Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 38815-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios;
2Declarar desierto el recurso deducido por el Fisco Nacional AFIP-DGA.
3Imponer las costas de alzada a la parte actora sustancialmente vencida (art. 68, primer párrafo del Código Procesal). A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
3073/2021 NOVARTIS ARGENTINA SA ( TF 38815-A ) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 29 de diciembre de 2022.- SH
Los recursos de apelación interpuestos por la parte actora, a fs. 41, y por el Fisco Nacional, a fs. 52, contra la sentencia de fs. 36/40, fundados por los memoriales de fs. 88/89 y fs. 93/97, sólo el primero contestado por la demandada a fs. 101/105; y,
I. Que, por la sentencia del 14 de agosto de 2019, el Tribunal Fiscal de la Nación modificó parcialmente el art. 3º de la resolución DE PRLA 6294/2016 y, en consecuencia, redujo la multa impuesta en los términos del art. 970 del CA a la suma de $68.539,86, graduándola en una (1) vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería considerada en infracción (cfme. art. 915 del CA). Asimismo, confirmó parcialmente obligación tributaria fijada en el art. 5º de la misma resolución, liquidó los tributos aduaneros que adeuda la importadora en dólares (U$S22.486,83) y los intereses, desde el 11/10/2006 hasta el efectivo pago, en moneda nacional de curso legal ($61.407,72).
Las costas fueron impuestas en un 14% a cargo de la importadora y en un 86% a cargo de la DGA, respecto de la multa. Y, en lo atinente a los tributos, en un 84% a cargo de la importadora y el 16% restante a cargo de la DGA.
Para así decidir, el tribunal expuso que mediante la destinación 04 073 IT14 001125 E, registrada el 29/04/2004 por ante la Aduana de Ezeiza, la firma Novartis Argentina SA documentó la importación temporaria de 10kg de mercadería clasificada en la posición arancelaria SIM 2922.49.90.900F, marca BACLOFEN en el ítem 1 y de 7 kg de mercadería de la posición arancelaria SIM 2932.29.90.900Y marca ACENOCPUMAROL en el ítem 2, al amparo del régimen del Decreto 1439/96. Detalló que se concedió el libramiento el 4/05/2004 y se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 365 días, que luego fue prorrogado, habiendo operado su vencimiento el 30/04/2006.
Puntualizó que, por el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la actora, la mercadería así documentada quedó sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de ser exportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia (conf. art. 250 del CA) o, eventualmente, a convertirse en forma regular su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del CA. Asimismo, expuso que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha del registro del despacho (resolución 127/92 y sus modificatorias) detallaban la forma de demostrar el cumplimiento de la obligación a cargo de los beneficiarios de reexportar la mercadería, precisando las declaraciones, datos y requisitos que debían aportarse al efecto, así como la forma de imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos permisos de embarque. Recalcó que corresponde a los beneficiarios de regímenes preferenciales la obligación de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera adecuada, el cabal cumplimiento de las condiciones a las que la reglamentación condiciona la ventaja de importar la mercadería sin el pago de los tributos que gravan la destinación definitiva de importación. En cuanto a las concretas circunstancias involucradas en el caso, indicó que, dispuesta que fuera la apertura del sumario contencioso y corrida la visita, en su primera presentación en sede aduanera la importadora limitó su argumento defensivo a sostener genéricamente que había procedido a regularizar en legal tiempo y forma la situación de la totalidad de la mercadería introducida en forma temporaria, mediante los permisos de embarque nros. 04 073 EC03 010957 R, 04 073 EC03 016792 U, 05 073 EC03 000685 P, 05 073 EC03 004745 Z, 05 073 EC03 008474 T, 05 073 EC03 009693 A y 05 073 EC03 010454K, sin efectuar una alegación concreta respecto de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3073/2021 NOVARTIS ARGENTINA SA ( TF 38815-A ) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO cantidad de la mercadería que el servicio aduanero debió considerar exportada mediante cada uno de los P.E. enunciados.
Especificó que se encuentran agregados por la actora y por cuerda separada las copias de nueve de los once permisos de embarque denunciados por la interesada (que llevan los números 04 073 EC03 010957 R, 04 073 EC03 016792 U, 04 073 EC03 011622 H, 04 073 EC03 014706 N, 04 073 EC03 016881T, 05 073 EC03 009693 A, 05 073 EC03 008474 T, 05 073 EC03 004745 Z y 05 073 EC03 010454K), la copia del CTC 9833-99 y la copia de la solicitud de cancelación de la importación temporaria. A su vez, dejó sentado que el servicio aduanero adjuntó a las actuaciones administrativas las impresiones de pantalla del SIM de los PE 04 073 EC03 010957 R, 04 073 EC03 016792 U, 05 073 EC03 000685 P, 05 073 EC03 004745 Z, 05 073 EC03 008474 T, 05 073 EC03 009693 A y 05 073 EC03 010454K y que la Sección Operativa y Registral, luego de analizar la documentación acompañada por la importadora, ratificó parcialmente la denuncia de fs. 1 informando que 4,33kg del ítem 1 y la totalidad del ítem 2 se encontraban en infracción “toda vez que no se declara informáticamente la DIT a cancelar en el campo ‘declaración a cancelar’ de los PE”. Acentuó que sobre la base de dichas conclusiones se dictó la resolución que aplicó la multa en los términos del art. 970 del CA y que intimó a la importadora al pago de los tributos que gravan la importación.
En seguida confeccionó un cuadro que ilustra que las descargas imputadas por la importadora solo tienen respaldo parcial en la documentación que se encuentra agregada al sumario.
En función de ese cuadro, concluyó que se consideran acreditadas las descargas imputadas mediantes los permisos de embarque 04 073 EC03 010957 R, 04 073 EC03 016792 U, 05 073 EC03 009693 A, 05 073 EC03 004745 Z y 05 073 EC03 010454K, en razón de que si bien la actora acompañó los permisos en copias simples, las impresiones del SIM de fs. 40, 41, 43, 45 y 46 de las actuaciones, aportadas por el servicio aduanero, corroboran que estas exportaciones fueron perfeccionadas. A su vez, los cumplidos de embarque se efectuaron entre el 3/08/2004 y el 8/09/2005, esto es, con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia (30/04/2006), imputándose en las respectivas hojas de descarga que los insumos correspondían al DIT 04 073 IT14 001125 E. En definitiva, consideró que, de la citada documentación, surge la debida imputación de la mercadería exportada al DIT así como la identidad entre los insumos importados suspensivamente y los que fueron exportados, habiendo quedado acreditada la relación insumo/producto, así como las pérdidas admitidas para dicho proceso productivo.
En cambio, sobre la base de examinar la misma documentación, no encontró acreditadas las descargas de los permisos de embarque 04 073 EC03 011622 H, 04 073 EC03 014706 N, 04 073 EC03 016881T y 05 073 EC03 008474 T. En cuanto a los dos primeros puso de relieve que les falta la hoja de descarga. Agregó que respecto del PE 04 073 EC03 011622 H la hoja lleva su identificación manuscrita y la anexa al PE 04 073 EC03 014706 N carece de identificación. Además, si bien en ambas descargas se imputa el DIT de autos, se consigna el producto del ítem 2 del PE 04 073 EC03 011622 H y del ítem 1, sub ítem 2, del PE 04 073 EC03 014706 N cuando el PE 04 073 EC03 011622 H carece de ítem 2 y el ítem 1 del PE 04 073 EC03 014706 N no tiene desarrollo a nivel sub ítem. En ambos casos se denuncia el CTC 2142-00 que no fue agregado a las actuaciones. Respecto del PE 05 073 EC03 008474 T recalcó que se embarcó con diferencia y que no se acompañó la declaración post-embarque, ni se corrigió la imputación original.
En igual sentido -continuando con el análisis-, sostuvo que tampoco fue posible controlar la reexportación de los PE 05 073 EC03 000685 P y 04 073 EC03 011622 H por no encontrarse glosadas las hojas de descarga, sin que tampoco surja este extremo de los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3073/2021 NOVARTIS ARGENTINA SA ( TF 38815-A ) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO datos relativos a la descarga según las impresiones de pantalla acompañadas por el servicio aduanero a fs. 42 y 50 de las actuaciones administrativas.
Por todo ello, concluyó que se encuentra acreditada la reexportación en tiempo y forma de 7,27kgs de insumo importados temporariamente mediante el DIT 04 073 IT14 001125E, debiendo adicionarse 0,44 kg, en virtud del 6% correspondiente a las pérdidas tipificadas para este proceso productivo. De manera que el saldo de mercadería no regularizada equivale a 2,29 kg.
En consecuencia, modificó la obligación tributaria en proporción al saldo de mercadería pendiente de reexportación, aclarando que la importadora no cuestionó en sede administrativa los rubros que integran la obligación tributaria, fijándola en U$S 22.486,86, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA (convertidos a moneda nacional de curso legal al tipo de cambio vendedor que informe el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones del día anterior al del efectivo pago) y en $61.407,72 por los rubros IVA adicional e impuesto a las ganancias, con más los intereses devengados desde el 11/10/2006 (esto es, a partir del vencimiento del plazo de diez días desde la notificación de la corrida del vista el sumario el 26/09/2016) y hasta la fecha del efectivo pago.
En lo atinente al aspecto infraccional y a la graduación de la multa (en cinco veces el importe de los tributos que gravan la importación para consumo), señaló que a la luz de lo dispuesto en los arts. 917 y 927 del CA, y de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Gramajo” y en “Jersch Wolezanski”, las impresiones de pantalla glosadas a fs. 51/58 de las actuaciones administrativa resultan incompletas a los efectos merituar la reincidencia del infractor por carecer de fecha de comisión del hecho por el cual fue condenado. De tal suerte que el tribunal redujo la sanción, fijándola en una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción, en $68.539,86.
II. Que, disconforme con lo así resuelto, la parte actora en su memorial se agravia de la porción de mercadería documentada en el DIT 04 073 IT14 001125E, equivalente a 2,29kgs, que el Tribunal Fiscal consideró que no había sido reexportada o regularizada dentro del plazo de permanencia.
Al respecto, señala que su defensa ante el Tribunal Fiscal fue redactada contra la resolución DE PRLA 6294, basada en un dictamen escueto y poco fundado y que en la sentencia que ahora recurre han sido introducidos nuevos argumentos, cambiando el objeto de la apelación y dejando a su parte sin defensa. Añade que ni siquiera la aduana al contestar su recurso introdujo estos elementos y que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fallado extra petita, lo cual solo puede ser remediado si se admite que su parte amplíe la prueba documental que adjunta al memorial.
A los efectos de refutar las conclusiones a las que arribó el tribunal especializado, acompaña, en copia simple, documentación y proporciona un detalle del modo en que éstas piezas demostrarían la reexportación de la mercadería, manifestando que las versiones originales se encuentran en poder de la Aduana y que el Tribunal Fiscal pudo haberla solicitado tanto a su parte como a la autoridad aduanera.
Solicita que se revoque el fallo y que se absuelva íntegramente a su parte, con costas.
III. Que, de su lado, el Fisco Nacional AFIP DGA, formula sus quejas en torno a la reducción de la graduación de la sanción aplicada.
Manifiesta que la interpretación que realiza el Tribunal Fiscal en la sentencia respecto del art. 915 del CA resulta equivocada y que, ante la gravedad de la infracción, la graduación en una vez el importe de los tributos resulta muy leve si se pondera el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3073/2021 NOVARTIS ARGENTINA SA ( TF 38815-A ) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO incumplimiento de un régimen al que la importadora se acogió voluntariamente para gozar de los beneficios que ello trae aparejado. En seguida, señala que la circunstancia de ser reincidente no es la única que contempla el art. 915 para graduar la pena, dado que también deben ponderarse las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones.
Por último, postula que la reliquidación de la multa constituye una intromisión en cuestiones que son de competencia específica de la Aduana, las cuales solo son revisables en caso de ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta.
IV. Que, antes de ingresar al tratamiento de los agravios expresados es importante destacar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).
V. Que, anticipadamente, es menester recordar que de acuerdo a lo previsto en el artículo 1180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta, siempre que del ejercicio del a quo de sus facultades propias de apreciar los hechos no surja que hubiera mediado un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (cfr. Fallos 300:985; y este Tribunal, causa "Schmid, Walter Edmundo", del 26/10/84; Sala I, causa "Scioli", del 14/12/93; Sala V, causas "Aspitarte y Cía S.A.", del 14/8/95; "Seysu S.R.L.", del 25/3/96; "Zeneca S.A.", del 26/8/98 y "DGA (en autos Procter & Gamble Soc. Col TF 19609-A)", del 21/9/06, entre otras).
No cabe, por principio, revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión (CSJN en Fallos: 300:985; esta Sala en las causas “Renault Argentina SA” del 07/03/95 y “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14/11/09), puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 CA, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (esta Sala, causa 25.245/2005, “Agencia Marítima Tagsa (TF 18034-A) C/ DGA”, sentencia del 20/10/11).
En sentido concordante, se ha dicho que el recurso no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión a que aquel tribunal hubiese arribado al valorarla, salvo que se verifique la existencia de error manifiesto o arbitrariedad en la valoración de la prueba (Sala V, in re "Agencia Marítima Alpemar S.R.L (TF 26.550-A) c/ DGA", del 12/6/2012 y sus citas).
VI. Que por razones de orden netamente metodológico, corresponde comenzar por el tratamiento de los agravios expresados por la firma importadora en el sentido que en la sentencia apelada se ha fallado extra petita.
Al respecto, resulta conveniente dejar sentado que, de manera concordante con lo dispuesto en el art. 164 de la ley de procedimiento tributario, el art. 1143 de la ley 22.415 establece que “el Tribunal Fiscal impulsará de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes”. Esta Sala ha interpretado la norma al afirmar que “el ejercicio de esas atribuciones tiene como valladares la existencia del recurso, los hechos que se hayan probado en la causa y el respeto al principio de la reformatio in pejus (esta Sala, in re “Jaime Bernardo Coll S.A. [TF 14.047-A]”, del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3073/2021 NOVARTIS ARGENTINA SA ( TF 38815-A ) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 8/08/2006 y “Volkswagen Argentina S.A. [TF 20417-A]”, del 17/04/2012)”.
En la especie, la Aduana de Buenos Aires imputó la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA y luego de sustanciado el sumario 12210-3751-2008, arribó a la resolución de condena DE PRLA 6294/2016, por considerar no regularizada una porción de la mercadería sometida al régimen especial de importación temporaria para trasformación.
De su lado, Novartis Argentina SA, tanto al contestar la vista en el sumario infraccional, como al recurrir la resolución aduanera de condena alegó que la importación temporaria documentada por el DIT 04073 IT14001125E se encuentra cancelada en su totalidad mediante las once exportaciones para consumo individualizadas con los nros. 04 073 EC03 01957R, 04 073 EC03 016792U, 05 073 EC03 000685P, 05 073 EC03 004745Z, 073 EC03 008474T, 05 073 EC03 009693A, 05 073 EC03 010454K, 04 073 EC03 011622H, 04 073 EC03 014706N, 04 073 EC03 016881T, 05 073 EC03 000812H (cfr. folio 23 y vta. del sumario 12210-3751-2008 y fojas 14/15 del expte. TFN 38815-A). No es posible soslayar que al presentar el descargo, solo acompañó copias certificadas ante escribano público de 9 de estos 11 permisos de embarque y que únicamente agregó, en iguales condiciones la copia de 1 de los 2 CTC denunciados vinculados a estos, habiendo omitido siquiera mencionar el CTC 2142.
De este modo, resulta evidente que el Tribunal Fiscal de la Nación al resolver la cuestión que había sido materia de agravio no se ha apartado del principio de congruencia, ni ha fallado más allá de las pretensiones esgrimidas por las contendientes. Por el contrario, ha proporcionado un minucioso análisis de la prueba instrumental y documental incorporada a las actuaciones administrativas, para arribar a una decisión que considera cancelada la importación temporaria en una cuantía mayor a la ponderada por la aduana, con la consecuente reducción de la condena infraccional y de la obligación tributaria, de manera favorable a la importadora. Por consiguiente, el cuestionamiento que formula la parte actora en el sentido que el Tribunal Fiscal ha fallado extra petita no resulta en modo alguno atendible. Al contrario, ante las genéricas alegaciones de la importadora, ha sido el examen efectuado por el organismo administrativo especializado en búsqueda de la verdad material el que ha permitido considerar regularizada la mercadería documentada en los permisos de embarque 04 073 EC03 010957 R, 04 073 EC03 016792 U, 05 073 EC03 009693 A, 05 073 EC03 004745 Z y 05 073 EC03 010454K.
VII. Que, en esta revisión judicial, tampoco puede ser admitido el pretendido análisis de las copias simples que se encuentran agregadas a fs. 53/87, a poco que se advierta que en el procedimiento para las infracciones aduaneras rige el principio de preclusión.
