Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 5272/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. SIGEA N° 12197-6886-2005, el cual condena a la importadora NUCLEX LA RIOJA S.A. al pago de una multa equivalente a PESOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 06/100 CVOS. ($ 23.960,06.-) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. Costas a cargo de la actora.
2Confirmar parcialmente el art 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XII del presente, declarando que la actora adeuda la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 06/100 CVOS. ($ 23.960,06.-). Asimismo, adeuda, al 08/09/2023, la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 10/100 CVOS. ($ 114.619,10.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 29 % a cargo de la actora y en un 71 % a cargo del fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-131689246-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Sábado 4 de Noviembre de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Dr. Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “NUCLEX LA RIOJA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 32.831-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 5272/12, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 15 de agosto de 2012, en la Actuación SIGEA N° 12197-6886-2005, en cuanto resuelve condenar a la firma NUCLEX LA RIOJA S.A. al pago de una multa equivalente a $ 23.960,06 y formular cargo a la referida firma y a la aseguradora SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS L.T.D.A. por el importe de $ 83.818,26 equivalente a tributos adeudados, en orden a la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, por el incumplimiento al régimen de importación temporaria en relación a la destinación N° 03 001 IT14 004605 A.
II. Fundamentos de la apelación:
A fs. 13/18 se presenta por apoderado NUCLEX LA RIOJA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución aquí apelada. En primer lugar, efectúa un relato de los hechos y antecedentes del sumario. Afirma que el auto de apertura de sumario resulta nulo por carecer de los presupuestos enumerados en el art. 1094 del C.A. Como consecuencia de ello, opone la prescripción de las acciones en cabeza del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Cita jurisprudencia. En relación a la infracción que se le atribuye, asevera que la misma no ha sido comprobada. Contrariamente a lo que surge de la resolución aduanera, sostiene que de la prueba producida se desprende que se ha producido la reexportación de la mercadería importada, equivalente a 26.000 kgs. de polietileno (permisos de embarque Nros. 04 042 EC03 001110 R, 04 042 EC03 001039 E, 04 042 EC03 000725 F, 04 029 EC03 000026 E, 04 042 EC03 000593 X, 03 029 EC03 000136 F, 04 029 EC03 000316 G, 04 042 EC03 001782 J, 04 029 EC03 000100 U, 04 029 EC03 00096 L, 04 029 EC03 00090 F, 04 029 EC03 000887 M, 04 029 EC03 00039 X, 04 029 EC03 000033C, 04 029 EC03 000029 H, 04 042 EC03 000519 G, 04 029 EC03 000011 V, 04 029 EC03 000012 W, 04 042 EC03 000405 A, 04 029 EC03 000009 F, 04 029 EC03 000008 E, 04 042 EC03 000253 B, 03 029 EC03 000149 J, 03 029 EC03 0000147 H, 03 042 EC03 003326 E, 03 029 EC03 000142 C, 03 042 EC03 002903 E, 03 029 EC03 000126 E, 03 042 EC03 002306 B, 03 029 EC03 000115 C y 03 042 EC03 001952 H – Certificados de Tipificación Nros. 2081 y 2082). Finalmente, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 32/37 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso interpuesto y acompaña las actuaciones administrativas. Hace una reseña de los hechos y formula una negativa general. A continuación, se opone al planteo de prescripción opuesto por la actora, defiende la validez del auto de apertura sumarial y niega que se haya afectado su derecho de defensa. Cita jurisprudencia. Asimismo, asevera que la nulidad por la nulidad misma no es procedente. En cuanto al fondo de la cuestión, se explaya en relación a las características del régimen de importación temporal, a la figura tipificada en el art. 970 del C.A. y a la carga de la prueba. En relación a este último punto, enfatiza que es la actora quien debe probar en forma fehaciente el cumplimiento del régimen legal. Concluye que surge de las actuaciones administrativas que la mercadería no ha sido reexportada y que la importadora incurrió en la infracción endilgada. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal, y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-6886-2005 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia N° 597/05 (de fecha 09/05/2005). A fs. 5 se agrega la carpeta de la destinación en trato. Por Nota N° 9176/04 SE PRTE se hizo lugar a la solicitud incoada por la actora y se otorgó una ampliación del plazo de prórroga del vencimiento de la destinación. A fs. 8 obra el aforo de la mercadería. A fs. 9 se agrega liquidación por tributos. A fs. 10, en fecha 15/08/2007, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 14 se agrega nueva liquidación por multa y tributos. A fs. 15 se encuentra la consulta de la garantía afectada a la operación. A fs. 16 se dispuso correr vista de todo lo actuado a la importadora y a la firma aseguradora a efectos de que ejerzan su derecho de defensa (notificación a la importadora a fs. 24 y vta.). A fs. 25/138 se presenta la actora, contesta vista y acompaña documentación. A fs. 142 y vta. la compañía aseguradora se presenta y adhiere a los fundamentos esgrimidos por la importadora. A fs. 146, por Nota N° 4095/12 (SE PRTE), la Sección de Procedimientos Técnicos de la División Registro de Importación entendió que la totalidad de la mercadería se encontraba en infracción, toda vez que los CTC aportados no tipifican el insumo importado y que “(…) los mismos no presentan el sello correspondiente a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. (…)”. A fs. 149/151 se encuentra la resolución aduanera apelada. A fs. 153 la actora da cuenta da la apelación ante este Tribunal y acompaña formulario F4 (fs. 154). A fs. 155 y vta. se aduna la cédula de la notificación de la resolución aludida.
V. Que a fs. 38 se abrió la causa a prueba, en fecha 29/03/2016. En fecha 06/09/2023 se certificó la prueba producida y se declaró cerrado el período probatorio.
VI. Que en fecha 18/09/2023 se elevan los autos a la Sala “G” (PV-2023-109915771-APN- VOCXXI#TFN), por IF-2023-110625430-APN-VOCXXI#TFN se pusieron autos para alegar y, finalmente, en fecha 30/10/2023, pasan a sentencia (IF-2023-129119058-APN-VOCXXI#TFN).
VII. Que, previo a todo análisis corresponde decidir acerca del planteo de prescripción efectuado por la importadora en el escrito inicial (punto IV a).
Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que de la compulsa del auto de apertura del sumario se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el artículo antes referenciado para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al auto de apertura, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería, y se liquidaron los tributos (fs. 8 y 9 de las actuaciones administrativas).
Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 13/03/2005 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2006.
Que en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 15/08/2007, hasta ese momento había transcurrido 1 año, 7 meses y 14 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 3 años, 4 meses y 16 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que, no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” (la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.) es la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA N° 5272/2012 dictada el 15/08/2012.
Que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 15/08/2007 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 15/08/2012 (fecha del dictado de la resolución aduanera). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación. Que, conforme lo antes expuesto, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 16/08/2012. Es decir, que desde allí comenzó a correr el plazo de 3 años, 4 meses y 16 días que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que previo a que dicho término transcurra se produjo la notificación de la resolución aduanera (13/12/2012) acto que ostenta virtualidad interruptiva del plazo, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que respecto de la prescripción de la acción para imponer sanciones se llega a idéntica conclusión, a la luz del análisis que a continuación se efectúa.
Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 13/03/2005, conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2006. Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 15/08/2007). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 16/08/2007, finalizando el 16/08/2012, es decir, un día después de dictada la resolución aquí cuestionada.
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado, no había operado la prescripción de la acción en cabeza del fisco para imponer sanciones. Es por ello que corresponde rechazar el planteo de prescripción opuesto, sin costas por el tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
VIII. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 03 001 IT14 004605 A, de la firma NUCLEX LA RIOJA S.A., registrada ante la Aduana de Buenos Aires, el 22/07/2003, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia (prórroga) el 13/05/2005.
IX. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones (incluida la Resolución ANA N° 479/05) los requisitos a cumplimentar para la cancelación de la destinación en trato.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
X. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
XI. Que a la luz de lo expresado anteriormente, cabe puntualizar que en las hojas de insumos de los permisos de embarque cuyas copias obran adjuntas en el expediente principal se detallan dos solicitudes de CTC S01-0133423/03 y S01-0133424/03, que dieron origen a los CTC Nros. 2081/04 y 2082/04. Que en relación al CTC N° 2081 (ver fs. 110/111 de las act. adm.) la P.A del producto importado coincide con la DIT en trato: 3901.20.29 (polietileno de densidad superior o igual a 0,94 polímeros de etileno en formas primarias). En ese documento, se determinó la relación insumo producto en relación al producto a exportar perteneciente a la P.A. 3923.90.00 (tambores de polietileno de 470 mm de diámetro, 564 mm. de alto y diámetro boca de 123,60 mm).
Que de similar forma, el CTC N° 2082 (ver fs. 131/132 de las act. adm.) la P.A del producto importado también coincide con la DIT en trato: 3901.20.29. Sin perjuicio de ello, la relación insumo producto indicado se precisó en relación al producto a exportar perteneciente a la P.A. 3923.90.00 (tambores de polietileno de 588 mm de diámetro, 1038 mm. de alto y diámetro boca de 240 mm).
Ahora bien, la P.A. de la totalidad de los permisos de embarque cuyas copias obran adunadas a fs. 36/100 de los antecedentes de la causa incluyen una P.A. diferente de la indicada para el producto exportado en los CTC referidos: 2005.70.00 (aceitunas).
Es por ello que tal como surge del informe de la Sección de Procedimientos Técnicos (Nota N° 4096/12, obrante a fs. 146 de las act. adm.) la totalidad de la mercadería se encuentra en infracción toda vez que los CTC aludidos no tipifican el insumo exportado.
En orden a lo manifestado no cabe más que concluir que no es posible efectuar descarga alguna, dado que no resulta posible validar la aplicación de los CTC cuyas copias han sido acompañadas por la recurrente, las que responden a un producto exportado cuya P.A. no es la detallada en los permisos de embarque. Que en relación a las solicitudes de rectificación de CTC agregadas a fs. 113/118 y 124 no pueden ser consideradas atento a que no han sido tramitadas ante las entidades competentes, en efecto, carecen de sello de recepción. Más aún, de la fecha consignada por la propia actora surge “05/04/2006” es decir, ya vencida la prórroga de la temporal en trato.
