Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 36.969-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución DE PRLA N° 8169/2015, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, dictada en las Actuaciones N° 12210-801-2007.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-138677986-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Diciembre de 2022 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Horacio J. Segura, y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “NOVARTIS ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 36.969-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 29/30 se presenta la firma “Novartis Argentina S.A.”, por apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nro. 8169/2015, dictada en las actuaciones N° 12210-801-2007 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la cual se la intima a abonar la suma de $75.195 en concepto de multa, como así también al comiso de la mercadería ingresada al amparo de la DIT 03073IT14001527J, y $74.062,93 en concepto de tributos. Ello, por encontrarse incursa en la infracción tipificada por el art. 970 la mercadería amparada mediante la destinación anteriormente mencionada. Luego de efectuar una breve reseña de los hechos, manifiesta que se acompañó oportunamente la totalidad de la documentación que acreditaba la cancelación total y en tiempo de la DIT, entendiendo que la misma resulta ser suficiente para cumplir con el régimen. Explica que, con una simple consulta al sistema de AFIP, la Importación Temporal cuestionada se puede visualizar en estado “cancelada”, por lo que el reclamo aduanero se contradice con las constancias que la misma autoridad posee. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada.
II. De su lado, en su responde a fs. 37/41, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la apelación planteada por la actora. Luego de negar todos y cada uno de los hechos y derechos invocados por la actora, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento, recuerda que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Afirma que la infracción por la cual la importadora fue condenada en sede administrativa fue configurada, surgiendo la responsabilidad de la obligación tributaria y de la multa impuesta. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo recurrido, con costas.
III. En las condiciones indicadas, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 03073IT14001527J, de la firma Novartis Argentina S.A., registrada ante la Aduana de Ezeiza el 18/06/2003, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 08/06/2005, en virtud de la prórroga oportunamente otorgada.
Al respecto, cabe hacer notar que ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., condenándose a la actora mediante la resolución aduanera aquí apelada.
IV. Así las cosas, es imperioso recordar que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
V. A la luz de lo enunciado, se vislumbra la necesidad de realizar un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar el cumplimiento de la normativa anteriormente mencionada, como así también de la cancelación parcial, teniendo en cuenta el allanamiento efectuado por la actora, del DIT bajo análisis.
Sobre la base de lo expuesto, corresponde analizar como primera cuestión la presentación y validez del Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C), como así también su correspondencia con el resto de la documentación acompañada.
Al respecto, debemos destacar que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
En definitiva, de todo ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla. Precisamente, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E. Con relación a ello, cabe resaltar que a fs. 8 obra copia del C.T.C. definitivo N° 3494/01 emitido por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.
VI. De una lectura armónica entre el CTC y los demás documentos acompañados en autos, esto es, DIT, Permisos de Embarque asociados a la destinación con su respectiva declaración jurada, se puede constatar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por la Resolución ANA N° 479/95, Anexo III “B”, Punto 8.1, la cual prevé la cancelación de la importación temporaria, detallando los documentos necesarios a ser presentados para poder cumplir con el régimen de importación temporaria para su transformación y posterior exportación bajo la nueva forma resultante. Ello, teniendo en cuenta que los Permisos de Embarque hacen alusión expresamente al CTC vinculado a la DIT afectada (ver fs. 12 y 18). Ello, en cumplimiento del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante), donde se establece que se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria ”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
No tener en cuenta lo anteriormente mencionado y pretender enrostrar el incumplimiento del régimen a la firma implicaría caer en un excesivo rigor formal, desatendiendo la voluntad de la firma apelante para acreditar el efectivo cumplimiento de sus obligaciones ante el servicio aduanero. Ello ha sido previamente analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Colalillo", (Fallos: 238:550 "LA LEY, 89-412), donde ha sostenido que los jueces no pueden renunciar a la verdad jurídica objetiva (la cual se encuentra receptada en el artículo 1, Punto F, Inciso 2 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos) por consideraciones meramente formales.
Atento lo examinado y teniendo en cuenta que la prueba ofrecida por la actora como base de su defensa resulta ser suficiente para cumplir con la documentación exigida por el servicio aduanero, corresponde revocar la Resolución apelada en autos.
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución DE PRLA N° 8169/2015, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, dictada en las Actuaciones N° 12210-801-2007.
2. Costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución DE PRLA N° 8169/2015, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, dictada en las Actuaciones N° 12210-801-2007.
2. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.12.26 10:13:14 ART Date: 2022.12.26 16:04:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.26 19:17:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.26 19:18:02 -03:00
Fin de la sentencia