Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-112544550-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 01073IT14002254F, de la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., en las actuaciones SIGEA N° 12210-238-2005, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A., sin costas.
2Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 9676/2013, la cual condena a la actora al pago de una multa, la que se reduce a una (1) vez el importe de los tributos por la mercadería en infracción, la que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 89/100 CVOS. ($ 32.183,89) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la situación de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT N° 01073IT14002254F, cuyo vencimiento operaba el 16/11/2003. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 20 % a cargo de la actora y en un 80 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-55985940-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Mayo de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “NOVARTIS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 38.525-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 9676/2013, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 27/12/2013, en la actuación SIGEA Nº 12210-238-2005, en cuanto condena a la actora al pago de una multa equivalente a $ 160.919,45 y formula cargo por tributos, así como a la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por las sumas de U$S 38.435,83, con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., por encontrar a la importadora responsable de la infracción del art. 970 del C.A., en relación a la mercadería importada temporariamente mediante la DIT N° 01073IT14002254F, con vencimiento el 16/11/2003.
II. Fundamentos del recurso: A fs. 17/18 se presenta por apoderado NOVARTIS ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución aquí apelada. En lo sustancial, sustenta su pretensión en el cumplimiento del régimen de importación temporal. En relación a ello, explica que, al momento de contestar la vista conferida, aportó toda la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Igualmente, se agravia del quantum de la sanción aplicada por el servicio aduanero, en dos veces, sin el debido sustento. Finalmente, solicita se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 22/25 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la recurrente que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Explica que se encuentra probado que la actora no reexportó ni nacionalizó la mercadería importada temporalmente y que ello genera su responsabilidad en los términos del art. 970 del C.A. Agrega el deber de dar cumplimiento a los requisitos previstos en la Resolución ANA 479/95. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-238-2005 se inician a fs. 1/11 con la documentación vinculada a la cancelación de la destinación en trato. A fs. 15 se agrega el sobre de la destinación. A fs. 16/18 obra el acta de denuncia N° 38/05. A fs. 20/21 se efectúa el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 28, en fecha 30/12/2008, se instruye sumario y se corre vista de lo actuado. A fs. 33 y 42 se encuentran las constancias de notificación de la corrida de vista, en fechas 07/05/2013 y 04/11/2013. A fs. 34/38 la aseguradora se presenta y contesta vista. A fs. 43 se declara rebelde a la importadora. A fs. 48/52 se dicta la resolución apelada, notificada a fs. 54/55 vta. A fs. 57/58 la actora da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal y acompaña formulario F4.
V. Que a fs. 26 se declaró la causa como de puro derecho. Por PV-2025-55218459-APN-VOCXXI#TFN se elevaron los autos a la Sala “G”. En fecha 23/05/2025 pasaron a sentencia (IF-2025-55213765-APN- VOCXXI#TFN).
VI. Que, sin perjuicio de que la prescripción no forma parte del elenco de los agravios esgrimidos por la recurrente, corresponde su tratamiento de oficio, toda vez que nos encontramos frente a una cuestión de orden público, que se produce de pleno derecho.
De ello se desprende que, frente a su acaecimiento, el Juez deba declararla de oficio. Así lo ha entendido el Más Alto Tribunal en consolidada doctrina (Fallos: 207:86; 275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029, 2205; 312:1351; 313:1224; 322:360, disidencias de los jueces Fayt, Bossert, Petracchi y Boggiano y 323:1785; 342:1028, entre otros), sin que ello implique vulneración al derecho de defensa.
Cabe destacar que sin perjuicio de la jurisprudencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que sostiene una postura contraria (“Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.- TF 31744-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 1 de septiembre de 2022, “Aseguradora de créditos y garantías S.A. (TF 21603-A) c/ DGA”, del 24/10/2008, “Gibaut Hnos Manufacturas de Cuero SA TF 25387-A y otro c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 2 de marzo de 2017) entiendo que la mentada declaración de oficio no equivale al dictado de una resolución “extra petita”.
Que es claro que el principio de congruencia tiene su correlación con el de iura novit curia. Así lo ha explicado la CSJN: “El principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas (arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), limitación infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), pero que no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde "decir el derecho" (iuris dictio o jurisdicción) de conformidad con la atribución iura curia novit.” (Fallos 337:1142) En efecto, los principios antes citados, lejos de ser opuestos, deben interpretarse en forma armónica y complementaria, al declarar la prescripción como en el caso de autos, no se está incorporando al proceso una cuestión extraña, sino únicamente aplicando las disposiciones que el Código Aduanero regula al respecto, es decir, subsumir el hecho en la norma jurídica.
En materia de prescripción, así como también en lo relativo a temas sustanciales que traducen el control de legalidad sobre el procedimiento-como, por ejemplo, los requisitos del art. 1094 del C.A. –no se trata de suplir las omisiones de las partes o convertirse en intérprete de su voluntad implícita, sino de aplicar institutos-como sucede con la prescripción-que operan de pleno derecho, más allá de ser o no alegados. Que no debe confundirse el “objeto del proceso” conformado por el hecho materia de litigio con el “procedimiento”, esto es la suma de disposiciones que obligan a utilizar parámetros comunes tales como las nulidades absolutas y los plazos prescriptivos.
En efecto, el procedimiento es el que rige la “forma” en que deben actuar el instructor y los juzgadores velando por el principio constitucional del debido proceso, en un escenario armónico en todas las instancias. Pongamos como ejemplo que la resolución apelada careciera de fecha o firma del sentenciante y esto no fuera advertido por la defensa, ¿debería el juez revisor distraer su mirada ante la evidente falencia nulificante y centrar su sentencia en el fondo de la cuestión? pues no. El derecho procesal no es un capricho de cumplimiento optativo o pendiente de reclamo, por el contrario, es el Juez quien debe asegurar que la validez del procedimiento se mantenga incólume, más allá de lo alegado por las partes.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción –relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.).
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 16/11/2003 (fecha de vencimiento-prórroga-de la destinación suspensiva). Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2004 y que el mismo vencía el 31/12/2008.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 30/12/2008 (ver fs. 28 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 29 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 2 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 30/12/2008) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.”
Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (30/12/2008) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 27/12/2013- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 10/10/2017 (fs. 55 vta. de las act. adm.), cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que en relación al cómputo de los plazos prescriptivos, la Sala I de la CNCAF en autos “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 92393683-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo” del 26/03/2024, puntualizó que-en lo que respecta al inc. a) del art. 805 del C.A.-“…de acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (…)”
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, sin costas, atento a que la cuestión fue introducida de oficio.
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos. Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba. Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VIII. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.” Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnicoadministrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los CTC eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el CTC se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
IX. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total de la destinación en estudio, o, si, por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que mediante la DIT bajo análisis, oficializada en fecha 22/11/2001 ante la Aduana de Ezeiza, la actora importó temporalmente 50.400 unidades de “apósitos conteniendo estradiol de absorción transdérmica impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas…” bajo la P.A. 3005.10.12.
Que más allá de lo manifestado por la recurrente en el recurso de apelación y del contenido de la nota que lo acompaña (fs. 7 y vta. del expediente principal) no existen constancias suficientes en las actuaciones administrativas ni fueron incorporadas como resultado del impulso probatorio de la recurrente elementos que acrediten fehacientemente la descarga. En particular, y más allá de la documentación adunada a fs. 1/11 de las actuaciones administrativas, la ausencia del CTC impide tener por acreditada la correspondiente descarga.
Que tampoco se ignora que la nota que constituye el sustento principal del recurso (fs. 7) fue presentada después de la fecha de emisión de la resolución aduanera emitida el 27/12/2013 (el día 16/02/2017, conf. sello y firma de la agente de DGA) y dichos elementos no fueron acompañados a la causa como prueba documental ni fueron objeto de actividad probatoria por parte de la actora. Lo expuesto es sin perjuicio de que es propio del debido procedimiento que toda documentación presentada sea debidamente agregada al expediente administrativo, desconociendo este tribunal las razones de esta omisión.
X. Que, sin perjuicio de ello, corresponde referirme a la multa impuesta, que según se desprende de la resolución apelada, a los fines de determinar el quantum, se tuvieron en cuenta antecedentes obrantes en otras actuaciones administrativas (razón por la cual se graduó la pena en 5 veces).
Que a fs. 46 vta. surge escrito a mano que por la actuación N° 12210-548-2008 obra los antecedentes de la causante “siendo suficientes para graduar la sanción en el máximo legal”.
Que, sin perjuicio de ello, dichos antecedentes no lucen agregados a la presente causa, lo que impide conocer elementos esenciales a los fines de evaluar si resultan o no computables.
En consecuencia, la multa debe reducirse al mínimo y fijarse en una (1) vez el importe de los tributos, conforme la siguiente liquidación:
TC 2,870 MULTA EQUIVALENTE A $ 32.183,89
Que por lo expuesto, no cabe más que confirmar parcialmente la resolución apelada en ese punto. Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 01073IT14002254F, de la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., en las actuaciones SIGEA N° 12210-238-2005, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A., sin costas.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 9676/2013, la cual condena a la actora al pago de una multa, la que se reduce a una (1) vez el importe de los tributos por la mercadería en infracción, la que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 89/100 CVOS. ($ 32.183,89) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la situación de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT N° 01073IT14002254F, cuyo vencimiento operaba el 16/11/2003. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 20 % a cargo de la actora y en un 80 % a cargo del Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 01073IT14002254F, de la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., en las actuaciones SIGEA N° 12210-238-2005, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A., sin costas.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 9676/2013, la cual condena a la actora al pago de una multa, la que se reduce a una (1) vez el importe de los tributos por la mercadería en infracción, la que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 89/100 CVOS. ($ 32.183,89) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la situación de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT N° 01073IT14002254F, cuyo vencimiento operaba el 16/11/2003. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 20 % a cargo de la actora y en un 80 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.05.26 11:43:33 ART Date: 2025.05.26 14:24:38 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.26 14:24:59 -03:00
Fin de la sentencia