Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 33.045-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución (DE PRLA) n° 8574/12, recaída en el expediente SIGEA 12210-236-2005, declarando que el importe de la multa asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 07/100 ($ 158.868,07). Costas en un 20% a cargo de la actora y en un 80% a cargo del Fisco.
2Revocar el art. 5 de la Resolución (DE PRLA) n° 8574/12, en cuanto intima el pago de tributos. Costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-14087083-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 7 de Febrero de 2024 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala F, Dres. Pablo A Garbarino y Christian M González Palazzo, para resolver el expediente N° 33.045-A, caratulado “NOVARTIS ARGENTINA SA c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, a fs. 28/30, se presenta la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A. mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) n° 8574/12, dictada en fecha 29/11/12, por el Jefe del Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, recaída en el SIGEA n° 12210-236- 2005, en cuanto le formula cargos por la presunta infracción al art. 970 del C.A. al amparo del DIT n° 01 073 IT14 002437 X, intimándosele el pago de una multa de $ 795.795,55 y la suma de $ 588.760,96 por tributos. En primer término, efectúa una reseña de los antecedentes que dieran origen al dictado de la resolución apelada. Manifiesta que se acompañó en sede aduanera toda la documentación que acredita la reexportación y nacionalización de la DIT en tiempo y forma. Expresa que los tributos supuestamente adeudados implican una doble tributación. Sostiene que no corresponde la aplicación de la multa como pretende maliciosamente la Aduana. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas II.- Que, a fs. 40/43 vta., la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Se refiere a la Resolución ANA n° 479/95. Manifiesta que no se ha regularizado la totalidad de la mercadería importada temporariamente. Sostiene que la carga de prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal que recae sobre la importadora. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que de las actuaciones administrativas SIGEA n° 12210-236-2005 se inicia, a fs. 1, con copia de la Solicitud de Prórroga de Importación Temporaria, a fs. 33, obra el sobre contenedor de la destinación n° 01 073 IT14 002437 X y; a fs. 35, obra el Acta de Denuncia n° 33/05. A fs. 45, se dispone la instrucción del sumario. A fs. 46/47, obra liquidación de multa y tributos. A fs. 51/51 vta., se corre vista de todo lo actuado a la firma NOVARTIS ARG. S.A. y a la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. (5/5/08). A fs.58/59 y 65/65 vta., contestan vista la aseguradora y la firma importadora. A fs. 91, obra Nota n° 7147/08 de la Sección Procedimientos Técnicos. A fs. 117, obra la Nota n° 804/09 de la Sección Ramo ”B”. A fs. 120. obra Nota n° 5538/12 de la Sección Procedimientos Técnicos. A fs. 140/141, obra nueva liquidación de multa y tributos. Finalmente, a fs. 142/145, en fecha 29/11/12, se dicta la Resolución (DE PRLA) n° 8574/12, apelada en autos.
IV. Que corresponde resolver en autos sobre la procedencia de los tributos y multa, reclamados a la firma importadora, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero. Que mediante el DIT 01 073 IT14 002437 X, la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A. documentó la importación temporaria, en los términos del decreto n° 1439/96, de la mercadería descripta como “Los demás Que contengan productos de la partida n°29.33, sin productos de las subpartidas n° 3004.90.1 a 3004.90.5 –Los demás MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS N° 30.02, 30.05 O 30.06)
CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS
TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA MENTA MENOR” y “Apósitos conteniendo estradiol, de absorción transdérmica. Impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas –Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva GUATAS, GASAS, VENDAS Y ARTICULOS ANALOGOS (POR EJEMPLO: APOSITOS, ESPARADRAPOS, SINAPISMOS), IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS”, correspondientes a los ítems 1 y 2, que ubicó en las P.A. 3004.90.69.900D y 3005.10.12.000H, con un valor FOB total 254.543,62 dólares estadounidenses.
Que, por el régimen suspensivo al que se acogió la propia firma, la mercadería documentada quedó sometida a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia – conf. artículo 250 CA – o eventualmente, a convertirse su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del CA.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del despacho que nos ocupa – Res. ANA 127/92 y sus modificatorias –, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos permisos de embarque.
Que, al no existir – en principio – constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados.
