Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124732
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 862, no es justo (arts. 18 de la Constitución Nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1101 del C. Civil y 1775 del C. Civil y Comercial; 68, 248, 480 y cc. del C.P.C.C.; jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde modificar la decisión recurrida de fs. 862, dejándose establecido que se deberá dictar sentencia de mérito sin esperar a que se pronuncie la sentencia penal sobre los hechos expuestos en la demanda, conforme con lo previsto en el artículo 1775 inc. b del Código Civil y Comercial. Las costas se distribuyen por su orden ante la ausencia de contradicción (art. 68 CPCC). Postérgase la regulación de honorarios para su oportunidad.
En la ciudad de La Plata, a los 28 días del mes de Febrero de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “B.STARASICO S.A.I.C.I.A. Y F. C/MOTRONI ADRIAN CARLOS Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO", (causa nº 124732), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 862?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I.Mediante la resolución de fs. 862 rechazó el pedido de la actora de colocar los autos para alegar haciendo saber lo que resulta de fs. 289 y 290 del cuaderno de prueba de la codemandada Motroni.
La razón social accionante interpuso revocatoria con apelación en subsidio contra la denegatoria del cierre de la etapa probatoria y pase de los autos para alegar antes transcripta. En su presentación señaló que el pronunciamiento importa una nueva suspensión del proceso y la postergación del dictado de la sentencia a las resultas del estado de la causa penal. Manifestó que tal proceder implica la denegación del acceso a la justicia en tiempo y forma oportuna, tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en los precedentes que cita. Agregó que la causa penal fue iniciada en el año 2003; que en el año 2010 fue desdoblada; que una parte de ella fue elevada a juicio en el año 2011; y otra se encuentra pendiente de resolución desde el año 2016. Afirmó que la causa penal carece de sentencia y que no hay elemento alguno que permita concluir que vaya a tener sentencia definitiva a la brevedad de acuerdo con el informe que se acompañó al cuaderno de prueba citado en la resolución recurrida. Solicitó en definitiva que, sea declarada la inexistencia del acto jurídico atacado en esta acción, sin aguardar al dictado de sentencia en causa penal (art. 248 CPCC, fs. 864 y sin réplica).
II. A los fines de resolver la cuestión sometida a conocimiento, recientemente la Suprema Corte de Justicia local se expidió en torno a la incidencia de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación -sancionado por ley 26.994-, acaecida antes de la decisión de la sentenciante de primera instancia ante un caso de prejudicialidad (in re Gazzanego, C. 119.834, sent. 21/2/18).
Allí señaló que, tanto el art. 1.101 del Código Civil derogado como el art. 1.775 del novel cuerpo normativo, establecen un supuesto de prejudicialidad en virtud del cual si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, debe suspenderse el dictado de la sentencia definitiva en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal. Sin embargo, el art. 1.775, en su inc. "b", dispone que tal regla cede cuando "la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado", excepción no prevista en el derogado art. 1.101.
De tal modo, la nueva regulación legal concede a una determinada "situación de hecho" -la dilación del procedimiento penal de cierta entidad- el efecto de exceptuar la suspensión ya referida que, al menos de modo expreso, en el régimen derogado no tenía consagración formal.
III. Ahora bien, a efectos de dilucidar su aplicación al caso ha de estarse a lo establecido en el art. 7 del Código Civil y Comercial (que, en lo sustancial, reitera el texto del art. 3 del anterior Cód. Civ., según dec. ley 17.711/68). Esta norma sienta dos directivas básicas: en primer término, la inmediata eficacia de la ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; en segundo, la irretroactividad de la ley, salvo disposición en contrario del legislador y en tanto no se afecten derechos amparados por garantías constitucionales.
La aplicación inmediata de las normas se distingue entonces de la retroactividad. Aquélla no promueve la retroacción legal para evitar que los vínculos jurídicos o efectos ya consumidos sean alcanzados por la nueva regla de derecho. Pero nada obsta a que la nueva norma sea operativa para las consecuencias o efectos futuros de una situación jurídica ya existente.
En el supuesto de autos, la suspensión o no del dictado de la sentencia de mérito en el marco del reclamo civil se refiere "a consecuencias" de la situación de pendencia del proceso penal. Tales efectos o consecuencias futuros -a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación- se rigen por la nueva ley aunque los haya generado una situación ya existente, sin que ello importe una retroactividad vedada. Esta solución no es más que la aplicación del principio del efecto inmediato que, en rigor, viene a tener vigencia para el futuro (v. Moisset de Espanés, Luis, Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 Código Civil (Derecho transitorio), Ed. Córdoba, 1976, pág. 18).
En adición, vale remarcar que, con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código, la doctrina y jurisprudencia imperante interpretaban que bajo ciertas circunstancias y por razones de orden constitucional, la prejudicialidad estatuida en el derogado art. 1.101 del Código Civil no vedaba la posibilidad de exceptuar de la suspensión a hipótesis como la ahora expresamente consagrada en el art. 1.775 inc. "b" del Código Civil y Comercial (conf. tal criterio CSJN, Fallos: 287:248, "Ataka"; Fallos 321:1124, "Zacarías"; Fallos 330:2975, "Atanor S.A." y SCBA, Ac. 77.383, "Nastrucci", sent. de 19-II-2002 y C. 116.420, "Iuale", sent. de 30-X-2013).
Los antecedentes citados fueron tomados por la doctrina para comentar la nueva recepción legislativa reflejada en el artículo 1775 inc. b citado (conf. Jorge H. Alterini, Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético. Directores Pascual E. Alferillo, Osvaldo R. Gómez Leo, Fulvio G. Santarelli; coordinador Ignacio E. Alterini, La Ley Thomson Reuters, T. VIII, p. 418 y sig.; Andrés Sánchez Herrero director, Pedro Sánchez Herrero coordinador, Tratado de Derecho Civil y Comercial, Responsabilidad Civil, autores Aldo M. Azar, Federico Ossola, La Ley Thomson Reuters, T. III, p. 90 y sig., ap III, nota 30).
Sentado lo anterior, del cotejo de autos surge el reclamo de nulidad de la escritura n° 191 del Registro Notarial n° 434, otorgada el día 11 de agosto de 2003 sobre los inmuebles matrícula 52.480 (55), 74.947 (55), 74.946 (55) y 52.481 (55), descriptos en el apartado II del escrito de demanda de fs. 430/446, en la que se exponen los hechos que motivan la misma.
Tales hechos dieron origen al inicio de las correspondientes acciones penales (IPP n ° 201.662 en trámite por ante UFI n° 5, Juzgado de Garantías n° 3 – n° 9332, fs. 442 ap. l), que fueron acumuladas a otras, procesos que todavía no cuentan con sentencia penal definitiva y firme (fs. 674 – ipp 06-00-158.3847, UFI LP n°8, fs. 681, 683, 719 - ipp 06-00-201.662-03, UFI LP n° 8; fs. 826 IPP 06-00-043146-10, Trib. Oral en lo Criminal n° 1 LP, rec. inaplic. P-117629; fs. 860- 370/4802 Renga Francisco y otros ppal n° 2/3859, informe actuarial del 25/2/19).
Paralelamente, la demanda civil de nulidad fue promovida el día 19 de marzo de 2004 (v. fs. 446).
Pues bien, desde la fecha de promoción de la acción de nulidad han transcurrido más de quince años, sin que al presente se haya arribado a un pronunciamiento penal firme en la causa instruida a fin de dilucidar la responsabilidad penal de los involucrados, circunstancias que evidencian que la suspensión del dictado de la sentencia de mérito dispuesta en la decisión apelada, a la espera de la resolución final en el proceso penal, importa en los hechos una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado (arts. 7, 1.775 inc. "b", Cód. Civ. y Com., 18 Const. Nac.).
IV. Consecuentemente, corresponde acoger el recurso y dejar sin efecto la resolución recurrida suspendiendo el trámite hasta tanto se dicte sentencia penal, debiendo remitirse los autos a la instancia anterior para su continuación emitiendo el pronunciamiento oportunamente sobre el fondo del asunto.
Las costas se imponen por su orden, en razón de la forma en que se decide y de la ausencia de contradicción (arts. 68, segunda parte y 246, CPCC).
Voto por la NEGATIVA.
Por los mismos fundamentos la doctora LARUMBE votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde modificar la decisión recurrida de fs. 862, dejándose establecido que se deberá dictar sentencia de mérito sin esperar a que se pronuncie la sentencia penal sobre los hechos expuestos en la demanda, conforme con lo previsto en el artículo 1775 inc. b del Código Civil y Comercial.
ASÍ LO VOTO.
La doctora LARUMBE adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, 28 de Febrero de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 862, no es justo (arts. 18 de la Constitución Nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1101 del C. Civil y 1775 del C. Civil y Comercial; 68, 248, 480 y cc. del C.P.C.C.; jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde modificar la decisión recurrida de fs. 862, dejándose establecido que se deberá dictar sentencia de mérito sin esperar a que se pronuncie la sentencia penal sobre los hechos expuestos en la demanda, conforme con lo previsto en el artículo 1775 inc. b del Código Civil y Comercial. Las costas se distribuyen por su orden ante la ausencia de contradicción (art. 68 CPCC). Postérgase la regulación de honorarios para su oportunidad. Regístrese. Notífquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia