Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76097
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de las instancias inferiores se imponen por su orden, (arts. 51 inc. 2, ley 12.008 -texto según ley 14.437-); las de esta instancia extraordinaria, a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.097, "Pérez Pengue, Carlos E. c/ Municipalidad de Vicente López s/ Nulidad de Acto Administrativo. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, de Lázzari, Genoud, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocó la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravios (v. fs. 567/578).
Disconforme con ese pronunciamiento el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 592/612) el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 615 y vta.).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 618) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor Carlos Eduardo Pérez Pengue, promovió demanda contra la Municipalidad de Vicente López solicitando la nulidad los decretos 321/12 y 2.156/12 que dispusieron su cese y también el pago de los salarios dejados de percibir, las vacaciones no gozadas del periodo 2010 y 2011, más el daño moral y psicológico que la medida le dicha medida le ocasionó.
Sostuvo que al momento de producirse su cese el nombrado se hallaba en el cargo de Subsecretario de Espacios Públicos, en el que había sido designado en diciembre de 2007, pero haciendo reserva del cargo anterior en los términos del art. 17 de la ley 11.757.
Expresó que la comuna debió restituirlo al cargo de Director que ejercía antes de asumir como Subsecretario o, si quería prescindir de sus servicios, debió instruir el pertinente sumario administrativo.
I.2. A su turno el juez de primera instancia admitió parcialmente la demanda, declaró la nulidad de los decretos 321/12 y 2.156/12 en lo inherente al rechazo de la restitución en el cargo del actor y al pago de haberes.
En dicho marco, condenó a la demandada a dictar un acto administrativo a los efectos de reincorporar al actor al cargo n° 45 de Director General que ocupaba con anterioridad a ser designado Subsecretario de Espacios Públicos Ribereños.
Asimismo, condenó a la comuna a abonarle al señor Pérez Pengue el setenta por ciento (70%) de los haberes normales y habituales dejados de percibir desde que fue cesanteado en su cargo hasta su efectiva reincorporación , más intereses conforme la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días.
Hizo lugar al reclamo por daño moral y psicológico condenando a la demandada a abonarle al actor la suma de $30.000 y $ 38.000, más intereses utilizando la misma tasa que para los haberes, desde la fecha del decreto de cesantía -7 de febrero de 2012- hasta su efectivo pago.
Por último, rechazó la indemnización solicitada en virtud de lo normado por el art. 33 de la ley 11.757 y admitió el pago del período vacacional adeudado correspondiente al año 2010 y 2011, condenando a la Municipalidad de Vicente López a abonar dichos créditos conforme las pautas estipuladas en el considerando VII. b, debiendo la accionada practicar la correspondiente liquidación y, de ser necesario, requerir el auxilio del perito contable para su desarrollo. Las costas las impuso a la vencida (v. fs. 460/476 vta.).
II.1. Apelada dicha sentencia por ambas partes la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, concedió el de la demandada y declaró inadmisible el interpuesto por la actora (v. fs. 531/533)
Posteriormente y entrando a considerar los agravios esgrimidos por el municipio, la Cámara admitió los fundamentos expuestos, revocó la sentencia impugnada y rechazó la pretensión anulatoria e indemnizatoria deducida en la demanda, con excepción de las vacaciones adeudadas correspondiente al año 2010 y 2011 (v. fs. 567/578).
II.2. Para así decidir el Tribunal, sostuvo que antes que nada debía esclarecerse la situación de revista del actor en los cuadros del municipio demandado, para determinar si el cese dispuesto por la Municipalidad de Vicente López se ajustó a derecho. A tal fin analizó los antecedentes acreditados en su legajo personal y el marco normativo aplicable.
Destacó que, en autos no se discute la falta de estabilidad en el cargo de Subsecretario que desempeñaba el actor al momento de su cese ni tampoco la legitimidad de la separación de aquel, sino el hecho de si al momento de ser apartado, se hallaba amparado por la garantía de estabilidad en el cargo anterior desempeñado, al que pretende ser reincorporado.
En ese marco, precisó que el cargo de Director General, al que el sentenciante de primera instancia ordenaba se lo reincorpore, carecía de estabilidad en la medida que también era un cargo político.
Al respecto señaló que de la reseña efectuada en el considerando 4° respecto de las constancias obrantes en el Legajo Personal del actor, se acreditaba que el 11 de diciembre de 2003, fue designado interinamente en el cargo de Director de Turismo, mediante el decreto 4.289/03 y el 16 de enero de 2006 se lo designó (también interinamente) en el cargo de Director General, con funciones de coordinador en la Secretaría de Cultura, Deportes y Turismo a través del decreto 47/06.
Posteriormente, en diciembre de 2007 se lo nombró Subsecretario de Deportes y Recreación -decreto 4.654/07- y en enero de 2009 se le limitaron estas funciones y se le asignaron las de Subsecretario de Relaciones Institucionales -decreto 32/09-.
Finalmente, el 2 de mayo de 2011, se lo nombró Subsecretario de Espacios Públicos Ribereños, mediante decreto 321/12, cargo que ocupó hasta el 2 de febrero de 2012, en que se dispuso su cese a través del decreto cuestionado en autos, 321/12 y su ratificatorio, 2.156/12.
Advirtió que los antecedentes del actor daban cuenta de que había sido designado en cargos considerados políticos y por ello no se hallaba amparado por la estabilidad de la que gozan los empleados de planta permanente de conformidad con el art. 14 de la ley 11.757.
Agregó que la propia ley 11.757, en su art. 2 apartado "a" determinaba quiénes debían ser considerados funcionarios políticos en el Departamento Ejecutivo del municipio del que se trate, haciendo excepción al cargo de Director, el cual continuaría teniendo el carácter en el que había sido previsto por cada municipio en forma previa a la ley en cuestión, esto es, político o de planta permanente.
De tal modo señaló que, de las actuaciones administrativas analizadas, se desprendía que, en la Municipalidad de Vicente López, el cargo de Director fue y es un cargo político.
Tal conclusión, añadió, se hallaba reforzada con los propios considerandos del decreto que en la ocasión lo designó Subsecretario -decreto 4.654/07-, cuando se remite al cese previo de todos los funcionarios jerárquicos excluidos del régimen de la ley 11.757 que integran la planta sin estabilidad que revistan en el ámbito del Departamento Ejecutivo entre quienes se hallaba el señor Pérez Pengue, ejerciendo en ese momento el cargo de Director (v. fs. 576).
En igual sentido añadió que mediante el decreto 1.928/00 que dispuso limitar las bonificaciones por "Dedicación Exclusiva", "Disponibilidad" y" Disponibilidad Plena" que percibían los funcionarios con jerarquía de Contador, Tesorero, Director de Compras, Director General, Secretario Privado del Departamento Ejecutivo, Delegado Municipal, Director y Subdirector, se hallaba comprendido el actor (v. fs. 567 vta.).
Señaló también que de conformidad con el art. 4 de la ley el ingreso a la función pública municipal debía hacerse por la categoría correspondiente al grado inferior de la clase inicial de cada agrupamiento mediante concurso o procedimiento especial de selección, extremo que en el caso no se verificaba.
De tal modo consideró que el actor había desempeñado cargos de jerarquía que pertenecían a la planta política de la comuna y por esa razón no contaban con la nota de estabilidad, contemplada únicamente para el personal de planta permanente.
En consecuencia, concluyó que el cese cuestionado resultaba una derivación razonada de las específicas normas que regularon el ingreso del actor, quien no ha podido obtener estabilidad, en tanto dicha garantía sólo amparaba a quienes fueron designados conforme la carrera administrativa, circunstancia que, como expusiera precedentemente, en el caso no se hallaba cumplida.
A mayor abundamiento puso de relieve que la cuestión no giró en torno a una designación en planta temporaria, que pudo generar una situación asimilable a las del personal estable, sino que el accionante no obtuvo estabilidad en el cargo pretendido porque las normas estatutarias no rigen para aquellos agentes que, por la naturaleza del cargo o la índole de las tareas, están excluidos del Régimen para el Personal de las Municipalidades.
Agregó, con cita de doctrina de esta Suprema Corte, que quienes los ocupan se mantienen en funciones mientras el órgano que los ha designado no decida, en determinación primordialmente discrecional, su separación (doctr. causas B. 51.828, "Trucco", sent. de 27-IV-1993; B. 55.867, "Lamarcchia", sent. de 5-XI-2003 y B. 59.084, "Ramos", sent. de 14-IX-2005).
