Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-95194387-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 124.714 (pesos ciento veinticuatro mil setecientos catorce), equivalente a 4,08 (cuatro con 08/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 311.786 (pesos trescientos once mil setecientos ochenta y seis), equivalente a 10,20 (diez con 20/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-151079024-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 20 de Diciembre de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EX- 2023-95194387- -APN-SGAI#TFN caratulado “NUBICOM S.R.L. s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias”.
El Dr. Martin dijo:
I. Que mediante IF-2023-95194349-APN-DTD#JGM Nubicom S.R.L. interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2023-34-E-AFIP-DVJSAL#SDGOPII de fecha 7 de julio de 2023 dictada por la Jefa (Int) de la División Jurídica de la Dirección Regional de Salta de la DGI - AFIP en la que se aplicó una multa en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2018 graduada en cuatro (4) veces el tributo evadido, en los términos de los artículos 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Explica que presentó la declaración jurada rectificativa N° 4 del Impuesto a las Ganancias por el período discutido, y que el ajuste consistió en la detracción de determinados comprobantes de gastos provenientes de facturas de proveedores por las que el Fisco Nacional sostiene que no cuentan con las formalidades necesarias para poder computarlos como gastos deducibles. Sostiene que la rectificación bajo ningún punto de vista significa allanarse a la pretensión fiscal sino que es una mera manifestación voluntaria y libre (no coactiva). Plantea la nulidad de la resolución expresando que no está claro el hecho que se sanciona, ya que no lo individualiza ni lo describe. En base a estas razones sostiene que la resolución carece de motivación y fundamentación, por lo que debe declararse su nulidad absoluta e insubsanable.
Explica que todos los gastos y costos responden a operaciones reales. Que si existen carencias en las formalidades de los comprobantes emitidos es responsabilidad de terceros ya que al momento de realizar el negocio se corroboró que los mismos estuvieran correctamente inscriptos y habilitados para emitir facturas electrónicas o soporte papel con CAI validado.
Aclara que siempre fue diligente en su accionar y en el control de la situación fiscal de sus proveedores, por lo que no se le puede endilgar una conducta o accionar negligente, culposo o doloso.
Alega que el Fisco Nacional parte de una premisa respecto de ciertas inconsistencias de la documentación expedida por los proveedores para presumir que los mismos son falsos, para concluir que las operaciones no existieron.
Observa que se pretende graduar la sanción en cuatro veces el tributo supuestamente dejado de ingresar, lo que resulta exagerado y desproporcionado, ya que atenta contra el principio de proporcionalidad de la pena en materia de derecho penal también aplicable en materia sancionatoria.
Afirma que la situación de autos constituye una clara voluntad de colaborar con el Fisco Nacional atento a que en el caso los ajustes fueron realizados sin que se haya puesto en movimiento el procedimiento de determinación de oficio.
Por último, por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada, peticiona que oportunamente se dicte la nulidad de la resolución apelada. Hace reserva del caso federal.
II. Que mediante IF-2023-127551392-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. En primer lugar, explica que el ajuste conformado tiene origen en la observación de operaciones con proveedores incluidos en la Base E-apoc del Fisco Nacional (2012 S.R.L.; AMAT PULIDO MIRTA GRACIELA ; C Y C Conceptos y Servicios S.R.L.; PAMPE SALTA S.R.L.) por tratarse de usinas de facturas sin capacidad operativa, económica y/o financiera.
Hace saber que en fecha 29/07/2022, la firma presentó la declaración jurada rectificativa N.º 4 del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2018 incrementando el resultado neto -conforme los comprobantes por los que se impugnaron los créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2018 a 09/2018- en el importe neto de las operaciones. Así es como encuadró la conducta en las previsiones del artículo 46 y 47 inc. a) y b) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus mod.), ya que presentó una declaración jurada engañosa consignando datos que no se ajustan a la realidad.
Respecto de la nulidad manifestada entiende que se ha merituado correctamente la conducta punible con la debida fundamentación y motivación, sin que la actora aportara elementos de prueba que excusaran su actuar salvo críticas efectuadas en forma genérica.
Aclara en cuanto al error excusable alegado que es conteste la doctrina y la jurisprudencia que aquél será excluyente de la culpabilidad cuando provenga de una razonable oscuridad de la norma, ya sea porque la misma fuera intrincada o contrapuesta o bien por disímiles criterios interpretativos capaces de colocar al contribuyente en la razonable posibilidad de equivocarse al aplicarla; lo que no sucedió en autos toda vez que está acreditada la conducta dolosa del contribuyente al optar por el cómputo de créditos fiscales provenientes de facturas emitidas por proveedores apócrifos. (sic.)
Entiende que el tema a tratar radica en si la sanción aplicada es ajustada a derecho, sin que resulte procedente el análisis referido a las cuestiones que fueron objeto de ajuste por la fiscalización, en tanto éstas han sido consentidas por el contribuyente.
Considera justo aclarar que lo alegado por la actora respecto de que la rectificación de sus declaraciones juradas y el ingreso del impuesto omitido frente al cuestionamiento fiscal refrendan la inexistencia de intención dolosa en su accionar, no es correcto, debido que la aceptación del ajuste no determina la punibilidad y, lejos de implicar una atenuación de su responsabilidad, es una simple consecuencia del deber de colaboración del contribuyente. Afirma que el contribuyente no aportó prueba idónea que desvirtúe la pretensión fiscal, sino que se dedicó a ocultar su verdadera capacidad contributiva y cuando la AFIP-DGI efectuó la inspección recién allí decidió rectificar sus declaraciones juradas originales.
Agrega que la contribuyente cuenta con antecedentes firmes en infracciones materiales originados por el Impuesto al Valor Agregado - PF 07/2016 a 01/2017, aplicada por la Resolución N.º 904/18 (DV JSAL) del 28/05/2018 S.M. N° 030/540118/2018, por la que se aplicó una multa equivalente a cuatro (4) veces el importe evadido, al haberse tipificado la infracción según el artículo 46 de la LPT.
Asevera que no es procedente el reencuadramiento en los términos del artículo 45 de la ley ritual, puesto que al quedar acreditado el aspecto material de la figura infraccional, se presume la intencionalidad dolosa en el accionar de la actora.
Destaca que no basta la simple invocación de error excusable como efectúa la actora en el recurso presentado, sino que resulta necesaria la fundamentación de las circunstancias de hecho en que el mismo se basa, no habiendo la misma cumplido dicho extremo.
Finalmente, acompaña antecedentes administrativos y manifiesta que por los argumentos expuestos y la jurisprudencia citada se dicte sentencia rechazando el recurso interpuesto, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que por la PV-2023-134101711-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y por el IF-2023-147000086-APN-VOCXII#TFN se disponen los autos para sentencia.
IV. Que en primer lugar cabe referirse al planteo de nulidad articulado por la aquí recurrente, el que debe ser desestimado en razón de que de los términos de la resolución recurrida se desprende que fue emitida en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho, observándose las normas que hacen a su dictado, sin que se haya afectado su derecho de defensa y teniendo en cuenta que además la actora no ofreció prueba alguna – salvo documental- que permita excusarla de su actuar. En consecuencia, no corresponde hacer lugar a la nulidad planteada en autos.
V. A continuación se debe establecer si resulta procedente la aplicación de la sanción y su graduación en autos. Que el artículo 46 de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) dispone que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta seis (6) veces el importe del tributo evadido”.
Que, no resulta ocioso advertir que la previsión legal contenida en el artículo 13 de la Ley Nº 11.683 señala que "la declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad."
Que en el caso, no se discute que el contribuyente conformó el ajuste fiscal y presentó la declaración jurada rectificativa (elemento objetivo) ya que son hechos reconocidos por las partes, quedando de este modo comprometida su responsabilidad por la inexactitud de sus declaraciones, en la medida en que la conformidad otorgada implica reconocer que las declaraciones juradas primitivas no se corresponden con la realidad impositiva (Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala III, Expte. N°. 36595/2012 “Parras y Gamero Juan (TF 34197-
I. C/DGI”, del 13/02/2013; N° 28216/2013, “Transportes Trans Sur SRL (TF 27198-I) c/ DGI”, del 29/11/2013 y N° 65666/2015, “Perales Aguiar SA TF 39601-I c/ DGI”, del 8/11/2016.
Con respecto al elemento subjetivo del ilícito, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08).
Que las presunciones establecidas en el art. 47 de la Ley N° 11.683 admiten prueba en contrario y en tal sentido es resorte de la actora proponer y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho a fin de desvirtuar las afirmaciones vertidas por el ente recaudador. Por su parte el citado artículo consagra que “Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11, y b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.” Por lo que en este sentido, se verifica que la actora no acompañó los elementos probatorios suficientes que permitan acceder al convencimiento de que la misma ha procedido conforme a derecho sino que, por el contrario, las irregularidades pueden considerarse como maniobras tendientes a ocultar al Fisco Nacional la verdadera magnitud de la operatoria comercial que lleva a cabo. Aquí estamos ante una grave incidencia en la determinación de la materia imponible al tratarse de una diferencia de impuesto de $1.090.806,42.-
En otro orden, es necesario destacar que el contribuyente ha aceptado el criterio fiscal, mediante la presentación de la declaración jurada rectificativa del Impuesto a las Ganancias, y en definitiva no ha aportado prueba conducente que permita eximirlo de responsabilidad por sus acciones.
Que por las consideraciones expuestas no corresponde el reencuadre de la conducta en la figura omisiva prevista en el art. 45 de la ley 11.683, ello por cuanto, la presunción de dolo contemplada en el art. 47, no fue debidamente desvirtuada sino consumada mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas quedando descartada en consecuencia la aplicación de una figura culposa por un actuar negligente, tal y como pretende la actora en sus agravios.
VI. Por último, y en lo relativo a la graduación de la sanción (cuatro veces el impuesto evadido) en base a los antecedentes firmes por una infracción en el Impuesto al Valor Agregado aplicada por la Resolución Nº 904/18 (DV JSAL) de fecha 28/05/2018 S.M. N° 030/540118/2018, corresponde hacer algunas observaciones:
Que el antecedente ha sido el único argumento utilizado por el Juez administrativo en su evaluación y graduación de la multa para justificar su fijación en 4 tantos del impuesto omitido.
Que a mi entender no existe ningún impedimento legal para que el “antecedente” tomado por el ente fiscal a los efectos del agravante por reincidencia sea respecto de un sumario de fecha mayo de 2018, ya que como he expresado en el Expediente “ROCHIETTA JUAN LUIS” -de esta misma Sala- todos los antecedentes forman parte de la conducta del contribuyente y de su historia fiscal, en especial al no haber existido con la sanción de la ley Nº 27.430, B.O. 29/12/2017, una decisión de perdón por parte del Congreso de la Nación, ello sin perjuicio que en el presente caso el “antecedente” data de fecha posterior a la vigencia de la norma citada. Que ello así, el art. 50 de la ley Nº 11.683 (t.o. vigente) estableció que: "Se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley cometiera, con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso". (el resaltado me pertenece). Como se puede apreciar el legislador distingue precisamente entre la comisión de la nueva infracción sin ningún otro condicionante y la imputación de la anterior con acto firme que la convalide, siendo este el momento disparador de los 5 años.
Que en el caso bajo análisis, es la Jueza en lo Administrativo quien toma como único elemento de valoración para graduar la sanción el antecedente mencionado. En consecuencia, se dan en autos los presupuestos requeridos por la norma para que la reincidencia resulte operativa, en razón de que la primera infracción (antecedente) como la segunda infracción –ahora cuestionada- presentan similar naturaleza -tipificada por el artículo 46 en la instancia administrativa y confirmada en este ámbito- sin que haya transcurrido el tiempo límite fijado por la norma. Concretamente el antecedente tiene fecha de Resolución 28/05/2018 y la conducta que se está juzgando fue cometida en 2019 en el momento del vencimiento general de presentación de la declaración jurada - teniendo en cuenta que el período fiscal analizado es el Impuesto a las Ganancias 2018-. Cabe resaltar que la segunda resolución -aquí cuestionada- tiene carácter meramente declarativo. En consecuencia, y bajo el amparo del segundo párrafo del artículo a continuación del art. 50 de la ley de rito, el contribuyente cometió una nueva infracción no habiendo transcurrido los cinco (5) años que establece la norma para dejar de revestir la condición de reincidencia.
A mayor abundamiento cabe descartar la hipótesis de que el cómputo de los 5 años pudiera hacerse entre las fechas de las dos resoluciones involucradas, en el caso 28/5/2018 y 7/7/2023, ya que llevaría a un supuesto inédito que implicaría un desdoblamiento de las facultades del Fisco Nacional para aplicar una única multa, pues el plazo de prescripción, por normas generales sin contemplar causa alguna de suspensión, operaría el 1/1/2025, mientras que para el agravante de esa misma multa utilizado para la única graduación tendría un plazo hasta el 28/5/2023 (tomado como fecha firme).
Tan contundente es el argumento que la hipótesis de tomar la fecha de la segunda resolución y a partir de allí retrotraerse 5 años para atrás a fin de ubicar un “antecedente” válido a los efectos de la reincidencia, insertaría en la comparación objetiva de conductas un limitante a la función evaluadora del juez administrativo.
VII. Por lo que, en virtud de las circunstancias expuestas, corresponde confirmar la multa apelada, con costas. La Dra. Gómez dijo:
I. Que corresponde referirse al planteo de nulidad efectuado en el punto II del recurso incoado. Al respecto, no debe olvidarse que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, 4 de junio de 1997, al resolver en la causa “Sosa Mirta Elena”). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Hugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros).
Que surge de las actuaciones administrativas (vide Informe Final de Inspección obrante en el archivo adjunto al IF-2023-00389202-AFIP-DVF1SA#SDGOPII) que desde la fiscalización cursada y al haber rectificado la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias período 2018, la aquí recurrente tenía pleno conocimiento de la impugnación del Fisco que diera origen a la sanción aplicada, con lo cual no se vio restringido su derecho de defensa como lo invoca.
Por lo expuesto, corresponde rechazar la defensa opuesta, sin imposición de costas atento no haberse interpuesto el planteo como de previo y especial pronunciamiento.
II. Que en lo sustancial adhiero a lo expresado por el Dr. Martín en su voto, en cuanto confirma la procedencia de la sanción, considerando conveniente efectuar algunas precisiones adicionales.
Que la figura tipificada en el art. 46 de la Ley N° 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Por su parte, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CANACF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”).
En el caso concreto –según el Fisco- existió la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas en virtud del art. 47 inc. a), esto es que: “ medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11”; y el inc. b) que establece que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando en los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.
En virtud de otro de los agravios expuestos por la actora en su recurso contra la inaplicabilidad de las presunciones, estimo pertinente traer a colación lo expuesto por la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al resolver la causa “Italiano, Antonio Alberto”, con fecha 12/02/2008, donde (voto del Dr. Alemany) se expuso que “En el precedente "Mazza, Generoso" la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314...
En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Asimismo, en dicho precedente se expuso (voto del Dr. Morán) que “En lo que respecta a la causa "Montenegro", si bien al momento de acaecer el hecho imponible ya habían sido reincorporadas al texto de la ley 11683 las presunciones del citado artículo (conf. art. 19, L. 23314 - ADLA XLVI-B-1124-), no corresponde efectuar una aplicación mecánica del criterio allí expuesto.
Siendo ésta una cuestión relacionada con el ámbito de la prueba, no puede ser ordenada con el carácter de un mandato ineludible. La fuerza vinculante de una presunción queda siempre al buen juicio del órgano que se encuentra en situación de aplicarla; de modo que podría optar por hacerlo siempre que entienda preservados los derechos fundamentales involucrados en el proceso” , para luego agregar que “...ello no puede interpretarse como una prohibición absoluta de aplicar las presunciones de dolo previstas en el citado artículo 47, en la medida en que éstas resulten intrínsecamente razonables, y se encuentren acreditados los hechos que determinan su aplicación. Que, en un sentido acorde, esta Sala tiene dicho que la intención defraudatoria -indemostrable en cuanto estado psicológico condicionante de la voluntad del sujeto- "sólo puede evidenciarse mediante datos objetivos o manifestaciones externas que la pongan de manifiesto, que resultan ser aquellas a las que la ley atribuye ese significado..." ["Las Pirguas SRL (TF 24.592-I) c/DGI" – 31/8/2007]”.
En igual sentido la Sala IV de la Alzada in re "Yuviet SA c/Dirección Gral. Impositiva" – 9/6/2005 Sentado ello, del juego armónico de los arts. 46 y 47 surge que debe acreditarse en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales.
Que en tal sentido, surge de las actuaciones administrativas que en el caso concreto que se impugnaron operaciones con serios y concordantes indicios de resultar apócrifas, por las que se computaron gastos en el Impuesto a las Ganancias, todo lo cual no hubiera sido detectado de no mediar la labor de fiscalización (Informe Final de Inspección obrante en el archivo adjunto al IF-2023-00389202-AFIP-DVF1SA#SDGOPII), remarcando que la rectificativa fue presentada con posterioridad al inicio de la verificación fiscal, por lo que no se puede considerar que su obrar haya sido espontáneo (cfr. Sala IV de la CNACAF, “Di Iorio, Salvador Pablo c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 28 de marzo de 2019).
En tal sentido que surge de los actos apelados, se advierte en la conducta de la recurrente inconsistencias y maniobras para falsear su realidad ante el organismo recaudador, que no fueron rebatidas de ningún modo en autos.
Por lo expuesto, cabe confirmar la procedencia de la sanción aplicada III.- Resta referirse a la graduación de cuatro veces el importe del tributo evadido por el Impuesto a las Ganancias, siendo que el organismo consideró en el acto apelado como agravante la existencia de antecedentes infraccionales.
En tal sentido, el artículo 50 de la dicha ley establece que: "Se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley cometiera, con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso". Según el acto apelado, la recurrente registraba infracciones materiales originadas en el Impuesto al Valor Agregado - PF 07/2016 a 01/2017, aplicada por Resolución N° 904/18 (DV JSAL) del 28 de mayo de 2018 S.M. N° 030/540118/2018, resultando este antecedente para el organismo recaudador como causal de reincidencia (vide Pantalla Sefi adjunta al PV-2023-01519862-AFIP-SEDSDVJSAL#SDGOPII).
Toda vez que en estas actuaciones se discute la imposición de una infracción material al igual que el antecedente invocado y que no han transcurrido los cinco años dispuestos como tope por el mentado artículo 50, resulta ajustada a derecho la graduación aplicada.
IV. Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas. La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Gómez.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 124.714 (pesos ciento veinticuatro mil setecientos catorce), equivalente a 4,08 (cuatro con 08/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 311.786 (pesos trescientos once mil setecientos ochenta y seis), equivalente a 10,20 (diez con 20/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2023.12.19 15:10:02 -03:00 Date: 2023.12.20 11:16:26 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.20 13:31:12 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.20 13:31:11 -03:00
Fin de la sentencia