Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 123499
En la ciudad de La Plata, a los veintiún días del mes de Agosto de dos mil dieciocho reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “VRCIC NINFA NORA DEL VALLE C/ CORBELLI EDUARDO OMAR Y OTROS S/NULIDAD ACTO JURIDICO", (causa nº 123499), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el decisorio dictado a fs. 677/687 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. En la cuestionada sentencia el Sr. Juez de la anterior instancia admitió la oposición a la citación como tercero planteada por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires e impuso las costas a los señores Eduardo Omar Corbelli y Graciela Isabel Villagra. Al mismo tiempo hizo lugar a la demanda de nulidad de acto jurídico promovida por Ninfa Nora del Valle Vrcic contra Eduardo Omar Corbelli, Mabel Julia Bander, y Graciela Isabel Villagra, declarando la ineficacia de la compraventa celebrada entre los señores Eduardo Omar Corbelli y Mabel Julia Bander, y la señora Graciela Isabel Villagra, instrumentada mediante escritura pública otorgada ante la escribana María Laura Giner con fecha 21 de noviembre de 2013, respecto del inmueble con matrícula n° 12.969, UF 31, de la ciudad de Ensenada, con costas a las demandadas. Finalmente rechazó la demanda indemnizatoria instaurada por la señora Ninfa Nora del Valle Vrcic contra los señores Eduardo Omar Corbelli, Mabel Julia Bander y Graciela Isabel Villagra, y contra la escribana María Laura Giner en su calidad de tercero, con costas a la actora vencida y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
II. Contra esa forma de decidir apelaron la parte actora a fs. 589; la codemandada Villagra a fs. 692, y los codemandados Corbelli y Bander a fs. 697, quienes desistieron del recurso a fs. 708. Las expresiones de agravios fueron vertidas a fs. 704/706 y 710/714 vta., con réplicas a fs. 716 y vta. y 718/722 vta.
III. En síntesis que se formula, la parte actora recurrente se disconforma con la desestimación del daño moral.
En tal sentido sostiene que fue comprobada la conducta antijurídica de los demandados, y cita las partes pertinentes de la sentencia que así lo establece.
Seguidamente señala que ante el perjuicio causado por la pérdida de la propiedad, la consecuente utilización de la misma por parte de la Sra. Villagra sin la contraprestación debida y lo percibido por los demás codemandados como producto de la venta, hacen viable el reclamo rechazado. Cita jurisprudencia en su apoyo.
Cuestiona asimismo la omisión de la sentencia frente a la petición de restitución de la propiedad, consecuencia lógica del decisorio.
Finalmente objeta la imposición de costas respecto de la citación como tercero de la escribana Giner, dado que fue citada como tercero y no como demandada.
Los codemandados Corbelli y Bender cuestionan los argumentos vertidos por el accionante, y explicita que fue correcta la alusión del Juez de la instancia precedente acerca del principio de congruencia, puesto que ni siquiera fue alegado el régimen de responsabilidad civil. Seguidamente expone la teoría acerca del principio de congruencia, con apoyo en jurisprudencia.
Más adelante señalan las condiciones que deben presentarse para la procedencia del agravio moral en estos supuestos.
Cuestionan por último la objeción a la adjudicación de costas, sosteniendo que fue correctamente establecida en relación a la citación del tercero.
IV. La parte codemandada Villagra, luego de narrar los antecedentes del caso, se agravia por la admisión de la demanda.
Sostiene que la decisión contradice el orden jurídico vigente en nuestro país para el procedimiento de la transmisión de inmuebles, cuyo mecanismo seguidamente expone, explicitando que recurrió a los servicios de un escribano, así como que recorrió las instancias administrativas del Instituto de la Vivienda provincial.
También objeta la interpretación y entidad dadas al contrato de locación, exponiendo que los recaudos para suscribir dicho negocio son menores que los necesarios para la transmisión del bien.
Afirma que el bien no se podía alquilar y que la actora nunca detentó la posesión del inmueble.
Continúa teorizando sobre las características del Registro de la Propiedad Inmueble y la buena fe registral, argumentando sobre cómo su obrar se ajustó a la diligencia y buena fe.
Critica asimismo la imposición de costas por la citación del Instituto Provincial de la Vivienda, puesto que dicha intervención no fue propuesta por su parte.
En su respuesta, la parte actora controvierte las razones esgrimidas por el apelante, y señala que la recurrente no actuó de buena fe, siendo evidente que su conducta disvaliosa fue en connivencia con los vendedores.
IV. Abordando la tarea revisora y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 3 del Código Civil y Comercial), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala en lo que interesa destacar que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución...".
El caso de autos, comprende a un negocio jurídico celebrado y ejecutado durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y conc., C.C. y C. ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con el código civil vigente al momento de los hechos (esta Sala, causas 118.698, RSD 124/15; 121.663, RSD 147/17, e/o).
V. Razones metodológicas aconsejan abordar en primer término el agravio vertido por la codemandada Villagra en orden a la responsabilidad adjudicada por el Señor Juez Nicolás Jorge Negri (v. fs. 712, punto 2).
En esa dirección, se advierte liminarmente que el debate recursivo no involucra a los hechos comprobados por la sentencia cuestionada, de manera que corresponde recordar la conducta seguida por la recurrente (art. 260, C. Proc.).
Señaló el colega de la instancia anterior: “…comprobada la conducta antijurídica de los enajenantes, cuadra indagar acerca del obrar de la señora Villagra (…) el bien de autos fue dado en locación por la señora Vrcic a la señora Villagra -al menos- por el espacio de tiempo comprendido entre los años 2006 y 2012 (…) Con base en ello, mal puede la señora Villagra escudarse en el entendimiento de carecer la señora Vrcic de la calidad de propietaria, dado los términos en que fue celebrado los mentados contratos de locación, en los que se consigna expresamente que “el locador da en alquiler al locatario, un inmueble, de su propiedad”. Esta circunstancia me permite colegir que la señora Villagra, antes de contratar con los señores Bander y Corbelli, ya reconocía en el señor Vrcic su condición de dueña del bien litigioso (…) la codemandada celebró el mentado boleto de compraventa a sabiendas de que el inmueble ya no era propiedad de los vendedores, ni contabanéstos con la posesión animus domini (…) el actuar de la señora Villagra también resulta reprochable y contrario a derecho, por contradecir los principios de buena fe y de transmisión de bienes (doctr. arts. 1198 y 3270, Cód. Civil), correspondiendo calificar de dolosa y desleal la conducta asumida al haber adquirido y escriturado el bien inmueble de autos a su nombre, prescindiendo de la voluntad del sujeto legitimado para transferir los derechos sobre el mismo (…) la señora Villagra no puede escudarse en la protección otorgada por el art. 1051 del Código Civil a los adquirentes a título oneroso y de buena fe, dado que conocía claramente el carácter de propietaria de la señora Vrcic, al haber suscripto con la accionante reiterados acuerdos locativos sobre el bien objeto de la presente, en los cuales esta última actuaba en calidad de propietaria o cuanto menos como poseedora (…)” (v. fs. 684 vta./686 vta.).
Vale decir que arriba firme a esta instancia revisora el rol de la recurrente como locataria del bien inmueble; así como el conocimiento de ésta de la calidad de propietaria en cabeza de la parte actora en forma previa a adquirir de los codemandados el bien inmueble de marras.
Desde tal plataforma fáctica, la esforzada argumentación recursiva en torno haberse dado cumplimiento acabado a las normas relativas a la transmisión de dominio, carecen de entidad para desplazar a la decisión en crisis.
Es que la cuestión radica en la reprochable conducta seguida por quien llevó a cabo la compraventa del inmueble a sabiendas, merced al contrato de locación en vigencia, que el dominio de la propiedad pertenecía a otra persona.
Y en ese entendimiento es irrelevante que el conocimiento previo emerja de un contrato de locación, puesto que no cabe ingresar a categorías contractuales para el análisis de la buena fe.
Recuérdese que cuando el contrato es claro no debe ser interpretado y, en consecuencia, hay que entenderlo en la literalidad de sus términos, de modo que sólo si hay ambigüedad en las palabras el intérprete debe buscar la intención común de las partes. En tal caso, conforme lo preceptúa el artículo 1198 del Código Civil, la intención común que se ha buscado es la que las partes tuvieron efectivamente y no las representaciones que individualmente cada una de ellas pudiera haber experimentado, es decir se ha procurado una interpretación objetiva dando trascendencia a lo que surge como efectivamente querido por ambas partes (conf. Belluscio-Zannoni, ob. cit., com. art. 1198; pág. 905 y 906).
Y tal interpretación debe hacerse conforme los principios que gobiernan la buena fe contractual, que significa que cada una de las partes debe guardar fidelidad a la palabra empeñada y no defraudar la confianza o abusar de ella, ya que ésta forma la base indispensable de todas las relaciones humanas y es el principio supremo de las relaciones obligatorias. La adopción del principio de buena fe como regla de interpretación implica optar por un método objetivo que supera la consideración puramente subjetiva de las voluntades de los contratantes (conf. Belluscio-Zannoni, ob. cit. com. art. 1198 del Código Civil; pág. 907) y es una regla moral que integra el orden público porque tiende a obtener o a mantener la condiciones de sustentación que se reputan indispensables para que el contrato funcione ordenadamente como instrumento de justicia (conf. SCBA, Ac. 54008 S 26-9-1995; Ac. 68601 S 26-10-1999; Ac. 76160 S 19-2-2002; Ac. 85248 S 10-9-2003; Ac. 82557 S 8-6-2005; Ac. 92.377 S 5-4-2006; Ac. C 99518 S 3-6-2009, esta Sala, causas 116.629, RSD 194/09; 118.257, RSD 100/15).
El pretenso cumplimiento de las condiciones formales de la transmisión dominial elude la sustancial razón que subyace en estos hechos, esto es la transgresión de la buena fe, en tanto ideal de comportamiento en la vida social, incorporada en el plexo jurídico como un principio universalmente reconocido que presenta una variada y rica trascendencia (José Luis de Los Mozos, “Enciclopedia de la responsabilidad Civil”, Ed. Abeledo-Perrot, año 1996, T. I, pág. 789).
Y en esa consideración, tampoco asiste a la apelante la tutela prevista por el artículo 1051 del Código Civil –como correctamente señalara el Dr. Negri--, en virtud de carecer del atributo de buena fe que se viene analizando.
Consecuentemente, si mi opinión es compartida por mi distinguida colega de Sala, la sentencia debe ser confirmada en esta parcela (art. 266, C. Proc.).
VI. Distinta suerte tendrá el agravio relativo a la imposición de costas por la citación del Instituto Provincial de la Vivienda, puesto que dicha intervención obedeció exclusivamente a la iniciativa de la codemandada Corbelli-Bander (fs. 327 vta. y 362), de modo que no corresponde que cargue con las costas de la actuación la recurrente Villagra (arts. 68, 69 y 266, C. Proc.).
VII. También se agravia la parte actora, señalando que fue indebidamente desestimado el daño moral reclamado, dado que se comprobó la conducta antijurídica de los enajenantes y el daño moral fue solicitado en el punto IX de la demanda.
Sin embargo, al entablar la demanda, el recurrente solamente enunció que la maniobra de los demandados provocó un perjuicio evidente al reclamante, y en consecuencia solicitó una reparación que estimó en el 50 % del valor comercial del inmueble (v. fs. 300, punto IX).
La generalidad con que intentó fundar el reclamo no permite establecer qué ámbito de la responsabilidad civil fue cercenado por la conducta seguida por la parte condenada, y en los términos enunciados por el Juez de la precedente instancia, se omitió indicar elementos indispensables de la acción de responsabilidad civil, tales como el factor de atribución, la relación de causalidad y el daño resarcible.
Es ahora, en sede de apelación, que avanza sobre ciertas especificaciones, como que el perjuicio reclamado es de índole moral.
Para solventar la crítica desarrollada, ha de tenerse en cuenta que no es posible a través del escrito de expresión de agravios incorporar a la contienda circunstancias de hecho extemporáneas, ya que esta parcela es novedosa por no haber sido articulada en su debida oportunidad (arts. 34 inc. 4º, 163 inc. 6º, 272, 330, 332, 362 y 354, C. Proc.).
Así las cosas, como se ha entendido en precedentes de esta Sala, los límites de la jurisdicción abierta están dados por los capítulos litigiosos propuestos al juez de grado inferior y no por la sentencia apelada (S.C.B.A., en "Ac. y Sent." 1957-IV-262; idem 1961-III-332, ibídem 1962-III-964). Es decir, que si bien el recurso contra la sentencia abre la jurisdicción de la alzada a efectos de resolver sobre la justicia de dicha sentencia (cfr. ALSINA, Hugo "Tratado Teórico Práctico...", 1ra. edición, t. II, p. 693, nº 14; PODETTI, J. R., "Tratado de los recursos", Edit. Ediar, Buenos Aires 1958, p. 144, nº 62), en manera alguna permite fallar sobre peticiones formuladas en segunda instancia con prescindencia de las cuestiones planteadas al juez de primer grado, pues el tribunal "ad quem" carece de atribuciones para resolver sobre ningún capítulo que no hubiese sido propuesto a decisión del "iudex a quo" (S.C.B.A. en "Jurisp. Arg." t. 8, p. 538; idem "La Ley" t. 52, p. 650).
De ahí que no pueda alegarse en segunda instancia -como aquí se hace- una cuestión que altere la "litis contestatio", estando obligado el tribunal a fallar únicamente los agravios sobre puntos pertinentes fijados por la traba de la litis (cfr. Morello, Passi Lanza, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales...", t. III, p. 469; esta Sala, causas B-79.317 reg. sent. 49/95; 108.635, reg. sent. 226/07).
En esta línea de pensamiento, reiteradamente se ha decidido que lo preceptuado por el artículo 272 del Código Procesal Civil y Comercial tiene su razón de ser en la naturaleza jurídica del recurso de apelación en nuestro sistema legal, que no importa un nuevo juicio sino un nuevo examen, por lo cual el material sobre la que debe trabajar la Alzada es nada más que el acumulado en primera instancia.
Si se admitiese que en la Alzada pudieran tratarse capítulos no esgrimidos en primera instancia, o fundados en hechos no articulados en ella, importaría alterar los términos en que quedó trabada la litis, con menoscabo del derecho de defensa (arts. 34 incs. 4 y 5 ap. c, 163 inc. 6, 272 C. Proc., 18 C.N.; conf. S.C.B.A. Ac. y Sent., 1971, v.II, p. 920; Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos...", v. I, págs. 120/121, 2da. edición, y v.III, págs. 402 y sigs. 2da. ed. Ampliada, esta Sala, causas 117.556, RSD 208/14; 97.564, RSD 87/15; 121.488, RSD 161/17).
Consecuentemente, no corresponde admitir esta parcela recursiva.
VIII. También se disconforma la accionante por la omisión del Juez de grado de disponer la restitución del bien.
Si mi opinión es compartida por mi distinguida colega de Sala, la crítica deberá ser atendida.
Asiste razón al recurrente, dado que al promover la demanda, y como consecuencia lógica de la admitida nulidad del negocio jurídico, requirió la restitución del bien objeto del litigio (v. fs. 297 vta., punto II, último párrafo; 300 vta., punto e; art. 330, inc. 3, C. Proc.).
Dicho ello, se viene explicitando a lo largo de este voto la confirmación de la orden de nulidad de acto jurídico, declarando la ineficacia de la compraventa celebrada entre los señores Eduardo Omar Corbelli y Mabel Julia Bander, y la señora Graciela Isabel Villagra, instrumentada mediante escritura pública otorgada ante la escribana María Laura Giner con fecha 21 de noviembre de 2013, respecto del inmueble con matrícula n° 12.969, UF 31, de la ciudad de Ensenada.
De modo que corresponde en consecuencia disponer la restitución del bien aludido -diligencia que se llevará a cabo en la instancia de origen-, a cuyo fin se otorga un plazo de diez días desde que el decisorio adquiera firmeza (arts. 163, inc. 7°, 273 y 513, C. Proc.).
IX. Finalmente, y respecto de la imposición de costas por la actuación de la Notaria Giner cuya imposición a la accionante generara su disconformidad (v. expresión de agravios a fs. 706, punto 4), recuérdese que la condena en costas no significa una pena sino una indemnización debida al vencedor de los gastos que, al obligarlo a litigar, le ha ocasionado su oponente, con prescindencia de la buena o mala fe de este último, o de su poca o mucha razón (SCBA, B- 42.240, Ac. y Sent. 1956-III-255, esta Sala, causas B- 61.344 reg. int. 766/86, B- 62.867 reg. sent. 122/87, B- 65.439 reg. sent. 237/88, 110.128, RSD 118/08; 122.211, RSD 192/17).
Es así que la intervención de la citada Escribana fue impulsada por la accionante al promover la demanda (v. fs. 300, punto VII), siendo indiferente que lo haya sido en carácter de tercero (v. fs. 306 vta.; art. 94, C: Proc.).
De suerte tal que, desestimada la responsabilidad atribuida a la Notaria, decisión que arriba firme a esta instancia revisora (v. fs. 687 y vta.; art. 260, C. Proc.), la imposición de las costas por su actuación fueron correctamente asignadas a la recurrente en su condición de vencida (art. 68, C. Proc.).
Voto por la NEGATIVA.
Por los mismos fundamentos la doctora LARUMBE votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde modificar el apelado pronunciamiento que fuere motivo de recurso y agravios, y en consecuencia: I) Revocar la imposición de costas al recurrente Villagra por la citación del Instituto Provincial de la Vivienda (arts. 68, 69, 266, del C. Proc.). II) Disponer la restitución del bien que fuera materia de litigio -diligencia que se llevará a cabo en la instancia de origen-, a cuyo fin se otorga un plazo de diez días desde que el decisorio adquiera firmeza (arts. 163, inc. 7°, 273 y 513, C. Proc.). III) Confirmarlo en todo lo demás que decide. IV) Las costas de Alzada se imponen a la codemandada Villagra quien resultara sustancialmente vencida (art. 68 del C. Proc.). V) La regulación d
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