XII. Previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, corresponde que me expida sobre la incorporación del derecho adicional, que fuera reclamado en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas.
Al respecto, previamente a efectos de los rubros que componen los tributos, como se explicará, debe dejarse sentado que no procede el cálculo del derecho adicional. Ello así, en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (página 6, considerando 9), párrafo tercero).
Por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal..." (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
En el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Consecuentemente, debe reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 14 de las actuaciones administrativas. A los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes reclamados en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
En virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 14 de las actuaciones administrativas, sin incluir las percepciones de IVA y ganancias, ni el derecho adicional, conforme se detalla a continuación:
BASE BASE TRIBUTOS MULTA V.A EN U$S 21.310,00 V.A EN U$S 21.310,00 D.A 0% 0,00 D.A 0% 0,00 D.I 14,0% 2.983,40 D.I 14,0% 2.983,40 T.E 0,5% 106,55 T.E 0,5% 106,55 BASE IVA 24.399,95 BASE IVA 24.399,95 IVA 21% 5.123,99 IVA 21% 5.123,99 IVA ADIC 0% 0,00 IVA ADIC 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 TOTAL 8.213,94 TOTAL 8.213,94 TC 2,917 TC 2,917
23.960,06 23.960,06 XIII.- Que respecto de los intereses, la importadora fue notificada de la corrida de vista, en fecha 02/02/2012 (ver fs. 24 vta. de las act. adm.), por lo tanto, los intereses corren, en el caso, desde el 16/02/2012, ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A. Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 1166 del C.A., formulo liquidación de los tributos e intereses al 08/09/2023, con los intereses desde el 16/02/2012: Capital nominal total $ 23.960,06. Intereses del 16/02/2012 al 08/09/2023 (s/ $ 23.960,06.-):
Se agrega a continuación la planilla de cálculo de intereses extraída de la página web:
http://www.afip.gob.ar/genericos/calculoInteres/resarcitorios_main.asp Capital $ 23.960,06 + Interés $ 114.619,10 + $ = $ 138.579,16.- debido por la actora al 08/09/2023 en concepto de tributos más accesorios.
XIV. Que en cuanto a la multa, corresponde confirmarla, en razón de lo expuesto en el considerando XI.- Por todo lo expuesto, VOTO por:
1. CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 5272/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. SIGEA N° 12197-6886-2005, el cual condena a la importadora NUCLEX LA RIOJA S.A. al pago de una multa equivalente a PESOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 06/100 CVOS. ($ 23.960,06.-) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. Costas a cargo de la actora.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XII del presente, declarando que la actora adeuda la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 06/100 CVOS. ($ 23.960,06.-). Asimismo, adeuda, al 08/09/2023, la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 10/100 CVOS. ($ 114.619,10.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 29 % a cargo de la actora y en un 71 % a cargo del fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, así como el sistema normativo sobre el cual versa la controversia, se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a VI del voto del Dr. Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. Por razones de orden lógico, corresponde examinar, en primer término, si la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada. Con relación a estas cuestiones, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación” y EX-2019-
72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del CA, la DGA tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los art. 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma (como es el caso de la notificación), aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate (de alcance general y particular).
III. Así las cosas, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 15.08.2007 (ver fs. 10 del expediente administrativo) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado sino hasta la notificación de la corrida de vista de fecha 29.12.2011, cursada el 02.02.2012.
Asimismo, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para interrumpir la prescripción de la acción del fisco para imponer penas (art. 937 inc. a) del CA) y suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos (art. 805 inc. a) del CA).
En efecto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01.01.2006 (en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 13.03.2005) la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31.12.2010 (todo ello conf. arts. 934 a 937 y 803 a 806 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 15.08.2012.
Que, en virtud de ello, corresponde, a mi juicio, hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos relativos al DIT Nº03001IT14004605A.
IV. Por el modo en que se resuelve, entiendo que se torna inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.
Por ello, voto por:
1).- Declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA Nº 12197-6886-2005 e iniciado por presunta infracción del art. 970 del CA en referencia a la operación documentada mediante el DIT Nº03001IT14004605A.
2).- Costas por su orden atento que mi criterio no es compartido por mis colegas de Sala. La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 5272/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. SIGEA N° 12197-6886-2005, el cual condena a la importadora NUCLEX LA RIOJA S.A. al pago de una multa equivalente a PESOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 06/100 CVOS. ($ 23.960,06.-) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. Costas a cargo de la actora.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XII del presente, declarando que la actora adeuda la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 06/100 CVOS. ($ 23.960,06.-). Asimismo, adeuda, al 08/09/2023, la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 10/100 CVOS. ($ 114.619,10.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 29 % a cargo de la actora y en un 71 % a cargo del fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2023.11.03 20:30:54 ART Date: 2023.11.03 21:43:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.04 10:01:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.04 10:01:41 -03:00
Fin de la sentencia