Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 8008 2018
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte demandada, y consiguientemente, confirmar la sentencia apelada (arts. 163 inc. 5º CPCC; 271 y 272 CCyC).
II. Las costas de Alzada se imponen a la parte demandada (art. 68 CPCC); difiriendo la regulación de honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 LH).
Nulidad de acto jurídico - Dolo como vicio de la voluntad
Expte. n°: JU-8008-2018 ROJAS MARCELO RUBEN C/ LAVAL PAOLA CELESTE S/ NULIDAD ACTO JURIDICO
------------------------------------------------------------------------------
En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-8008-2018 caratulada: "ROJAS MARCELO RUBEN C/ LAVAL PAOLA CELESTE S/ NULIDAD ACTO JURIDICO", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Volta y Guardiola.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
I. En fecha 23/8/2022, la Sra. Jueza subrogante a cargo del Juzgado de primera instancia n° 3, Dra. María Luz Rodríguez Traversa, dictó sentencia, por la que, en lo que a la apelación en tratamiento interesa, receptó la pretensión deducida por Marcelo Rubén Rojas contra Paola Celeste Laval, y consiguientemente, declaró la nulidad del contrato de cesión de acciones y derechos posesorios del inmueble sito en la calle Guido Spano n° 732 de Lincoln, celebrado entre la demandada, en el rol de cesionaria, y la fallecida madre del actor, Marciana Irma Contreras, en el rol de cedente. Impuso las costas a la demandada y difirió la regulación de honorarios profesionales.
Para adoptar tal decisión, la sentenciante comenzó diciendo que se encuentra fuera de discusión, por un lado, que la Municipalidad de Lincoln le adjudicó el inmueble en cuestión a la señora Contreras; quien cedió a la demandada, los derechos posesorios sobre el mismo, por medio del instrumento privado de fecha 9/12/2015, cuyas firmas fueron certificadas notarialmente; y por otro lado, que el actor es heredero declarado de la cedente.
Seguidamente, expuso que la avanzada edad que tenía la señora Contreras al momento de la celebración del contrato impugnado, obliga a valorar la cuestión desde una perspectiva que abrigue el estado de vulnerabilidad propia de los adultos mayores.
Continuó manifestando que, de acreditarse el ardid o maniobra que el actor sostiene que la demandada empleó para que su madre firmara el documento por el que cedió derechos de un modo diferente al que creía hacerlo, se configuraría un error sobre la naturaleza del acto.
Señaló que la demandada produjo escasa actividad probatoria tendiente a apoyar su versión defensiva, basada en la inexistencia de error de la señora Contreras en la celebración de la cesión onerosa.
Remarcó que quedó fuera de disputa que la señora Contreras fue trasladada hasta la escribanía e invitada a rubricar el instrumento en el que consta la cesión.
Hizo hincapié en que en el acta notarial llevada a cabo posteriormente, la señora Contreras afirmó que nunca fue su voluntad ceder, vender o transferir su casa a persona alguna, y que no recibió ninguna suma a cambio de venta o cesión alguna, sino que se solamente se la prestó a su nieto Franco Alberto Carpintero, para que viva temporalmente, mientras ella estuviera en el geriátrico.
Sostuvo que los términos de tal acta notarial, resultan corroborados por las declaraciones de los testigos Delia Contraras, Carlos Itse y Humberto Rojo, y con el informe remitido por el hogar donde la señora Contreras estaba alojada; elementos que arrojan una fuerte convicción de que lo manifestado por ésta ante la notaria, no resulta producto de incitaciones externas del actor.
Agregó que en el instrumento en el que se formalizó la cesión onerosa, consta que el precio de la misma fue abonado con anterioridad a su suscripción; en tanto que la testigo Afonso, ofrecida por la demandada, dijo que ésta lo fue pagando de a poco, como podía.
Siguió exponiendo que la demandada no explicó que parámetros se tomaron para la determinación del precio, ni tampoco acreditó tener capacidad de pago del mismo.
Por último, concluyó que obran elementos suficientes para tener por probado que no fue voluntario el contrato de cesión impugnado, porque existió un error esencial en la voluntad de la señora Contreras, quien creyó estar otorgando el préstamo de uso de su vivienda.
II. Contra este pronunciamiento, la demandada interpuso apelación en fecha 1/9/2022; recurso que, concedido libremente, motivó la remisión de la causa a esta Cámara, recibiéndose la correspondiente expresión de agravios en fecha 20/9/2022.
En dicha presentación, la apelante solicitó que se revoque la sentencia apelada, y consiguientemente, se rechace la demanda y se tenga por válido el contrato de cesión de acciones y derechos posesorios en cuestión.
Sostuvo que la sentenciante declaró la nulidad de un acto realizado de buena fe y en cumplimiento de todos los recaudos legales correspondientes, con firmas certificadas, del que nació un derecho con pleno consentimiento de ambas partes.
Dijo que la señora Contreras, realizó la cesión de derechos posesorios bajo su absoluta decisión y voluntad, sin sufrir ningún abuso de confianza, ni inducción, ya que nunca hablaron de un préstamo de uso de la casa.
Agregó que la cesión se realizó con la total voluntad de ambas partes, manifestada por medio de firmas certificadas, sin que por ley se exigiera la realización previa de un examen de capacidad jurídica de la cedente.
Continuó diciendo que la sentenciante restringió los derechos de la cedente, sin ninguna prueba de que la misma padeciera una alteración mental de gravedad que le impidiera el autogobierno; ya que, en realidad, sólo presentaba las declinaciones físicas y psíquicas propias de una vejez no patológica.
Siguió argumentando que ella era quien cuidaba, visitaba y estaba con la señora Contreras todos los días; la cual, al momento de la firma de la cesión, gozaba de plena capacidad jurídica, y actuó con discernimiento, intención y libertad.
Insistió en que celebró la cesión de derechos posesorios con la madre del actor, la que, con total discernimiento, decidió cederle la propiedad de su casa, por su propia decisión.
Expuso que, según el acta notarial, la señora Contreras manifestó verbalmente que nunca fue su voluntad ceder, vender o transferir su casa a persona alguna; pero lo hizo bajo la coerción del actor, quien la manipuló para obtener parte de la herencia.
Añadió que resulta ilógico el planteo del actor, ya que, por un lado, adujo con apoyo en el acta notarial, la falta de voluntad de su madre en la realización de la cesión; pero por otro lado, la consideró una persona totalmente capaz en el momento de la realización del acta notarial.
Aseveró los testigos son amigos del actor, que intentaron beneficiarlo repitiendo sus dichos, sin especificar fechas, ni demostrar que los dichos que le atribuyeron a la señora Contreras, hayan sido vertidos por ella y no por el actor.
Asimismo, impugnaron el informe remitido desde el hogar en donde se encontraba internada la señora Contreras, aduciendo que el mismo fue redactado por la letrada patrocinante del actor, sin basarse en registros o archivos de la institución.
Relató que cuando Irma se encontraba instalada en el hogar Las Marías, decidieron junto con su pareja, que era nieto de aquella, mudarse a la casa de ella, quien voluntariamente les ofreció esa posibilidad, ya que se preocupaba mucho por sus hijos.
Concluyó argumentando que no puede fundarse la sentencia en la edad de la cedente, ya que limitarse a esa única característica, trae aparejada la limitación de derechos de las personas mayores.
III. Corrido traslado de la expresión de agravios reseñada precedentemente, el actor lo contestó en fecha 11/10/2022, solicitando inicialmente que se declare la deserción de la apelación, por insuficiencia en su fundamentación, y subsidiariamente, la desestimación de la misma; luego de lo cual, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a la presente causa en condiciones de resolver.
IV. En tal labor, comienzo por señalar que la expresión de agravios presentada por la demandada no adolece de la insuficiencia técnica que le achaca el accionante; razón por la cual, independientemente de la suerte que en definitiva corra la apelación por aquella deducida, corresponde el rechazo de la declaración de deserción peticionada por este último (arts. 260 y 261 CPCC).
V. Pasando ahora al tratamiento del recurso, cabe señalar que, pese a que la parte actora invocó como causal de nulidad del contrato impugnado, el error de hecho sobre la naturaleza del acto, y la sentenciante, receptó la pretensión, teniendo por acreditado dicho vicio de la voluntad; analizando detenidamente el tenor de las afirmaciones contenidas en la demanda, y ejerciendo a partir de esta inalterable plataforma fáctica, la facultad derivada del principio "iura novit curia"; concluyo en que el vicio invocado como nulificante del acto, es el dolo (art. 163 inc. 6º CPCC).
Baso esta conclusión, en que, según surge del relato del actor, la demandada, mediante maniobras de engaño, indujo al error de su madre respecto de la naturaleza del acto impugnado; razón por la cual, forzoso es colegir que, de haber existido, se trataría de un error provocado.
Por lo tanto, corresponde enmarcar el presente caso, en el régimen de la nulidad derivada del dolo como vicio de la voluntad (arts. 271 y 272 CCyC).
Sentado ello, comienzo por recordar que el actor no basó la nulidad pretendida en la incapacidad o en la restricción de la capacidad de su madre, ni tampoco en la falta de discernimiento de la misma; motivo por el cual, los argumentos recursivos asentados en la plena capacidad de ejercicio de la señora Contreras, y en su aptitud general para comprender la naturaleza del acto jurídico a realizar y sus consecuencias, son absolutamente irrelevantes; dado que la causal de nulidad es el dolo o error provocado, que sólo excluye la intención como elemento interno del acto voluntario (arts. 32 y 261 CCyC).
Por lo tanto, el éxito del planteo nulificante, depende de que el actor haya logrado probar que, al momento de la realización de la cesión impugnada, la voluntad de su madre estaba viciada, a causa de las maniobras de engaño pergeñadas por la demanda, con la finalidad de evitar que el instrumento redactado refleje la verdadera voluntad de aquella.
Al respecto, resulta pertinente aclarar que pesa sobre el actor, la carga de la prueba del dolo invocado, pudiendo acudir a cualquier medio probatorio, entre los que adquiere relevancia la prueba de presunciones, debido a las características propias de la acción dolosa (conf. Julio César Rivera, "Instituciones de Derecho Civil. Parte General", Tomo II, pág. 813).
El actor, a fin de probar el dolo de la demandada, adjuntó el acta notarial contenida en la escritura pública n°3 pasada ante la escribana Laura Susana Montani en fecha 26/1/2016, en la que se dejó constancia de que la señora Marciana Irma Contreras manifestó que "... nunca fue su voluntad ceder, vender, y/o transferir su casa de calle Guido Spano 740 de esta ciudad, a persona alguna; que no ha recibido nunca suma alguna a cambio de su venta o cesión. Sólo reconoce habérsela prestado a su nieto Franco Alberto Carpintero, para que viva allí temporariamente mientras ella se encuentre residiendo en el geriátrico ..." (ver fs. 16/17).
Este instrumento público sólo hace plena fe de que la señora Contreras le manifestó a la escribana interviniente que nunca había cedido a ninguna persona los derechos sobre su vivienda, ni había recibido dinero por ninguna operación vinculada a la misma; pero, en cambio, no hace plena fe de que la declarante obró con su voluntad viciada por el dolo de la demandada (art. 312 CCyC).
Por ello, a tal efecto, esta declaración de la señora Contreras necesitaba ser corroborada por otros medios probatorios.
Eso intentó el actor con el ofrecimiento de las declaraciones testimoniales.
La testigo Delia Contreras, hermana de Marciana Irma Contreras, declaró que ésta le dijo que había otorgado en préstamo su vivienda, para que no la usurparan, y que en una ocasión la encontró triste porque la habían llevado a pasear y almorzar, que había ido confiada y ahora estaba arrepentida de algo que había hecho, pero que no supo explicarle qué era.
El testigo Carlos José Itse expuso que la señora Contreras le dijo que estaba apenada, porque le habían hecho una maniobra para ceder una cosa, con lo que no estaba conforme.
Coincidentemente, el testigo Humberto Ramón Rojo declaró que la señora Contreras le dijo que le había prestado su casa a su nieto Franco.
Asimismo, debe considerarse especialmente que la señora Contreras tenía 92 años al momento de suscribir el instrumento en el que consta la cesión, etapa etaria en la que en la que es normal que las personas sufran limitaciones psicofísicas, que las tornan vulnerables.
En cambio, la demandada se limitó a una mera negativa de los hechos invocados por el actor, sin producir los medios probatorios encaminados a demostrar la coincidencia entre la voluntad declarada de la señora Contreras y la real voluntad de la misma de ceder los derechos posesorios sobre su inmueble.
Sólo produjo prueba testimonial, con la declaración de las testigos María Susana Alfonso y Noelia Viviana Carrelo.
Ambas testigos dijeron que el actor fue quien le ofreció a la demandada, la cesión del inmueble, dato que contradice el relato contenido en la contestación de demanda, en el que aquella dijo que "... aproximadamente a principios del año 2012, y luego de que Irma se encontrara instalada en el hogar, decidimos junto con mi pareja (en ese entonces nieto de Irma), mudarnos a la casa donde vivía Irma, fue ella quien nos ofreció esa posibilidad , ya que sabía que teníamos hijos y se preocupaba mucho por ellos. Teníamos una excelente relación y ella siempre fue muy agradecida conmigo ..." (ver fs. 87, el entrecomillado encierra copia textual, salvo el resaltado que me pertenece).
También la testigo Alfonso, con sus dichos, contradijo al texto del instrumento de cesión de derechos y acciones posesorios, ya que aquella dijo que la demandada y su esposo fueron pagando en cuotas y de a poco el precio de la cesión; en tanto que en la cláusula cuarta de dicho instrumento, se dejó sentado que " Las partes declaran que la presente cesión se efectúa a título oneroso. El precio de este contrato es de pesos ciento ochenta mil ($ 180.000), que la cedente declara haber recibido de la cesionaria, sirviendo el presente de suficiente recibo y carta de pago en forma. Ambas partes ratifican que el pago recién consignado se ha efectuado en efectivo y en billetes de dicha moneda " (ver fs. 81vta., el entrecomillado encierra copia textual).
Estas contradicciones con la versión fáctica de la demandada y con el texto del instrumento del que surge el derecho por ella invocado, merman notoriamente la fuerza probatoria de las declaraciones de estas testigos (arts. 384 y 456 CPCC).
Además, la demandada tampoco probó su capacidad económica para pagar el precio de los derechos posesorios adquiridos, ya que no produjo ninguna prueba del origen de esos fondos.
En conclusión, tengo por probado un cúmulo de hechos que, por su precisión, gravedad y concordancia, se erigen en indicios no desvirtuados, cuya valoración conjunta en el marco conformado por las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores al acto en revisión; permite tener por probado, por vía presuncional, el dolo de la demandada que indujo al error de la señora Contreras en la naturaleza del acto, dado que la misma, al suscribir el instrumento privado de fs. 81/82, se representó estar otorgando un comodato en favor de su nieto.
Por ello, reputando involuntaria la cesión que dolosamente se hizo constar en el instrumento erróneamente suscripto por Marciana Irma Contreras, e inexistente el pago del precio por la misma, corresponde declarar la nulidad de dicha cesión (art. 390 CCyC).
Como forzoso corolario de todo lo expuesto, se impone la desestimación de la apelación en tratamiento (arts. 163 inc. 5º CPCC; 271 y 272 CCyC), con costas de Alzada a la apelante (art. 68 CPCC).
ASI LO VOTO.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Volta dijo:
Que se adhiere y hace suyo todos los fundamentos y conceptos doctrinarios y legales dados por el Sr. Juez preopinante en primer término, Dr. Castro Durán, votando en consecuencia en el mismo sentido.
ASI LO VOTO.-
TAMBIEN A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola dijo:
Adhiero al voto del Dr. Castro Durán, en cuya fundamentación se realiza una concreta aplicación de los principios consagrados por la Convención interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores (ley 27360), en particular en su art. 23.
Agrego que si bien comparto a la luz de los elementos probatorios analizados el encuadre que iura novit curia hace bajo el dolo como vicio de la voluntad que afectó a la Sra. Contreras, a igual solución se llegaría considerándolo como se hizo en primera instancia simplemente como error ya que los requisitos de la figura en cuanto a su caracteres esencial y especialmente reconocible (arts. 265 a 267 CCCN; cfme Tobías José W. en "Código Civil y Comercial Comentado Tratado exegético" 2a ed. La Ley To. II p. 185 y ss) se encuentran satisfechos, al margen de la actitud activa que tuvo la demandada para la celebración del acto impugnado.
ASI TAMBIÉN LO VOTO.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE:
I. Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte demandada, y consiguientemente, confirmar la sentencia apelada (arts. 163 inc. 5º CPCC; 271 y 272 CCyC).
II. Las costas de Alzada se imponen a la parte demandada (art. 68 CPCC); difiriendo la regulación de honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 LH).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Volta y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA :
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve:
I. Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte demandada, y consiguientemente, confirmar la sentencia apelada (arts. 163 inc. 5º CPCC; 271 y 272 CCyC).
II. Las costas de Alzada se imponen a la parte demandada (art. 68 CPCC); difiriendo la regulación de honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 LH).
Regístrese, notifíquese automáticamente, conforme lo dispuesto por el art. 10 del Ac. 4013 SCBA. y oportunamente remítanse al juzgado de origen.-
Firmas
Funcionario Firmante: 29/11/2022 10:30:09 - GUARDIOLA Juan Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2022 10:30:19 - CASTRO DURAN Ricardo Manuel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2022 11:02:44 - VOLTA Gaston Mario - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2022 11:09:06 - DEMARIA Pablo Martin - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 29/11/2022 11:10:07 hs. bajo el número RS-322-2022 por Demaría Pablo Martín.
Fin de la sentencia