Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 5097 2015
Escritura / Interpretación – Inexactitud Registral – Ejercicio de la patria potestad en el régimen del Código Civil anterior al dictado de la Ley 17.711
Expte. n°: JU-5097-2015 GEOGHEGAN MARIA TERESA Y OTROS C/ GEOGHEGAN JUAN CARLOS Y OTRO/A S/NULIDAD ACTO JURIDICO
------------------------------------------------------------------------------
En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-5097-2015 caratulada: "GEOGHEGAN MARIA TERESA Y OTROS C/ GEOGHEGAN JUAN CARLOS Y OTRO/A S/NULIDAD ACTO JURIDICO", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Volta, Guardiola y Castro Durán.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Volta, dijo:
I. Que en la sentencia dictada en fecha 15/09/21 la Sra. Jueza de grado rechazó la demanda de nulidad de acto jurídico entablada por María Teresa Geoghegan, Emma Inés Geoghegan, Martín Parola, Gastón Parola y Ana María Geoghegan, contra Juan Carlos Geoghegan (hoy Nélida Esther Goitea y Claudia Marina Geoghehan en calidad de herederas del mismo) y la escribana Lidia Rossi, en relación a la escritura n°110 pasada por ante la ésta última, por la que se procede a la aceptación respecto de la compra del inmueble identificado con Nomenclatura Catastral: Circunscripción II, Sección F, Chacra 598, Manzana 598-b, Parcela 8, del Pdo. de Lincoln, que en el año 1962 efectuare el Sr. Juan Luis Geoghegan.-
Para así resolver, luego de considerar aplicable al caso de autos el régimen del Cód. Civ. vigente al momento de los hechos en que los accionantes sustentan su reclamo, y de desestimar la excepción de prescripción opuesta por la notaria, procedió a encuadrar la adquisición efectuada por el Sr. Juan Luis Geoghegan en el año 1.962 (instrumentada mediante escritura n° 54), para su hijo menor de edad Juan Carlos Geoghegan, con dinero del mismo obtenido a través de su trabajo personal, dentro del régimen de gestión de negocios, cuya obligaciones fueron transmitidas a sus herederos.-
Por tal razón consideró que la inscripción de la declaratoria de herederos en el proceso sucesorio del comprador/gestor, de modo alguno obstaculizaba la aceptación de dicha gestión por parte del demandado Juan Carlos Geoghegan.-
También puso de resalto que habiéndose dado a publicidad dicha forma de adquisición registralmente, la misma resultaba oponible a terceros.-
A partir de ello, concluyó en la ausencia de vicios en el acto atacado de nulidad, disponiendo en consecuencia el rechazo de dicha pretensión.-
Asimismo rechazó las acciones de colación, reducción de herencia, al no haberse atacado ni producido prueba en contra de los dichos del Sr. Juan Luis Geoghegan respecto a que la adquisición se habría realizado con dinero de su hijo, producto de su trabajo en la colocación y reparación de molinos.-
Por su parte, desestimó la prescripción adquisitiva interpuesta al no tener por acreditado un acto de interversión del título por el que el progenitor de las partes aquí intervinientes comenzara a detentar materialmente el inmueble (gestor de negocios).-
Todo ello, con costas a cargo de los accionantes vencidos.-
Dicha resolución motivó los recursos de apelación interpuesto por los accionantes en fecha 24/09/21, los cuales son debidamente fundados mediante la presentación efectuada el 23/02/22.-
La crítica allí desarrollada se dirige en primer término a lo que estima ha sido una equivocada valoración de los hechos y de la prueba rendida en autos.-
Así comienza por señalar que contrariamente a lo expuesto en la escritura de aceptación, el demandado nunca tuvo la posesión del inmueble por lo que sin la tradición efectiva nunca se habría perfeccionado el dominio en cabeza del accionado, circunstancia que estima corroborada a partir de diversos testimonios rendidos en autos, y de diversos actos procesales del propio demandado en el proceso sucesorio de su madre, y al absolver posiciones en autos, en donde reconociera que la posesión del inmueble estaba en manos de los aquí accionantes, reservándose el derecho a reclamar por daños y perjuicios.-
Asimismo ponen de resalto la conducta del propio demandado quien durante 50 años en ningún momento invocara un derecho exclusivo sobre el inmueble en cuestión.-
Que dichos comportamientos, justifican la aplicación de la doctrina de los propios actos en contra del aquí accionado, quien a lo largo de más de 50 años, reconociera la titularidad del derecho sobre el inmueble en cuestión en un primer momento en cabeza de su padre y luego en favor de sus herederos.-
En esta dirección sostiene que dicha conducta debió ser valorada como una renuncia del derecho de aceptar o ratificar la operación realizada por su padre en el año 1.962., máxime tomando en consideración que el propio demandado reconociera al contestar la demanda, estar en conocimiento de la compra efectuada en su favor desde la suscripción misma del boleto de compra, afirmando incluso que la publicidad cartular de la compraventa efectuada por su padre en 1.962 le resultaba más oponible a él que al resto.-
A partir de lo hasta aquí expuesto sostienen la ineficacia de la escritura de aceptación en cuanto tiene por operada la tradición del inmueble.-
Prosigue su ataque recursivo señalado que la escritura de aceptación atacada violenta el art. 15 de la ley 17.801, al autorizar un acto sin respetar el tracto sucesivo. Ello así por cuanto el inmueble ya no se encontraba a nombre del comprador (gestor), sino de sus herederos a partir de la inscripción de su declaratoria de herederos operada en el año 1.982, momento a partir del cual habría quedado configurado un condominio entre los coherederos.-
A partir de ello, tiene por acreditada la falsedad de la escritura de aceptación en cuanto afirma que del certificado de dominio (no adjuntado por la escribana demandada) surge que el mismo consta en la forma solicitada.-
Por las razones expuestas concluye en que no figurando el inmueble a nombre del comprador Juan Luis Geoghegan, la escritura no debió ser realizada tal como lo establece los arts. 15 y 23 de la ley 17.801, resultando la aceptación efectuada en el año 2.013 tardía y vacía de contenido, al recaer sobre un inmueble que fuera transmitido a los herederos del comprador, operación que fuera consentida e incluso peticionada por el propio demandado.-
En subsidio deja planteado para el supuesto en que se entendiera que la renuncia fue retractada, que está última le resulta inoponible a los Sres. Parola, dada su condición de adquirentes a título oneroso.-
En esta dirección atacan la falta de valoración por parte de la sentenciante de grado de la cesión onerosa de derechos hereditarios efectuada en favor de Martín y Gastón Parola, por la Sra. Lucía Elena Geoghegan, quienes en la medida de su interés detentan la posesión del inmueble objeto de litis; transmisión que se habría inscripto en el registro de propiedad inmueble y agregado al proceso sucesorio (30/05/2007 y 18/02/2015) con antelación a la aceptación formulada por el aquí accionado.-
Conforme a ello considera que dicha cesión no solo resulta válida sino también oponible a terceros, máxima tomando en consideración su condición de adquirentes a título oneroso y de buena fe.-
Relata que la sentencia en revisión tampoco valoró que el registro de propiedad inmueble no informó que el Sr. Juan Luis Geoghegan hubiera adquirido para su hijo, ni en el informe solicitado el 17/02/1.981 obrante a fs. 64 del proceso sucesorio del adquirente, ni al despachar el certificado de dominio peticionado por la escribana porta en fecha 26/03/2007, para concretar la promesa unilateral de compraventa y cesión de derechos hereditarios, que fuera adjuntado a la demanda.-
A partir de ello, estima incorrecto el pronunciamiento apelado en cuanto estima oponible la mentada modalidad de compra, a terceros quienes no habrían sido debidamente advertidos por el registro de propiedad, con la consiguiente afectación de sus derechos y de la seguridad del tráfico jurídico, habiendo omitido expedirse asimismo expedirse la sentenciante de grado respecto a la afectación del principio de buena fe, vulneración de la teoría de la apariencia y del ejercicio abusivo de derechos por parte del accionado.-
En tercer término atacan la imposición de totalidad de las costas a su cargo, siendo que claramente resultaron vencedores respecto del rechazo de la excepción de prescripción opuesta por la escribana demandada.-
En subsidio y para el supuesto en que se confirme el rechazo de la demanda, solicita la imposición de las costas por el orden causado, atento a las particularidades del caso, que a su entender justificaban la promoción de las presentes.-
Que habiéndose corrido traslado de la expresión de agravios la misma es resistida por los demandados mediante las réplicas presentas en fecha 18/03/22 y 30/03/22, con lo que una vez firme el llamado de autos y sorteado el orden e votación la cuestión ha quedado en estado de ser resuelta (conf. art. 263 del C.P.C.C.).-
II.-En tal labor, comenzaré por recordar que la C.S.J.N. ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.) y que tampoco tiene el deber de ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (Fallos 274:113; 280:3201; 144:611), paso a ocuparme de las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto, inclinándome por los medios probatorios que produzcan mayor convicción. En otras palabras, se considerarán los hechos jurídicamente relevantes.-
III. Precisado ello, adelanto que habré de coincidir con la sentenciante de grado en cuanto consideró aplicable al caso de autos el régimen regulado por el Cód. Civ., al resultar la norma vigente al momento en que acaecieran los acontecimientos en que los accionantes sustentan su pretensión nulidicente (conf. art. 3 del Cód. Civ. y art. 7 del C.C.C.).-
IV. Ya en tarea decisoria, encuentro decisivo para la solución del caso de autos repasar los términos de la escritura de compraventa n°54, realizada el 14/06/62 (ver copia obrante a fs. 38/45), cuya escritura de aceptación es atacada por los aquí accionantes.-
En dicho acto intervino por la parte compradora el Sr. Juan Luis Geoghegan, quien en la última parte del instrumento textualmente expresara: "...Y a su vez el comprador Señor Juan Luis Geoghegan dice: que acepta la presente escritura de compraventa otorgada a su favor por estar de acuerdo a los términos convenidos, que tiene ya la posesión material y efectiva de lo adquirido y que esta compra la efectúa para su hijo menor de edad, llamado Juan Carlos GEOGHEGAN, de diecinueve años de edad, con dinero del mismo obtenido con el producto de su trabajo personal en la actividad de colocación y reparación de molinos ..." (sic fs.44 vta/45., el resaltado en negrita me pertenece).-
Llegado a este punto, resulta oportuno recordar que: "...Según el principio "iura novit curia", la aplicación e interpretación de las normas legales pertinentes queda reservada a los jueces con abstracción de las alegaciones de las partes, es decir que los magistrados pueden enmendar el derecho mal invocado y suplir el omitido, y esto hace que sea necesario pronunciarse acerca de cuál es la ley aplicable al caso. Ello es así sin infracción al principio de congruencia y de defensa en juicio, puesto que es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con independencia del derecho que hubieren invocado las partes, en tanto y en cuanto, no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida...." (Sumario JUBA: B26424, SCBA LP C 122523 S 10/07/2019; SCBA LP C 118128 S 08/04/2015; SCBA LP C 116712 S 04/03/2015; entre otros).-
Aclaro ello, puesto que si bien la sentenciante de grado siguiendo la posición de los demandados, encuadró la cuestión dentro del régimen de la gestión de negocios ajenos, considero que dicha solución es incorrecta tomando en consideración el régimen legal vigente al momento de celebración de dicho acto: 14 de Junio del año 1.962.-
Para ello, debo iniciar por recordar que a la época del otorgamiento aún no se había dictado la ley 17.711 (sancionada el 26/04/1.968) que introdujera importantes reformas al régimen del Cod. Civ, las que no resultan aplicables al caso de autos, respecto de la compra celebrada en el año 1.962 (conf. art. 3 del Cód. Civ.).-
Que en dicho marco los menores que no hubieran cumplido los 22 años de edad eran incapaces (doctr. arts. 55 inc. 1, 126 y 128 del Cód. Civ.).-
Explicaba Llambías que: "...El antiguo art. 55, inc. 1° decía: "Son incapaces respecto de ciertos actos o del modo de ejercerlos: los menores adultos..."
Según la redacción del precepto pareciera que estos menores eran incapaces sólo respecto de actos determinados y por consiguiente básicamente capaces para la generalidad de los actos no mencionados. Sin embargo la realidad jurídica no era esa. La doctrina general de los autores concordaba en que aquella redacción no revelaba la efectiva situación de genérica incapacidad de los menores adultos.
Por tanto, también los menores adultos eran incapaces por regla general y sólo excepcionalmente capaces respecto de los actos determinados para los cuales estuviesen facultados. Allí donde la ley callaba funcionaba su incapacidad..." (Tratado de derecho Civil, Parte General T I. págs. 445/69).-
En la misma dirección explicaba Borda antes de la reforma introducida por la ley 17.711 que: "...Los impúberes son incapaces absolutos (art. 54), mientras que los adultos lo son relativos (art. 55). Pero hemos dicho ya que esta doble categoría de incapaces absolutos y relativos es falsa y carece de toda consecuencia (...).En el caso de los menores, la regla es siempre la incapacidad; sean impúberes o adultos, ellos sólo pueden realizar aquellos actos que les están expresamente permitidos..." (Tratado de Derecho Civil Argentino, Parte General TI, pág. 380, pub. 1.959).-
Tampoco se encontraba vigente la reforma introducida al art. 128 del Cód. Civ. que en su última parte facultaba a los menores adultos a administrar y disponer de los bienes que hubieran adquirido con el producido de su trabajo; por lo que ninguna duda cabe respecto a que al momento de efectuarse la compraventa el menor Juan Carlos Geoghegan era incapaz, incluso para disponer de los bienes que hubiera adquirido con su trabajo, resultando su padre quien en ejercicio de la patria potestad se encontraba autorizado para administrar dicho patrimonio y representarlo frente a terceros con quienes se encontraba autorizado a contratar (conf. arts. art. 55 inc. 1 y 2, 57, 126, 128, 264, 274, 293 y ccdtes. del Cód. Civ.).-
Precisado ello, queda en claro que el Sr. Juan Luis Geoghegan en ejercicio de la patria potestad, tenia a su cargo la representación de su hijo menor Juan Carlos, incluso respecto de los bienes que éste último hubiera adquirido con el producido de su trabajo, debiendo resaltarse asimismo que arriba a la presente instancia indiscutido que el precio fue abonado con el producido del trabajo del accionado (conf. art. 266 del C.P.C.C.).-
Que tales circunstancias a mi entender dan por tierra con la figura de la gestión de negocios invocada por los demandados y adoptada en la sentencia en revisión (doctr. arts. 2.288 y ccdtes. del Cód. Civ.), al tratarse de un instituto que presupone la espontaneidad de la gestión, y la ausencia de representación (voluntaria o legal), tal como expresamente lo pone de resalto el nuevo 1.781 del C.C.C.-
Así se ha sostenido que: "...No sólo la existencia de un mandato, sino la de cualquier otra relación obligatoria desplaza la idea de gestión. Desde que quien actúa respecto al dominus obligado a ello, no es gestor. No son gestores de negocios, ni el padre en ejercicio de la patria potestad, ni el tutor, ni el curador..." (López de Zavalía, Teoría de los Contratos. Parte General, pág. 310, el resaltado en negrita me pertenece).-
Descartada la figura de gestión de negocios, como así también todo vínculo contractual entre el progenitor y su hijo incapaz, y luego de releer la última parte de la escritura de compra realizada por el Sr. Juan Luis Geoghegan " para su hijo menor de edad, llamado Juan Carlos GEOGHEGAN, de diecinueve años de edad, con dinero del mismo obtenido con el producto de su trabajo personal en la actividad de colocación y reparación de molinos", y más allá de la confusa redacción de la escritura en donde se consigna al Sr. Juan Luis Geoghegan como comprador, considero que en verdad el mismo no lo hizo por derecho propio, sino en nombre e interés de su hijo menor de edad Juan Carlos Geoghegan, de cuyo patrimonio (producido de su trabajo en la reparación y colocación de molinos) estaba disponiendo en ejercicio de su patria potestad y en favor de quien expresamente dejara sentado estaba llevando adelante la operación (conf. arts. 55, 126, 128, 264, 274, 293 y cdtes. del Cód. Civ.), debiendo en consecuencia tenerse por perfeccionada la operación y la consecuente adquisición del dominio (se encuentra fuera de discusión que el padre adquirió la posesión del bien) en cabeza del por entonces menor, aquí demandado (conf. arts. 577, 1.323, 2.351, 2.377, 2.506 y ccdtes del Cód. Civ.).-
Tampoco resulta óbice para la interpretación propuesta, el debate doctrinario y jurisprudencial existente durante la vigencia del anterior código, en torno a la necesidad de requerir o no autorización judicial previa para la compra de inmuebles (defecto que en todo caso habría quedado subsanado atento a la inexistencia de planteo alguno por parte del por entonces menor de edad -conf. art. 1.048-); sino que también resulta un elemento más a la hora de interpretar los confusos términos de la compra efectuada por el Sr. Juan Luis Geoghegan en el año 1.962.-
Y es que tal como lo explica Urbaneja, "...Durante tiempo prolongado, el interrogante generado por esta controversia con el Código derogado, sumado a una escasa claridad conceptual del asunto, culminaron por generar redacciones confusas en las compraventas relacionadas con menores. En muchas de ellas resultaba dificultoso discernir si el adquirente había sido el menor, representado por sus padres, o si habían sidoéstos, que establecieron un beneficio para el menor..." (Práctica notarial de contratos usuales, pág. 103).-
Traigo esto a colación puesto es probable que la ausencia de la autorización judicial requerida por parte de la doctrina para la adquisición de un inmueble en favor de un menor, haya motivado la confusa redacción de la escritura en cuestión, argumento que junto a los categóricos términos de la declaración efectuada por el Sr. Juan Luis Geoghegan, respecto a que compraba para su hijo menor de edad, con dinero del mismo obtenido con el producto de su trabajo personal, me llevan a la convicción de que la operación fue realizada en ejercicio de la patria potestad, no solo en interés sino también en nombre del menor, a quien debe imputarse directamente los efectos de dicho acto (conf. arts. 55, 126, 128, 264, 274, 293 y cdtes. del Cód. Civ.).-
V. Conforme a lo hasta aquí expuesto, tengo por acreditado que el demandado Juan Carlos Geoghegan resulta ser titular dominial del inmueble en cuestión desde el momento mismo en que su padre en ejercicio de la patria potestad (en fecha16/06/1962), celebrara la escritura de compraventa y adquiriera la posesión del predio en su nombre e interés (conf. arts. 577, 1.323
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.