Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 33.931-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la oposición al pago de la tasa de actuación previsto en la ley 25.964, con costas.
2Intimar a la recurrente para que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese las sumas de $ 12.198,11.- (pesos doce mil ciento noventa y ocho con once centavos), $ 16.690,03.- (pesos dieciséis mil seiscientos noventa con tres centavos) y $ 43.810.- (pesos cuarenta y tres mil ochocientos diez) en concepto de tasa de actuación, correspondientes a los expedientes que originariamente tramitaran con los Nos. 33.931-I, 33.932-I y 33.936-I, respectivamente, bajo apercibimiento de ordenar el libramiento de certificados de deuda, con más los intereses que correspondan (conf. arts. 1, 2, 7 y cc. de la ley 25.964 y modif.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-16119159-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 13 de Febrero de 2025 incidente de tasa de actuación”, sentencia.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los Vocales de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación), Claudio E. Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación) y Daniel A. Martín (Vocal subrogante de la 9na. Nominación), a fin de resolver en el expediente N° 33.931-I y sus acumulados Nros 33.932-I y 33.936-I caratulados “LA NUEVA ESPERANZA S.A. s/ incidente de tasa de actuación”.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que el presente incidente se formó como consecuencia de la oposición al pago de la tasa de actuación formulada por la sociedad anónima La Nueva Esperanza en los autos principales, argumentando que el tributo creado por la ley 25.964 resulta ilegítimo.
Luego de efectuar un análisis de las tasas en general, manifiesta que la ilegitimidad surge a partir de la anticipación del pago de la tasa al inicio de las actuaciones, del incremento de la alícuota del 2% al 2,5% con respecto a la anterior ley de tasa y la falta de exención para el caso de que se apelen multas, traduciéndose en un impedimento al efectivo ejercicio del derecho de defensa.
Sostiene que el aumento de la alícuota solo parecería perseguir el desaliento de la interposición de recursos ante el Tribunal y que la ley 25.964 puso punto final al carácter gratuito originario propio de los procedimientos no judiciales.
Alega que para el pleno ejercicio de derecho de defensa frente a la pretensión fiscal debería regir el principio de gratuidad, especialmente cuando se trata de la primera instancia en la cual el contribuyente contará con la posibilidad de acudir ante un órgano imparcial para exponer sus argumentos. Agrega que al encontrarse el Estado exento del pago del tributo en cuestión, se produce una flagrante desigualdad entre las partes, toda vez que es él mismo el que obliga al administrado a acudir al amparo jurisdiccional para impugnar el acto determinativo. Afirma que la Administración no debería cobrar un tributo o precio con el propósito de cumplir la función esencial de afianzar la justicia, especialmente frente al incremento del costo, sin el correlativo mejoramiento del servicio y la eventual ejecución fiscal de la tasa.
Estima que adicionalmente se encuentra en juego la garantía de la razonabilidad contemplada en el art. 28 de la Carta Magna por no guardar vinculación con el costo del servicio particular a la que ella se refiere. Aduce que también la tasa doblega los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad contenidos en el art. 16 de la Constitución Nacional, indicando que a su parecer no debe remediarse la desigualdad mediante la vía indirecta que propone el beneficio de litigar sin gastos, sino que debería asegurarse la igualdad estableciendo el libre acceso a la jurisdicción de cualquier individuo, porque entiende que si se quiere dilucidar el acaecimiento de un hecho imponible su manifestación no debe ubicarse al inicio del pleito sino con el dictado de la sentencia, ocasión en la cual el Estado podrá hacer efectivo el gravamen según la imposición de costas.
Se agravia por la aplicación de una alícuota en función de la sanción cuya legitimidad se discute, afectando así el derecho de propiedad por carecer de capacidad contributiva siendo que no existen utilidades reales sobre las cuales imponer el tributo, toda vez que el proceso de determinación de la tasa no es un hecho revelador en sí mismo debido a que quien demanda una suma de dinero no se encuentra en posesión de esa suma, sino que únicamente la reclama.
Añade que la afectación a la capacidad contributiva no debe ser corroborada por la prueba de la confiscatoriedad del impuesto porque no se trata de una onerosidad confiscatoria sino de una carga que no respeta la aptitud de ser real, actual y efectiva. De este modo, indica que se pretende alcanzar con el tributo ingresos inexistentes porque al no gravar rentas sino capital de la empresa deviene confiscatorio. Entonces, explica que no es razonable exigir que para cumplir con la carga tributaria, el contribuyente deba reducir su patrimonio o comprometer su subsistencia, siendo evidente la afectación a su derecho de propiedad.
Afirma que el art. 185 de la ley 11.683 resulta inoponible por entender que la garantía constitucional de doble instancia en materia fiscal requiere que ambos tribunales -el Tribunal Fiscal de la Nación como primera instancia jurisdiccional y la Cámara de Apelación como segunda- cuenten con jurisdicción para declarar de manera plena y sin restricciones el derecho, sin que se frustre la operatividad de dicha garantía. Ofrece prueba informativa. Acompaña como documental copia simple de la prueba producida en el incidente “Murillo 666 S.A. s/incidente de ilegitimidad de tasa de actuación” que tramitara en la Sala “B”, Vocalía de la 4° Nominación y aporta dos cuadros comparativos: en el primero detalla lo recaudado por este Tribunal mes a mes para los años 2004, 2005 y 2006 y en el segundo, el presupuesto asignado al Organismo en los citados años. Hace reserva del caso federal.
A fs. 123/126vta. y 259/259vta., contesta los traslados la representación fiscal y manifiesta que la actora ha equivocado la vía procesal a los efectos del reclamo que intenta debido a que estamos frente a una acción declarativa de inconstitucionalidad, no susceptible de ser planteada ante este Tribunal. Agrega que el fundamento del cobro de la tasa de actuación nace de la propia ley y que, si la actora pretende la gratuidad del procedimiento, el mismo ordenamiento le brinda la posibilidad de obtener el beneficio de litigar sin gastos.
Entiende que no existe ningún perjuicio o afectación concreta en torno a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad, porque al ser una exposición académica no demuestra en el plano concreto en qué medida le afecta el pago de la tasa de actuación. Con idénticos argumentos, indica que no percibe afectación alguna al principio de capacidad contributiva y al de no confiscatoriedad.
Se opone a la producción de la prueba ofrecida por la incidentista. Solicita el rechazo de la petición articulada. Formula reserva de la cuestión federal.
II. A fs. 253 se abre a prueba el incidente 33.936-I, ordenándose la producción de la prueba informativa dirigida a la AFIP-DGI. Posteriormente, se libra el oficio destinado a la Secretaría General Administrativa de este Tribunal. A fs. 300 se procede a la clausura del período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “A” -competente previo a la acumulación de los autos principales-.
A fs. 308 y 428 figuran las constancias expedidas por la Secretaría General de Asuntos Impositivos, en las que se informa la acumulación de los expedientes Nos. 33.931-I, 33.932-I y 33.936-I, y como consecuencia de ello, misma suerte corren los incidentes existentes con dicha numeración.
En tanto, a fs. 427 y 435 se resuelve tener por producida la prueba ofrecida en los incidentes Nos. 33.931-I y 33.932-I, por ser éstas idénticas a la realizada en el N° 33.936-I.
A fs. 439 se corre traslado a las partes a los efectos previstos en el art. 81 del C.P.C.C.N., el que fuera contestado únicamente por la representación fiscal (conf. 440/442vta.). Finalmente, a fs. 446 se elevan los autos a consideración de la Sala “C”.
III. Que el art. 1 de la ley 25.964 establece que las actuaciones ante este Tribunal estarán sujetas al pago de la tasa de actuación, salvo las excepciones dispuestas en ella u en otro texto legal y su art. 7 faculta a este Tribunal a que, en caso de que medie oposición fundada al pago de la tasa de actuación, se ordene la formación de incidente por separado.
Que “a todas las actuaciones, cualquiera sea su naturaleza, susceptibles de apreciación pecuniaria se aplicará una tasa de dos con cincuenta centésimos por ciento (2,50%), siempre que la presente ley u otra disposición legal no establezca una solución especial para el caso”. (conf. Art. 2)
Así el art. 3 dispone que “La tasa será abonada por la parte actora o recurrente, en su totalidad, en el acto de iniciación de las actuaciones, (…) La falta de pago de la tasa no obstaculizará la prosecución de las actuaciones”, y especifica en el art. 6 que “La tasa por actuaciones integrará las costas del juicio y será soportada, en definitiva, por las partes, en la misma proporción en que dichas costas deban ser satisfechas.” Por su parte, detalla en el art. 9 que se encontrarán exentas del pago de la tasa por actuaciones aquellas personas que actuaren con el beneficio de litigar sin gastos, así como los litigantes concursados civil o comercialmente a los que se podrá otorgar una reducción de hasta en un cincuenta por ciento del monto a ingresar en dicho concepto.
Que preliminarmente es necesario recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “(…) El hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa de justicia es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión deducida y pesa sobre quien inicia las actuaciones la carga de afrontarla…” (CSJN “Techint Compañía Técnica Internacional c/ Corrientes, Pcia. s/ejecución, 27/02/1996; y en similar sentido Fallos 320:2375; 321:1888, entre otros). Es preciso señalar que en aquella oportunidad el Máximo Tribunal hacía referencia a la ley 23.898, normativa análoga a la aquí cuestionada. Que con relación al argumento vertido por la peticionante acerca del destino que tienen las sumas recaudadas en concepto de tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, nuestro Tribunal Cimero ha señalado en numerosas oportunidades que las tasas en general significan una contraprestación aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado, y que ese servicio no puede ser fijado para cada caso en particular. En este sentido, “…La relación que debe existir entre la tasa y el costo del servicio no implica una equivalencia estricta, sino que al cobro de una tasa corresponda siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio a algo no menos individualizado del contribuyente; por lo que la impugnación de una tasa considerada exorbitante debe juzgarse desde el punto de vista de su posible carácter confiscatorio.” (CSJN, “Banco de la Nación Argentina c/ Municipalidad de San Rafael”, 1956, Fallos 234:663; 236:22; 201:545, entre otros).
Que en esta línea de pensamiento, el destino de lo recaudado en concepto de tasa de actuación no desnaturaliza el objeto del tributo que aquí se cuestiona, que es el de brindar efectivamente un servicio de justicia para todo aquél que lo solicite. Cabe aclarar que tanto el destino como la administración del recurso tributario obtenido, es materia de índole presupuestaria y no tributaria, especialidad que no le incumbe a este Tribunal. Por lo tanto, considerando que la totalidad de la prueba producida y ofrecida en autos fue orientada a determinar cuáles fueron los montos presupuestados para los gastos propios del funcionamiento de este Tribunal durante los períodos 2005 a 2010 y las correlativas sumas recaudadas por tales períodos en concepto de tasa de actuación -información que fuera suministrada por la Secretaría General de Asuntos Administrativos de este Tribunal y por la AFIP-DGI a fs. 292 y 295/296, respectivamente-, y que en ningún caso fue dirigida a demostrar que el monto de la tasa de actuación resulta ser confiscatorio con relación a su patrimonio, siendo la prueba concreta y circunstanciada fundamental para determinar tal vicio, los argumentos de ilegitimidad por resultar exorbitante su monto no pueden prosperar. Así “se ha señalado de manera invariable que para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o el capital, y el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar de una relación racional estimada entre el valor del bien gravado y el monto del gravamen, requiriéndose una prueba concluyente a cargo del actor (cfr. Fallos 328:4542; 324:2577; entre muchos otros)” (De Narváez, Francisco (TF 33.796-I) c/DGI, CCAF Sala V).
Mismo tratamiento debe darse a la aludida afectación de su capacidad contributiva, toda vez que no ha aportado ninguna prueba que dé cuenta de la composición de su patrimonio y, en consecuencia, de su aptitud para hacer frente a sus obligaciones, por lo que no resulta posible de determinar si efectivamente ocurre el perjuicio aludido por la incidentista.
No obstante lo expuesto, la normativa cuestionada prevé para los casos en que el contribuyente no se encuentre en condiciones económicas de afrontar el pago de la tasa de actuación, la solución por vía incidental contenida en el art. 78 y siguientes del C.P.C.C.N. -Código de aplicación supletoria según lo determinado por al art. 197 de la ley 11.683 a la que reenvía el art. 11 de la normativa cuestionada-, por lo que queda garantizado el acceso irrestricto a esta instancia, que de todas formas resulta siempre ser opcional y optativa para el contribuyente que considere conveniente acudir ante este Tribunal especializado (conf. art. 76 ley 11.683). El mencionado remedio procesal no fue peticionado ni insinuado por la incidentista, toda vez que no ha acreditado pruebas de la imposibilidad de obtener recursos o de acceso a financiación externa para hacer frente al tributo exigido.
Con relación al argumento acerca de que el Fisco Nacional se encuentra exento del pago de la tasa de actuación, debe aclararse que en todos los casos iniciará las actuaciones la parte contribuyente siendo que es aquélla la que insta la intervención de este organismo jurisdiccional, por lo tanto, será siempre la parte recurrente la que deberá abonar en primer término la tasa por actuación, sin perjuicio de las posteriores contingencias del proceso.
Que así las cosas, es clara la ley de rito cuando establece en el art. 185 “La sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones...”, a no ser que la Corte Suprema de Justicia se haya expedido previamente sobre la constitucionalidad de las mismas, por lo que no corresponde a este Tribunal emitir juicio respecto de los derechos o garantías constitucionales supuestamente vulnerados por la aplicación de una tasa de actuación ante esta instancia.
En conclusión, corresponde no hacer lugar a la oposición al pago de la tasa de actuación ley 25.964, con costas.
IV. Que en atención a la forma en que se decide, procede intimar a la recurrente para que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese las sumas de $ 12.198,11.- (pesos doce mil ciento noventa y ocho con once centavos), $ 16.690,03.- (pesos dieciséis mil seiscientos noventa con tres centavos) y $ 43.810.- (pesos cuarenta y tres mil ochocientos diez) en concepto de tasa de actuación, correspondientes a los expedientes que originariamente tramitaran con los Nos. 33.931-I, 33.932-I y 33.936-I, respectivamente, bajo apercibimiento de ordenar el libramiento de certificados de deuda, con más los intereses que correspondan (conf. arts. 1, 2, 7 y cc. de la ley 25.964 y modif.).
El Dr. Luis dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos efectuado por la vocal instructora.
II. Que primeramente corresponde señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfme. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros); ni a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que se arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
III. Que la cuestión a resolver ya fue debidamente tratada por esta Sala en la causa “Unilan Trelew S.A. s/ incidente” (sentencia del 19/4/2024) en la que -en el voto del suscripto al cual adhirió la vocal instructora- se dijo que:
“V.- Que los planteos de la incidentista han sido tratados por nuestra Corte en relación a las disposiciones de la ley 23.898 referida a la “tasa de justicia”; por lo que, atento la similitud que guarda la ley 25.964 respecto de aquella, las conclusiones de nuestro Alto Tribunal –las que comparto- resultan plenamente aplicables al caso de autos.
Al respecto, la Corte expresó:
“También plantea la actora la inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 23.898, en cuanto establece una tasa del 3% "sobre el valor del objeto litigioso que constituya la pretensión...", pues considera que esa disposición desnaturaliza las características de la tasa, tornándola ilegítima y confiscatoria. Cabe reiterar en este punto lo expuesto precedentemente acerca de la improcedencia de la impugnación con base constitucional de un régimen jurídico por parte de quien -como es el caso de la provincia- se sometió voluntariamente y sin reserva expresa a aquél.
Sin perjuicio de ello, los argumentos en que se pretende sustentar la objeción resultan inatendibles. En efecto, la actora arguye que el monto total de lo recaudado por la tasa judicial debe guardar una razonable y discreta relación con el costo total del servicio efectivamente prestado, e invoca la doctrina del precedente de Fallos: 270:468 (in re: "S.A. Frigorífica Cía. Swift de La Plata c/ Administración General de Puertos"). Sobre esa base, aduce que el precepto antes citado desnaturaliza el concepto de tasa y transforma el tributo en un impuesto que no se vincula con el costo del servicio sino con el monto de la demanda. Añade que dicha norma impone indebidas restricciones que impiden el acceso a un tribunal.
En el pronunciamiento que menciona la recurrente, esta Corte sostuvo, efectivamente, que las tasas suponen una contraprestación aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado, con cita del precedente de Fallos: 234:663 -entre otros-.
Pero en este último se aclaró que respecto de ciertos servicios es imposible fijar con exactitud su costo individual y por eso, para los respectivos tributos "se fijan contribuciones aproximadas, equitativas, que pueden dejar superávits en unos casos y déficits en otros; estableciéndose compensaciones en cálculos hacendarios más o menos acertados, pero que los jueces no pueden revisar". También se recordó allí la doctrina de Fallos: 201:545, donde se dijo que si es de la naturaleza de la tasa tener relación con el costo del servicio, "no ha de interpretarse esto último en el sentido de una equivalencia estricta, prácticamente imposible de establecer, sino en el de que al cobro de una tasa corresponde siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente...". Y, finalmente, se dijo que "no se ha considerado injusto y se ha tenido más bien por equitativo y aceptable que para la fijación de la cuantía de la tasa retributiva de los servicios públicos se tome en cuenta, no sólo el costo efectivo de ellos con relación a cada contribuyente, sino también la capacidad contributiva de los mismos..., a fin de cobrar a los menos capacitados una contribución menor que la requerida a los de mayor capacidad, equilibrando de ese modo el costo total del servicio público" (Fallos: 234:663; doctrina reiterada en Fallos: 277:218 y 287:184). Con arreglo a ese criterio, no es censurable que para la determinación de la tasa judicial se tenga en cuenta la capacidad tributaria del beneficiario del servicio, la que se presume por el monto del pleito o interés económico jurídicamente comprometido. Por otra parte, los servicios prestados por la administración de justicia son tanto más importantes y apreciables cuanto mayor sea el valor de los bienes sobre los que versa el proceso (doctrina de Fallos: 170: 131).
Es del caso recordar que la Corte Suprema no puede sustituir su criterio de conveniencia o eficacia económica o social al del Congreso de la Nación, para pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes que establecen impuestos o tasas (Fallos: 247:121).
Por lo demás, la invocada carencia de proporcionalidad entre el costo global del servicio y los montos totales recaudados en concepto de tasa judicial constituye una afirmación dogmática, pues se omite demostrar los extremos fácticos que la sustentarían.
En otro orden de ideas, debe desestimarse la tacha de invalidez del gravamen como contrario a los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional pues la garantía de la propiedad no es óbice a la aplicación de gravamen alguno en tanto no sea confiscatorio, y no puede tampoco serlo para la tasa en cuestión que siempre, en los pleitos de contenido patrimonial, pesará sobre alguien que entiende defender lo que es suyo (Fallos: 201:557 y 258:230). Tampoco puede decirse que dicha tasa desconozca la inviolabilidad de la defensa en juicio desde que no se ha probado, ni siquiera insinuado, la imposibilidad de sufragarla (Fallos: 125:10). Por lo demás, no puede sostenerse genéricamente que la tasa de justicia obste a la posibilidad de acceder a la jurisdicción, toda vez que la falta de ingreso del tributo no impide la prosecución del trámite normal del juicio (art. 11 de la ley 23.898)” (Fallos 321:1888, considerando 12°).
Vinculado a ello, nuestra Corte también ha dicho: “Que el beneficio de litigar sin gastos encuentra sustento en dos garantías de raigambre constitucional: la de defensa en juicio y la de igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional). Ello es así, pues por su intermedio se asegura el acceso a la administración de justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a las circunstancias económicas de los contendientes. En ese marco deben ser valorados también los intereses de la contraria, tan respetables como los de la actora, a fin de que no se vean conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en indebido privilegio (Fallos: 311:1372 y CSJ 793/2004 (40-B)/CS1 "Bergerot, Ana María c/ Salta, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios (beneficio de litigar sin gastos)", sentencia del 23 de junio de 2015” (Fallos 342:1473, considerando 2°)”.
IV. Que sin perjuicio de que lo expuesto en el considerando anterior resultaría suficiente para rechazar la oposición planteada por la incidentista, respecto a lo dicho en relación al destino de lo recaudado en concepto de tasa de actuación, cabe señalar que ello es materia de orden presupuestario y no tributario, no advirtiéndose un agravio concreto al respecto, en tanto la actora no aduce cuál es el perjuicio que ello le irroga (en tal sentido “La Nueva Esperanza SA (TF 33.930-I) – Inc c/DGI”, CNCAF Sala I, sent. del 5/5/2016; “Tradarsa S.A.”, Sala II, sent. del 1/3/2016, entre tantos otros).
En efecto, todos los argumentos ofrecidos y probanzas producidas por la recurrente (v. fs. 2/95, 139/234 y 292 y ss.) apuntan a la declaración de inconstitucionalidad de la tasa de actuación ante este Tribunal, pero no logran acreditar en forma fehaciente la desproporción invocada y “...aun así, cabría recordar que, como dice la doctrina moderna, estos gastos públicos –los operativos por el funcionamiento del Tribunal Fiscal- aunque tienen externalidades positivas que se difunden en toda la sociedad, aseguran concretamente esa ventaja en el particular que litiga; primaria y principalmente producen la satisfacción de una necesidad divisible y cuantificable que experimenta el que ejercita la pretensión procesal, el que deduce el recurso de apelación…” (doctrina de la Sala “B” de este Tribunal, en “Sasoon, Alejandra s/ incidente”, sent. del 23/3/2008).
V. Por todo lo expuesto, y en especial la doctrina del Máximo Tribunal, que comparto, bastan para rechazar los agravios de la incidentista, máxime si tampoco logró demostrar que el pago de la tasa le cause un perjuicio irreparable o un menoscabo a su patrimonio, planteo que –a todo evento- debió dirigir a través del remedio procesal dispuesto por el art. 78 y ss. del CPCCN. En definitiva, dichos agravios representan meras discrepancias en cuanto a su obligación de pagar la tasa de actuación ante este Tribunal, carentes de contenido sustancial y además, ya tratados por nuestra Corte, y también por esta Sala; lo que justifica el rechazo de la oposición formulada, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Marmillon.
Atento al resultado de la votación que antecede, por mayoría
1. No hacer lugar a la oposición al pago de la tasa de actuación previsto en la ley 25.964, con costas.
2. Intimar a la recurrente para que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese las sumas de $ 12.198,11.- (pesos doce mil ciento noventa y ocho con once centavos), $ 16.690,03.- (pesos dieciséis mil seiscientos noventa con tres centavos) y $ 43.810.- (pesos cuarenta y tres mil ochocientos diez) en concepto de tasa de actuación, correspondientes a los expedientes que originariamente tramitaran con los Nos. 33.931-I, 33.932-I y 33.936-I, respectivamente, bajo apercibimiento de ordenar el libramiento de certificados de deuda, con más los intereses que correspondan (conf. arts. 1, 2, 7 y cc. de la ley 25.964 y modif.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente agréguese por cuerda al expediente principal.
Date: 2025.02.12 12:45:04 -03:00 Date: 2025.02.12 13:26:09 -03:00 Claudio Esteban Luis Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Subrogante Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.13 17:26:24 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.13 17:26:25 -03:00
Fin de la sentencia