Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-86210879-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 07073IT14001534L, de la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2Confirmar el artículo 3° de la Resolución DE PRLA N° 5153/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 31/07/2018, en las actuaciones SIGEA N° 12210-873-2013. Costas a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-33166359-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 31 de Marzo de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “NOVARTIS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expediente EX-2020-86210879-APN-SGASAD#TFN, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 5153/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 31/07/2018, en la actuación SIGEA Nº 12210-873-2013, en cuanto dispone condenar a la actora al pago de una multa de $ 723.876,82 y formula cargo-así como a la aseguradora ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A- por tributos equivalentes a U$S 119.150,98 y $ 265.055,83 (IVA adicional e Impuesto a las Ganancias) por encontrarla responsable de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. en relación a la destinación de importación temporal N° 07073IT14001534L. Asimismo, la absuelve por 2,436 kgs. del ítem 1 y 96.306 unidades del ítem 2 de la operación referida.
II. Fundamentos de la apelación: En fecha 11/12/2020 se presenta por apoderado NOVARTIS S.A. e interpone recurso de apelación (RE-2020-86209331-APN-SGASAD#TFN) contra la resolución aduanera. Asevera que, en oportunidad de contestar la vista conferida, aportó la totalidad de la documental que acredita de forma indubitable la reexportación e importación para consumo de la mercadería en trato. Por esa razón, entiende que el acto puesto en crisis resulta arbitrario. Cita la Ley N° 27.260 y afirma que la obligación sustancial fue enteramente cancelada. Se agravia de la forma en la que el servicio aduanero impuso la multa, en dos veces, pese a la falta de antecedentes infraccionales. Para concluir, solicita que se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: La representación fiscal contesta el traslado del recurso (archivo embebido al IF- 2021-23465236-APN-DTD#JGM) y, posteriormente, acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Detalla la normativa y procedimientos que la actora debe seguir si solicita se enmarque el caso en las previsiones de la Ley N° 27.260. Reseña los artículos aplicables del régimen de importación temporal y el funcionamiento de la carga de la prueba. Cita jurisprudencia. Entiende que, habiendo transcurridos los plazos sin que se haya acreditado la reexportación de la mercadería, la infracción se configuró cabalmente, más aún cuando la actora no aportó ningún elemento que demuestre lo contrario. Aclara que, al tratarse de un régimen de excepción, y por imperio del principio de igualdad con otros beneficiarios que sí han cumplido con las obligaciones que lo caracterizan, corresponde que la sanción sea aplicada. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-21328-2006 (archivo embebido al IF-2021-24990454-APN-DTD#JGM, complementadas con posterioridad a requerimiento del Tribunal con el contenido de los IF-2025-25137902-APN-DTD#JGM y IF-2025-25137746-APN-DTD#JGM) se inician a fs. 1/2 con el acta de denuncia N° 104/13. A fs. 6/7 y 11/12 se efectuaron el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 14/15, en fecha 10/10/2013, se instruye sumario y se corre vista de lo actuado. A fs. 28 vta. Se agrega cédula de notificación de la aseguradora en fecha 23/10/2013. A fs. 33/38 y 39/44 se presentan la garante y la actora y contestan vista. A fs. 45 luce el sobre de la documental aportada por la importadora. A fs. 47 se emite la Nota N° 8913/17 (SE OPRE). A fs. 50/51 se encuentran las constancias del registro de infractores. A fs. 53/57 se dicta la resolución apelada (notificada el 18/11/2020), cuyo artículo 1° fue aprobado a fs. 59 y vta. V.- Que por PV-2025-26230573-APN-VOCXXI#TFN se elevaron los autos a la Sala “G”. Por IF-2025-
29775117-APN-VOCXXI#TFN pasaron a sentencia.
VI. Que sin perjuicio de que la prescripción no forma parte del elenco de los agravios esgrimidos por la recurrente, corresponde su tratamiento de oficio, toda vez que nos encontramos frente a una cuestión de orden público, que se produce de pleno derecho.