En efecto, el art. 1101 del CA obliga a la encartada a redactar una defensa diligente al establecer que, en oportunidad de contestar la vista, los presuntos responsables contarán con un plazo de diez (10) días para que “presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder”, aclarando que “si no estuviera en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”. Autorizada doctrina en materia aduanera ha ligado esta norma con la obligatoriedad del patrocinio letrado instituida en el art. 1034 del Código Aduanero al señalar que la contestación de la vista “es una etapa fundamental del procedimiento para las infracciones, desde que allí deberá delinearse la defensa y las pruebas de esta. La posición entonces asumida repercute en el resto del procedimiento, incluso ante instancias superiores” (cfr. “Código Aduanero Comentado”, Tomo III, Mario A. Alsina, Enrique Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, Completado y Actualizado por Enrique Barreira Ricardo Xavier Basaldúa, Héctor G. Vidal CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3073/2021 NOVARTIS ARGENTINA SA ( TF 38815-A ) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Albarracín, Juan P. Cotter (h), Ana L. Sumcheski, Guillermo Vidal Albarracín (h), Abeledo Perrot, 1ra. Edición, año 2011, páginas 626 y ss).
De manera concordante con esta norma, el art. 1145 del CA determina el alcance y contenido que deberá incluir el recurso de apelación contra la resolución definitiva del administrador en los procedimientos para las infracciones, al explicitar que “deberá expresar todos su agravios, oponer excepciones, ofrecer la prueba y acompañar la instrumental que haga a su derecho”. En especial, obsérvese que este artículo, luego de la modificación introducida según la ley 25.239, establece que “sin perjuicio de las facultades establecidas en los artículos 1143 y 1156 no se podrá ofrecer prueba que no hubiera sido ofrecida en el correspondiente procedimiento ante el servicio aduanero, con excepción de la prueba sobre hechos nuevos o la necesaria para refutar el resulta de medidas para mejor proveer dispuesta en ese administrativa”. A su vez, en la segunda parte del art. 1145 el Código establece que “Los requisitos de forma y condiciones a que deberán ajustarse los actos previstos en este artículo se regirán por lo dispuesto en el reglamento del Tribunal Fiscal de la Nación”. Dicho reglamento dispone que “No se admitirán pruebas sobre hechos que no hayan sido invocados por las partes en sus escritos de interposición y contestación, así como tampoco las que fueran improcedentes, superfluas o meramente dilatorias” y que “Los documentos que se presentaren después de la demanda o su contestación, sólo podrán agregarse al expediente en las oportunidades previstas por este Reglamento (artículo 34) con la constancia de haberse entregado copia de ello a la otra parte” (ver artículos 33 al 35 del Reglamento del TFN). En este orden de ideas, aun si fuese posible prescindir de la circunstancia que las piezas con las que la actora pretende que se considere cancelada la totalidad de la mercadería importada se encuentra en copia simple, lo cierto es que su revisión resulta improcedente en razón de ser tardía su incorporación al expediente.
Las quejas que formula en el sentido que el Tribunal Fiscal pudo haber ordenado una medida para mejor proveer no pueden ser admitidas si se pondera que, en las dos oportunidades anteriores a esa instancia, la propia interesada omitió proporcionar el detalle que recién ahora intenta, soslayando que en orden a la acreditación del cumplimiento del régimen de importación temporaria con objetivos promocionales, instaurado por el decreto 1439/96, la carga de la prueba recae sobre el importador.
En efecto, este régimen especial promocional obliga al interesado a “presentar la Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria mediante el formulario en uso ante la Aduana correspondiente, indicando además la especie, calidad, cantidad y características técnicas de la mercadería que se exportará en consecuencia” (art. 13) y exige que el importador obtenga un Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) a fin de cancelar la importación temporaria ante el servicio aduanero (art. 14), instrumento que permite establecer la relación insumo-producto y la existencia, o no, de sobrantes, residuos o mermas, de forma tal que la mercadería importada temporalmente queda vinculada con el producto reexportado a través del proceso productivo denunciado.
Reiteradamente se ha expresado que la regla de interpretación a seguir en la materia es aquella que destaca la excepcionalidad del régimen que nos ocupa -en atención a que la importación temporal constituye indudablemente una excepción- a resultas de la cual cabe afirmar que, cuando la ley establece una condición a cargo del beneficiario de un régimen de privilegio, ha de exigirse por parte de éste el estricto cumplimiento que aquélla supone, de modo de alcanzar sus fines (cfr. CSJN, doctrina de Fallos: 314:1824;
v. CNACAF, esta Sala, “Rodio Panamericana S.A. c/ DGA”, del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3073/2021 NOVARTIS ARGENTINA SA ( TF 38815-A ) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 30/09/2008” y expte. nro. 41400/14, “Volkswagen Argentina SA c/ DGA”, del 21/4/2015).
Como corolario de ello, la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón del otorgamiento de los beneficios previstos en el régimen de importación temporaria recae en cabeza del beneficiario (cfr. Sala IV de esta Cámara, “Curtiembre Pelicce SA (TF 9684-A) c/ DGA”, sentencia del 31/8/2004; esta Sala expte. Nro. 103/2019 “Kimberly Clark Argentina c” DGA”, del 26/12/2019, en especial, considerando VIII) y a tal fin, la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación de la mercadería introducida en forma temporal son los permisos de embarque y los certificados de tipificación y clasificación, de forma tal de poder constatar la relación insumo-producto (cfr. Sala IV, “Orandi y Massera SA (TF 19648-A) c/ DGA”, causa 35.392/10, del 15/3/2011, y sus citas, arg. art. 14, dec. 1439/1996; esta Sala 1627/2013 –Heil Trailer Internacional SA c/ EN-DGA-Resol 5246/12 (Expte. 12210-2497/05) s/ Dirección General de Aduanas”, del 22/11/2016).
Y si bien se ha señalado que el permiso de embarque no es el único medio por el cual acreditar el cumplimiento de las obligaciones emergentes del régimen de importación temporaria, dado que es posible admitir otros “que lleven a la indubitable certeza” de que el importador ha satisfecho las obligaciones asumidas, en función de la necesidad de acordar primacía a la verdad objetiva e impedir su ocultamiento formal, como exigencia del adecuado servicio de la justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional (v. Sala IV, “Glaxo”, expte. nro. 11/2011, del 5/5/2011, que ha quedado firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expte. nro. G.496.XLVII, de fecha 10/7/2012), es necesario advertir que en dicho caso, en la oportunidad procesal oportuna, se había acompañado copia autenticada de los CTC involucrados y producido un informe pericial cuya apreciación en conjunto con las restantes pruebas permitió establecer la “exacta coincidencia” entre los insumos importados, los productos exportados y los remanentes nacionalizados.
Nada de esto ocurre en el presente trámite en el que la empresa beneficiaria, sin haberlo intentado en el sumario infraccional ni ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se propone acreditar el cumplimiento de la obligación asumida a su cargo recién en la instancia judicial, al pretender ampararse (aun sin mencionarlo de modo explícito) en el art. 388 del Código Procesal –referido al documento en poder de una de las partes y la presunción en contra-, de manera manifiestamente extemporánea, lo cual conduce a desestimar el agravio.
VIII. Que, ello sentado, corresponde examinar el recurso interpuesto por la parte demandada, sustentado por el memorial de fs. 93/97, circunscripto a la reducción de la sanción en una vez el importe del tributo adeudado.
Al respecto, no puede soslayarse que, por principio, compete al organismo que ejerce facultades disciplinarias apreciar los hechos configurativos de las faltas, determinar la norma aplicable y graduar la sanción, puesto que existe una razonable discrecionalidad, tanto en la graduación de la sanción como en el carácter abierto de los tipos que describen las conductas ilícitas (CSJN, Fallos: 316:855). En tal sentido, no es sólo la discrecionalidad del ámbito decisorio lo que limita el ejercicio del control judicial a la apreciación de la legalidad o la arbitrariedad de la medida, sino especialmente la división de poderes y el respeto mutuo de un órgano de gobierno a otro (conf. Bianchi, Alberto B., "El Control Judicial sobre la Zona Interna de la Administración", pub. L.L. 1989-C, pág. 481 y ss.).
En la especie, la reducción que ha sido decidida por el Tribunal Fiscal de la Nación se encuentra justificada en que los antecedentes administrativos agregados a fs. 51/58 resultan incompletos para merituar la reincidencia por no consignar la fecha de la comisión del hecho por el cual fue condenada la infractora, lo que impide CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3073/2021 NOVARTIS ARGENTINA SA ( TF 38815-A ) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO controlar si la condena computada como antecedente es anterior o posterior al hecho que se investiga en el procedimiento.
De este modo, los cuestionamientos que expone la demandada constituyen una mera discrepancia con lo resuelto, desde que no rebate el argumento capital que enunció el sentenciante para justificar la proporción de la reducción de la pena impuesta, resultando su recurso pasible de la consecuencia prevista en el art. 266 del Código Procesal.
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios;
2. declarar desierto el recurso deducido por el Fisco Nacional AFIP-DGA.
3. Imponer las costas de alzada a la parte actora sustancialmente vencida (art. 68, primer párrafo del Código Procesal). A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia