Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 37.706-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución DE PRLA N° 5052/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 28/10/2016, en la actuación SIGEA N°12210-1290-2010.
2Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-55987780-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Mayo de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “NOVARTIS ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”; Expediente N° 37.706-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 5052/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 28/10/2016, en la actuación SIGEA N°12210-1290-2010, en cuanto resuelve condenar a la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A. al pago de una multa equivalente a $ 97.278,56 y formularle cargo, conjuntamente a la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en concepto de tributos adeudados por U$S 12.808,93 (derechos de importación, tasa de estadística e IVA) y $ 34.898,69 (IVA adicional e Impuesto a las Ganancias), atento a encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 05073IT14001069M, con vencimiento el 26/04/2006.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 11/12 se presenta por apoderado NOVARTIS ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución aquí apelada. En lo sustancial, sustenta su pretensión en el cumplimiento del régimen de importación temporal. En relación a ello, explica que, al momento de contestar la vista conferida, aportó toda la documentación necesaria que da cuenta del cabal cumplimiento de sus obligaciones. Igualmente, se agravia del quantum de la sanción aplicada por el servicio aduanero, en dos veces, sin el debido sustento. Finalmente, solicita se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 26/29 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de efectuar un relato de los hechos de la causa, formula una negativa genérica. Se expide en relación al régimen de la importación temporal y asevera que se configuró la infracción endilgada. Determina que la actora no aportó elemento alguno que permita tener por acreditado el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el aludido régimen. Cita jurisprudencia. Recuerda la aplicabilidad del principio de indisponibilidad del crédito fiscal. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-1290-2010 se inician a fs. 1/3 con el acta de denuncia N° 138/2010. A fs. 4 se agrega el sobre original de la destinación involucrada en autos. A fs. 6/7 se efectúan el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 10, en fecha 18/12/2011, se instruye sumario. A fs. 13 vta., en fecha 14/10/2015, se corre vista de lo actuado a la importadora y a la citada en garantía, notificadas a fs. 17/18, en fechas 03/12/2015 y 20/11/2015, respectivamente. A fs. 19/23 la aseguradora se presenta y contesta vista. A fs. 27/28 obran constancias del registro de infractores. A fs. 29/32 se emite la resolución aquí apelada. A fs. 33/39 la importadora se presenta y contesta vista. A fs. 43/44 se notifica la resolución aduanera, en fechas 26/01/2017 y 15/02/2017. A fs. 45/46 la actora da cuenta del recurso de apelación interpuesto y acompaña formulario F4.
V. Que a fs. 31 se ordenó una medida para mejor proveer, tendiente a incorporar a la causa los permisos de embarque que cancelarían la operación en trato. En fecha 20/05/2025 se elevaron las actuaciones a la Sala “G”. Finalmente, en fecha 23/05/2025 pasaron a sentencia (IF-2025-55217509-APN- VOCXXI#TFN).
VI. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado. Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los CTC eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el CTC se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
VIII. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que, en el caso de autos, la firma NOVARTIS S.A. importó-mediante el ítem 1 de la DIT N° 05073IT14001069M 5 kgs. del insumo ACENOCOUMAROL, compuesto heterocíclico con heteroátomo de oxígeno, bajo la P.A. 2932.29.90, oficializada en fecha 22/04/2005 (Aduana de Ezeiza). Que, de las constancias adjuntas al expediente principal (en especial las impresiones de pantalla de fs. 41/62 que complementan los permisos de embarque acompañados en copia certificada por Escribano Público acompañadas por la importadora en el sobre de fs. 39 de las act. adm.), en concordancia con las obrantes en las actuaciones administrativas se desprende que asiste razón a la actora en cuanto a que la mercadería fue debidamente reexportada. Ello se desprende, para mayor claridad, del cuadro adjunto a continuación:
IX. Que de igual forma fue integrado por la actora el CTC aplicable (N° 2142/00) que fue debidamente citado en los permisos de embarque que figuran en la declaración jurada de cancelación de la destinación.
X. Que, por lo expuesto, no cabe más que revocar la resolución aduanera apelada, con costas a cargo del Fisco.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- REVOCAR la Resolución DE PRLA N° 5052/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 28/10/2016, en la actuación SIGEA N°12210-1290-2010. 2).- Costas a cargo del Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- REVOCAR la Resolución DE PRLA N° 5052/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 28/10/2016, en la actuación SIGEA N°12210-1290-2010. 2).- Costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.05.26 11:41:35 ART Date: 2025.05.26 14:26:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.26 14:27:06 -03:00
Fin de la sentencia