De ello se desprende que, frente a su acaecimiento, el Juez deba declararla de oficio. Así lo ha entendido el Más Alto Tribunal en consolidada doctrina (Fallos: 207:86; 275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029, 2205; 312:1351; 313:1224; 322:360, disidencias de los jueces Fayt, Bossert, Petracchi y Boggiano y 323:1785; 342:1028, entre otros), sin que ello implique vulneración al derecho de defensa.
Cabe destacar que sin perjuicio de la jurisprudencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que sostiene una postura contraria (“Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.- TF 31744-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 1 de septiembre de 2022, “Aseguradora de créditos y garantías S.A. (TF 21603-A) c/ DGA”, del 24/10/2008, “Gibaut Hnos Manufacturas de Cuero SA TF 25387-A y otro c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 2 de marzo de 2017) entiendo que la mentada declaración de oficio no equivale al dictado de una resolución “extra petita”. Que es claro que el principio de congruencia tiene su correlación con el de iura novit curia. Así lo ha explicado la CSJN: “El principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas (arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), limitación infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), pero que no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde "decir el derecho" (iuris dictio o jurisdicción) de conformidad con la atribución iura curia novit.” (Fallos 337:1142)
En efecto, los principios antes citados, lejos de ser opuestos, deben interpretarse en forma armónica y complementaria, al declarar la prescripción como en el caso de autos, no se está incorporando al proceso una cuestión extraña, sino únicamente aplicando las disposiciones que el Código Aduanero regula al respecto, es decir, subsumir el hecho en la norma jurídica.
En materia de prescripción, así como también en lo relativo a temas sustanciales que traducen el control de legalidad sobre el procedimiento-como por ejemplo, los requisitos del art. 1094 del C.A. –no se trata de suplir las omisiones de las partes o convertirse en intérprete de su voluntad implícita, sino de aplicar institutos-como sucede con la prescripción-que operan de pleno derecho, más allá de ser o no alegados.
Que no debe confundirse el “objeto del proceso” conformado por el hecho materia de litigio con el “procedimiento”, esto es la suma de disposiciones que obligan a utilizar parámetros comunes tales como las nulidades absolutas y los plazos prescriptivos.
En efecto, el procedimiento es el que rige la “forma” en que deben actuar el instructor y los juzgadores velando por el principio constitucional del debido proceso, en un escenario armónico en todas las instancias. Pongamos como ejemplo que la resolución apelada careciera de fecha o firma del sentenciante y esto no fuera advertido por la defensa, ¿debería el juez revisor distraer su mirada ante la evidente falencia nulificante y centrar su sentencia en el fondo de la cuestión? pues no. El derecho procesal no es un capricho de cumplimiento optativo o pendiente de reclamo, por el contrario, es el Juez quien debe asegurar que la validez del procedimiento se mantenga incólume, más allá de lo alegado por las partes.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción-relativo a la acción que ejerce el Fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: "Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera", comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.). Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 20/06/2008 (cfr. fs. 4 de las act. adm.). Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2009 y que el mismo vencía el 31/12/2013.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Que razonablemente, para poder tener el referido efecto suspensivo, el acto debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente. Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al auto de apertura, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería y se formuló la liquidación de los tributos (fs. 6/7 de las act. adm.).
Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 10/10/2013 (ver fs. 14 y vta. de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 9 meses y 9 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que de dicho plazo- restaban cumplirse 2 meses y 22 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 31/07/2018) “... hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión:...”. Que el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 894/2017) dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.”
Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (10/10/2013) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 31/07/2018- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 18/11/2020 (Comunicación/notificación 20001NOTI117476U), cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos.
Que en relación al cómputo de los plazos prescriptivos, la Sala I de la CNCAF en autos “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 92393683-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo” del 26/03/2024, puntualizó que-en lo que respecta al inc. a) del art. 805 del C.A.-“…de acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (…)”
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que el Decreto N° 1330/04- a cuyo amparo se autorizó la operación en trato- establece que la mercadería “deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento.” (Art. 6)
Asimismo, dispone que “Art. 15. El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El Certificado determinará la relación insumoproducto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. El mismo deberá presentarse en oportunidad de tramitarse una Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria ante la Dirección General de Aduanas. Por razones debidamente justificadas, el mencionado Organismo podrá autorizar la Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria, cuando la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA comunique que el usuario ha presentado un informe técnico preliminar respecto del proceso de perfeccionamiento industrial involucrado, conforme las condiciones que establece el presente decreto. A los fines enunciados, los beneficiarios deberán contar con un dictamen o informe técnico elaborado por un organismo científico o tecnológico, cuya especialización y competencia sea acorde con el proceso de perfeccionamiento industrial correspondiente a la tipificación que se solicite. La Autoridad de Aplicación dispondrá los procedimientos y requisitos técnicosadministrativos para la implementación de lo establecido en el presente artículo.” (Art. 15)
X. Que mediante la destinación bajo análisis NOVARTIS ARGENTINA S.A. importó temporalmente (ítem 1) 15 kgs. de mercadería “DICLOFENAC RESINATO” (P.A. 3003.90.93) y 2.277.359 unidades (ítem 2) de “TRILEPTAL FCT” (P.A. 3004.90.69) por 300 mg. a granel, oficializada el 25/06/2007 (Aduana de Ezeiza). Que conforme se desprende de las actuaciones administrativas, el servicio aduanero evaluó valoró y consideró la documental aportada por la actora en el sobre de fs. 45 de las actuaciones administrativas, lo que derivó en la absolución parcial de la firma importadora.
Que, del cotejo de la referida documental (adjunta al IF-2025-25137902-APN-DTD#JGM) no cabe más que concluir que asiste razón al servicio aduanero en tanto considera que la mercadería fue parcialmente reexportada y, parte de ella, importada para consumo:
XI. Que del informe técnico que sustenta el reproche efectuado a la actora, adjunto a fs. 47 de las actuaciones administrativas (Acta N° 8913/2017-SE OPRE) surge que del ítem 1 queda un saldo pendiente de cancelación de 12.564 kgs. y del 2 un total de 2.181.053 unidades.
En el referido informe la Sección Operativa y Registral de la Aduana de Ezeiza remarcó que “mediante los permisos mencionados se observa que la mercadería exportada tendría un vencimiento distinto a la temporalmente importada (3.2010/11.2008), lo cual nos lleva a concluir que no se trataría del mismo insumo que el amparado en la DIT del asunto, por lo que no cancelarían la misma. Lo expuesto se ratifica no solo por la misma declaración de los subfijos por parte del Usuario en los respectivos permisos sino también por la certificación o autorización de salud aportada como documentación complementaria de la DIT.”
Que, en efecto, lo antes señalado efectivamente se verifica con constancias de los permisos de embarque acompañados de los cuales surge una discordancia en las aludidas fechas de vencimiento, de tal forma que la del ítem 2 de la DIT es “11.2008” por oposición a las de los permisos de embarque aportados por la actora que contienen una fecha diferente “03.2010”.
XII. Que, en cuanto al agravio de la actora relativo a la graduación de la sanción, no corresponde su recepción favorable, ya que-tal como se deriva de los antecedentes agregados a fs. 50/51 de los antecedentes de la causa-la firma posee dos condenas que adquirieron firmeza con anterioridad al vencimiento del plazo de la DIT (20/06/2008), en fechas 20/12/2004 y 30/05/2007.
Que lo expuesto es conteste con la facultad que confiere el C.A. en tanto habilita que las penas sean graduadas en cada caso “según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor.” (Art. 915)
Que esto encuentra recepción en la propia resolución aduanera que consideró procedente aplicar una multa igual a dos veces el importe de los tributos, no revistiendo dicha valoración tintes de desproporcionalidad. Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 07073IT14001534L, de la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR el artículo 3° de la Resolución DE PRLA N° 5153/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 31/07/2018, en las actuaciones SIGEA N° 12210-873-2013. Costas a cargo de la actora.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 07073IT14001534L, de la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR el artículo 3° de la Resolución DE PRLA N° 5153/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 31/07/2018, en las actuaciones SIGEA N° 12210-873-2013. Costas a cargo de la actora.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones administrativas y oportunamente, archívese. Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.03.31 12:12:01 ART Date: 2025.03.31 12:30:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.31 12:31:41 -03:00
Fin de la sentencia