Que este Tribunal Fiscal tiene dicho en reiterada jurisprudencia que sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Que queda a cargo de la importadora la obligación de presentar los referidos documentos aduaneros que permitan acreditar la cancelación de la mercadería sometida al régimen suspensivo (permisos de embarque o destinaciones), así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de un despacho de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa. Que, al compulsar la documentación acompañada por la actora en instancia aduanera – 02 073 EC03 2159 K, 02 073 EC03 2421 C, 02 073 EC03 5296 P, 02 073 EC03 9075 Y, 03 073 EC03 005867 U y 03 073 IC81 000469 A; y CTC 3403 (061-008622/98), 3526-0 (061-005790/98), 3447 (061-006598/98) y 3454 (061-009583/97) –, y según surge de las Notas 7147/08, 804/09 y 5538/12, la Sección Procedimientos Técnicos y la Sección Ramo “B” consideró que las destinaciones de exportación a consumo 02 073 EC03 002159 K, 2421 C, 5296 P y 9075 Y efectivamente regularizaron parte de la mercadería importada temporariamente; pero no así la destinación 03 073 EC03 005867 U ni tampoco la destinación 03 073 IC81 000469 A, la que no fue tenida en cuenta toda vez que la mercadería allí importada a consumo era un residuo peligroso de importación prohibida de carácter no económico en los términos de la Resol. ANA 1742/93 y 1142/93, lo que impedía autorizar su nacionalización. En consecuencia, resultó condenada la importadora por las unidades restantes: 372.836,60 (ítem 1) y 56.522 (ítem 2).
V. Que, del análisis efectuado en esta instancia, se concluye que mediante la destinación 03 073 IC81 0469 A, se documentó la importación a consumo de 372.837 (ítem 1) y 56.083 (ítem 2) kg de medicamentos que, conforme lo informado por la Sección Ramo “B” de verificación a fs. 117 de las actuaciones, serían calificados como residuos peligrosos de importación prohibida – prohibición de carácter no económico – lo que imposibilita su nacionalización.
Que el art. 2 de la Resolución n° 1742/93 establece que “A los fines establecidos en el artículo 1º de esta Resolución se incluyen todo tipo de residuos, desechos o desperdicios procedentes de otros países, cuya nómina de carácter no taxativo se indica en el Anexo I, que se aprueba por la presente, en las condiciones establecidas en el mencionado decreto, alcanzando dicha medida a la mercadería que no se hubiere librado a plaza con anterioridad al 30/01/92.
Que quedan comprendidos también aquellos residuos o desechos procedentes del reciclado o recuperación material de desperdicios que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen y/o procedencia, y ratificado por la autoridad de aplicación de los Decretos Nros. 181/92 y 831/93, todo ello sin perjuicio de las facultades propias que le competen a esta Administración nacional.”.
Que, seguidamente el art. 3 de dicha Resolución indica que “En el ámbito de aplicación del Sistema Informático María (S. I. M.) será responsabilidad del documentante declarar la condición de residuo, desecho o desperdicio que reviste la mercadería, y siempre que la importación se encuentre autorizada por certificación pertinente emitida por la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO, en su calidad de autoridad competente del presente régimen.”.
Que, para que la aduana autorice la importación para consumo, no debe existir prohibición a la importación y se debe contar con los documentos adicionales que correspondan.
Que, en consecuencia, los referidos 372.837 y 56.083 kg que, incialmente, podrían haber cancelado los 372.836,60 y parte de los 56.522 kg ingresados, respectivamente, en los ítems 1 y 2 de la destinación temporaria en trato, no pueden ser tenidos en cuenta a dicho efecto.
Que, por otro lado, los 439 kg restantes documentados en el referido ítem 1, sí fueron regularizados mediante el permiso de embarque 03 073 EC03 005867 U, oficializado en 04/06/03, esto es dentro del plazo de permanencia autorizado, y su respectivo CTC 3427/01, acompañados en autos.
VI. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar parcialmente la infracción endilgada por la Aduana – respecto de 428.919,60 kg de mercadería (372.837,60 + 56.083) –, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
VII. Que, respecto de los tributos adeudados, corresponde señalar que asiste razón a la recurrente cuando en su escrito de apelación cuando manifiesta que estos fueron abonados en su totalidad al documentarse la destinación 03 073 IC81 000469 A. Por lo tanto, cabe afirmar que no se adeuda importe alguno en concepto de tributos, en tanto que los mismos fueron ingresados en oportunidad de registrar la importación a consumo.
Que, en relación a la multa, se procede a practicar la siguiente liquidación:
MULTA
Valor en Aduana – Item 1: $ 371.303,87 Derechos de importación (9,5%) $ 35.273,87 Tasa de estadística (0,2%) $ 854,00 Base imponible IVA $ 407.431,74 IVA (21%) $ 85.560,67 MULTA: $ 121.688,54 Valor en Aduana – Item 2: $ 97.995,65 Derechos de importación (13,5%) $ 13.229,41 Tasa de estadística (0,5%) $ 489,97 Base imponible IVA $ 111.715,03 IVA (21%) $ 23.460,15 MULTA: $ 37.179,54 TOTAL MULTA: $ 158.868,07 Que, en cuanto al quantum de la multa impuesta por el servicio aduanero, corresponde evaluar la determinación de la misma que se ha fijado en 5 veces el mínimo legal previsto en la norma, en base a los antecedentes que la Aduana incorporó a las actuaciones administrativas, que ascendería a un total de $ 794.340,38. Al respecto, corresponde dejar sentado que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal – por mayoría – ha declarado la inconstitucionalidad de la figura de la “reincidencia” en los autos “Argañaraz, Pablo” con fecha 8/5/12 (Causa Nro. 13.401) criterio que he compartido en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA c/ DGA s/ apelación” expte. Nº 23.218-A y su acumulado “PILAR PARTES SA c/ DGA s/apelación”, expte. Nº 23.226-A, que tramitara por ante la Vocalía de la 16º Nominación (Sala “F”), entre otras, en tanto su aplicación produce un agravamiento de la condena en violación al principio de culpabilidad (arts. 18 y 19 de la C.N.) y al ne bis in idem (arts. 14.7 del P.I.D.C. y P.).
Sin embargo, habiéndose pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 27/05/14 en los autos caratulados “Martín Salomón s/ causa N° 11.835", donde desestimó la cuestión relativa al planteo de inconstitucionalidad del régimen de agravación de la pena por reincidencia, por remisión al criterio que había sostenido al resolver los autos "Gómez Dávalos" (Fallos: 308:1938), "L'Eveque" (Fallos: 311:1451) y "Gramajo" (Fallos: 329:3680) – especialmente, considerandos 12 a 18 del voto del juez Petracchi –, por razones de economía procesal, corresponde adoptar el criterio propiciado por el Alto Tribunal.
Sentado ello, respecto del quantum de la multa impuesta en el caso de marras, debe contemplarse lo preceptuado por el art. 915 del C.A., que dispone que deberán considerarse las circunstancias, naturaleza, gravedad de las infracciones y antecedentes del infractor.
En cuanto a los antecedentes del infractor, el art. 927 del CA contempla el supuesto de aquel que, habiendo sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduanero, cometiese una nueva infracción aduanera, calificándolo como “reincidente”. No puede soslayarse que la propia norma indica que debe tratarse de un condenado por medio de una resolución firme.
Que, a su vez, el art. 928 inc. a) del CA, establece que, en el caso de tratarse de una infracción, la condena anterior no se tiene en cuenta a los efectos de atribuir el carácter de “reincidente”, cuando hubieren transcurrido cinco años desde la fecha en que quedare firme la resolución definitiva que la impuso.
Que, en el caso que nos ocupa, la infracción fue configurada a la fecha de vencimiento del plazo fijado para la regularización de la mercadería importada temporariamente al amparo de la destinación involucrada (diciembre 2003). La condena impuesta por el servicio aduanero tuvo en cuenta antecedentes infraccionales todos ellos con resolución firme dictada entre los años 2004 y 2011, es decir, con fecha posterior a la configuración de la infracción de marras. En consecuencia, no se ha acreditado la reincidencia de la actora. Así las cosas, en ejercicio de las facultades previstas en los arts. 915 y 916 del C.A, resulta procedente reducir la multa impuesta a una sola vez el importe de los tributos.
Que, por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución (DE PRLA) n° 8574/12, recaída en el expediente SIGEA 12210-236-2005, declarando que el importe de la multa asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 07/100 ($ 158.868,07). Costas en un 20% a cargo de la actora y en un 80% a cargo del Fisco.
2. Revocar el art. 5 de la Resolución (DE PRLA) n° 8574/12, en cuanto intima el pago de tributos. Costas al Fisco.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución (DE PRLA) n° 8574/12, recaída en el expediente SIGEA 12210-236-2005, declarando que el importe de la multa asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 07/100 ($ 158.868,07). Costas en un 20% a cargo de la actora y en un 80% a cargo del Fisco.
2. Revocar el art. 5 de la Resolución (DE PRLA) n° 8574/12, en cuanto intima el pago de tributos. Costas al Fisco.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Aldo Tomás Blardone (20-18053071-2). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2024.02.07 19:03:37 -03:00 Date: 2024.02.07 21:03:07 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.07 21:03:11 -03:00
Fin de la sentencia