En tal contexto consideró que el acto administrativo impugnado se ajustó a los antecedentes causales documentados en las actuaciones administrativas ofrecidas como prueba que demuestran que el actor nunca obtuvo estabilidad en el cargo al cual pretendió ser reincorporado desde que, por la naturaleza de aquel o la índole de las tareas, se encuentra excluido del Estatuto para el Personal de las Municipalidades.
III. Contra dicho pronunciamiento el actor interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, mediante el cual denuncia absurdo en la interpretación que de sus designaciones realizara el Tribunal de Alzada. Concretamente, cita el nombramiento interino en el cargo administrativo, clase IV, con funciones de periodista en la división prensa, mediante el decreto 3.047 del 20 de agosto de 1980.
Entiende que no corresponde le apliquen la ley 11.757, por haber sido sancionada con posterioridad a su ingreso. Y que, en todo caso, el cargo de director que ocupaba en el municipio, al momento de sancionarse la ley, integraba la planta administrativa y no política. Alega en consecuencia que de acuerdo a los términos del art. 2 de la ley, en la comuna de Vicente López el cargo de Director debiera seguir perteneciendo a la planta funcional, con estabilidad y que por ello su despido sin la instrucción del correspondiente sumario, fue ilegítimo.
Reitera que el cese notificado mediante carta documento a partir del 2 de febrero de 2012, resultó nulo de nulidad absoluta, por haber sido dispuesto con anterioridad a la fecha del decreto suscripto por el intendente, el 7 de febrero de 2012.
Insiste en que también resultó ilegal el acto que dispuso su baja, por haberle sido notificado cuando se hallaba en uso de licencia médica (v. fs. 601 vta.).
Alega que la Cámara desconoció la estabilidad en los términos del art. 15 de la ley 11.757, en el cargo de Director, al haber sido nombrado mediante un acto carente de vicios, y haber superado el plazo de doce meses previsto en el art. 7 de la misma ley (v. fs. 603 vta.).
Sostiene que el cargo de Director, que identifica con los números 44 y 45, integra la planta administrativa del municipio y no, como se interpretó en la sentencia recurrida, un cargo político (v. fs. 606 vta.).
Esgrime que el Tribunal de Alzada omitió analizar cuál era el armado municipal previo a la ley 11.757 que, a su entender, justificaba su carácter de planta permanente y que soslayó la declaración de inconstitucionalidad parcial de la norma dictada por esta Corte.
Finalmente vuelve a afirmar que la sentencia que impugna prescindió de considerar el desempeño del actor durante los años anteriores a ejercer el cargo de Subsecretario de Asuntos Ribereños, sin reproches de ninguna índole y con acreditados reconocimientos por su labor, circunstancias todas no controvertidas por la demandada.
Concluye, por ello, que el actuar de la Administración es contrario a la ley y que su desplazamiento imponía cuanto menos la instrucción de un proceso sumarial y una decisión fundada que explicara las razones que ameritaban la medida, resultando insuficiente el empleo de frases genéricas, carentes de contenido e individualidad. Extremo que no sólo no fue tal, sino que tal circunstancia siquiera fue evaluada por la Cámara, por lo que concluye que la sentencia deviene arbitraria, porque sólo se funda en el convencimiento de los magistrados sin fundamento fáctico y jurídico alguno.
IV.1. El recurso no prospera en razón de su insuficiencia (art. 279, CPCC).
IV.2. Tal como he señalado el a quo descartó que el cese dispuesto mediante el decreto 321/12 presentara vicios que acarren su nulidad o que fuere ilegítimo.
En ese trance, la Cámara describió la secuencia de actos administrativos que antecedieron al dictado del antes mencionado decreto 321/12, que reflejaban todo el recorrido del actor dentro del municipio demandado.
Advirtió que tales antecedentes daban cuenta de que el recurrente siempre había sido designado en cargos considerados políticos y que por tal razón no se hallaba amparado por la garantía de estabilidad de la que goza el personal de planta permanente.
Con expresa mención de la normativa estatutaria aplicable, indicó que, en el municipio de Vicente López, el cargo de Director, al que el actor pretende ser reincorporado, era un cargo excluido del Estatuto para el Personal de las Municipalidades. Precisó, además que las funciones asignadas con anterioridad fueron interinas, sin sustanciarse el mecanismo de ingreso conforme la carrera administrativa.
Señaló que el acto de designación en el cargo de Subsecretario de Deportes y Recreación -decreto 4.654/07-, entre sus considerandos, remite expresamente al personal jerárquico excluido de la ley 11.757 que integran la planta sin estabilidad en el ámbito del departamento ejecutivo, entre los cuales se hallaba el recurrente.
Sin que conste ninguna reserva de cargo anterior, al igual que al designárselo Subsecretario de Relaciones Institucionales por decreto 32/09 y Subsecretario de Asuntos Ribereños a través del decreto 1.189/11, en cuyos considerandos no obra ninguna referencia sobre la retención de algún cargo anterior amparado por el régimen estatutario.
Sobre esta plataforma, la Cámara señaló que las sucesivas designaciones revelan que se trataron de funciones interinas y luego en cargos que por su naturaleza o la índole de las tareas no generan estabilidad.
Esta estructura argumental no ha sido abordada y criticada con la suficiencia requerida por esta Corte para la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Así el quejoso efectúa una serie de consideraciones, sobre el incumplimiento de la Administración de no instruir el correspondiente sumario y disponer su cese en uso de sus facultades discrecionales, pero sin rebatir en ningún momento la caracterización y efectos que sobre la figura del interinato y de los cargos políticos se efectúo en el decisorio.
Al respecto este Tribunal ha sostenido que es insuficiente el recurso que no cuestiona los fundamentos esenciales del fallo que impugna y que, en cambio, ha elegido elaborar su crítica sobre la base de una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (conf. causas A. 70.823, "Gomez", sent. de 4-V-2016; A. 74.027, "Camerini", sent. de 21-XI-2018; A. 74.171, "Aguas Bonaerenses S.A.", sent. de 10-VII-2019; A. 75.794, "Martínez", sent. de 15-IV-2020; e.o.).
Más aún, en la pieza recursiva ni siquiera se denuncian violadas las normas específicamente actuadas por el órgano jurisdiccional de grado, en orden a justificar el cese dispuesto (doctr. causas C. 108.676, "Gómez", sent. de 27-VI-2012; A. 73.669, "Cooperativa de Viviendas Alfil Ltda.", sent. de 11-VII-2018; A. 75.430, "Vela", sent. de 19-VIII-2020; A. 75.730, "Blanco", sent. de 23-IX-2020; e.o.), lo cual evidencia la insuficiencia de este embate.
En este orden de ideas, las alegaciones efectuadas en el recurso según las cuales el cese fue ilegítimo con base en su primer ingreso en el año 1980 como administrativo en la categoría IV, así como el prolongado lapso dentro del municipio, soslayan la renuncia que aquel presentara en mayo de 1988 y que su posterior ingreso en el año 1992, se produjo mediante asignaciones interinas o en cargos que, por su naturaleza o índole de la función, no integran la planta permanente.
Tampoco conmueve el decisorio impugnado, la referencia a que al momento de notificarle su cese se hallaba en uso de licencia médica, pues ésta última comenzó el 13 de enero y finalizó el 1 de febrero de 2012 y su desvinculación se dispuso a partir del 2 de febrero de 2012.
Dichas invocaciones en nada modifican la solución a la que arribara el Tribunal, pues no pasan de ser comentarios personales y meros disentimientos que no logran demostrar que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (causas C. 102.285, "Versache", sent. de 7-VII-2010 y su cita; A. 75.282, "Bustos", sent. de 25-XI-2020; entre muchos otros).
Lo expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa del recurso; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Por las razones expuestas, debe rechazarse el recurso interpuesto.
Las costas de las instancias inferiores se imponen por su orden (art. 51 inc. 2, ley 12.008 -texto según ley 14.437-); las de esta instancia extraordinaria, a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores, de Lazzari, Genoud, Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de las instancias inferiores se imponen por su orden, (arts. 51 inc. 2, ley 12.008 -texto según ley 14.437-); las de esta instancia extraordinaria, a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 22/12/2020 11:40:16 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:36:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:15:30 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:57:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 10:57:25 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia