Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI 115853
Nro de Orden: 68
Libro: S-196
Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 5
Expte: SI-115853
Juicio: DI PALMA MARIO DARIO C/ ATLANTICA DE JUEGOS SA S/ NULIDAD ACTO JURIDICO
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Septiembre de
2016, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de
Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos
Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y LAURA INES ORLANDO, con la presencia de la
Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-115853 , en los autos: “DI PALMA
MARIO DARIO C/ ATLANTICA DE JUEGOS SA S/ NULIDAD ACTO JURIDICO”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales
de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la
votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Laura I. Orlando.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia de fs. 358/71 es apelada por ambas partes, expresando agravios la actora a fs.
384/89 y la demandada a fs. 392/93, siendo contestados a fs. 400/02 y 393 respectivamente.
II. Antecedentes.
1. El sr. Mario Darío Di Palma promovió demanda Atlántida de Juegos S.A. por cobro de la
suma de $ 954.635,41 en concepto de premio obtenido en las máquinas “tragamonedas” en el
establecimiento de juegos y apuestas “Bingo Chivilcoy”, de propiedad de la accionada, y por
indemnización de daño moral – que estimó en la suma de $ 200.000 -, con más sus intereses.
Dijo que el 18/10/07 concurrió al establecimiento indicado y en ocasión de estar jugando en
una de las máquinas electrónicas, a eso de las 12.30 hs., fue favorecido con un premio de $
999.999,95 (conforme aclaración numérica hecha a fs. 180), por lo que llamó al personal para
que le suscribieran el comprobante y poder percibirlo. Los empleados le dijeron que ello no
era posible porque debían consultar al personal jerárquico de la empresa, luego de lo cual se le
acercaron personas del establecimiento que le dijeron que el premio no iba a ser pagado
porque se debía a un error de la máquina, y le pidieron que esperara al abogado de la empresa
para “negociar” el pago.
Continuó narrando que permaneció al lado de la máquina (identificada como N° 397) para
evitar que se alterara o borrara el registro del premio obtenido, habiendo otros testigos, y, en
medio de la tensión, el personal de la empresa insistió en que fueran a otro lugar para
convenir el pago, a lo que, luego de una hora y media, accedió, previo asegurarse que una
testigo se quedara al lado de la máquina cuidando que no fuera alterada. Acompañado por
personal de seguridad, fue al primer piso, donde fue atendido por autoridades de la empresa,
le fue exhibido el video del momento en que obtuvo el premio y, luego de “invitarlo” a que
apagara el teléfono celular, le ofrecieron pagarle $ 10.000, suma que rechazó. Pidió que
subieran su abogado y su tío, quienes habían llegado, y se lo negaron, pero habló por teléfono
con ellos y le dijeron que le impedían tener contacto con él. En un ambiente tenso e
intimidatorio – continuó -, finalmente le ofrecieron $ 46.364,54, argumentando que era el
monto del premio máximo de esa máquina. En condiciones de stress y presión psicológica, e
impedido de tener asistencia legal, aceptó la oferta, convencido de que luego podría reclamar
la diferencia.
Siguió relatando que el ofrecimiento fue condicionado a que se retirara del lugar por una salida
distinta a la habitual, sin tomar contacto con las personas que lo esperaban, y que volviera a
Chacabuco sin prender el celular, lo que así aconteció dado que, luego de entregado el dinero,
fue acompañado por personal de la empresa hasta su automóvil y lo siguieron hasta
asegurarse que estaba en la ruta camino a esa ciudad. Al llegar a su domicilio se comunicó por
celular con las personas que habían ido al bingo, y le dijeron que una escribana había labrado
un acta, donde se describieron las maniobras realizadas para impedirle el contacto con ellos y
otras circunstancias, para finalmente decirles un gerente de la empresa que el actor había
regresado a su casa.
Dijo que el 31/10/07 envió una carta-documento a la demandada, alegando la nulidad del
recibo firmado e intimó el pago del saldo del premio. La empresa contestó con fecha 6/11/07
rechazando la intimación, lo que fue nuevamente contestado por el actor, haciendo saber que
haría las denuncias administrativas y acciones judiciales pertinentes.
Expresó que hizo la denuncia en el Instituto Provincial de Lotería y Casino (IPLyC) en su
condición de autoridad de aplicación de la ley 13.063, formándose un sumario, de resultas del
cual fue comprobada la obtención del premio, toda vez que del listado “cash slips” surge
registrado un premio de $ 999.999,95 el 18/10/07 a las 12:30:27 hs. en la máquina n° 41-397;
que la accionada no había descontado el premio pagado pese a que el recibo se imputó a
“pago de premio progresivo” obtenido en esa máquina. El IPLyC no concluyó que el premio no
se hubiera obtenido sino que ello excedía su competencia, pero aplicó la sanción de
apercibimiento a la empresa por no denunciar la ocurrencia del hecho ni registrarlo en los
libros rubricados conforme a la legislación aplicable.
De acuerdo a lo expuesto, dedujo la nulidad del recibo por lesión subjetiva, toda vez que había
sido suscripto en una situación de manifiesta inferioridad, con aprovechamiento por parte de
la demandada para obtener un desproporcionado beneficio económico (pago de $ 46.000 en
lugar de $ 999.999,95).
También accionó por cumplimiento de contrato, exigiendo el pago del premio, por
indemnización del daño moral sufrido, y daño emergente (gastos incurridos).
2. Contestó la demandada, negando la versión de los hechos relatados en la demanda. Dijo
que el 18/10/07 Di Palma se hallaba apostando en las máquinas tragamonedas, y a eso de las
13 hs. le dijo al jefe de la sala, Cristian Olea, que en la máquina Bally Black Gold n° 410397
había ocurrido un hecho extraño, consistente en que por un instante la pantalla había marcado
un premio de $ 999.999,95 e inmediatamente se había puesto azul, lo que el mencionado
comprobó, como asimismo que no respondía a ningún control externo. El sr. Olea le dijo que la
máquina había sufrido algún tipo de desperfecto y que no se hallaba programada para otorgar
un premio de ese monto, sin perjuicio de lo cual verificó que en los controles de la caja del
Bingo y en los contadores de la máquina no aparecía algún premio por esa cantidad. Además –
dijo -, toda vez que cada máquina se hallaba conectada permanentemente por internet con el
IPLyC, se consultó con el proveedor del servicio, Boldt S.A., para que informara si en sus
sistemas se había detectado el premio referido, lo que fue contestado en forma negativa.
Explicó el sistema de funcionamiento de las máquinas tragamonedas y dijo que la que estaba
en cuestión otorgaba premios progresivos en común con otras con las que trabajaban en red, y
que todo quedaba registrado y controlado por el programa Hiperión del IPLyC.
Dijo que se le explicó todo a Di Palma, quien se entrevistó con su abogado, y luego de las 15
hs. fue entrevistado por gerentes de la empresa, que no quiso bajar para hablar
personalmente con su tío y otro abogado y expresó que era su intención resolver la cuestión
en forma beneficiosa para él, y finalmente aceptó el ofrecimiento de pago del premio mayor
que le hubiera correspondido según la máquina utilizada. Aclaró que dicha suma fue aportada
por la empresa, razón por la cual no se descontó como premio mayor de la recaudación, y dijo
que Di Palma aceptó la oferta y se fue por la puerta trasera para no ser visto. Finalmente,
expresó que la máquina n° 397, junto con las otras dos en red, quedaron fuera de servicio
hasta el 1/11/07, dado que la primera fue reparada. Reconoció el intercambio epistolar.
Finalmente dedujo reconvención por pago de $ 46.364, con más intereses, aduciendo que el
pago realizado al actor había sido sin causa, dado que el premio no había existido. Dijo que el
pago indebido era un cuasicontrato por el cual una persona cancela por error una cosa que no
debe y genera para el que lo recibe el deber de devolver la suma percibida.
3. Corrido el traslado de la reconvención, contestó el actor pidiendo su rechazo. Reiteró el
relato de las condiciones y forma en que el pago se efectuó.
III. Sentencia.
Producida la prueba, se dictó sentencia rechazándose tanto la demanda con reconvención, e
imponiendo las costas por su orden.
Para así decidir, el juez, luego de aclarar en qué consistía el contrato de juego o de apuesta,
consideró que en las actuaciones administrativas labradas el IPLyC había constatado que no
existían registros del evento en el sistema, ya que, según el responsable del programa Hiperión
no se observaba ninguna máquina que hubiera presentado una ganancia negativa que pudiera
asociarse con el pago referido por el actor (“ganancia de contadores”) y que el “pago manual”
de $ 999.999,95 recibido por el sistema de la máquina n° 41-397 no surgía del movimiento de
contadores y en ningún momento se indicó cuál era el premio máximo que pudieran pagar
esas máquinas tragamonedas como para determinar si el quantum del premio que el actor
decía haber obtenido era acorde con esos parámetros. Dijo, además, que del peritaje
informático realizado en autos no surgían elementos inequívocos como para concluir que el
premio se hubiera obtenido, como así tampoco de la prueba testimonial.
Respecto de la acción de nulidad de acto jurídico, luego de analizar la prueba, sostuvo que no
se hallaban reunidos los extremos del art. 954 del C.Civil.
No acreditado el incumplimiento contractual, desestimó el reclamo indemnizatorio por daño
moral y daño emergente.
Por último rechazó la reconvención dijo que la demandada no había demostrado que al actor
no le correspondía el premio abonado, que lo pretendido implicaba contrariar sus propios
actos anteriores, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, sumado a ello que el art.
2063 del C.Civil que lo pagado voluntariamente por deudas de juego era irrepetible.
IV. Agravios.
1. El actor en sus agravios dice que la obtención del premio pretendido se halla probado con
los reportes de fs. 94 y 95 del expediente administrativo, y que todo lo demás aludido en la
sentencia – falta de registro en el movimiento del contadores o rodillos, que no se registró la
ganancia obtenida, etc. – son cuestiones técnicas internas del Bingo e inconducentes a los
efectos de determinar si se cumplió o no con la condición contractual para el nacimiento de la
obligación.
Sostiene que la única condición necesaria para ello fue registrada en el sistema “on line” – que
la perito informática dice que no falló -, que reporta cualquier evento inmediatamente al
IPLyC, y así lo hizo dando cuenta del premio máximo de pago manual de $ 999.999,95 en la
máquina 41-397 el día denunciado. Dice que la sana crítica no habilita al juez a desdoblar el
valor probatorio del expediente administrativo, tomando algunos elementos y otros no.
Se agravia de que el juez no aplique el art. 1735 del C.C.C., que recepta la teoría de las cargas
probatorias dinámicas, de acuerdo a la cual se atribuye el peso de la prueba a la parte que está
en mejores condiciones de hacerlo. Sostiene que el juez en su sentencia admite tener dudas
sobre la obtención del premio, y que, si ello es así, por aplicación de ese principio, debió
inclinarse a favor de admitir la demanda, siendo erróneo imputarle al actor no haber probado
cuál era el premio máximo que la máquina podía otorgar. Esto debió probarlo la demandada y
no lo hizo simplemente porque no existía, toda vez que el premio “jackpot” o “progresivo”, por
definición, no tiene monto máximo, ya que se va acumulando en una “isla” y en algún
momento sale.
Dice que el Bingo cuenta con un sistema de cámaras que graban todo lo que ocurre en el
establecimiento y que, intimada a acompañar las filmaciones a tenor del art. 386 del C.P.C., no
lo hizo, lo cual crea una presunción en su contra
Finalmente, en relación al rechazo de la nulidad del acto jurídico por vicio de lesión, sostiene
que primero debe concluirse que obtuvo el premio de $ 999.999,95, y que el obligado al pago
pretendió desobligase abonando el 5 % de ese monto, lo cual denota la magnífica
desproporción de las prestaciones.
2. La demandada se agravia del rechazo de la reconvención. Sostiene que, si bien el art. 2063
del C.C. prescribe la irrepetibilidad de las deudas de juego, los artículos siguientes hacen
excepción cuando hubiera dolo o fraude, lo que también ocurre cuando ha habido mala fe,
conducta que es atribuible al actor, dado que exigió con vehemencia el pago de un premio que
no había obtenido. Reitera su concepción acerca del pago indebido expuesta al contestar la
demanda.
V. Solución del caso.
1. Aclaración previa.
Como bien dice el actor, previo a resolver la pretensión de nulidad del acto jurídico (recibo de
pago) debe dilucidarse si obtuvo o no el premio denunciado en la demanda, dado que el
elemento objetivo del vicio de lesión previsto en el art. 954 del C.C. es la “ventaja
evidentemente desproporcionada y sin justificación”. Obviamente, no puede resolverse acerca
de ello sin analizar la cuestión central de este pleito.
2. Sobre la obtención del premio.
Es preciso señalar que desde el momento que el actor ingresó al local de la demandada y
comenzó a participar de los juegos de azar ofrecidos (máquinas “tragamonedas”), se entabló
entre las partes una relación contractual. Hubo una oferta consistente en poner a disposición
de quien ingresara al establecimiento la participación en juegos de azar a cambio del álea de
ganar sumas de dinero, y una aceptación de la misma por parte de la actora, configurándose el
contrato de juego de azar (arts. 1137, 1138, 1139, 1144, 1145, 1146, 1173, 1197, 2051, 2052 y
cctes. C.C.). Al mismo es aplicable la Ley de Defensa de Consumidor, ya que se entabla una
relación entre un proveedor de un servicio y un consumidor como destinatario final (art. 1)
(esta Sala, causa n° 112.796, “Palacios, Betty Melba c/Argentone S.A. y ot. s/Daños y
perjuicios”, 10/12/09; pub. en L.L. RCyS 2010-X, 59, con comentario de Graciela Lovece).
Ello implica que son aplicables al caso de autos todas las normas que regulan tal tipo de
relación. En especial, para lo que aquí interesa: el art. 4 en cuanto obliga al proveedor a
suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las
características esenciales de los bienes y servicios que provee, y el art. 53 que prescribe que
los proveedores deben aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su
poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria
para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.
Esta última disposición es muy importante dado que lo primero que está debatido en autos es
si está probado que el actor obtuvo el premio que motiva su demanda, y en pocos casos como
este se pone tan evidencia la razón de ser del art. 53 de la LDC. Ello así porque, naturalmente,
quien concurre a una sala pública de juegos de azar no lo hace tomando las precauciones para
que no se le desconozcan los premios que pueda obtener (v.g. llevando testigos o escribanos
para labrar actas). Parte de la base de que ello no ocurrirá. La buena fe en la ejecución del
contrato es esencial. Debe existir confianza por parte del consumidor del servicio de que “le
cumplirán”, la que también es esencial para el proveedor, ya que sin ella nadie concurriría a
una sala de ese tipo.
Tan importante es esta confianza que debe generarse cuando se realiza la oferta pública de
participar en juegos de azar a cambio del álea de recibir premios que se trata de una actividad
regulada por el Estado provincial (ley 13.063, y decr. 2195/06), que se reserva la
administración y explotación de todos los casinos y salas de juego, de forma tal que sólo
pueden los particulares explotar la actividad como concesionarios (art. 37 Const. Prov.;
S.C.B.A., C. 92.817, “Cabrió, José M. c. Mancini, Mario s. Daños y perjuicios”, sent. del
18/08/10), sujetos al control de la autoridad de aplicación (Instituto de Lotería Provincial y
Casinos).
Fundamental importancia tiene, entonces, lo actuado por la autoridad administrativa con
motivo de la denuncia que el actor efectuara (expte. 2319-41962/2008, que corre por cuerda).
Surge de estas actuaciones que del “listado de Ganancia de Contadores” del sistema Boldt no
se observa ninguna máquina con una ganancia negativa ni tampoco un “pago manual” que
pueda asociarse a la denuncia (fs. 72). Sin embargo, a fs. 97 el responsable del Programa
Hiperión (verificador del funcionamiento de las máquinas) da cuenta de que el día 18/10/07, la
máquina N° 041-0397 reporta en “Eventos de máquinas/Controlador (Core)” a las 12:19:01 hs.
un “Premio Máximo” (fs. 94), y el reporte de “Cash Slips (Core)” que el sistema recibió un
evento de “Pago Manual” por “un importe” de “999999,95” (fs. 95). En el mismo informe de fs.
97 se aclara que esos montos no surgen del movimiento de contadores y del reporte de
“Contadores Resumen” (fs. 96) no se evidencia un movimiento de contadores que se
corresponda con el premio reclamado.
Ahora bien, a fs. 99 el Director Jurídico Legal del IPLyC le pide a la Jefa del Departamento
Bingos que amplíe el informe en cuanto al sistema de premios progresivos; o sea, si la sala se
encontraba autorizada a otorgar en la UID (máquina tragamonedas) involucrada ese tipo de
premios, a cuánto ascendían los mismos y si es factible que el reclamante haya sido acreedor
del premio en cuestión. La funcionaria respondió que, según lo informado por la Dirección de
Sistemas, el pago del premio reclamado correspondería a un pago “jackpot” o pago manual
propio de la máquina (fs. 100).
Finalmente, el expediente termina con una resolución del IPLyC (del 13/04/2010), que da
cuenta de lo arriba señalado pero que el concesionario no había registrado ni denunciado los
hechos que motivaron las actuaciones administrativas en el libro rubricado, por lo que aplica
una sanción de apercibimiento (fs. 166/67). Recurrida la medida por Atlántida Juegos S.A., se
rechazó el recurso (fs. 194).
Con motivo del oficio librado por el Juzgado, se formó el expte. 2319-37998/2012 (agregado a
continuación del anterior), donde a fs. 86 se da cuenta de la incoherencia entre el reporte
“cash slips” - que refleja un premio de “999999,95” – y lo registrado en los contadores, y se
dice que “es una cuestión que esta Autoridad de Aplicación no puede determinar, cuya
competencia comprende la realización del cálculo de beneficio en base a la información dada
por los contadores a través del sistema”. Y agrega: “Las circunstancias por las cuales una
máquina puede generar estos eventos de premio configuran una cuestión de configuración,
extremo éste que debería ser objeto de consulta con el fabricante”.
Es decir, claramente la autoridad de aplicación da cuenta de una contradicción entre el
“registro de contadores” de la máquina en cuestión y lo que surge del sistema del Programa
Hiperión de verificación “on line” del funcionamiento de las máquinas de las salas autorizadas
de la provincia.
Para entender en qué consiste lo primero recurrimos a la prueba pericial informática
producida en autos (fs. 315/17), pero no nos aclara demasiado lo sucedido (art. 474 C.P.C.). Da
cuenta de que las máquinas funcionan con un rodillo interno conectado a una PC, con
funcionalidad y poder de cómputo restri
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.