Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 36198-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. Las costas de Alzada se imponen a la vencida, por no existir mérito para la dispensa.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 18718/2024/CA1; NOVARTIS ARGENTINA SA (TF 36198–A)
c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO .
DVP Buenos Aires, de octubre de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Mediante sentencia del 17/04/2024, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, revocó la Resolución DE PRLA 2288 recaída en las actuaciones administrativas Nº 12210-5731-2011, por intermedio de la cual se formulaba cargos e imponía multa a la parte actora por haber incurrido en la conducta tipificada en el art. 970 del C.A –con relación a la mercadería importada temporariamente mediante la DIT Nº 06073IT1600224H–, con costas en el orden causado.
Para así decidir, luego de reseñar las posiciones adoptadas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones y señalar que se declaró la causa como de puro derecho, puntualizó que la cuestión a resolver radicaba en determinar si la firma actora había incurrido en la infracción prevista en el art. 970 del C.A.
Remarcó que, conforme la jurisprudencia y la normativa vigente, la carga de probar la reexportación de la mercadería en término – como requisito ineludible para obtener las ventajas establecidas por el régimen–, recaía en los beneficiarios del régimen preferencial, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado para producir la inversión de la carga de la prueba.
En esta tónica, afirmó que le correspondía a la firma actora demostrar mediante la correspondiente documentación aduanera el cabal cumplimiento de sus obligaciones, remarcando que de esta debía necesariamente surgir –en casos como el de autos– la adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan. A mayor abundamiento, aseveró que, conforme lo expresamente reglado en el Decreto 1439/96 (Res. 72/92) y la Res. ANA 127/92, a cuyo amparo se había efectuado la importación temporaria, los permisos de embarque para reexportación de consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante debían consignar el Certificado de Tipificación, numero de DIT, clase y cantidad de mercadería importada comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria Sentado todo ello, ponderó que sin perjuicio de que la firma actora había sido declarada rebelde en sede administrativa y no había aportado la documentación requerida por el servicio aduanero a efectos de acreditar la reexportación en tiempo y forma de la mercadería en trato –lo cual resultaba “motivo suficiente para confirmar la condena impuesta en sede aduanera”– dado que ésta había acompañado la documentación pertinente al momento de interponer el recurso ante el Tribunal Fiscal – Certificado de Tipificación y Clasificación, Destinación de Importación Temporal y documentación complementaria así como los Permisos de Embarques utilizados para cancelar la DIT– y que de su análisis surgía claramente el cumplimiento de la reexportación dentro del plazo establecido para ello, correspondía revocar la resolución apelada.
Impuso las costas en el orden causado por considerar que, en virtud de los hechos del caso, el servicio aduanero pudo creerse con razones para litigar.
II. Contra dicha decisión se alza la parte demandada.
Interpone recurso de apelación el 03/06/2024 y expresa agravios en fecha 13/06/2025, los que no fueron replicados por la contraria.
La demandada estructura su memorial en torno a dos agravios:
En primer lugar, tras remarcar que la actora fue declarada rebelde en sede aduanera, afirma que, al no haber aportado la documentación requerida por el servicio aduanero a los efectos de acreditar la reexportación en tiempo y forma de la mercadería, resulta motivo suficiente para confirmar la condena impuesta.
Explica que, sin perjuicio de haber acompañado la prueba ante el Tribunal Fiscal, al no cumplir con el procedimiento previsto en el Dto. 1439/96 –en tanto exige acompañar en tiempo y forma la prueba necesaria a los efectos de tener por acreditada la reexportación de los insumos temporalmente importados– dicha prueba no debía ser tenida en cuenta. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 18718/2024/CA1; NOVARTIS ARGENTINA SA (TF 36198–A)
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En segundo lugar, y con cita en el voto minoritario, y para el caso de considerarse que no se configura la infracción prevista en el art. 970 del C.A, solicita que se imponga la multa prevista en el art. 972 del CA en tanto existió una transgresión a los deberes impuestos en la legislación aduanera –no seguir el procedimiento previsto en el Dto. 1439/96– pero sin afectar la finalidad que motivo el otorgamiento de la importación temporal.
III. Previo a ingresar al tratamiento de los agravios introducidos por la parte demandada es importante destacar que no me encuentro obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “Caratelli, Stolano c/EN -AFIP- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/03/22¸ “Construmex SA c/EN -DNV- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/11/22, “Hilado S.A. c/ EN – AFIP – DGA s/ Dirección General de Aduanas”; del 21/12/2023; “Western Union Financial Services Argentina SRL c/ EN-AFIP- DGI s/Proceso de conocimiento”, del 11/04/2024, “Morlacchi, Enzio Enrique c/EN-AFIP-LEY 20628 s/amparo ley 16.986”, del 11/07/2024, “Expanobras SRL c/EDENOR S.A s/Proceso de Conocimiento”, del 20/05/2025 y sus citas)
IV. En este orden de ideas, es menester recordar que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022; “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022; “PBB Polisur SRL (TF 40583686–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº 15235/2024, del 20/02/2025; “Argensun SA (TF 36606041–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº 5623/2024, del 27/03/2025; “Rafaela Alimentos SA (TF 140898946-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 17930/2025 del 07/10/2025, entre otros)
En definitiva, si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del TFN, constituye un requisito de procedencia que el recurrente demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria.
V. Siguiendo los agravios esbozados por la demandada en su memorial corresponde examinar si, en el presente caso, se configuró la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero con relación a la DIT Nº 06073IT1600224H o si, eventualmente, el accionar de la firma actora podría ser encuadrado en lo previsto en el art. 972 inc. 1) del referido Código.
En primer término, se debe señalar que el art. 970 del C.A sanciona a quien “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”, circunstancia que, en caso como el de autos, responde principalmente a la obligación prevista en el art. 250 del CA en cuanto establece el deber de reexportar la mercadería ingresada antes del vencimiento del plazo de permanencia otorgado, en la forma y en las condiciones en las que el importador se obligó. Asimismo, corresponde destacar que el art. 972 inc. 2) establece que el incumplimiento de reexportar dentro del plazo acordado afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen especial. Por ello, en resumidas cuentas, se puede aseverar que el art. 970 castiga a quienes hayan infringido las dos obligaciones esenciales previstas por el régimen: el plazo de permanencia y el fin para el cual fue concedido Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 18718/2024/CA1; NOVARTIS ARGENTINA SA (TF 36198–A)
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(cfr. Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo X., Cotter Moine, Juan P., Vidal Albarracín, Hector G. "Código Aduanero Comentado”, Tomo III, Abeledo Perrot, 2011)
Desde otro ángulo, reiteradamente se ha expresado que la regla de interpretación a seguir en la materia es aquella que destaca la excepcionalidad del régimen que nos ocupa –en atención a que la importación temporal constituye indudablemente una excepción– a resultas de la cual cabe afirmar que, cuando la ley establece una condición a cargo del beneficiario de un régimen de privilegio, ha de exigirse por parte de éste el estricto cumplimiento que aquélla supone, de modo de alcanzar sus fines (cfr. CSJN, doctrina de Fallos: 314:1824; v., esta Sala, in re “Rodio Panamericana S.A. c/ DGA”, del 30/09/2008” y Expte. Nro. 41400/14, in re “Volkswagen Argentina SA c/ DGA”, del 21/4/2015).
Como corolario de ello, la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón del otorgamiento de los beneficios previstos en el régimen de importación temporaria recae en cabeza del beneficiario (cfr. Sala IV de esta Cámara, in re “Curtiembre Pelicce SA (TF 9684-A) c/ DGA”, sentencia del 31/8/2004; esta Sala Expte. Nro. 103/2019 “Kimberly Clark Argentina c/ DGA”, del 26/12/2019, en especial, considerando VIII) y a tal fin, la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación de la mercadería introducida en forma temporal son los permisos de embarque y el certificado de tipificación y clasificación, de forma tal de poder constatar la relación insumo-producto (cfr. Sala IV, in re “Orandi y Massera SA (TF 19648-A) c/ DGA”, Causa Nº 35.392/10, del 15/3/2011, y sus citas, arg. art. 14, dec. 1439/1996; esta Sala, Causa Nº 1627/2013, in re “Heil Trailer Internacional SA c/ EN-DGA-Resol 5246/12 (Expte. 12210-2497/05) s /Dirección General de Aduanas”, del 22/11/2016).
VI. Sentado todo ello, este tribunal observa que las manifestaciones vertidas por la parte demandada en su memorial no alcanzan para desvirtuar las conclusiones a las que ha arribado el Tribunal Fiscal de la Nación respecto de los hechos y de la prueba producida en autos. En efecto, al presentar el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la actora acompañó la documentación que obraba en su poder: CTC expedido por la Secretaría pertinente con el detalle de la relación insumoproducto (fs. 10/12), la DIT en trato junto a su documentación complementaria (fs. 13/16), los PE utilizados para cancelar la DIT (fs. 17/23). Al verificar las referidas constancias, el a quo concluyó que se había dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la reglamentación a los fines de tener por acreditada la reexportación de la mercadería importada temporalmente, luego de realizado el proceso de perfeccionamiento. Lo previamente expuesto no fue controvertido adecuadamente por la demandada quien se limitó a sostener que la introducción tardía de la documental previamente reseñada bastaba para tener por configurada la infracción del art. 970 del CA –alegando, sin fundamento alguno, que la prueba presentada ante el TFN no debía ser considerada– sin hacer mención alguna a la valoración de los hechos y la prueba realizada por el a quo, que lo llevo a concluir que se encontraba acreditada la reexportación en termino y por ello, no reunidos los requisitos para imputar la infracción endilgada por el servicio aduanero.
En virtud de lo expuesto, y toda vez que la demandada no ha logrado acreditar la arbitrariedad de las conclusiones de hecho sentadas por el Tribunal a quo, corresponde confirmar la sentencia apelada en este apartado.
Por otro lado, se debe poner de relieve que el planteo subsidiario esbozado por la demandada en punto al reencuadre de la conducta desplegada por la firma actora en la infracción prevista en el art. 972 inc. 1), importa la introducción de una cuestión no planteada en sede aduanera ni ante el Tribunal Fiscal en oportunidad de contestar los argumentos presentados por la firma actora de tal suerte que, de conformidad con el principio contenido en el art. 277 del Código Procesal –de aplicación supletoria en función de lo dispuesto en el art. 1182 del Código Aduanero–, en virtud del cual el tribunal de grado no podrá fallar sobre capítulos no Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 18718/2024/CA1; NOVARTIS ARGENTINA SA (TF 36198–A)
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propuestos a la decisión del juez de la anterior instancia, se encuentra vedado su tratamiento por esta Sala (Expte. Nros. 21.152/08, in re “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 18804-A) c/DGA”, del 30/04/2009, Expte. Nro 45/13, in re “De Giacomo José Andrés (TF 23816 A) c/DGA”, del 4/06/2013; Expte. Nro. 87.359/2017, in re “Bahía Graf SRL (TF 28169-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/12/2018; asimismo, en sentido análogo, Sala IV, Expte. nro. 51.372 /2022 in re “Bunge Argentina SA TF 36695-A c/ DGA”, del 13/12/2022).
En este sentido, se ha afirmado que los agravios así introducidos son improcedentes por infracción al deber de buena fe procesal (arg. art. 34, ap. 5º, inc. d, del CPCCN) y al principio de preclusión (arg. art. 1145 del CA).
De esta manera, los argumentos vertidos en este apartado se perciben como el fruto de una reflexión tardía en tanto no fueron oportunamente planteados ante el a quo y no pueden ser abordados por esta Alzada (esta Sala -en su actual composición- in rebus, “Bapro Mandatos y Negocios SA (TF 48037-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, del 6/05/2025 y “LDC Argentina SA (TF 39131-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 29/05/2025).
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. Las costas de Alzada se imponen a la vencida, por no existir mérito para la dispensa.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia