un acto de prístina naturaleza judicial y no administrativa- de acuerdo a las previsiones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación –y no en los términos de la ley 19.549- sin limitaciones infraconstitucionales, haciendo simplemente de la Justicia una virtud al servicio de la verdad.
Que en virtud de todo lo expuesto, voto por:
1. Revocar el art. 1° de la Resolución DE PRLA n° 3190/15, en cuanto fuera materia de agravio.
2. Reliquidar el importe de la multa respecto de los 292,36 kg., por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. como consecuencia de no haber reexportado y/o importado para consumo en término la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT nro. 04 073 IT14 003089 P, en la suma que surge de la liquidación formulada en el Considerando 7° del presente decisorio.
3. Confirmar parcialmente el art. 3° de la resolución apelada, declarando que la actora adeuda en concepto de tributos la suma de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 31.650,76), que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 23/4/15 y hasta la fecha de total y efectivo pago.
4. En relación a lo resuelto en el punto 1, las costas se imponen a la D.G.A.
5. En relación a lo resuelto en el punto 3, costas por su orden en relación a los rubros de IVA adicional y adelanto de ganancias.
6. Con relación a los demás rubros, conforme a sus respectivos vencimientos que se estiman en un 90% a cargo de la actora y un 10% a cargo de la demandada.
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero en lo sustancial a lo propuesto por el Dr. Garbarino.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Revocar el art. 1° de la Resolución DE PRLA n° 3190/15, en cuanto fuera materia de agravio.
2. Reliquidar el importe de la multa respecto de los 292,36 kg., por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. como consecuencia de no haber reexportado y/o importado para consumo en término la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT nro. 04 073 IT14 003089 P, en la suma que surge de la liquidación formulada en el Considerando 7° del voto del Dr. Garbarino.
3. Confirmar parcialmente el art. 3° de la resolución apelada, declarando que la actora adeuda en concepto de tributos la suma de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 31.650,76), que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 23/4/15 y hasta la fecha de total y efectivo pago.
4. En relación a lo resuelto en el punto 1, las costas se imponen a la D.G.A.
5. En relación a lo resuelto en el punto 3, costas por su orden en relación a los rubros de IVA adicional y adelanto de ganancias.
6. Con relación a los demás rubros, conforme a sus respectivos vencimientos que se estiman en un 90% a cargo de la actora y un 10% a cargo de la demandada.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Dres. Miguel Nathan Licht (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2022.02.04 19:10:01 -03:00 Date: 2022.02.07 15:33:33 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.07 15:51:50 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.07 15:51:50 -03:00
Fin de la sentencia