Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 77527
Causa N°77.527-1/12 Reg. Elec. RS N° /24.
Expte.N° SM 33.006/2014 Sala Segunda.
En General San Martín, a los días del mes de junio del año dos mil veinticuatro reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, Sala Segunda, integrada con el señor juez Dr. Carlos Ramón Lami (Ac. Ext. N° 890 de este Tribunal), con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia las causas N° 77.527-1 caratulada “STAUBER YOLANDA C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALLE BOLIVIA 3032/36 Y OTRO S/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO” habiéndose asignado el siguiente orden de votación: Lami, Valdi.
De conformidad con lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión propuesta, el señor juez Dr.Lami dijo:
I. La sentencia dictada con fecha 7/7/2023 es apelada por la parte actora el día 14/7/2023.
El recurso fue concedido con fecha 3/8/2023.
II. En la expresión de agravios presentada electrónicamente el día 1/2/2024 –que mereciera réplica de la contraria con fecha 26/2/2024- la parte actora se agravia por el rechazo de la acción de nulidad de acto jurídico deducida.
En el primero, segundo y tercer agravio cuestiona que se haya concluido que la acción de nulidad de la asamblea nro. 1 de fecha 23/7/2010 fue interpuesta en forma extemporánea por aplicación del art. 4030 del C.C y al plazo de caducidad de 30 días que dispone el art. 2060 del CCYCN.
Aduce que resulta aplicable al caso de autos el Código Civil Velezano. Por ello, y ante el improbable caso que estuviésemos ante una nulidad relativa –en tanto sostiene que la de autos se trata de una nulidad absoluta- tomó conocimiento del acta respectiva cuando el demandado contestó demanda y dedujo reconvención en el marco de los autos de pago por consignación por ella promovidos caratulados “Stauber Yolanda c/ Consorcio de Propietarios Calle Bolivia 3032/36 s/ Consignación de sumas de dinero”, con fecha 21/5/2013. Dice que esta última es la fecha cierta del acta y que la demanda no sólo se interpuso dentro del plazo de dos años a partir de aquélla, sino que, incluso, se interpuso dentro de los 30 días corridos desde esa fecha. Por todo ello, considera que el plazo prescriptivo no se encuentra cumplido.
En tal sentido, reprocha que se haya considerado “inverosímil” que tomó conocimiento de la existencia del Acta de Asamblea nro. 1 –donde se designó como administrador del consorcio al Sr. Mancinelli- recién en aquella oportunidad por el hecho de haber manifestado al promover la acción de pago por consignación que el consorcio demandado había percibido regularmente las expensas hasta diciembre de 2010, pues, el recibo de fecha 22/10/2010 fue suscripto por la Sra. Di Sario como colaboradora y el Sr. Mancinelli también en tal carácter, pero no como administrador del Consorcio y por tal motivo mal podía interpretarse que este último revestía dicho carácter.
Expone que del acta nro. 1 del día 23/7/2010 se desprende que ha participado de la reunión solamente uno de los dos únicos propietarios existentes no siendo el Sr. Mancinelli propietario. Y que, además, se encuentra reconocido que “Constructora Ballester SRL” es propietaria del 92,80% y la actora del 7,20%.
Aduce que el perito contador determinó que no existen constancias de convocatorias o notificaciones a los copropietarios de la celebración de las asambleas por lo que no existió posibilidad alguna de anoticiarse del acta de asamblea de fecha 23/7/2010 con anterioridad. Afirma que nunca pudo ir contra sus propios actos –como se indica en la sentencia- dado que todos los reclamos formales e informales fueron realizados contra la empresa constructora Ballester S.R.L. y esta última fue quien los contestó. Dice que si bien las cartas documentos fueron suscriptas por Mancinelli éste nunca invocó su condición de administrador de consorcio, siendo falsa la personería invocada en una de dichas misivas.
Entiende erróneamente ponderada la prueba rendida en las actuaciones afirmando que no puede rechazarse la nulidad con sustento en una presunción relativa al conocimiento tácito de la actora con relación a la asamblea de fecha 23/7/2010 o a la aceptación tácita de un nuevo administrador.
En cuarto lugar, y volviendo sobre la cuestión relativa a la falta de notificación de la asamblea, rebate lo señalado en orden a que el reglamento de copropiedad y administración no establece un mecanismo puntual a tales efectos y lo señalado en orden a la forma en la que se convocan las asambleas conforme los usos y costumbres.
En ese sentido, refiere que la asamblea fue llevada a cabo por la única propietaria presente y el Sr. Mancinelli lo que la descalifica como acto valido; que no existe constancia alguna que demuestre convocatoria a la asamblea; que tampoco se trata de un consorcio regular en cuanto a la forma que, según los usos y costumbres, tienen para para convocarla a las asambleas. Aduce, en definitiva, que la convocatoria ha quedado desvirtuada con las pruebas producidas, fundamentalmente, con la prueba pericial contable, rebatiendo enfáticamente lo señalado en orden a que no se vulneró algún interés serio o legítimo de la actora por entender evidente que al momento de interponer la demanda no podía alegar más que un perjuicio abstracto. Dice que la falta de convocatoria afectó su legítimo derecho de recibir un trato equitativo y digno; a contar con información fidedigna y veraz y su derecho de propiedad.
En quinto lugar, aduce que la falta de convocatoria invalida la asamblea aun con quorum suficiente, por lo que en el pronunciamiento dictado no se ha respectado el reglamento.
Dice que el art. 10 de este instrumento prevé la notificación con 10 días de antelación de celebración del acto y esta debe ser inexcusablemente cumplida bajo pena de nulidad dado que lo contrario importaría conceder una dispensa para no cumplir con lo pactado.
En sexto lugar, afirma que el pedido de nulidad no deviene en abstracto ni es inconducente toda vez que tiende a regularizar el consorcio y resguardar derechos constitucionales de propiedad y consumidor. Por ello, cuestiona que el a quo haya señalado resultan irrelevantes e improcedentes algunas cuestiones que no fueron probadas respecto de las liquidaciones los recibos por expensas, la falta de limpieza, las conexiones clandestinas de los servicios d luz y gas, etc pues hacer respetar el reglamento de copropiedad y administración y la legislación aplicable se trata de un derecho individual de vigilancia y control siendo todo ello el propio perjuicio.
En séptimo lugar, expone que estamos frente a un caso de nulidad absoluta porque la ley prevé la forma instrumental y solemne para la celebración de las asambleas consorciales encontrándose vulneradas normas de orden público. Que, en estos autos se aplica el Código Civil Velezano que establece la nulidad de aquellos actos que carecen de la forma determinada por la ley (art. 1044 del C.C). Que el acta de Asamblea nro. 1 no fue rubricado sino hasta el 5 de agosto de 2016, es decir, mucho tiempo después de haberse interpuesto la demanda con fecha 5/8/2015 por lo que fue rubricado a instancias de la actora. Por ello, se trató de un acta inexistente hasta dicha oportunidad.
Agrega que la acción para obtener la declaración de nulidad o el pronunciamiento de la nulidad absoluta la acción es de carácter imprescriptible.
Plantea en octavo lugar que ha sufrido perjuicios concretos y se encuentra legitimada y tiene un interés serio en que se declare la nulidad del acto. Ello, en tanto no pudo hacerse efectivo el derecho constitucional de recibir trato equitativo y digno como consumidora, cuando, quien detenta el 92.8% de las unidades del edificio es una empresa constructora negándole el efectivo derecho de propiedad de participar de las asambleas consorciales.
Los perjuicios concretos se refirieron a la imposibilidad de contar con libre deuda de expensas, conocer si el consorcio contaba o no con póliza de seguro etc.
Sostiene que la nulidad no se planteó por la nulidad misma, sino que esta posibilitará plantear una posterior demanda de daños y perjuicios.
En noveno lugar, reprocha la imposición de las costas por considerarla errónea e injusta, pues al momento de contestarse la demanda el libro de actas de la asamblea nro. 1 no se encontraba rubricado y este sólo puede reputarse válido a partir de este momento. Considera que existió un allanamiento tácito de las demandadas por lo que las cosas de ambas causas conexas deben imponerse a la parte demandada en su totalidad en ambas instancias. No obstante ello, refiere que el art. 68 segundo párrafo también habilita eximir total o parcialmente de las costas si encontrara mérito para ello.
Plantea caso federal.
II. El recurso no puede prosperar.
III. Inicia la parte actora con fecha 5 de agosto de 2015 la presente acción peticionando la declaración de nulidad de la Asamblea de Copropietarios nro. 1 del Consorcio de Propietarios de la calle Bolivia 3032/3036 del edificio sito en la calle Bolivia 3032 de Islas Malvinas 3145 de la localidad de San Andrés, partido de General San Martin, celebrada de fecha 23 de julio de 2010.
A tales efectos invoca su carácter de propietaria de la Unidad Funcional N° 4 y Complementaria B del mentado edificio manifestando que al momento de formalizar el contrato de compraventa con la Constructora Ballester S.R.L también se formalizó el Reglamento de Copropiedad y Administración, reservándose la nombrada empresa la administración del inmueble y asumiendo todas las obligaciones y responsabilidades de la administración del consorcio, conforme surge de la cláusula N°13 del mismo.
Dice que en tal contexto la Constructora demandada resolvió en la asamblea nro. 1 determinadas cuestiones sin convocatoria alguna, infringiendo de esa manera la cláusula nro. 14 de dicho reglamento y el procedimiento contemplado en el art 10 de la ley 13.513. Afirma que no se dio aviso de la celebración de la asamblea con antelación suficiente; que el acta no fue rubricada ni legalizada por ante el Colegio de Escribanos y que la designación del Sr. Mancinelli como administrador del consorcio fue unilateral e ilegítima.
Adujo haber tomado conocimiento de la Asamblea Nro. 1 de fecha 23 de julio de 2010 en oportunidad en que la demandada contestó la demanda y dedujo reconvención en el marco de los autos acumulados caratulados: “Stauber Yolanda c/ Consorcio de Propietarios Calle Bolivia N° 3032 e Islas Malvinas N°3145 s/ Consignación”, esto es, con fecha 21/5/2013.-
Sustenta su pedido de nulidad en su derecho a que se respecto el reglamento de copropiedad y administración y la legislación aplicable al funcionamiento y administración del consorcio en beneficio de la comunidad consorcial, en su “derecho individual de vigilancia y control”; su derecho a formar quorum, deliberar y dejar sentado en las actas sus posiciones y por situaciones de hecho ocurren en el edificio tales como, falta de entrega de liquidaciones de expensas, falta de limpieza de determinados sectores, conexiones clandestinas de servicios de luz, gas etc.
La sentencia recurrida luego de referirse a la naturaleza jurídica del Consorcio de Propietarios concluyó que la demanda fue interpuesta en forma extemporánea, pues, esta tuvo lugar el 23/7/2010 y la acción fue promovida con fecha 2/12/2014, esto es, transcurridos 4 años del acto asambleario y por ende habiendo transcurrido el plazo bienal previsto en el art. 4030 del C.C y el de 30 días que prevé el art. 2060 del C.CyC.N.
Por tal motivo, determinó que la acción de nulidad se encontraba prescripta habiendo caducado el derecho de la actora para peticionarla.
No obstante ello y dando respuesta a los demás planteos efectuados por la parte actora al promover la presente acción otorgó otros fundamentos por lo que consideraba que la acción promovida debía ser desestimada.
Hizo mención a la falta de vulneración de un interés serio o legítimo; que el reglamento no establecía el mecanismo para convocar a las reuniones resultando improbable –a criterio de la juez a quo- que no estuviera en conocimiento de la celebración de la asamblea en virtud de los usos y costumbres en la materia; que tampoco corresponde anular cuando existió quorum necesario para sesionar y contar con mayoría de votos, puntualizando, que la actora posee el 7,2% de y el resto de las unidades son propiedad de la Constructora Ballester S.R.L que detenta el 92.80 del total del inmueble.
Siguiendo ese lineamiento, consideró no probado que en las asambleas cuestionadas hubiesen intervenido y votado personas que no revestían calidad de propietarios ni que medió violencia física o moral para obtener resultados ajenos a la voluntad de la mayoría; que no se encuentran probadas las cuestiones invocadas como perjuicio para obtener la nulidad del acto; que la actora no está legitimada para peticionar la acción de nulidad dado que ha reconocido en el proceso de consignación que abonó regularmente las expensas al Sr. Mancinelli confirmando de esa manera el acto asambleario. Y que, tratándose en autos de una nulidad relativa la declaración de la nulidad no tiene ninguna finalidad Asimismo, y con relación a la validez del Acta de asamblea con sustento en lo señalado por el perito contador en cuanto determinó que si bien dicha acta fue rubricada recién con fecha 5/8/2016, considero que en definitiva ello fue cumplimentado en un contexto en el que la demandada llevaba el libro en cuestión en legal formal sin que existieran vicios que la invaliden, por lo que ese argumento también debía ser descartado.
Efectuada la reseña que antecede, considero que los planteos esgrimidos en la expresión de agravios carecen de suficiencia para enervar los sólidos fundamentos dados en el pronunciamiento recurrido ya que no aparecen más que como disconformidades con lo resuelto (art. 260 del CPCC).
Ahora bien, y sin perjuicio que la circunstancia señalada llevaría a la declaración de deserción del recurso de apelación interpuesto (art. 260 del CPCC), advirtiendo la existencia de un mínimo agravio daré respuesta al planteo que efectúa la apelante (art. 15 de la Const. De la Prov. De Buenos Aires, art. 18 de la C.N).
Y en tal sentido, debo destacar que los argumentos esgrimidos en el decisorio apelado resultan, a mi criterio, razonables, y por ello he de postular su confirmación.
En primer lugar, y atendiendo lo expuesto en el primer agravio debo destacar que en virtud de la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, esto es, el 1° de agosto de 2015 (Ley 26.994, art. 7) resulta aplicable al caso de autos el Código Civil Velezano.
Sentado ello, cabe decir que ni el Código Civil ni la Ley de Propiedad Horizontal (ley 13.512) regulan la temática concerniente a la nulidad de las asambleas de copropietarios. Sin embargo, partiendo de la base de que toda asamblea del consorcio constituye un acto jurídico, resultan aplicables las normas relativas a la nulidad de los actos jurídicos en general a los fines de resolver las distintas cuestiones que se plantean (art. 1037 y sgtes del C.C), entre ellos, el plazo de prescripción que corresponde aplicar en estos casos.
En esa inteligencia –y tal como se señalado en la sentencia recurrida- las causales de nulidad de una asamblea pueden obedecer a vicios que se verifiquen en su faz constitutiva, deliberativa o resolutiva. Se tratan –a mi criterio- de nulidades relativas y no de nulidades absolutas (art. 1047 del C.C) como alega la apelante.
Ello, en tanto no comprometen, en principio, el orden público siendo el tema de las asambleas de interés particular de esa comunidad restringida de consortes. Por ende, son pasibles de ser anuladas a pedido de parte y también pasibles de confirmación expresa o tácita (conf Alberto A. Gabás en “Ley 13.512 Propiedad Horizontal”, comentario al art. 10 Pag, 448).
En cuanto al plazo para deducir esta acción, debo destacar que, si bien resulta aplicable en autos el Código Velezano, la doctrina ha resultado conteste al señalar que los plazos legales que estipula este cuerpo normativo para las nulidades de los actos jurídicos no han sido pensados para el contexto de la Propiedad Horizontal donde es necesario un tiempo breve y un despacho ágil de la cuestión, dado la inseguridad total en el funcionamiento y vida del edificio. La dificultad de establecer una regla general válida para todos los casos ha llevado a considerar que queda a criterio judicial determinar en definitiva si la acción fue entablada en termino o no, basándose en circunstancias del caso y en la entidad del vicio que es base de la impugnación. Es decir, sería el juez quien en cada caso concreto resolvería sobre la extemporaneidad y oportunidad de la acción.
En tal sentido, expresó la Dra. Elena I Highton en su obra “ Propiedad Horizontal y Pre horizontalidad” Ed. Hammurabi, pag.656/657 que “ un plazo prudencial oscilaría entre treinta a noventa días o ciento veinte días desde la fecha de la asamblea y que, en última instancia, nunca dicho término puede superar el año pues sería insostenible –por lo menos rebuscado- cuestionar una asamblea después de varios años, tras haberse realizado otras reuniones de propietarios, considerando especialmente que los consorcios, como mínimo, efectúan una asamblea anual” (en similar sentido Gabás en obra antes citada, pág. 453).
En la especie, la magistrada consideró que el plazo de prescripción aplicable era el bienal que prevé el art 4030 del C.C. Este término si bien resultaría excesivo a la luz de lo precedentemente señalado, apreciándolo con una mirada favorable al planteo de la recurrente, éste no se advierte irrazonable.
Aun así, no puedo sino concluir que la acción de nulidad se encuentra prescripta.
Entiendo oportuno destacar que en autos no existe prueba alguna que acredite –tal como lo alega la apelante- que existió una notificación fehaciente a la actora respecto de la celebración de la Asamblea nro. 1 llevada a cabo el día 23/7/2010. El reglamento de copropiedad y administración en su cláusula nro. 14 indica que la convocatoria a las reuniones se hará a los propietarios con 10 días de anticipación.
Asiste razón a la apelante al señalar que la falta de notificación de la celebración de la asamblea configura un vicio invalidante en la faz constitutiva de ésta y habilita al consorcista a promover su impugnación desde que toma conocimiento del acto.
En autos, si bien la magistrada de origen acudió a un criterio objetivo para el computo del plazo prescriptivo, tal como lo impone el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que en su art. 2060 lo establece desde la fecha de la celebración de la asamblea, lo cierto es que recurriendo a un criterio subjetivo, tampoco es posible interpretar que la actora haya tomado conocimiento de la asamblea el día en que la demandada contestó la demanda y dedujo reconvención en los autos de pago por consignación acumulados a este proceso, como alega en los agravios.
Ello, dado que no es posible receptar el planteo de nulidad de la Asamblea nro. 1 llevada a cabo el día 23/7/2010 en la que se resuelve designar como administrador del consorcio al Sr. Eduardo Mancinelli y de la que dice haber tomado conocimiento con la contestación de demanda y reconvención en el proceso de pago por consignación acumulado a estos, cuando, en el marco de ese expediente expresamente admitió que venía abonando regularmente las expensas hasta el mes de diciembre de 2010 acompañando como prueba documental cartas documentos mediante las que intimaba al Consorcio demandado a “recibir…el pago de las expensas comunes aprobadas por la última asamblea de copropietarios en los términos del art. 15
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.